Si el gobierno muestra su liderazgo frente a los diferentes actores de encargarse de los conflictos socioambientales sería un cambio positivo. El sistema actual tiene al gobierno en un rol pasivo y deja a las empresas y a las comunidades que interactúen y en muchos casos no resuelven los temas de fondo. Por un lado, no se genera el desarrollo y bienestar que demandan las áreas de influencia y por el otro lado, no se destraban proyectos para materializar inversiones u operaciones más estables.
Si el gobierno con criterio técnico y transparencia atendiese los reclamos legítimos de las partes, dentro del marco normativo, podrían destrabar los proyectos. Por un lado, exigir como reguladores y supervisores que las empresas mineras cumplan sus obligaciones y compromisos en el marco de la ley y de las buenas prácticas internacionales. Por otro lado, podría articular y coordinar con los distintos actores públicos y privados para implementar planes de desarrollo del territorio.
El destrabe de inversiones sería importante pues muchos proyectos en Perú se han paralizado por los conflictos socioambientales como Conga y Tía María en los que se ha podido generar valor para todos: comunidades, empresas y el país.
El gobierno debe tener mayor liderazgo siempre que lo acompañe de capacidades técnicas, criterios objetivos acorde a lineamientos técnicos y transparencia. Frente a cualquier conflicto, el gobierno debería tomar el liderazgo y registrar los reclamos, ponderar los argumentos y articular las soluciones asignando a quienes corresponda las responsabilidades. Abandonemos el modelo en que el gobierno está ausente y se pone de perfil frente al desarrollo y la inversión.
