Cerrón

El Gobierno Regional de Junín es una caja de pandora. Según un reciente informe de Contraloría al que Sudaca tuvo acceso, las últimas dos gestiones ocasionaron un perjuicio económico de S/920.664 en una obra de salud. 

En este festival de presuntas irregularidades están involucrados siete funcionarios de confianza del fundador de Perú Libre, cuando todavía ocupaba el cargo de gobernador en el 2019. También se responsabiliza a una firma de arquitectos que ha sido sancionada tres veces y que actualmente se encuentra impedida de contratar con el Estado. 

Las irregularidades fueron detectadas por la Gerencia Regional de Control de Junín, un despacho descentralizado de Contraloría, y tienen que ver con el retraso en la construcción del nuevo Hospital de Pangoa, cuyos servicios beneficiarían a cerca de 500.000 personas.

 

EXPEDIENTE DE DUDAS

En marzo de 2019, cuando Vladimir Cerrón llevaba pocos meses como gobernador regional, el consorcio Pangoa II comunicó que no podía cumplir el cronograma de la construcción del nuevo Hospital de Pangoa. El consorcio, que había ganado la buena pro para a finales de 2018, se quejaba de que el terreno no cumplía con los requisitos necesarios, y que la manera en que estaba planteado el proyecto generaría un alto riesgo para los pacientes debido a la proximidad entre el consultorio de TBC y los ambientes de Microbiología y Lavandería. 

¿Qué había ocurrido? Según la Contraloría, la responsable de hacer el expediente técnico -el documento que establece los criterios para la ejecución de la obra– lo había hecho mal. Se trata de la firma Dextre+Morimoto Arquitectos SAC, contratada el 2016 por la gestión que antecedió a Perú Libre.

En el expediente técnico presentado por esta empresa se consideró la ubicación del nuevo Hospital de Pangoa en un terreno que no era del todo plano y que se encontraba a 85 metros de la ribera del río Chavini. La Norma Técnica de Salud, sin embargo, establece que debe haber una distancia no menor de 300 metros del borde de ríos, lagos o lagunas, y que el terreno debe ser “predominantemente plano”.

La Contraloría identicó un perjuicio de casi S/1.000.000 en la elaboración del expediente técnico para la construcción del Hospital de Pangoa, en Junín

Eduardo Dextre Morimoto, arquitecto de la firma, le echa la culpa al Minsa. “En proyectos de inversión del Estado, el que hace el expediente técnico depende de un estudio previo llamado ‘preinversión’ hecho por el propio Ministerio de Salud”, dice. Según su versión, este estudio ya incluye información como la del terreno de la obra, que -asegura- no pueden cambiar.

Lo cierto es que, mediante un acta del 15 de marzo del 2019, funcionarios del Gobierno Regional y el consorcio acordaron suspender la obra hasta resolver las inconsistencias. Pero Dextre+Morimoto Arquitectos no se dio por aludida en ningún momento. En paralelo a la suspensión, ese 2019 envió una carta notarial al Gobierno Regional solicitando que se le cancele S/462.291,20 correspondientes a informes por los que no se les había pagado aún.

Aunque la gestión que precedió a Cerrón ya le había transferido una cantidad considerable por sus informes técnicos, todavía le faltaba cobrar por otros dos que fueron parte del expediente. De acuerdo a la Gerencia Regional de Control de Junín, dichos informes no contaban con la aprobación correspondiente del Ministerio de Salud ni mucho menos fueron útiles. Aún así, se les pagó.

La Contraloría ha puesto en la mira a los funcionarios de confianza de Cerrón por este desembolso.

CERRONISTAS EN LA COLADA

Varios funcionarios de la gestión Cerrón están involucrados. Mediante un memorando, Luis Alberto Salvatierra Rodriguez, director regional de Administración y Finanzas del gobierno regional, comunicó el procedimiento a seguir para reconocer la deuda.

Quien argumentó a favor de Dextre+Morimoto fue la arquitecta Liana Vilcapoma Chicmana, que envió un documento a Marcial Castro Cayllahua, subgerente de Estudios, en el que sustentó que se debía pagar por los informes porque “en su momento fueron aprobados”. La Contraloría señala que Vilcapoma hizo esto “pese a tener conocimiento de todas las incompatibilidades halladas en el expediente técnico” y que eran materia de queja del consorcio que construía el hospital.

Posteriormente, Castro Cayllahua solicitó “a quien corresponda” iniciar el trámite para pagar la deuda. Pero entre las condiciones de pago se señalaba que uno de los informes debía contar con la opinión técnica favorable del Ministerio de Salud. Según la Contraloría, este documento no existió. 

Pese a ello, Castro Cayllahua remitió un oficio a su colega Jakelyn Flores Peña, gerente regional de Infraestructura, en donde le solicitaba ordenar el pago a favor de  Dextre+Morimoto Arquitectos SAC. Tanto Castro como Flores son caseritos en los informes de la Contraloría. Como reportó Sudaca hace un mes, los dos fueron señalados como responsables del perjuicio económico de más de S/1.000.000 por trabajos que nunca se realizaron en una carretera de Junín.

La empresa Dextre+Morimoto Arquitectos SAC solicitó, mediante una carta notarial, que se le cancele S/462.291,20 por dos informes que fueron parte del expediente técnico. Según la Contraloría, dichos informes no cumplieron «ninguna finalidad pública». Aún así, los funcionarios cerronistas tramitaron el pago.

Finalmente, el director de Administración y Finanzas, el ya mencionado Salvatierra Rodríguez, aprobó pagar la deuda. Salvatierra sigue trabajando en el Gobierno Regional de Junín con el mismo cargo y es militante de Perú Libre desde septiembre del año pasado.

Su decisión fue avalada por otros dos militantes del lápiz. El pago contó con el visto bueno de Ofelia Ríos Pacheco, subdirectora de la Oficina de Administración Financiera. Ella fue nombrada tesorera titular de Perú Libre el 2019. Junto a Cerrón, recientemente fue acusada por presuntamente haber usado para otros fines S/2.880.088 del presupuesto destinado al proyecto de Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro, en Junín. Esto habría ocurrido durante la primera gestión de Vladimir Cerrón, de acuerdo al diario La República.

Otro de los responsables, según la Contraloría, fue Daniel Huamán Huamán, coordinador de Tesorería, quien dio conformidad al pago. Desde septiembre del año pasado, Huamán es militante del partido que ganó la presidencia.

Con todos los funcionarios alineados, el pago de la deuda a Dextre+Morimoto Arquitectos SAC se realizó el 27 de junio de 2019, durante la gestión de Cerrón.

 

MAL INICIO

Lo cierto es que todo había empezado mal. La gestión que antecedió a Cerrón en Junín, liderada por Ángel Unchupaico (2015-2018), fue la que contrató a la mencionada firma de arquitectos en diciembre de 2016. Lo hizo para que elabore los expedientes de dos proyectos de infraestructura hospitalaria: el mencionado Hospital de Pangoa y el Hospital Manuel Higa Arakaki.

Lo curioso es que no solo los cronogramas de entrega de ambos proyectos eran iguales, sino que los dos tenían al mismo arquitecto: Eduardo Dextre Morimoto. Esto no debió darse, dice la Contraloría, porque “el personal clave propuesto debía ser de dedicación exclusiva” de cada obra. Así lo establecían las bases de selección. Según el informe de la Gerencia Regional de Control de Junín, esto “tuvo incidencia directa en la calidad de los estudios elaborados” en el caso del Hospital de Pangoa.

Dextre+Morimoto Arquitectos SAC ya ha sido cuestionada antes. En el 2015, tuvo que pagar una penalidad de S/10.014 al Ministerio de Economía y Finanzas por el “incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales”. Además, ha sido sancionada tres veces por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar información inexacta y documentos falsos. Por este último motivo, desde el 2018 se encuentra impedida de contratar nuevamente con alguna entidad pública hasta junio del próximo año. 

La Contraloría también cuestiona el trabajo del consorcio que evaluó los informes emitidos por Dextre+Morimoto Arquitectos SAC para los dos hospitales. Se trata del Consorcio San Martín de Pangoa. Nuevamente, esto no podía ocurrir porque los contratos de ambas obras requerían que los especialistas se dediquen exclusivamente a cada uno de los hospitales. Por el trabajo de evaluar el expediente, se le pagó S/60.000.

Sudaca se comunicó con el consorcio, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.

La Contraloría también detectó que la gestión de Unchupaico no debió pagar S/322.172,8 a Dextre+Morimoto Arquitectos SAC por la elaboración de algunos informes. Luego vino la gestión de Cerrón y completó la cuenta con los S/462.291,2 ya mencionados, pese a las irregularidades señaladas en la primera parte de este informe. En total, solo este expediente causó un perjuicio económico de S/784.464. Pero los gastos pueden aumentar.

El arquitecto Eduardo Dextre dice que el Gobierno Regional de Junín todavía le debe cerca de S/120.000 de un fondo de garantía y que ya solicitó el pago mediante cartas notariales. 

MÁS EXPEDIENTES CUESTIONADOS

Los mismos trabajadores de la gestión cerronista, además de Wider Herrera Lavado -gerente general regional hasta enero de 2020-, también autorizaron la elaboración de un segundo expediente técnico, que no solo contempló la reubicación del terreno, sino “la innecesaria modificación del programa Médico Funcional”, un documento que contiene toda la estructura administrativa y asistencial para el funcionamiento del centro de salud.

Esto le ocasionó al Gobierno Regional un perjuicio económico de S/76.200, según la Contraloría, monto que se pagó por la contratación de especialistas que evaluaron aquel expediente. Según el órgano de control, este “fue aprobado sin considerar las normativas aplicables […] y no resultó útil para la ejecución del proyecto”. El 24 de diciembre de 2019 se declaró la nulidad de este segundo expediente porque no contaba con sustento técnico. 

De izquierda a derecha: Luis Alberto Salvatierra Rodriguez, Ofelia Ríos Pacheco y Wider Herrera Lavado.

Sudaca se puso en contacto con todos los aludidos. Consultada por su presunta responsabilidad por el perjuicio económico, Jakelyn Flores, exgerente regional de Infraestructura, respondió que no tiene conocimiento del tema. Por su parte, Wider Herrera, gerente general regional durante el 2019, afirmó que su “participación siempre estuvo acorde a las normas y conforme a mis funciones en su momento”. 

Ofelia Ríos, actual subdirectora de administración financiera, se limitó a leer los mensajes. Quien sí contestó fue Marcial Castro, quien aseguró que “se hizo lo correcto, ahora la Contraloría se encargará de determinar responsabilidades”. Finalmente, el aún director regional de Administración y Finanzas, Luis Salvatierra dijo que “la Contraloría presume en ese informe” y que por eso no puede ser considerado responsable. 

A pesar de ser enemigos acérrimos, las gestiones en el gobierno regional de Junín de Ángel Unchupaico (2015-2018) y Vladimir Cerrón (2019) parecen estar unidas por sus clamorosas irregularidades. Una de ellas es la historia del Hospital de Pangoa que aquí relatamos.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Cerrón, contraloria, Junín, Perú Libre

Entre el  16 y 17 de mayo de este año, Percy Anibal Chávez Lume, un militante de Perú Libre, tomó una buena decisión para su futuro profesional: aportó S/ 5.900 en especies para la campaña de Perú Libre, que consistió en la entrega de 500 polos, 20 gigantografías y 200 banderines, según información de la ONPE. Desde agosto, trabaja como asesor principal en el despacho del congresista Abel Reyes Cam y tiene un sueldo de categoría «nivel 9» (entre S/8.096 y S/.8.899).

Chávez Lume y Reyes, además, son socios de Kausachum SRL, dedicada al rubro de la construcción. El congresista posee el 97% de las acciones, su padre el 2% y Chávez el 1%. El 27 de agosto de 2019, a pocos días de que  Vladimir Cerrón sea suspendido en el cargo por una sentencia judicial de corrupción, la empresa obtuvo un contrato con el Gobierno Regional de Junín por S/ 30.000 para la elaboración de un estudio de preinversión. Llamamos al congresista Reyes para que nos dé detalles, pero no contestó al cierre de esta edición.

Similar es el caso de Segundo Diego Rojas Sánchez. El 23 de abril de este año realizó un aporte de S/3.300 para cubrir el alojamiento y la alimentación para la comitiva de la campaña del lápiz que llegó a Chiclayo. Lo hizo a pesar de que era militante de Alianza para el Progreso (APP) desde el 12 de mayo de 2014. Su aventura en el partido de Acuña acabó el 20 de octubre con su renuncia. Nueve días después, el 29, fue nombrado director ejecutivo del programa ‘Nuestras Ciudades’ del Ministerio de Vivienda.

El pasado 29 de octubre, el aportante Segundo Diego Rojas Sánchez es nombrado director ejecutivo del programa ‘Nuestras Ciudades’ del Ministerio de Vivienda.

 

Otro caso llamativo es el del empresario Mauro David Gonzales Caballero, amigo de Pedro Castillo y frecuentemente voceado para varios cargos públicos. Después de aportar a la campaña de Perú Libre, él no obtuvo un puesto laboral en el Estado -al menos de manera oficial- pero sí su tío.

En junio de este año, Mauro Gonzales, director de Radio Disco SA (990 AM), el nombre legal de la pro oficialista Radio Latina, realizó un aporte de banners, polos y banderines valorizados en S/12.000. En julio, después de que Pedro Castillo ganó las elecciones, el propietario de  la radio, su tío David Caballero Llanos, fue nombrado coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa. 

 

 

El pasado 30 de septiembre, David Fernando Caballero Llanos fue designado como coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa.

 

Gonzales Caballero, que es bachiller en Derecho y Administración de Empresas, dice a Sudaca que “es normal” que esto suceda. “Si cumples el perfil, estás apto para el puesto y te llaman, ya pues… Bienvenido, ¿no?”, apunta.

Dice que ese es el caso de su tío, quien es abogado y, según él, posee experiencia en el sector público desde 1989. “Algunos me han ofrecido cargos y no cumplía con el perfil, y no he aceptado. Soy joven, tengo 26 años y los requerimientos de los puestos en el Estado son altos”, reconoce Gonzales.

Pero no descarta ocupar un cargo público en esta gestión. Por el momento, asegura, le da consejos en diversos temas al presidente Pedro Castillo, porque es “mi amigo». Anuncia que mañana lunes inaugurará el nuevo canal Nacional TV, que asegura “no será oficialista”. Veremos.

No todos son puestos en el gobierno central ni en el Congreso de la República. Un caso, plagado de irregularidades, es el de Ángela Ivette Hurtado Caballero, subgerente de Desarrollo de Tarma del Gobierno Regional de Junín desde julio del 2020. El pasado 1 de marzo de este año, Hurtado realizó un aporte de S/500 en efectivo a la campaña del lápiz.

 

La subgerente de Desarrollo de Tarma del Gobierno Regional de Junín, Ángela Ivette Hurtado, realizó un aporte de S/500 (ver foto arriba). Y, después, la radio ‘Sudamericana’, que es de su propiedad, obtuvo un contrato de S/450 con el propio Gore-Junín. La ley de contrataciones del Estado se le prohíbe por ser funcionaria.

 

La funcionaria, según su declaración jurada, es gerente titular y accionista mayoritaria de ‘Radio Sudamericana-Señor de Muruhuay’, un conocido medio de comunicación que diariamente transmite noticias en la tierra de Vladimir Cerrón.

Luego de 22 días de haber hecho su aporte a la campaña, el 23 de marzo, la radio obtuvo un contrato por S/450 para difundir publicidad del proceso de admisión 2021 del instituto Adolfo Vienrich. El monto desembolsado provenía de la Dirección de Educación del gobierno regional donde ella es funcionaria. Nadie advirtió la irregularidad.

La contratación de radio ‘Sudamericana’ con el Gore-Junín ha quedado registrada en el Servicio Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).

 

El experto en procesos electorales, José Tello, asegura a Sudaca que, de acuerdo a Ley de Contrataciones con el Estado (Ley N° 30225), un funcionario de una entidad pública no puede ser dueño o accionista de una empresa privada que gane licitaciones o contratos con el Estado porque habría “conflicto de intereses”, como es el caso de Ángela Hurtado, también militante de Perú Libre. “El impedimento es bastante preciso y acá no hay mayor interpretación”, dice el experto.

Desde el 17 de julio de 2020, fecha en la que Hurtado ocupa el cargo, su medio de comunicación ha ganado contratos con el Estado por un monto total de S/59.987,16, con el gobierno regional de Junín, la municipalidad de Tarma y la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Sudaca se comunicó a su teléfono y un allegado a ella dijo que nos iba a devolver la llamada, pero al final esta no se concretó. Parece que ser aportante del lápiz no solo la ha ayudado a hacer crecer su negocio, sino también a tener luz verde para seguir ganando contratos con el Estado sacándole la vuelta a la ley.

La personera legal de Perú Libre, Ana María Códova, dice a Sudaca que son las instituciones que han contratado los servicios de Hurtado las que deben pronunciarse.  

Aportes de Campaña de Perú … by Juan C Chamorro

Este es el conjunto de informes de los aportes de campaña de las elecciones generales del 2021, entregados por Perú Libre a la ONPE.

El gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, Miguel Quispe Soto, asegura a Sudaca que en este momento se encuentran en un “proceso de verificación” de todos los reportes de rendiciones de gastos y aportes entregados por los partidos políticos a esa entidad.

“Si hubiese casos que ameriten una mayor indagación, la examinación de un aportante o de una situación dentro de una rendición de cuentas, nosotros daremos cuenta de esa situación. Tenemos las sanciones administrativas dentro de la ley, pero también pueden existir indicios penales. Una vez después que haya concluido todo el análisis, se reporta y se va a concluir con un informe técnico ”, advierte el funcionario.

 

 (*) Fotoportada del reportaje: Darlen Leonardo

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Cerrón, Chota, Junín, ONPE, PedroCastillo, PeruLibre, Sombrero

La sombra de Vladimir Cerrón no se puede borrar fácilmente de Junín. Ni mucho menos el rastro que dejó como gobernador. Ahora, la Contraloría ha identificado a tres funcionarios de su confianza que causaron un perjuicio de S/1.161.274 al gobierno regional en una trama que favoreció al Consorcio Vial Junín. En el conglomerado de empresas estaba un familiar de Carlos Wilfredo Zárate Villalobos, el policía que fungía de guardaespaldas del secretario general de Perú Libre.

LO QUE EMPIEZA MAL…

Durante la gestión del exgobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico (2015-2018), se convocó el proceso de selección para la obra de “Mejoramiento del corredor vial de transporte masivo” en Huancayo. Desde el inicio, la contratación estuvo llena de irregularidades que le pasaron factura a la entidad. Literalmente.

De acuerdo a un informe de la Gerencia Regional de Control de Junín, al que Sudaca tuvo acceso, las cosas pintaban mal desde el inicio. En 2018, los funcionarios del Gobierno Regional de Junín le dieron la buena pro al Consorcio Vial Junín para que se encargue del proyecto, valorizado en poco más de S/54 millones.

El consorcio está conformado por las empresas Corporación San Rafael SAC (con 44% de participación), Ditranserva SAC (33%), Corporación Ejecutora de Obras (15%), Constructora y Consultora la Incontrastable Great Group SRL (7%) y HVC Inmobiliaria y Constructora SAC (1%). 

A la hora de elegir al ganador, poco importó que la empresa Corporación Ejecutora de Obras tuviera, en ese entonces, una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar documentos adulterados. Al día de hoy, tiene tres más por presentar información inexacta o documentos falsos.

HVC Inmobiliaria y Constructora SAC, por su parte, tenía como gerente -durante los años en los que ocurrieron las irregularidades- a Milton Zárate Palomino, tío del efectivo policial que hacía de ‘chaleco’ de Vladimir Cerrón. Aunque la participación de esta empresa era, en apariencia, menor, la tajada que le tocaría era de más de medio millón de soles, si nos ceñimos a los porcentajes de su participación. El informe de Contraloría señala que esta consorciada no cumplía con los requisitos de las bases del concurso.

Lo más grave, sin embargo, es que la obra se inició cuando no se contaba con la “disponibilidad física del terreno”. Y es que se necesitaba la autorización de Ferrovías Central porque los trabajos se realizarían dentro del área de concesión de esa empresa ferroviaria. Para intentar saltarse los protocolos, el Gobierno Regional emitió un “acta de libre disponibilidad de terreno”, que solo sirvió para avanzar la obra por un breve tiempo.

Los funcionarios de la Gerencia Regional de Control de Junín realizaron la visita de inspección el 23 de febrero de 2021. Hasta el día de hoy, la obra -que le ha salido cara al Gobierno Regional de Junín- sigue paralizada.

A inicios del 2019, las obras se paralizaron y -hasta la fecha, según la Contraloría- han generado un perjuicio total de S/2.469.863. Por estas irregularidades, hay cinco funcionarios de confianza del gobierno de Unchupaico que tienen presunta responsabilidad administrativa y penal. Sin embargo, casi la mitad de ese monto se explica por la mala praxis de tres funcionarios de confianza de la gestión de Vladimir Cerrón. ¿Por qué?

 

CERRONISTAS EN ACCIÓN

Según el cronograma, la obra debía terminar en mayo de 2019. Ese año, el fundador e ideólogo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se convirtió en gobernador regional de Junín. Al poco tiempo de asumir, el 19 de marzo, su gestión declaró la nulidad del contrato por la falta de un terreno donde realizar la construcción.

Cualquiera diría que Cerrón entró a poner orden, pero no fue así. Funcionarios colocados por él en puestos de confianza aprobaron un informe que describía supuestos avances en la obra. Pero, como corroboró la Contraloría luego, estos nunca existieron. De acuerdo al informe de control, esto generó un perjuicio económico de S/1.161.274.

Según el documento de Contraloría, el gobierno regional contrató a inicios de abril del 2019 al ingeniero Miguel Ángel Escobar Ramos para que indique cuáles eran los gastos que había realizado en la obra el consorcio en el que participaba el tío del chaleco de Cerrón, hasta ese momento.

Escobar elaboró un informe en el que se afirmaba que la empresa había realizado trabajos obligatorios del contrato, como el relleno para la nivelación de subrasante (la superficie sobre la que se coloca pavimento) o la compactación y riego de material de relleno.

El resultado del estudio elaborado por Escobar concluía que, al 20 de marzo de 2019, el proyecto tenía un avance del 14,2% y que la empresa solo debía devolver S/1.155.365 de lo que se le había desembolsado en la gestión anterior, como adelanto. Pero lo que el gobierno regional debía recibir, de acuerdo a los cálculos de la Contraloría, era S/2.316.640. 

Según el órgano de control, el documento de Escobar no presentaba evidencia alguna de que se haya avanzado lo que él mencionaba en su informe. Sus dudosas conclusiones, sin embargo, fueron aprobadas por Luis Ángel Ruiz Ore, subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y funcionario de confianza del gobierno regional cuando Cerrón todavía era gobernador.

De izquierda a derecha los funcionarios de confianza de Cerrón: Luis Ruiz Ore, Jakelyn Flores Peña y Marcial Castro Cayllahua.

Ruiz emitió un informe técnico el 2 de mayo de 2019 aprobando que se liquide a la empresa por los avances efectuados. Al día siguiente, Jakelyn Flores Peña, gerenta regional de Infraestructura, otra funcionaria de confianza, envió un oficio a la oficina de Asesoría Jurídica recomendando hacer lo mismo, según documentación recabada por la Contraloría.

Flores, de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas, es militante del partido de Cerrón desde 2017, cuando aún era un movimiento regional. Ingeniera de profesión, en las últimas elecciones tentó suerte como congresista por la región Junín. Según La República, al menos hasta abril de este año, tenía dos investigaciones en su contra por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible. ¿La entidad afectada? El Gobierno Regional de Junín.

Sus cuitas judiciales sobran. Recientemente la fiscalía decidió investigarla en el caso de lavado de activos que se le sigue a dirigentes de Perú Libre, por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021. La fiscalía sostiene que la exfuncionaria cumpliría el “rol de operadora respecto a actos de conversión y transferencias de dinero que facilitarían a la organización criminal las operaciones de lavado de activos”. También que, como candidata al Congreso, “habría recibido financiamiento de las ganancias ilícitas provenientes de actos de corrupción” del partido de gobierno.

La cadena de irregularidades, según la Contraloría, terminó en Marcial Castro Cayllahua, entonces gerente encargado de Infraestructura, quien emitió una resolución gerencial el 8 de mayo de aquel 2019 haciendo eco del informe de Escobar.

Castro, que ostentaba un puesto de confianza en el gobierno de Cerrón y había sido funcionario de la gestión anterior, no tenía fama de ser muy diligente. El 2018, fue inhabilitado por 1 año y 2 meses por la Contraloría por haber incurrido en faltas graves durante el ejercicio de sus funciones.

Como parte de sus indagaciones, en diciembre del año pasado funcionarios de la Contraloría de Junín se presentaron en el lugar con el objetivo de corroborar que los trabajos efectivamente fueron realizados. Algo que no hizo ningún funcionario de la gestión, a decir del órgano de control. Los inspectores terminaron corroborando sus sospechas: que nunca se habían llevado a cabo los avances que Escobar había descrito en su informe.

Consultado por el organismo de control, el jefe de supervisión de la obra, contratado por el consorcio, también confirmó lo que era evidente con solo visitar el sitio. En los cuadernos de obra (documentos oficiales donde se registran todos los acontecimientos importantes que ocurren durante la construcción) tampoco había rastro de que los trabajos se hubiesen concretado.

Vladimir Cerrón ya no es gobernador regional de Junín, pero las decisiones que se tomaron durante su corto mandato siguen causando problemas.

Estos hechos, de acuerdo al informe de la Contraloría, transgredieron la “Ley de Contrataciones del Estado”, que establece que se debe pagar solo por los trabajos ejecutados. El órgano de control añade que estos hechos ocurrieron por el “accionar de los funcionarios que intervinieron en razón de sus cargos en los referidos trámites”, originando así el perjuicio económico en contra del gobierno regional.

Consultada por su participación en la aprobación del expediente en cuestión, Jakelyn Flores señala escuetamente que no tiene conocimiento del informe de la Contraloría. Sin embargo, de acuerdo al documento al que Sudaca tuvo acceso, “las personas comprendidas en la presente observación fueron notificadas mediante cédulas de comunicación y notificación”.

Marcial Castro, por su parte, solo se limitó a dejar en visto los mensajes. Quien sí respondió fue Luis Ruiz Ore, quien aseguró que “el perjuicio que demanda la Contraloría viene de más atrás [de la gestión de Unchupaico]” y que ellos lo que hicieron fue anular el contrato. Sobre la aprobación del documento que originó el presunto perjuicio de más de S/1.000.000, solo dijo que la “Contraloría es un ente que tiene un sesgo” y que pronto hará el descargo correspondiente. Esperemos que sea ante un fiscal anticorrupción.

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Cerrón, contraloria, Junín

Sería una insensatez, políticamente suicida, que la oposición congresal le niegue la confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez y que mañana se presenta ante el Pleno.

Corresponde leer con propiedad la nueva realidad política. La salida de Bellido del Premierato y la ruptura con Cerrón constituyen claramente un alejamiento, por parte del régimen, de la lógica de la confrontación ideológica y política, y en la práctica suponer arriar, al menos temporalmente, las banderas de la refundación socialista y constitucional del país.

Frente a esa nueva realidad, cabe, valga la redundancia, realismo. No es lo mismo el gobierno actual que el de hace algunas semanas. Y lo que inteligentemente corresponde a la oposición es tenderle un puente de plata a los arrestos moderados del régimen, que si bien no lo conducen al centro sino a una reafirmación izquierdista (la propia Premier es claramente de izquierda), despliega una opción más sensata y viable.

Hay un par de ministros que no merecen la confianza, es verdad. Puntualmente hablamos de los titulares del Interior y de Educación. Pues, a por ellos, que la posibilidad de interpelarlos y censurarlos la tiene a mano el Congreso, más aún ahora que el Ejecutivo ya no puede hacer cuestión de confianza por tales circunstancias.

Pero en términos globales, sobre todo el centro, debe apartarse de la lógica vacadora, lindante con el golpismo, que un sector de la derecha, fuera y dentro del Congreso, promueve a toda costa, sin importar razones.

A Castillo se le puede vacar, claro que sí, es un derecho congresal constitucionalmente establecido. Pero solo cabría ante una situación de abierta inmoralidad o sospechas fundadas de ella por parte del Primer Mandatario, o porque políticamente pretenda tirarse abajo el Estado de Derecho forzando una caprichosa disolución del Congreso para llegar, al final, a la convocatoria de una Asamblea Constituyente corporativista, que supondría el fin de la democracia y el modelo económico, de cuyas virtudes hemos gozado las últimas décadas.

Pero ni lo uno ni lo otro está cerca de ser realidad ahora. Por el contrario, la ruptura con Cerrón aleja al régimen de esa eventualidad. Esa realidad política debe ser correctamente leída por la oposición y no jugar irresponsablemente a la reciedumbre, cuando no es el momento de hacerlo. Lo era hace unas semanas, no ahora.

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