Junín

 

Por Julio Rospigliosi y Alessandro Azurín

La carrera política de César Combina ha estado marcada por un verbo: abandonar. Forzadamente, a veces, como cuando lo ‘desfederaron’ en la PUCP; o por voluntad propia, como la vez que dejó el proyecto de APP con el que se pensaba que llegaría a ser gobernador regional. “No hay un caso como el de César Combina, por el que se haga tanto trabajo para que después termine en otro lugar”, dice José Miguel Álvarez, quien fue parte de esa última aventura en Junín.

Su paso por la política se caracteriza por el cambio de camisetas a granel: primero fue el PPC, luego el fujimorismo y más tarde un movimiento regional que llevaba su apellido. El 2020 llegó al Parlamento con Alianza para el Progreso (APP) y ahora ha vuelto a recalar en tienda naranja. A todo eso habría que agregarle la fundación de un partido de derecha en su época estudiantil y, según documentos y testigos, su incursión en un movimiento universitario llamado Falange Reformista.

Para este perfil Sudaca entrevistó a excompañeros y rivales políticos de Combina, quienes en los últimos 19 años han sido testigos de ese sistemático tránsito entre agrupaciones, de las que casi siempre sale peleado. El hoy precandidato de Fuerza Popular para Lima Metropolitana también responde.

 

LA VERDAD DE LA RENUNCIA

Combina ha dicho recientemente que la primera vez que dejó el fujimorismo lo hizo por su rechazo a Joaquín Ramírez. “Yo fui uno de los más duros que se enfrentó a él [Ramírez] a la interna y, por lo tanto, tomé la decisión de no afiliarme a Fuerza Popular, pese a la invitación de esta agrupación”, declaró sobre su salida de Fuerza Popular de hace 7 años. Había llegado como invitado. En esa época, Ramírez, embarrado por investigaciones fiscales y periodísticas, era secretario general del partido.

Los archivos y los testimonios apuntan, sin embargo, en otra dirección: Combina era mal visto por varios dirigentes fujimoristas de Junín. “Lo conocían apenas en la selva de esa región, donde tiene una casa, pero no en la capital, Huancayo”, cuenta César Merea, exalcalde fujimorista de la provincia de Satipo. “Él no vivía en Junín, venía esporádicamente”, aclara José Miguel Álvarez, actual consejero regional. 

Cuando César Combina llegó allí, en el 2014, faltaba poco para las elecciones municipales. Él era la ficha para ganar el cargo de gobernador, pero quedó cuarto. “Nosotros teníamos un candidato regional y, de la noche a la mañana, el comité ejecutivo decidió que el señor Combina sea quien vaya a la gobernación. Hasta cierto punto lo veíamos con desconfianza y una actitud que yo no compartí”, dice Merea.

Luego de los comicios, quedó como coordinador regional del partido. Pero no pasó mucho tiempo para que su relación con los militantes se rompiera definitivamente. El 19 de junio del 2015, el diario ‘Primicia’ sacó una nota titulada “César Combina llamó ‘regordeta y retardada’ a Keiko Fujimori”. La nota decía: “Indignación se vive en un sector del fujimorismo en Junín tras conocerse que el excandidato a la presidencia regional calificó de regordeta y retardada a Keiko Fujimori, además de otros calificativos y cuestionamientos que aparecieron publicados en su blog de internet ‘La Combi de Combina’”.

nota primicia
Nota del diario Primicia del 2015, que da cuenta de las acusaciones contra César Combina de parte de un sector del fujimorismo.

“Se puede leer por ejemplo: ‘¿por qué no a la regordeta? Pues porque no está preparada y la gente que la acompaña es de la peor calaña. Imaginen a una retardada de presidente, que lo único que sabe decir es besho abasho, con un séquito de chupasangres’”, reseña el informe periodístico.

La nota cita también a Augusto Lara Pérez, entonces secretario del comité provincial de FP en Huancayo, quien detalló que los calificativos fueron publicados seis años antes, en el 2009. Dijo que la verdadera intención de Combina era “infiltrarse en el fujimorismo para promover la división y el caos partidario”.

El blog había nacido en medio de una crispada situación al interior de la Universidad Católica (PUCP), donde César Combina hizo sus pininos políticos. Y un excompañero de aulas, cuya identidad mantendremos en reserva, comenta acerca del antifujimorismo de Combina como estudiante. “Cuando inició su carrera política, tenía una postura bastante crítica al fujimorismo, lo que era natural en la universidad. Además, en esa época militaba en el PPC, que por aquellos años confrontaba al fujimorismo”, cuenta.

César Combina niega haberse referido a su lideresa en esos términos y dice que nunca se identificó como “antifujimorista”. La nota periodística ocasionó, de todos modos, que los secretarios provinciales exijan la inmediata destitución de Combina como coordinador regional.

Esa semana de junio del 2015, Correo informó de una carta firmada por el secretario provincial de Chanchamayo, Marino Aroni Calderón. “Respaldan la solicitud 5.289 firmas recolectadas en Chanchamayo. Según el documento Combina viene ‘fomentando el divisionismo y la anarquía conformando coordinaciones provinciales y distritales paralelas a las ya existentes’”, se lee en la nota del diario.

César Combina dice que detrás de aquellos esfuerzos por castigarlo estaba Joaquín Ramírez. “Las pugnas empiezan con un sector de la región Junín vinculado a Joaquín Ramírez y Alas Peruanas, que funcionaba en Huancayo. Pensaban que yo iba a ser precandidato al Congreso. Pero yo había decidido no lanzarme para permitir que los dirigentes participen en ese proceso”, se defiende Combina.

“Aroni, que era gerente municipal de Chanchamayo, presentó firmas. Pero los firmantes no eran representantes de Fuerza Popular, era un padrón de beneficiarios de la municipalidad [donde Aroni trabajaba]”, añade.

En agosto, la cúpula fujimorista le bajó el dedo y lo removió de su cargo de coordinador. Sin protagonismo y enfrascado en peleas internas, un mes después Combina anunció que no seguiría el partido. Dijo que Joaquín Ramírez había “empoderado a personajes nefastos en cargos dirigenciales en Junín”.

-¿No sabía que ya, desde el 2014, la Procuraduría tenía en la mira a Joaquín Ramírez?- le preguntamos.

-Yo acepté [ser invitado a FP] porque en la provincia de Chanchamayo, mi provincia, tres alcaldes eran de Fuerza Popular. Fueron ellos los que me invitaron. Durante toda la campaña [del 2014 al gobierno regional] no tuve contacto con Joaquín Ramírez. Sí lo tuvo el candidato de Pasco, por ejemplo.

-Pero usted no necesitaba mayor contacto para saber que Joaquín Ramírez era de la cúpula de Fujimori.

-Sí, pero no tenía mayor información sobre él. Fue recién el 2015, cuando fui coordinador, que empecé a tener reuniones orgánicas y tuvimos roces con él sobre su visión.

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Combina le echa la culpa a Joaquín Ramírez de los pedidos para que lo destituyan. (Foto: Congreso de la República)

 

LA COMBI Y LA FALANGE

La carrera política de César Combina empezó el 2006 en la PUCP, cuando asumió la presidencia del Centro Federado de la Facultad de Letras. Iba a Antropología, estaba becado y era militante del Partido Popular Cristiano (PPC), que aquel año lanzaba como candidata presidencial a Lourdes Flores.

Quienes lo recuerdan, señalan que se ausentó de las labores del cargo por su compromiso con el partido. Entonces, fue removido por su propia mesa directiva.

En el 2007, fundó -junto a un grupo de amigos, algunos de las filas del PPC-, Unión Estudiantil (UNES), un movimiento de derecha que aún existe en la universidad. Aquel año llegó a ser Representante Estudiantil ante la Asamblea Universitaria (REA), cargo que le permite al alumnado tener voz en la máxima instancia de gobierno de la casa de estudios.

De la REA, sus opositores recuerdan a un Combina también ausente. “Ahí tu única obligación es ir a la asamblea. Yo me maté yendo un año ahí, pero él desapareció por completo. A mitad del mandato, se va de intercambio a otro país y entonces, es el segundo cargo sobre el que podría decirse que sale ‘vacado’. Primero ocurrió en Letras”, cuenta Ricardo Sifuentes, que también fue miembro de la REA. Los excompañeros de Combina en UNES, en cambio, dicen que la presión de otros grupos les impedía participar de las comisiones activamente.

De UNES, sin embargo, Combina también se alejó tras discrepancias internas. Cuando en 2009 quiso lanzarse a la presidencia de la Federación de Estudiantes (Fepuc), sus compañeros de partido se manifestaron en contra. “No era el momento y queríamos concentrarnos en otras cosas. Además, ya había diferencias sobre su forma de hacer campaña. Él tenía un estilo mucho más populista, que apelaba a la imagen de las personas más que a las protestas”, recuerda uno de ellos sobre su salida.

Combina se lanzó con una lista de “independientes”, pero perdió. Luego se dedicó a lanzar ácidas críticas a la gestión ganadora. En medio del boom de los blogs, el entonces militante del PPC tenía el que ya hemos mencionado: La Combi de Combina. “El sacó su blog y nos insultaba. Dos, tres veces a la semana. Inventaba mil situaciones estúpidas y así fue durante un año”, dice Sifuentes, quien le ganó las elecciones a la Fepuc.

Sus ataques llegaron demasiado lejos y eso le costó la expulsión del gremio estudiantil. Combina realizó falsas acusaciones sobre el proceso electoral que venía preparando la universidad a fines del 2009 y fue ‘desfederado’. “La Fepuc quiere más delegados allegados para copar la Asamblea y bloquear denuncias, acusaciones y censuras. Todo un verdadero mecanismo de defensa, al fiel estilo fujimontesinista”, escribió en su blog. Hoy no tiene problemas en posar junto a Keiko.

Combina nunca se retractó, como él mismo confirma a Sudaca. “Mi proceso de ‘desfederación’ [que le impidió asumir más cargos de gremio estudiantil] se da justamente por posiciones que tuve contra el copamiento que desarrolló el ala que luego se convirtió en Fuerza Social, de Susana Villarán”, asegura.

En medio del proceso disciplinario, su nombre apareció en una lista para la Fepuc llamada Falange Reformista Universitaria, un término que hace referencia al partido fascista español que mantuvo en el poder Francisco Franco (RAE dixit). De acuerdo al portal La Mula, en el Facebook de esta agrupación se incluían mensajes como “¡Brazo en Alto Falangistas! ¡Por una PUCP sin rojos!”, “¡Camaradas, a quemar la San Marcos, el mejor comunista es el que está boca abajo!”, entre otras.

Combina niega su afiliación a Falange Reformista y dice que “fue una creación difamatoria”. “Prueba de ello es que no tenemos un certificado de inscripción. Esta es una situación que yo aguanté muchos años, una situación bastante cruel que revive cada vez que me lanzo [a algún cargo]”, agrega.

Pero Sudaca habló con dos miembros de aquella lista, quienes recuerdan el rótulo de Falange Reformista. De hecho, el arquitecto Andrés Rieckhof, amigo universitario de Combina, envió ese año una carta a la Fepuc indicando que lo habían colocado sin su autorización.

“En ese momento César era mi amigo. Era muy payasín, muy risueño, todo lo tomaba a broma, pero [la inclusión en Falange] no era así. Yo le dije que no pertenecería y que no podía estar en algo que probablemente podía explotar a la larga”, explica Rieckhof a Sudaca.

Otro examigo de Combina que integró la lista admite el nombre, pero lo matiza: “La postulación era un bluf, no era seria, nunca tuvo intención de postular realmente”. Falange Reformista no llegó a participar de los comicios. 

Entre dimes y diretes, Combina terminó la universidad en el 2010. Ese año, se postuló como regidor por Lima en la lista de Lourdes Flores. Compañeros de esa época dicen que el partido no le abrió más espacios de representación, por lo que empezó a saltar de bando en bando.

pruebas falange
Izquierda: En la lista de Falange Reformista Universitaria aparece el nombre de César Combina como “Presidente”. Derecha: el pedido de uno de los integrantes de esa lista para que lo retiren de ahí, porque no dio su autorización. Esta persona corroboró la veracidad del documento.

 

DESLEALTADES EN JUNÍN

Luego de su paso por la universidad y de dejar su militancia en el PPC, César Combina se concentró en Junín, donde tiene familia. Encontró en el fujimorismo, al que había criticado en sus años universitarios, una vitrina importante. Y, como hemos visto, salió de ahí en medio de acusaciones de ida y vuelta el 2015. Dos años después, fundó un movimiento personalista. El nombre: ‘Combina Junín’.

Para las elecciones regionales del 2018, movimientos incipientes como el suyo debían buscar aliados. “Ese año se acerca el joven César Combina, cuyo movimiento estaba en proceso de formación. Como era joven, podía ser un buen político, una buena promesa. Así que él fue parte de Caminamos Juntos [el partido por el que postuló el 2018]”, cuenta Dimas Aliaga, quien ese año postuló a la provincia de Huancayo con el mismo partido.

Aliaga no tiene el mejor recuerdo de Combina, que encabezó la lista al gobierno regional. “Le diré que se portó extremadamente mal. Muy mal a pesar de que lo invitamos. Por ejemplo, él puso de candidatos a consejeros y al vicegobernador a su antojo, lo que no representaba el consenso del partido”, apunta.

Combina replica: “Deberían ser un poco más agradecidos con nuestro movimiento, que nos sumamos, que lo reflotamos. Yo pagué todos los gastos de ese reflote y me da pena recibir este tipo de maltratos a cambio”

Combina logró el segundo lugar, por debajo de Perú Libre. Consiguieron, además, meter a tres consejeros que siguen hasta hoy. Uno de ellos es José Miguel Álvarez, quien tampoco tiene un grato recuerdo del hoy nuevamente fujimorista.

José Miguel Álvarez (izquierda) y Dimas Aliaga. Ambos tienen pésimos recuerdos de Combina en las alianzas que hicieron con él.

“Había buenas referencias, todo indicaba que el próximo gobernador sería él”, cuenta Álvarez, que el año 2020 pasó a inscribirse en APP, ya con miras a las elecciones del 2022. Combina también se pasó al bando de los Acuña, como invitado. “El objetivo de la alianza con APP era tener la oportunidad de postular y no depender de movimientos regionales, porque siempre había problemas ahí. La intención era que Combina aguardase a postular a la región”, cuenta Álvarez.

Pero Combina se mandó por la libre. “Cuando salió [vacado] Vizcarra, le dijimos que no postulara, porque eso iba a ser un gran error e iba a poner en peligro su candidatura regional”, asegura Álvarez. Combina no escuchó. “Vimos que no tenía intención de retornar, que quería quedarse en Lima. Parece que Junín solo era una pantalla, un trampolín. La gente que lo acompañó siente que los ha utilizado como vitrina”, agrega Álvarez.

Combina niega que haya habido un acuerdo con ellos. “Si bien ellos pensaban que yo sería candidato una tercera vez, no era algo que yo había confirmado. Y él [Álvarez] tiene aspiración a gobernador regional. Así que acá no hay ninguna traición”, apunta.

-¿Cómo explica usted su salto de partido a partido, este cambio compulsivo de camisetas políticas? – le preguntamos.

-Se me puede acusar de tener cambios de camiseta, pero lo que existe es una misma línea. Yo nunca seré de izquierda. Me parece que el camino está en el centro y para mí hay puntos innegociables: si en el camino uno tiene que dejar una tienda política para mantener los principios mínimos de no ceder ante las mafias y de luchar contra la izquierda, ese ha tenido que ser mi devenir.

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El Gobierno Regional de Junín es una caja de pandora. Según un reciente informe de Contraloría al que Sudaca tuvo acceso, las últimas dos gestiones ocasionaron un perjuicio económico de S/920.664 en una obra de salud. 

En este festival de presuntas irregularidades están involucrados siete funcionarios de confianza del fundador de Perú Libre, cuando todavía ocupaba el cargo de gobernador en el 2019. También se responsabiliza a una firma de arquitectos que ha sido sancionada tres veces y que actualmente se encuentra impedida de contratar con el Estado. 

Las irregularidades fueron detectadas por la Gerencia Regional de Control de Junín, un despacho descentralizado de Contraloría, y tienen que ver con el retraso en la construcción del nuevo Hospital de Pangoa, cuyos servicios beneficiarían a cerca de 500.000 personas.

 

EXPEDIENTE DE DUDAS

En marzo de 2019, cuando Vladimir Cerrón llevaba pocos meses como gobernador regional, el consorcio Pangoa II comunicó que no podía cumplir el cronograma de la construcción del nuevo Hospital de Pangoa. El consorcio, que había ganado la buena pro para a finales de 2018, se quejaba de que el terreno no cumplía con los requisitos necesarios, y que la manera en que estaba planteado el proyecto generaría un alto riesgo para los pacientes debido a la proximidad entre el consultorio de TBC y los ambientes de Microbiología y Lavandería. 

¿Qué había ocurrido? Según la Contraloría, la responsable de hacer el expediente técnico -el documento que establece los criterios para la ejecución de la obra– lo había hecho mal. Se trata de la firma Dextre+Morimoto Arquitectos SAC, contratada el 2016 por la gestión que antecedió a Perú Libre.

En el expediente técnico presentado por esta empresa se consideró la ubicación del nuevo Hospital de Pangoa en un terreno que no era del todo plano y que se encontraba a 85 metros de la ribera del río Chavini. La Norma Técnica de Salud, sin embargo, establece que debe haber una distancia no menor de 300 metros del borde de ríos, lagos o lagunas, y que el terreno debe ser “predominantemente plano”.

La Contraloría identicó un perjuicio de casi S/1.000.000 en la elaboración del expediente técnico para la construcción del Hospital de Pangoa, en Junín

Eduardo Dextre Morimoto, arquitecto de la firma, le echa la culpa al Minsa. “En proyectos de inversión del Estado, el que hace el expediente técnico depende de un estudio previo llamado ‘preinversión’ hecho por el propio Ministerio de Salud”, dice. Según su versión, este estudio ya incluye información como la del terreno de la obra, que -asegura- no pueden cambiar.

Lo cierto es que, mediante un acta del 15 de marzo del 2019, funcionarios del Gobierno Regional y el consorcio acordaron suspender la obra hasta resolver las inconsistencias. Pero Dextre+Morimoto Arquitectos no se dio por aludida en ningún momento. En paralelo a la suspensión, ese 2019 envió una carta notarial al Gobierno Regional solicitando que se le cancele S/462.291,20 correspondientes a informes por los que no se les había pagado aún.

Aunque la gestión que precedió a Cerrón ya le había transferido una cantidad considerable por sus informes técnicos, todavía le faltaba cobrar por otros dos que fueron parte del expediente. De acuerdo a la Gerencia Regional de Control de Junín, dichos informes no contaban con la aprobación correspondiente del Ministerio de Salud ni mucho menos fueron útiles. Aún así, se les pagó.

La Contraloría ha puesto en la mira a los funcionarios de confianza de Cerrón por este desembolso.

CERRONISTAS EN LA COLADA

Varios funcionarios de la gestión Cerrón están involucrados. Mediante un memorando, Luis Alberto Salvatierra Rodriguez, director regional de Administración y Finanzas del gobierno regional, comunicó el procedimiento a seguir para reconocer la deuda.

Quien argumentó a favor de Dextre+Morimoto fue la arquitecta Liana Vilcapoma Chicmana, que envió un documento a Marcial Castro Cayllahua, subgerente de Estudios, en el que sustentó que se debía pagar por los informes porque “en su momento fueron aprobados”. La Contraloría señala que Vilcapoma hizo esto “pese a tener conocimiento de todas las incompatibilidades halladas en el expediente técnico” y que eran materia de queja del consorcio que construía el hospital.

Posteriormente, Castro Cayllahua solicitó “a quien corresponda” iniciar el trámite para pagar la deuda. Pero entre las condiciones de pago se señalaba que uno de los informes debía contar con la opinión técnica favorable del Ministerio de Salud. Según la Contraloría, este documento no existió. 

Pese a ello, Castro Cayllahua remitió un oficio a su colega Jakelyn Flores Peña, gerente regional de Infraestructura, en donde le solicitaba ordenar el pago a favor de  Dextre+Morimoto Arquitectos SAC. Tanto Castro como Flores son caseritos en los informes de la Contraloría. Como reportó Sudaca hace un mes, los dos fueron señalados como responsables del perjuicio económico de más de S/1.000.000 por trabajos que nunca se realizaron en una carretera de Junín.

La empresa Dextre+Morimoto Arquitectos SAC solicitó, mediante una carta notarial, que se le cancele S/462.291,20 por dos informes que fueron parte del expediente técnico. Según la Contraloría, dichos informes no cumplieron “ninguna finalidad pública”. Aún así, los funcionarios cerronistas tramitaron el pago.

Finalmente, el director de Administración y Finanzas, el ya mencionado Salvatierra Rodríguez, aprobó pagar la deuda. Salvatierra sigue trabajando en el Gobierno Regional de Junín con el mismo cargo y es militante de Perú Libre desde septiembre del año pasado.

Su decisión fue avalada por otros dos militantes del lápiz. El pago contó con el visto bueno de Ofelia Ríos Pacheco, subdirectora de la Oficina de Administración Financiera. Ella fue nombrada tesorera titular de Perú Libre el 2019. Junto a Cerrón, recientemente fue acusada por presuntamente haber usado para otros fines S/2.880.088 del presupuesto destinado al proyecto de Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro, en Junín. Esto habría ocurrido durante la primera gestión de Vladimir Cerrón, de acuerdo al diario La República.

Otro de los responsables, según la Contraloría, fue Daniel Huamán Huamán, coordinador de Tesorería, quien dio conformidad al pago. Desde septiembre del año pasado, Huamán es militante del partido que ganó la presidencia.

Con todos los funcionarios alineados, el pago de la deuda a Dextre+Morimoto Arquitectos SAC se realizó el 27 de junio de 2019, durante la gestión de Cerrón.

 

MAL INICIO

Lo cierto es que todo había empezado mal. La gestión que antecedió a Cerrón en Junín, liderada por Ángel Unchupaico (2015-2018), fue la que contrató a la mencionada firma de arquitectos en diciembre de 2016. Lo hizo para que elabore los expedientes de dos proyectos de infraestructura hospitalaria: el mencionado Hospital de Pangoa y el Hospital Manuel Higa Arakaki.

Lo curioso es que no solo los cronogramas de entrega de ambos proyectos eran iguales, sino que los dos tenían al mismo arquitecto: Eduardo Dextre Morimoto. Esto no debió darse, dice la Contraloría, porque “el personal clave propuesto debía ser de dedicación exclusiva” de cada obra. Así lo establecían las bases de selección. Según el informe de la Gerencia Regional de Control de Junín, esto “tuvo incidencia directa en la calidad de los estudios elaborados” en el caso del Hospital de Pangoa.

Dextre+Morimoto Arquitectos SAC ya ha sido cuestionada antes. En el 2015, tuvo que pagar una penalidad de S/10.014 al Ministerio de Economía y Finanzas por el “incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales”. Además, ha sido sancionada tres veces por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar información inexacta y documentos falsos. Por este último motivo, desde el 2018 se encuentra impedida de contratar nuevamente con alguna entidad pública hasta junio del próximo año. 

La Contraloría también cuestiona el trabajo del consorcio que evaluó los informes emitidos por Dextre+Morimoto Arquitectos SAC para los dos hospitales. Se trata del Consorcio San Martín de Pangoa. Nuevamente, esto no podía ocurrir porque los contratos de ambas obras requerían que los especialistas se dediquen exclusivamente a cada uno de los hospitales. Por el trabajo de evaluar el expediente, se le pagó S/60.000.

Sudaca se comunicó con el consorcio, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.

La Contraloría también detectó que la gestión de Unchupaico no debió pagar S/322.172,8 a Dextre+Morimoto Arquitectos SAC por la elaboración de algunos informes. Luego vino la gestión de Cerrón y completó la cuenta con los S/462.291,2 ya mencionados, pese a las irregularidades señaladas en la primera parte de este informe. En total, solo este expediente causó un perjuicio económico de S/784.464. Pero los gastos pueden aumentar.

El arquitecto Eduardo Dextre dice que el Gobierno Regional de Junín todavía le debe cerca de S/120.000 de un fondo de garantía y que ya solicitó el pago mediante cartas notariales. 

MÁS EXPEDIENTES CUESTIONADOS

Los mismos trabajadores de la gestión cerronista, además de Wider Herrera Lavado -gerente general regional hasta enero de 2020-, también autorizaron la elaboración de un segundo expediente técnico, que no solo contempló la reubicación del terreno, sino “la innecesaria modificación del programa Médico Funcional”, un documento que contiene toda la estructura administrativa y asistencial para el funcionamiento del centro de salud.

Esto le ocasionó al Gobierno Regional un perjuicio económico de S/76.200, según la Contraloría, monto que se pagó por la contratación de especialistas que evaluaron aquel expediente. Según el órgano de control, este “fue aprobado sin considerar las normativas aplicables […] y no resultó útil para la ejecución del proyecto”. El 24 de diciembre de 2019 se declaró la nulidad de este segundo expediente porque no contaba con sustento técnico. 

De izquierda a derecha: Luis Alberto Salvatierra Rodriguez, Ofelia Ríos Pacheco y Wider Herrera Lavado.

Sudaca se puso en contacto con todos los aludidos. Consultada por su presunta responsabilidad por el perjuicio económico, Jakelyn Flores, exgerente regional de Infraestructura, respondió que no tiene conocimiento del tema. Por su parte, Wider Herrera, gerente general regional durante el 2019, afirmó que su “participación siempre estuvo acorde a las normas y conforme a mis funciones en su momento”. 

Ofelia Ríos, actual subdirectora de administración financiera, se limitó a leer los mensajes. Quien sí contestó fue Marcial Castro, quien aseguró que “se hizo lo correcto, ahora la Contraloría se encargará de determinar responsabilidades”. Finalmente, el aún director regional de Administración y Finanzas, Luis Salvatierra dijo que “la Contraloría presume en ese informe” y que por eso no puede ser considerado responsable. 

A pesar de ser enemigos acérrimos, las gestiones en el gobierno regional de Junín de Ángel Unchupaico (2015-2018) y Vladimir Cerrón (2019) parecen estar unidas por sus clamorosas irregularidades. Una de ellas es la historia del Hospital de Pangoa que aquí relatamos.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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Entre el  16 y 17 de mayo de este año, Percy Anibal Chávez Lume, un militante de Perú Libre, tomó una buena decisión para su futuro profesional: aportó S/ 5.900 en especies para la campaña de Perú Libre, que consistió en la entrega de 500 polos, 20 gigantografías y 200 banderines, según información de la ONPE. Desde agosto, trabaja como asesor principal en el despacho del congresista Abel Reyes Cam y tiene un sueldo de categoría “nivel 9” (entre S/8.096 y S/.8.899).

Chávez Lume y Reyes, además, son socios de Kausachum SRL, dedicada al rubro de la construcción. El congresista posee el 97% de las acciones, su padre el 2% y Chávez el 1%. El 27 de agosto de 2019, a pocos días de que  Vladimir Cerrón sea suspendido en el cargo por una sentencia judicial de corrupción, la empresa obtuvo un contrato con el Gobierno Regional de Junín por S/ 30.000 para la elaboración de un estudio de preinversión. Llamamos al congresista Reyes para que nos dé detalles, pero no contestó al cierre de esta edición.

Similar es el caso de Segundo Diego Rojas Sánchez. El 23 de abril de este año realizó un aporte de S/3.300 para cubrir el alojamiento y la alimentación para la comitiva de la campaña del lápiz que llegó a Chiclayo. Lo hizo a pesar de que era militante de Alianza para el Progreso (APP) desde el 12 de mayo de 2014. Su aventura en el partido de Acuña acabó el 20 de octubre con su renuncia. Nueve días después, el 29, fue nombrado director ejecutivo del programa ‘Nuestras Ciudades’ del Ministerio de Vivienda.

El pasado 29 de octubre, el aportante Segundo Diego Rojas Sánchez es nombrado director ejecutivo del programa ‘Nuestras Ciudades’ del Ministerio de Vivienda.

 

Otro caso llamativo es el del empresario Mauro David Gonzales Caballero, amigo de Pedro Castillo y frecuentemente voceado para varios cargos públicos. Después de aportar a la campaña de Perú Libre, él no obtuvo un puesto laboral en el Estado -al menos de manera oficial- pero sí su tío.

En junio de este año, Mauro Gonzales, director de Radio Disco SA (990 AM), el nombre legal de la pro oficialista Radio Latina, realizó un aporte de banners, polos y banderines valorizados en S/12.000. En julio, después de que Pedro Castillo ganó las elecciones, el propietario de  la radio, su tío David Caballero Llanos, fue nombrado coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa. 

 

 

El pasado 30 de septiembre, David Fernando Caballero Llanos fue designado como coordinador parlamentario del Ministerio de Defensa.

 

Gonzales Caballero, que es bachiller en Derecho y Administración de Empresas, dice a Sudaca que “es normal” que esto suceda. “Si cumples el perfil, estás apto para el puesto y te llaman, ya pues… Bienvenido, ¿no?”, apunta.

Dice que ese es el caso de su tío, quien es abogado y, según él, posee experiencia en el sector público desde 1989. “Algunos me han ofrecido cargos y no cumplía con el perfil, y no he aceptado. Soy joven, tengo 26 años y los requerimientos de los puestos en el Estado son altos”, reconoce Gonzales.

Pero no descarta ocupar un cargo público en esta gestión. Por el momento, asegura, le da consejos en diversos temas al presidente Pedro Castillo, porque es “mi amigo”. Anuncia que mañana lunes inaugurará el nuevo canal Nacional TV, que asegura “no será oficialista”. Veremos.

No todos son puestos en el gobierno central ni en el Congreso de la República. Un caso, plagado de irregularidades, es el de Ángela Ivette Hurtado Caballero, subgerente de Desarrollo de Tarma del Gobierno Regional de Junín desde julio del 2020. El pasado 1 de marzo de este año, Hurtado realizó un aporte de S/500 en efectivo a la campaña del lápiz.

 

La subgerente de Desarrollo de Tarma del Gobierno Regional de Junín, Ángela Ivette Hurtado, realizó un aporte de S/500 (ver foto arriba). Y, después, la radio ‘Sudamericana’, que es de su propiedad, obtuvo un contrato de S/450 con el propio Gore-Junín. La ley de contrataciones del Estado se le prohíbe por ser funcionaria.

 

La funcionaria, según su declaración jurada, es gerente titular y accionista mayoritaria de ‘Radio Sudamericana-Señor de Muruhuay’, un conocido medio de comunicación que diariamente transmite noticias en la tierra de Vladimir Cerrón.

Luego de 22 días de haber hecho su aporte a la campaña, el 23 de marzo, la radio obtuvo un contrato por S/450 para difundir publicidad del proceso de admisión 2021 del instituto Adolfo Vienrich. El monto desembolsado provenía de la Dirección de Educación del gobierno regional donde ella es funcionaria. Nadie advirtió la irregularidad.

La contratación de radio ‘Sudamericana’ con el Gore-Junín ha quedado registrada en el Servicio Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).

 

El experto en procesos electorales, José Tello, asegura a Sudaca que, de acuerdo a Ley de Contrataciones con el Estado (Ley N° 30225), un funcionario de una entidad pública no puede ser dueño o accionista de una empresa privada que gane licitaciones o contratos con el Estado porque habría “conflicto de intereses”, como es el caso de Ángela Hurtado, también militante de Perú Libre. “El impedimento es bastante preciso y acá no hay mayor interpretación”, dice el experto.

Desde el 17 de julio de 2020, fecha en la que Hurtado ocupa el cargo, su medio de comunicación ha ganado contratos con el Estado por un monto total de S/59.987,16, con el gobierno regional de Junín, la municipalidad de Tarma y la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Sudaca se comunicó a su teléfono y un allegado a ella dijo que nos iba a devolver la llamada, pero al final esta no se concretó. Parece que ser aportante del lápiz no solo la ha ayudado a hacer crecer su negocio, sino también a tener luz verde para seguir ganando contratos con el Estado sacándole la vuelta a la ley.

La personera legal de Perú Libre, Ana María Códova, dice a Sudaca que son las instituciones que han contratado los servicios de Hurtado las que deben pronunciarse.  

Aportes de Campaña de Perú … by Juan C Chamorro

Este es el conjunto de informes de los aportes de campaña de las elecciones generales del 2021, entregados por Perú Libre a la ONPE.

El gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, Miguel Quispe Soto, asegura a Sudaca que en este momento se encuentran en un “proceso de verificación” de todos los reportes de rendiciones de gastos y aportes entregados por los partidos políticos a esa entidad.

“Si hubiese casos que ameriten una mayor indagación, la examinación de un aportante o de una situación dentro de una rendición de cuentas, nosotros daremos cuenta de esa situación. Tenemos las sanciones administrativas dentro de la ley, pero también pueden existir indicios penales. Una vez después que haya concluido todo el análisis, se reporta y se va a concluir con un informe técnico ”, advierte el funcionario.

 

 (*) Fotoportada del reportaje: Darlen Leonardo

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La sombra de Vladimir Cerrón no se puede borrar fácilmente de Junín. Ni mucho menos el rastro que dejó como gobernador. Ahora, la Contraloría ha identificado a tres funcionarios de su confianza que causaron un perjuicio de S/1.161.274 al gobierno regional en una trama que favoreció al Consorcio Vial Junín. En el conglomerado de empresas estaba un familiar de Carlos Wilfredo Zárate Villalobos, el policía que fungía de guardaespaldas del secretario general de Perú Libre.

LO QUE EMPIEZA MAL…

Durante la gestión del exgobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico (2015-2018), se convocó el proceso de selección para la obra de “Mejoramiento del corredor vial de transporte masivo” en Huancayo. Desde el inicio, la contratación estuvo llena de irregularidades que le pasaron factura a la entidad. Literalmente.

De acuerdo a un informe de la Gerencia Regional de Control de Junín, al que Sudaca tuvo acceso, las cosas pintaban mal desde el inicio. En 2018, los funcionarios del Gobierno Regional de Junín le dieron la buena pro al Consorcio Vial Junín para que se encargue del proyecto, valorizado en poco más de S/54 millones.

El consorcio está conformado por las empresas Corporación San Rafael SAC (con 44% de participación), Ditranserva SAC (33%), Corporación Ejecutora de Obras (15%), Constructora y Consultora la Incontrastable Great Group SRL (7%) y HVC Inmobiliaria y Constructora SAC (1%). 

A la hora de elegir al ganador, poco importó que la empresa Corporación Ejecutora de Obras tuviera, en ese entonces, una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar documentos adulterados. Al día de hoy, tiene tres más por presentar información inexacta o documentos falsos.

HVC Inmobiliaria y Constructora SAC, por su parte, tenía como gerente -durante los años en los que ocurrieron las irregularidades- a Milton Zárate Palomino, tío del efectivo policial que hacía de ‘chaleco’ de Vladimir Cerrón. Aunque la participación de esta empresa era, en apariencia, menor, la tajada que le tocaría era de más de medio millón de soles, si nos ceñimos a los porcentajes de su participación. El informe de Contraloría señala que esta consorciada no cumplía con los requisitos de las bases del concurso.

Lo más grave, sin embargo, es que la obra se inició cuando no se contaba con la “disponibilidad física del terreno”. Y es que se necesitaba la autorización de Ferrovías Central porque los trabajos se realizarían dentro del área de concesión de esa empresa ferroviaria. Para intentar saltarse los protocolos, el Gobierno Regional emitió un “acta de libre disponibilidad de terreno”, que solo sirvió para avanzar la obra por un breve tiempo.

Los funcionarios de la Gerencia Regional de Control de Junín realizaron la visita de inspección el 23 de febrero de 2021. Hasta el día de hoy, la obra -que le ha salido cara al Gobierno Regional de Junín- sigue paralizada.

A inicios del 2019, las obras se paralizaron y -hasta la fecha, según la Contraloría- han generado un perjuicio total de S/2.469.863. Por estas irregularidades, hay cinco funcionarios de confianza del gobierno de Unchupaico que tienen presunta responsabilidad administrativa y penal. Sin embargo, casi la mitad de ese monto se explica por la mala praxis de tres funcionarios de confianza de la gestión de Vladimir Cerrón. ¿Por qué?

 

CERRONISTAS EN ACCIÓN

Según el cronograma, la obra debía terminar en mayo de 2019. Ese año, el fundador e ideólogo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se convirtió en gobernador regional de Junín. Al poco tiempo de asumir, el 19 de marzo, su gestión declaró la nulidad del contrato por la falta de un terreno donde realizar la construcción.

Cualquiera diría que Cerrón entró a poner orden, pero no fue así. Funcionarios colocados por él en puestos de confianza aprobaron un informe que describía supuestos avances en la obra. Pero, como corroboró la Contraloría luego, estos nunca existieron. De acuerdo al informe de control, esto generó un perjuicio económico de S/1.161.274.

Según el documento de Contraloría, el gobierno regional contrató a inicios de abril del 2019 al ingeniero Miguel Ángel Escobar Ramos para que indique cuáles eran los gastos que había realizado en la obra el consorcio en el que participaba el tío del chaleco de Cerrón, hasta ese momento.

Escobar elaboró un informe en el que se afirmaba que la empresa había realizado trabajos obligatorios del contrato, como el relleno para la nivelación de subrasante (la superficie sobre la que se coloca pavimento) o la compactación y riego de material de relleno.

El resultado del estudio elaborado por Escobar concluía que, al 20 de marzo de 2019, el proyecto tenía un avance del 14,2% y que la empresa solo debía devolver S/1.155.365 de lo que se le había desembolsado en la gestión anterior, como adelanto. Pero lo que el gobierno regional debía recibir, de acuerdo a los cálculos de la Contraloría, era S/2.316.640. 

Según el órgano de control, el documento de Escobar no presentaba evidencia alguna de que se haya avanzado lo que él mencionaba en su informe. Sus dudosas conclusiones, sin embargo, fueron aprobadas por Luis Ángel Ruiz Ore, subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y funcionario de confianza del gobierno regional cuando Cerrón todavía era gobernador.

De izquierda a derecha los funcionarios de confianza de Cerrón: Luis Ruiz Ore, Jakelyn Flores Peña y Marcial Castro Cayllahua.

Ruiz emitió un informe técnico el 2 de mayo de 2019 aprobando que se liquide a la empresa por los avances efectuados. Al día siguiente, Jakelyn Flores Peña, gerenta regional de Infraestructura, otra funcionaria de confianza, envió un oficio a la oficina de Asesoría Jurídica recomendando hacer lo mismo, según documentación recabada por la Contraloría.

Flores, de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas, es militante del partido de Cerrón desde 2017, cuando aún era un movimiento regional. Ingeniera de profesión, en las últimas elecciones tentó suerte como congresista por la región Junín. Según La República, al menos hasta abril de este año, tenía dos investigaciones en su contra por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible. ¿La entidad afectada? El Gobierno Regional de Junín.

Sus cuitas judiciales sobran. Recientemente la fiscalía decidió investigarla en el caso de lavado de activos que se le sigue a dirigentes de Perú Libre, por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021. La fiscalía sostiene que la exfuncionaria cumpliría el “rol de operadora respecto a actos de conversión y transferencias de dinero que facilitarían a la organización criminal las operaciones de lavado de activos”. También que, como candidata al Congreso, “habría recibido financiamiento de las ganancias ilícitas provenientes de actos de corrupción” del partido de gobierno.

La cadena de irregularidades, según la Contraloría, terminó en Marcial Castro Cayllahua, entonces gerente encargado de Infraestructura, quien emitió una resolución gerencial el 8 de mayo de aquel 2019 haciendo eco del informe de Escobar.

Castro, que ostentaba un puesto de confianza en el gobierno de Cerrón y había sido funcionario de la gestión anterior, no tenía fama de ser muy diligente. El 2018, fue inhabilitado por 1 año y 2 meses por la Contraloría por haber incurrido en faltas graves durante el ejercicio de sus funciones.

Como parte de sus indagaciones, en diciembre del año pasado funcionarios de la Contraloría de Junín se presentaron en el lugar con el objetivo de corroborar que los trabajos efectivamente fueron realizados. Algo que no hizo ningún funcionario de la gestión, a decir del órgano de control. Los inspectores terminaron corroborando sus sospechas: que nunca se habían llevado a cabo los avances que Escobar había descrito en su informe.

Consultado por el organismo de control, el jefe de supervisión de la obra, contratado por el consorcio, también confirmó lo que era evidente con solo visitar el sitio. En los cuadernos de obra (documentos oficiales donde se registran todos los acontecimientos importantes que ocurren durante la construcción) tampoco había rastro de que los trabajos se hubiesen concretado.

Vladimir Cerrón ya no es gobernador regional de Junín, pero las decisiones que se tomaron durante su corto mandato siguen causando problemas.

Estos hechos, de acuerdo al informe de la Contraloría, transgredieron la “Ley de Contrataciones del Estado”, que establece que se debe pagar solo por los trabajos ejecutados. El órgano de control añade que estos hechos ocurrieron por el “accionar de los funcionarios que intervinieron en razón de sus cargos en los referidos trámites”, originando así el perjuicio económico en contra del gobierno regional.

Consultada por su participación en la aprobación del expediente en cuestión, Jakelyn Flores señala escuetamente que no tiene conocimiento del informe de la Contraloría. Sin embargo, de acuerdo al documento al que Sudaca tuvo acceso, “las personas comprendidas en la presente observación fueron notificadas mediante cédulas de comunicación y notificación”.

Marcial Castro, por su parte, solo se limitó a dejar en visto los mensajes. Quien sí respondió fue Luis Ruiz Ore, quien aseguró que “el perjuicio que demanda la Contraloría viene de más atrás [de la gestión de Unchupaico]” y que ellos lo que hicieron fue anular el contrato. Sobre la aprobación del documento que originó el presunto perjuicio de más de S/1.000.000, solo dijo que la “Contraloría es un ente que tiene un sesgo” y que pronto hará el descargo correspondiente. Esperemos que sea ante un fiscal anticorrupción.

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Cerrón, contraloria, Junín

La Contraloría realizó una visita de control el pasado 19 de agosto a vacunatorios de Junín. El objetivo: verificar si se estaban cumpliendo los requerimientos necesarios para almacenar las vacunas contra el coronavirus. Los auditores se llevaron más de una sorpresa.

En el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé y el centro de vacunación del fundo “El Porvenir”, ambos a cargo de la Red Asistencial-Junín de EsSalud, no se tenía una cadena de frío que permitiese asegurar los rangos de temperatura adecuados y, así, garantizar la vida útil y capacidad inmunológica de los antídotos.

El informe de control al que accedió Sudaca encontró, por ejemplo, que en ambos vacunatorios las congeladoras donde se almacenan las dosis de Sinopharm y Pfizer “no cuentan con el sistema de alarmas que permite alertar las variaciones de temperatura de las vacunas almacenadas en las congeladoras”. Tampoco se podría informar sobre eventuales cortes de energía eléctrica.

El ambiente destinado a conservar las vacunas en el hospital Ramiro Prialé Prialé, además, está construido en drywall. El piso, a su vez, es de madera y el techo de calamina. Aunque es obligatorio que se cuente con extintores, la visita de control evidenció que no se contaba con ellos. Elva Calero Romero, enfermera encargada de la estrategia de inmunización del nosocomio, detalló a los auditores que tampoco se realizó ningún requerimiento para implementar los extintores necesarios.

Esto último, de acuerdo al informe de la Contraloría, “no garantiza la seguridad de las vacunas ante la posibilidad de incendio, generando riesgo de que se rompa la cadena de frío y, por ende, la pérdida de la capacidad inmunológica de dichas vacunas”.

Además, se halló que, antes de ser inoculadas a la población, las vacunas eran conservadas en termos portavacunas a una temperatura inadecuada: por debajo de los 2° C. La norma sobre inmunización establece que se deben almacenar entre 2°C y 8°C.

En el vacunatorio del Ramiro Prialé, en cinco de los seis puestos de vacunación, los termos portavacunas se encontraban entre 1°C y 1.9°C de temperatura. Esto afectaría la efectividad de los 734 frascos de Sinopharm y 273 de Pfizer que se contabilizaron en el vacunatorio del hospital, según el informe.

En el fundo El Porvenir, por otro lado, la Contraloría verificó que se viene inmunizando en tres de los ocho puestos de vacunación. Cada puesto cuenta con un termo portavacunas. En dos de estos, la temperatura de conservación se encontraba en 1°C, debajo de los 2°C necesarios.

En el fundo tampoco se contaba con implementos de aseo, desinfección y contra incendios. Al momento de la inspección se encontraron 484 frascos de Sinopharm y 227 de Pfizer que podrían estar en riesgo por la incorrecta conservación.

Recientemente, la Contraloría ya había advertido de situaciones parecidas. Pero no en los vacunatorios de EsSalud, sino en la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín. Según un informe de Epicentro Tv, se descubrieron 642 dosis de vacunas Pfizer que no fueron aplicadas, así como casos en los que no se contaba con la alarma que permita controlar la temperatura.

“Cada grupo de vacunas tiene características bajo las cuales se mantienen en su forma adecuada. Cuando hay una baja de temperatura, se tienen que descartar. Ahí se pierde el efecto inmunizador”, explica a Sudaca Edda Cayotopa, vocal del Colegio de Enfermeros del Perú. 

Las situaciones adversas encontradas en esta última visita de control ya fueron comunicadas a EsSalud y al Hospital Ramiro Prialé Prialé para que tomen cartas en el asunto. Ahora depende de ellos corregir las deficiencias que ponen en riesgo la inmunización de los ciudadanos de la región.

EsSalud, en tanto, niega parte de lo dicho por Contraloría. Aquí sus descargos:

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ESSALUD, Junín, Vacunación

Por Alba Ñaupas y Julio Rospigliosi

La fiscalía anticorrupción de Junín acaba de desarticular toda una organización que se habría dedicado a facilitar -a cambio de coimas- los trámites para quienes querían sacar o renovar sus licencias de conducir. Ello, en complicidad con los funcionarios del órgano encargado: la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC). 

Sudaca accedió a la resolución judicial que ordena la detención de 38 personas involucradas en estos presuntos delitos. En ella no solo se explica el modus operandi de la red y se expone su organigrama. También se registran las escuchas telefónicas realizadas por la Policía en los últimos dos años, las cuales han servido para establecer que algunos personajes de Perú Libre, cercanos a Vladimir Cerrón e involucrados en la campaña electoral, habrían usado su influencia en el partido al servicio de la corrupción, para contratar, cesar o reubicar a los funcionarios del aparato público. 

 

Las investigaciones preliminares de la fiscalía se vienen realizando desde el 2019 y se saldaron el pasado martes con la detención de 27 personas, siete de ellos vinculados a Perú Libre. Según fuentes de la región, esta mafia estaría enquistada en Junín desde hace varios años. Lo único que cambian son los funcionarios. “Esto no ocurre ahora nada más, sino también en gestiones pasadas. La única diferencia es que ahora los han agarrado con las manos en la masa, pero esto siempre ha sido parte de la región Junín”, dice José Miguel Álvarez, consejero regional de Huancayo.

Tráfico de influencias

Uno de los que se mantiene legalmente prófugo es precisamente el secretario de organización de Perú Libre, Arturo Cárdenas, uno de los más cercanos colaboradores de Vladimir Cerrón y -como reportó Sudaca- opositor junto a él de la “moderación” representada por Pedro Francke en el entorno de Pedro Castillo.

Ayer, Cárdenas publicó un comunicado “apersonándose” al proceso y pidió que se levante la orden de captura en su contra. Su abogado, Wilder Romero, dice que al cierre de esta edición su patrocinado no le había dado autorización para declarar.

La resolución señala, por ejemplo, que entre el 11 de agosto y el 1 de septiembre del año pasado, cuando trabajaba como externo para la dirección de Educación, el dirigente se habría comunicado con Marina Vásquez López, jefa del área de personal de la Dirección de Transportes y fundadora del partido que ha llevado a la presidencia a Pedro Castillo. 

Ambos acordaron, según el documento judicial, “dar por concluido los contratos CAS de Edgar Fredy Capcha Sanabria y una persona señalada como Yanina y favorecer en la contratación de Miguel Ángel Rivera Mauricio para que labore en la entidad regional antes señalada, decisiones que fueron dadas por razones de afiliación y/o vínculo político”. Rivera figura como militante de Perú Libre desde septiembre de aquel 2020.

¿Qué hacía un importante militante de Perú Libre, sin competencia en los temas de transporte, coordinando renovaciones, reubicaciones y hasta ceses de personal en este sector? Llamamos a Arturo Cárdenas, pero su celular está apagado.

Según la resolución, “se evidencia el poder que tiene para la colocación de personal en puestos estratégicos donde el partido político Perú Libre se encuentra en gestión”, como lo venía denunciando Sudaca. Ello a pesar de que Cárdenas no tenía ningún cargo que le brinde estas atribuciones. Esta es una de las conclusiones atribuidas a la fiscalía.

La imputación contra Arturo Cárdenas, según la resolución judicial: “(…) quien aprovechándose de su condición de secretario nacional de Perú Libre tiene la facultad de colaborar en la promoción, colocación, remoción y favorecimiento de personas en los puestos laborales dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones”.

En un diálogo, Cárdenas hablaría con una mujer sobre la presunta reubicación de personal a distintas áreas del gobierno, como las subgerencias de desarrollo económico, social y promoción de inversiones:

Yiuliana: Oye Arturo, ¿cómo es el tema de la renovación? Cantorín nos ha sacado de la lista, algunos dicen que a ti también

Arturo: Sí, justo Ronald, de recursos, me ha llamado y me ha dicho: ‘ oye, te han llamado a la reunión de gerentes y subgerentes, incluso nos han sacado del whatsapp’ […] pero no importa, hemos cumplido con la valla en inversión, pero los únicos cambios que se han dado en desarrollo económico y social.

Yiuliana: Arturo, más que nada quiero empezar en otra cosa, en el tema de salud.

Arturo: Ya, yo voy a chequear […]  voy a conversar bien ese tema porque yo le dije a Carlos que, bueno, ahí el monopolio lo tiene él, pero el partido está por encima. También Eduardo Gutarra de transportes salió, yo voy a ver ese tema.

Otra conversación que cita el juzgado redondea la hipótesis. En esta, Cárdenas le dice a su interlocutora que ya no hay “espacio” en el gobierno regional, y por eso tendrá que quedarse en una municipalidad:

Arturo: Dame tus datos por WhatsApp y en qué área vas estar de la muni. Sí, para que te quedes ahí.

Tali: Pero yo quiero ir al gobierno [regional].

Arturo: Es que ahí ya no hay espacio, te vas a quedar en la muni.

La fiscalía, según recoge el documento judicial, cree que la influencia de Cárdenas también habría servido para obtener recursos con el objetivo de movilizarse durante la campaña electoral. El dinero, según el documento, habría salido de los “cupos” regularmente cobrados por la mafia de los brevetes.

“Tal poder lo ejercería por su vinculación con el partido político Perú Libre, que se encuentra en la gestión regional actualmente […] siendo que “Waldys”, a fin de continuar desarrollando la actividad criminal de la organización en la provincia de Satipo, vendría entregando a “Arturo” o “Burro” [los alias de Cárdenas] el importe obtenido por concepto de un acto ilícito [cobro de cupos] de favorecimiento, cuyo monto oscilaría entre los S/1.300 a S/1.500”, apunta el escrito, que no precisa la periodicidad en la entrega de estos montos.

“Waldys” es Waldys Vilcapoma Manrique, encargado desde el 2019 de la sede Satipo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. También es militante de Perú Libre. Según denunció Correo, durante el primer gobierno regional de Vladimir Cerrón fue designado como director regional de Producción pese a no contar con el grado de licenciado, requisito para ejercer el cargo. En estas recientes elecciones, postuló como congresista por la región de Pasco.

Otro viejo militante que también quiso ser congresista y actualmente está no habido es José Eduardo Bendezú Gutarra, cofundador de Perú Libre el año 2012 y actual secretario de prensa nacional. En abril del 2019, fue nombrado por Vladimir Cerrón como director del Programa Sectorial IV de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Cuando a fines de aquel año Cerrón fue destituido luego de su condena por corrupción, Bendezú siguió en su puesto hasta mayo del 2020.

Según la resolución judicial, en sus comunicaciones una funcionaria de nombre Marina “le proporciona información que debería ser clasificada, tales como las preguntas a realizarse en el proceso de entrevista y selección para plazas CAS, que efectuarán funcionarios de la DRTC Junín, con lo cual Bendezú podría comunicar y coordinar de forma anticipada al proceso y beneficiar a sus recomendados”.

Bendezú no se detuvo ni cuando en diciembre del 2020 fue contratado como gerente de Tránsito y Transportes de la Municipalidad de Huancayo, otro de los bastiones más importantes del partido del lápiz. El 9 de ese mes, Benedezú conversó telefónicamente con una persona que se identificaba como Flores, para interceder por un vehículo que acababa de ser internado en el depósito. “Un servicio, espérame ahí o, si no, espera al señor Pompeyo. ¿Sabes qué? Su carrito lo han intervenido, es un auto, por favor dale todas las facilidades, por favor dale todas las facilidades de parte del mismo alcalde”, le dijo a su interlocutor, según la resolución.

bendezu imputacion fiscal
La imputación a José Bendezú Gutarra, “al haber colaborado e influenciado en la continuidad y permanencia de otros miembros de la organización, por la contratación en puestos laborales que se vinculan al trámite y emisión de licencias de conducir”.

El documento también recuerda que en mayo del 2020 Bendezú fue denunciado públicamente por el sindicato de trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones por cobro de cupos. Así informó el medio ‘Portal Central’, de Junín: “el sindicato denuncia que existe un ‘negocio de cupos’ para los exámenes de conocimiento y manejo”. El gremio también involucraba en sus acusaciones a Marina Vásquez López -la “Marina” antes mencionada-, jefa de personal de la mentada Dirección y cofundadora y actual secretaria de organización Oriente de Perú Libre. 

Daniel Reyes Salguerán, militante de Perú Libre entre el 2013 y el 2017, es otro de los embarrados en todo este asunto. El pasado 7 de enero, en una conversación con Francisco Muedas Santana, un funcionario del área de licencias y afiliado al partido desde septiembre del 2020, Reyes coordinaba el favorecimiento a su hijo durante un examen de manejo. El documento describe así al retoño del funcionario: un “postulante que durante su evaluación resultará desaprobado, pero que producto de las influencias ejercidas por Reyes Salguerán posteriormente apareció como aprobado y obtuvo su licencia de conducir A-I”.

El negociado quedó registrado en las escuchas telefónicas:

Fran: Su hijo ha desaprobado. En el último se ha parado encima del blanco (…) Depende de usted si le apoyamos.

Reyes: Claro, de una vez. Para olvidarme del tema

Fran: ya, pero no le diga nada, porque yo lo he dejado que siga nomás. 

Reyes: Ah, ya, ya.

José Miguel Álvarez, consejero regional de Huancayo, apunta que varios de los funcionarios involucrados en esta investigación nunca debieron ocupar estos cargos pero que fueron protegidos por Vladimir Cerrón desde el inicio de su gestión. “En un momento se mencionó que ellos [funcionarios como Arturo Cárdenas] no cumplían con el perfil para asumir estos cargos. Hay informes de la Contraloría que mencionan que no se debía mantener en el cargo a estas personas por no cumplir ese perfil. Sin embargo, en ese entonces, el exgobernador Cerrón manifestó una frase que hasta ahora queda en Junín: ‘Mis técnicos son altamente políticos y mis políticos son altamente técnicos’, palabras con las que se excusó para no hacer ningún cambio”, dice.

Operativo en riesgo

La fiscal de la Nación Zoraida Ávalos fue citada el día de ayer al Congreso por este caso, denominado “Los Dinámicos del Centro”, en un nuevo episodio parlamentario de pérdida de tiempo. Esto a raíz de que el diario Perú21 dijera que el coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, había frustrado que el megaoperativo se lleve a cabo antes de la segunda vuelta electoral, algo que hubiesen aplaudido los dueños del Grupo El Comercio por el golpe que podría haber significado para la candidatura del profesor.

Carta Peru21
Carta de la fiscal Bonnie Bautista dirigida a Perú 21: “debo advertir que su medio de comunicación ha violado la reserva bajo la cual se coordinaba la realización del operativo […] lo cual ha puesto en grave riesgo el éxito de la operación, así como la vida e integridad física de los mencionados”.
Sin embargo, Sudaca accedió ayer a una carta firmada por la fiscal a cargo del caso, Bonnie Bautista, y dirigida al diario de marras. En esta aclara que ella recién comunicó a Tello la fecha tentativa del operativo el pasado 8 de junio, dos días después de las elecciones.

“Debo rechazar tajantemente tales afirmaciones por ser falsas. El despacho bajo mi cargo no planificó ni coordinó llevar a cabo el operativo al que se refiere la publicación antes del 6 de junio, dado que todo megaoperativo debe planificarse conjuntamente con el personal de la Diviac a fin de garantizar el éxito del mismo”, escribe Bautista.

“Asimismo, debo advertir que su medio de comunicación ha violado la reserva bajo la cual se coordinaba la realización del operativo […] lo cual ha puesto en grave riesgo el éxito de la operación, así como la vida e integridad física de los mencionados”, agrega la fiscal. Eso es lo que pasa cuando el periodismo se usa como arma política.

 

(**) Fotoportada: Leyla López: En la imagen aparecen (a la izquierda) José Bendezú Gutarra y (derecha) Arturo Cárdenas Tóvar. Ambos militantes de Perú Libre y cercanos a Vladimir Cerrón.

 

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Antes de ser gobernador regional, Vladimir Cerrón era conocido como “el médico del pueblo”. Estudió medicina en Cuba gracias a una beca y cuando regresó a su ciudad natal, a los 30 años, era considerado un prodigio de la neurocirugía. Incluso, algunas veces operó gratis a niños y jóvenes. “Conozco el caso de una señora que tenía un hijo que se había caído del segundo piso, se fracturó el cráneo y no podía moverse. [Cerrón lo operó] y ahora está muy bien. Él ingresa a su primer gobierno por eso, por lo humano y profesional que era”, cuenta David Eslado Vargas, actual consejero de la provincia de Jauja.

 

Cerrón era visto como un hombre humilde que ayudaba a los demás hasta que asumió por primera vez el cargo de máxima autoridad regional de Junín. En el período 2011-2014, la imagen del médico bueno y altruista que había construído se desmoronó rápidamente, debido a los cuestionamientos y a las irregularidades atribuidas a su gestión. “Yo creo que el lado humano ha sido un engaño, solo lo usó para llamar la atención”, dice el consejero regional de la provincia de Junín, José Miguel Álvarez.

Los críticos regionales de Cerrón aseguran que tiene un anhelo vehemente por ser presidente del Perú. Y probablemente hubiera postulado en estas elecciones si no fuera por una condena por corrupción en su contra del 2019, recientemente confirmada. Se inscribió, en cambio, como candidato a la vicepresidencia, pero como era previsible fue tachado también de esa posición por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, Perú Libre eligió al profesor Castillo como su delfín. Cerrón, no obstante, ya sabe lo que es usar una banda presidencial.

Cuando fue gobernador, en varios eventos públicos usaba una banda de color rojo y blanco, muy parecida a la de los presidentes de la República. Por protocolo, le correspondía ponerse una granate. Cuando fue increpado por la edición local del diario Correo, en el 2013, contestó: “Esta es una banda que usó Manuel Duarte, Vladimiro Huaroc, y yo la usaré hasta el último día de mi mandato. Simplemente cumplo con la tradición de los demás presidentes regionales”.

El médico había llegado al poder con el Movimiento Político Regional Perú Libre, la agrupación que él mismo fundó el 2007 y que luego pasó a llamarse simplemente Perú Libre, ahora de alcance nacional. Las críticas y los choques con la prensa llegaron casi inmediatamente tras su toma de mando. Y las respuestas del gobernador y sus seguidores también.

Su relación con el periodismo llegó a tal punto que, según el exconsejero de Junín, Ginés Barrios, Cerrón rompía ejemplares de Correo, su más fiero opositor, durante las sesiones del consejo regional  “El señor sufre de un delirio de grandeza y le gusta el culto a la personalidad, […] lo que menos le gusta es que lo controlen”, cuenta, tras asegurar haber sido testigo presencial de aquellos arrebatos.

No ha quedado registro del exgobernador rompiendo papeles con noticias sobre él, pero sí de sus partidarios quemando los periódicos y luego haciendo una protesta frente a la sede de Correo. Pamela Yupanqui Cóndor, entonces decana del Colegio de Periodistas de Junín, recuerda que la arremetida empezó cuando el medio tildó de senderista al padre del gobernador, basado en un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. No fueron suficientes las cartas notariales y la querella que entabló el entonces gobernador. “A raíz de eso, sus partidarios hicieron movilizaciones, quisieron tomar el diario”, cuenta Yupanqui.

Al asunto, sin embargo, no habría estado ajeno Vladimir. “Él mismo tenía como estrategia utilizar medios de comunicación que manejaba para azuzar a la población y decir que el periódico [Correo] era un panfleto”, apunta la periodista.

La rencilla entre Cerrón y Correo llegó a un punto crítico cuando el Consejo Regional de Junín, conformado en su mayoría por miembros de Perú Libre, aprobó “un pedido de censura” contra los medios de comunicación como respuesta a los cuestionamientos, específicamente los de ese diario. La moción fue presentada por el consejero Yauli Saúl Arcos Galván, quien increpó las informaciones que se habían publicado y a las que tachaba como “una gravísima falta de respeto”. Sudaca intentó comunicarse con el consejero Arcos, pero no obtuvimos respuesta.

Desde el Colegio de Periodistas de la región, sin embargo, rechazaron dicho accionar y le pidieron a Cerrón demostrar una actitud tolerante hacia la prensa. Años después, en el “ideario” de Perú Libre -donde Cerrón aparece hasta en la carátula- el exgobernador plasmaría algunas propuestas para regular y evaluar los contenidos de la prensa antes de que se transmita por radio y televisión. Para ello -dice- “apremia una ley de medios y no confundir libertad de prensa con impunidad”.

Pero durante su primera gestión no solo los periodistas estuvieron en la mira. También consejeros regionales sufrieron consecuencias por sus opiniones. Cuando Víctor Torres Montalvo, entonces consejero de Jauja y parte del partido del lápiz, discrepó con la postura de Cerrón sobre construir un aeropuerto internacional en Orcotuna (Huancayo), empezó a recibir amenazas a través de llamadas anónimas. Así lo denunció ante la prensa local el año 2011. La intolerancia llegó a su punto más alto cuando un grupo de militantes de Perú Libre con vínculo laboral al gobierno regional -según reseña el diario Correo del 2 de marzo de 2012- quemó un muñeco con el rostro y nombre de Torres.

“Cuando algo no conviene a sus intereses, atacan. Por ejemplo, lo sucedido con el consejero ya fallecido Victor Torres […] quemaron un muñeco con su cara: eran los propios trabajadores de confianza de Cerrón que abandonaron sus puestos para hacer ese acto intimidatorio”, cuenta Ginés Barrios.

El asunto del aeropuerto marcó la gestión de Vladimir. En agosto de 2012, la población jaujina salió a protestar contra el gobernador, porque en vez de respetar un decreto supremo que priorizaba la ampliación e internacionalización del aeropuerto Francisco Carlé, este insistía en construir otro a solo 30 kilómetros del ya existente. El lugar: Orcotuna, Huancayo. La represión policial fue tal que uno de los manifestantes murió y varios quedaron heridos.

Al final, según el excongresista Jesús Hurtado (Fuerza 2011), que investigó este caso en el Parlamento, Cerrón no pudo concretar su propuesta porque escapaba de sus competencias como gobernador. “Cuando pidió un informe al MTC, le dijeron que no era viable porque refaccionar el aeropuerto de Jauja costaría [aproximadamente] S/200 millones; mientras que construir uno nuevo en Orcotuna, S/480 millones”, apunta.

Aunque ya pasaron casi nueve años, Jauja parece no olvidar. “En la provincia hay bastante resistencia al partido político [Perú Libre] por el enfrentamiento que hubo”, explica el consejero David Eslado. Prueba de ello es que, en esta provincia, el pasado 11 de abril solo 5.536 personas (un 13%) votaron por el partido del lápiz. En todo Junín, Perú Libre sacó apenas el 22% de los votos.

Aeropuerto Orcotuna
Militantes de Perú Libre con vínculo laboral al gobierno regional quemaron un muñeco con la cara del consejero Víctor Torres por oponerse al proyecto del aeropuerto en Orcotuna según Correo. Foto: Correo

¿Perpetuarse en el poder?

Cerrón ya había sentido el rechazo del electorado cuando terminó su primera gestión en Junín, el 2014, y quiso ser reelecto. Perdió en segunda vuelta. En la memoria de los electores aún resonaban los escándalos de corrupción de su gobierno. Uno de ellos es el favorecimiento al Consorcio Altiplano con el pago de S/850,000 por el mejoramiento del sistema de agua potable de La Oroya. En 2019, Cerrón fue sentenciado por ese caso a cuatro años de prisión suspendida e inhabilitado de ejercer cargos públicos durante un año. Hace una semana la decisión fue confirmada judicialmente.

El exgobernador regional también es parte de la investigación que se le sigue a Martín Belaunde Lossio, acusado de liderar una organización criminal involucrada en el direccionamiento de obras en varias regiones del país. Según la tesis de la fiscalía, Cerrón habría favorecido a la empresa Sima Perú por la construcción del puente “Comuneros”, en Huancayo.

De acuerdo al diario Correo de abril del 2015, “la presidenta de la comisión parlamentaria que investigó el caso Belaunde Lossio, Marisol Pérez Tello, se refirió a la obra del puente Comuneros de Huancayo como una ‘vergüenza nacional y un monumento a la corrupción’. “El puente lo construyó y lo dejó en medio del río y el proyecto no había contemplado ni entrada ni salida, lo dejó en el aire. Ya está terminado, pero con muchas falencias. Se inunda en lluvias y no tiene accesos. Sus accesos son de tierra, no de asfalto.”, dice José Miguel Álvarez, quien además de consejero regional de Junín es ingeniero.

Fuentes del despacho del fiscal Orlando Lara Vásquez, a cargo de investigar esta obra, señalan que los funcionarios de la compañía también forman parte de la pesquisa y que el Ministerio Público tiene plazo hasta enero del 2022 para terminar todas sus diligencias. Cerrón ha negado cualquier irregularidad, pero no ha ocultado su preferencia por Sima Perú incluso después de que le abrieran el proceso penal. Es más, desde el gobierno regional se firmó un nuevo convenio con la empresa en el año 2019, gracias a la venia de la mayoría de los consejeros regionales que pertenecen a Perú Libre.

“Cerrón pierde la reelección por los hechos de corrupción del Puente Comuneros, su obra emblemática, problemas con las autoridades y otras denuncias”, sostiene el periodista Percy Salomé. El ideólogo de Perú Libre perdió aquel 2014 frente a Ángel Unchupaico Canchumani, su rival histórico. En las elecciones para el 2019-2022, tanto Unchupaico como Cerrón se volvieron a enfrentar y, esta vez, sorprendiendo a muchos, Perú Libre ganó su segundo periodo.

El actual regidor Ginés Barrios lo explica así: “En Junín hay dos familias que se han hecho del poder político uno tras otro y la justificación que tiene el elector es que, después de uno, le da el poder al otro por despecho al anterior. Al finalizar la gestión de Unchupaico, Perú Libre se presentó liderado por Vladimir Cerrón. Muchas personas sentían que Unchupaico los había defraudado y una forma de escarmentarlo era votar por Cerrón”.

Vladimir Cerrón
En más de una oportunidad, e incumpliendo los protocolos, Cerrón ha usado una banda roja y blanca similar a la que usa el presidente de la República. Foto: Correo.

Por la sentencia del caso La Oroya, sin embargo, Cerrón solo pudo continuar como gobernador hasta agosto de 2019, siendo reemplazado por el vicegobernador regional, y a la vez su primo, Fernando Orihuela. Pero en los pocos meses que permaneció en el cargo, aprovechó en hacer visitas a destinos que hoy casi no sorprenden.

Ni bien inició su segunda gestión, por ejemplo, en mayo de 2019, se trasladó hasta China para participar en la “Cuarta Exposición de la Ruta de la Seda” y al foro de “Inversión y Comercio para la Cooperación entre el Este y el Oeste de China”. La justificación que le dio al Consejo Regional era que viajaría a China para aprender de un país desarrollado. No hubo mayores objeciones.

En cambio, el que no fue aprobado fue su viaje a Venezuela para participar del “Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Democracia Participativa”, organizado y pagado por Maduro, según declaraciones del mismo Cerrón. “De China se puede aprender, ¿pero qué se puede aprender de Venezuela?”, pensaba el regidor David Eslado. Por su parte, el consejero Álvarez declaró para RPP que “viajar a Venezuela es un respaldo político al régimen dictatorial de Nicolás Maduro”.

A su regreso, Cerrón aseguraría que en el país venezolano existen procesos electorales democráticos. “Lo que yo he ido [visto] no es la Venezuela que se cuenta aquí. He visto los mercados llenos, las tiendas llenas, el 70% en Caracas es chavista abiertamente. Para eso sirve salir, para tener un mejor contacto con la realidad”, dijo a RPP.

Cerrón parece tener una distorsionada interpretación de la democracia. En un reciente video que circula en redes sociales, el líder de Perú Libre lanza sin rubor la idea de que la izquierda debe perpetuarse en el poder. “¿Cuál es el mensaje […]? Que la derecha va a quedarse en el poder. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda? Que la izquierda en el poder también tiene que ir a quedarse […] Y eso es lo que ha hecho Venezuela”, se le escucha decir.

Hubo más cuestionamientos serios a su segunda gestión. Ángel Unchupaico, su predecesor y rival, había dejado todo listo para la construcción del hospital “Manuel Higa Arakaki” en Satipo que tenía la categoría de II-1 (es decir, atención general), explica Carlos Llancari, presidente de la Federación Médica de Junín. Ya se habían hecho los estudios correspondientes, y se tenía el presupuesto y hasta el terreno para ejecutar el proyecto.

Sin embargo, Cerrón decidió que el hospital de Satipo debía ser de categoría II-2, que corresponde a hospitales con mayor especialización. Esto significaba, según Llancari, empezar todo desde cero, porque un hospital de mayor complejidad necesitaba otras condiciones de infraestructura y una nueva ubicación que reúna los requisitos necesarios. “Esto ha originado un conflicto entre el alcalde de Satipo y el gobierno regional”, cuenta el presidente del gremio médico.

“Cerrón fue con sus ingenieros y dijo ‘esto no puede ser, tenemos que construirlo en otro lugar’. Pero eso es una locura porque se tiene que hacer nuevamente estudios de suelos, de impacto ambiental”, explica el consejero David Eslado. Consultado por este caso, en su momento, Cerrón argumentó que Satipo requería que el Hospital Manuel Higa Arakaki cuente con más especialidades y un mejor servicio, para lo cual era necesario elevar su categoría. Pero hasta el día de hoy, el hospital sigue sin construirse. “En plena pandemia, Satipo no tiene un hospital adecuado”, se queja el consejero Eslado.

Las gestiones de Vladimir Cerrón también se pueden contar desde los pasillos del Ministerio Público. El exgobernador afronta 14 investigaciones por delitos de corrupción de funcionarios, colusión, negociación incompatible, malversación de fondos, peculado, falsificación de documentos y defraudación patrimonial, según una investigación del portal El Foco.

Y los problemas judiciales también han alcanzado a la familia del exgobernador, actualmente suspendido de sus funciones. Según información del diario La República, Vladimir Cerrón tiene a la fecha una investigación fiscal por el presunto lavado de US$15 millones cuando estaba al frente del Gobierno Regional de Junín, junto a sus hermanos Waldemar y Fritz Elías Cerrón Rojas. La hipótesis fiscal es que el dinero negro provendría del presunto negociado con el proyecto minero Toromocho (Chinalco), ubicado en la provincia de la Oroya.

Sudaca intentó comunicarse con Vladimir Cerrón para esta nota, pero no obtuvimos respuesta al cierre de edición. También llamamos a militantes y consejeros de su partido en Junín, pero ninguno quiso ser entrevistado. En Perú Libre parecen confirmar que todavía no son muy amigos de la prensa.

 

*Con la colaboración de Julio Rospigliosi

**Fotomontaje por Leyla López

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