De nada va a servir que se haya autorizado el financiamiento de empresas y personas naturales a las campañas electorales, si el Estado, a través de la ONPE, no fiscaliza los gastos en que se incurren y los coteja con los ingresos declarados.
Es la única manera de evitar que las mafias ilegales que pululan en el país no terminen por superar el financiamiento formal y se mantenga así la situación actual de un Parlamento dominado por las economías delictivas (como bien señala Alfredo Torres, este Congreso “ha favorecido a la minería ilegal, a los profesores cesados por incompetentes, a las universidades bamba, a los transportistas informales, a los préstamos ‘gota a gota’, al crimen organizado (dificultando los allanamientos), y ha aprobado presupuestos públicos desfinanciados por incrementos desmedidos en gasto corriente”).
La gran desgracia política del último lustro es, precisamente, la entronización de los vínculos entre las economías delictivas y el poder político. Estos vínculos han ido escalando. De colocar regidores o alcaldes distritales en sus zonas de influencia treparon hasta gobernadores regionales y alcaldes provinciales, luego congresistas y finalmente presidentes (Castillo fue financiado fundamentalmente por este sector informal de la economía; por eso, el apoyo a las protestas luego de su salida del poder).
Lo perverso del status es que estos financistas no buscan, como eventualmente podrían hacer los formales, apoyar a candidatos que propongan un cierto modelo económico o garanticen la supervivencia de la democracia, hoy amenazada por los extremismos, sino que abiertamente es un toma y daca. Dinero por apoyo y protección a las actividades ilegales. Mineros ilegales, traficantes de terrenos, explotadores de madera, contrabandistas, narcotraficantes, buscan así que se mantenga un sistema que les permita seguir actuando y lo garantizan financiando abundantemente a los candidatos que, sedientos de fondos de campaña, se prestan al juego.
La proliferación de partidos el 2026 hará más fácil el ingreso de dineros sucios. La ONPE tiene que ser dotada de dientes que le permitan eventualmente sacar de carrera a aquellos partidos que tenga fundadas sospechas de financiamiento ilegal. La democracia está en juego por esta amenaza y deben ponerse todos los ojos en impedir que se dinamite por dentro el sistema.
-La del estribo: empieza el año con buen teatro. Se pone Actos consentidos en el teatro La Plaza, con la dirección de Adrián Galarcep, cuenta en el elenco, entre otros, con Erika Villalobos y Oscar López Arias. Va hasta el 16 de marzo. Entradas en Joinnus.