ONPE

De nada va a servir que se haya autorizado el financiamiento de empresas y personas naturales a las campañas electorales, si el Estado, a través de la ONPE, no fiscaliza los gastos en que se incurren y los coteja con los ingresos declarados.

Es la única manera de evitar que las mafias ilegales que pululan en el país no terminen por superar el financiamiento formal y se mantenga así la situación actual de un Parlamento dominado por las economías delictivas (como bien señala Alfredo Torres, este Congreso “ha favorecido a la minería ilegal, a los profesores cesados por incompetentes, a las universidades bamba, a los transportistas informales, a los préstamos ‘gota a gota’, al crimen organizado (dificultando los allanamientos), y ha aprobado presupuestos públicos desfinanciados por incrementos desmedidos en gasto corriente”).
La gran desgracia política del último lustro es, precisamente, la entronización de los vínculos entre las economías delictivas y el poder político. Estos vínculos han ido escalando. De colocar regidores o alcaldes distritales en sus zonas de influencia treparon hasta gobernadores regionales y alcaldes provinciales, luego congresistas y finalmente presidentes (Castillo fue financiado fundamentalmente por este sector informal de la economía; por eso, el apoyo a las protestas luego de su salida del poder).

Lo perverso del status es que estos financistas no buscan, como eventualmente podrían hacer los formales, apoyar a candidatos que propongan un cierto modelo económico o garanticen la supervivencia de la democracia, hoy amenazada por los extremismos, sino que abiertamente es un toma y daca. Dinero por apoyo y protección a las actividades ilegales. Mineros ilegales, traficantes de terrenos, explotadores de madera, contrabandistas, narcotraficantes, buscan así que se mantenga un sistema que les permita seguir actuando y lo garantizan financiando abundantemente a los candidatos que, sedientos de fondos de campaña, se prestan al juego.

La proliferación de partidos el 2026 hará más fácil el ingreso de dineros sucios. La ONPE tiene que ser dotada de dientes que le permitan eventualmente sacar de carrera a aquellos partidos que tenga fundadas sospechas de financiamiento ilegal. La democracia está en juego por esta amenaza y deben ponerse todos los ojos en impedir que se dinamite por dentro el sistema.

-La del estribo: empieza el año con buen teatro. Se pone Actos consentidos en el teatro La Plaza, con la dirección de Adrián Galarcep, cuenta en el elenco, entre otros, con Erika Villalobos y Oscar López Arias. Va hasta el 16 de marzo. Entradas en Joinnus.

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Congreso, ONPE

Se está discutiendo en el Congreso la posibilidad de que se permita el financiamiento a los partidos por parte de personas jurídicas privadas. Eso es bueno siempre y cuando no sea anónimo, como pretende un sector del Parlamento, sino abierto y transparente.

Al haberse cerrado esa posibilidad, lo único que se logró fue que los sectores de las economías delictivas, con claros intereses de influencia política, se acercaran a los candidatos y les financiasen sus campañas, como sucedió con Pedro Castillo y muchos otros, que luego retribuyen ello con leyes propicias o vistos buenos estatales a su quehacer delictivo.

Al abrir la cancha a la posibilidad de financiamiento privado se reduce esa influencia, pero no se logrará acotar plenamente. Nada impide que el narcotráfico, la minería ilegal, los tratantes de personas o los transportistas informales hagan bolsas de dinero para apoyar candidaturas a cambio de favores posteriores.

El mejor remedio a esa desestabilizadora posibilidad -afecta directamente la gobernanza democrática- es dotar a la ONPE de mayores dientes para fiscalizar el tema. Por lo pronto, que sea obligatorio bancarizar no solo los aportes sino también los gastos. Y, lo más importante, que si se descubriera un desbalance grosero, que revelaría el ingreso de dineros ilegales, la ONPE tenga la capacidad de suspender la presencia de ese partido en la lid electoral. Hoy no lo puede hacer, simplemente controla un par de veces o tres el proceso, pero no puede establecer sanción alguna.

Que la economía esté controlada en amplios sectores por mafias criminales es un tremendo problema que se debe resolver con celeridad. Pero que la política también lo esté, ya constituye un riesgo mayor, porque colocaría al Estado en manos de lógicas delictivas abiertas, desnaturalizando la esencia misma de la democracia y la gobernabilidad que se busca recuperar luego de haber sufrido dos gobiernos nefastos, como los de Pedro Castillo y Dina Boluarte.

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Dina Boluarte, ONPE, Pedro Castillo

[PIE DERECHO]  Uno de los pilares de la reforma política emprendida a medias en años anteriores, consistía en el financiamiento público a los partidos que hayan conseguido mantener la inscripción electoral, con el objeto de tornarlos menos dependientes del financiamiento privado, por lo general irregular y dado a pactos no santos entre intereses mercantilistas y poder político.

Lamentablemente, según lo acaba de demostrar la asociación civil Vigilancia Ciudadana, los partidos que reciben esos fondos malversan los mismos en usos irregulares y cuestionables.

La supervisión del uso de tales fondos corresponde a la ONPE, pero este organismo electoral no está cumpliendo con su labor, la misma que dado el caso debería escalar, inclusive, a instancias penales. Es más grave que se malempleen fondos públicos, de todos los peruanos, a que se maquille el ingreso de recursos privados. Lo segundo es perseguido de modo tan implacable como desmedido por el Ministerio Público. Lo primero, ni siquiera es tocado con el pétalo de una rosa.

Una de las razones por las que el Perú transita por una severa crisis política corresponde a la precariedad de los partidos. La democracia se debe sostener en la existencia de partidos sólidos, cada vez más flexibles de acuerdo a los tiempos desideologizados que vivimos, pero transparentes y dinámicos. Si hoy los organismos responsables pasan por alto las trapacerías que se cometen en los inicios de la reforma política, lo más probable es que la terminen por desacreditar y pervertir.

Esos dineros deberían derivar en capacitaciones, instalación de locales descentralizados, conferencias ideológicas, instancias de participación ciudadana, no en pago de sueldos a las autoridades partidarias o contrataciones irregulares (en un caso, se ha disfrazado el pago por aparecer en televisión como contratación del productor del espacio televisivo, en otro, un prófugo de la justicia, como Vladimir Cerrón, sigue cobrando).

Si con la misma laxitud se controla el ingreso de dineros de las economías delictivas a la política partidaria (narcotráfico, minería ilegal, tráfico de tierras, etc.), se entenderá por qué la degradación sostenida de la vida política peruana, la misma que, a contrapelo del crecimiento económico de las últimas décadas, ha ido cuesta abajo. La institucionalidad política no ha marchado a la par del desarrollo socioeconómico del país y allí anida una de las fracturas institucionales más graves por resolver.

La del estribo: ya viene La doctora en el Teatro La Plaza, para arrancar la temporada teatral del año. Entre tanto, continuamos la maratón cinematográfica. Recomendadas: Los delincuentes (Argentina), Trenque Lauquen (Argentina), The holdlovers (EEUU), Rustin (EEUU), Amerikatsi (Armenia), Blanquita (Chile), El sueño de la sultana (España), Saben aquell (España), Monster (Japón) y Bastarden (Dinamarca).

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Crisis política, Fondos públicos, ONPE, reforma política

[EN EL PUNTO DE MIRA] Efectivamente, Sol Carreño trató de justificar prácticas políticas poco saludables para nuestra vida democrática. Evi­denció un desconocimiento profundo sobre lo que implica militar en un partido político, el cual engloba disciplina par­tidaria y disidencia.

Obvio que no se le pide mi­litancia política para poder comprenderlo a cabalidad, pero sí un mínimo de rigor sobre lo que representan los partidos políticos para la joven democracia de nuestro país. Porque si no sabemos la real dimensión que representan, seguiremos teniendo –como viene sucediendo desde los años noventa- piratas de la política o políticos ambiciosos, que están más allá de nuestro precario sistema de partidos.

Desde analistas políticos hasta constitucionalistas sostie­nen que debe ser permisiva la norma para la supervivencia política de personas, más que de instituciones. ¿Paradóji­co no? Estos académicos que con tanto esmero en un aula universitaria instruyen a fu­turos sociólogos, politólogos y abogados que todo poder del Estado debe tener un con­trapeso político (o una nor­ma que sancione el transfu­guismo), pues en la práctica no hacen más que desdecirse lo que enseñan.

Los partidos políticos pue­den –actualmente– tener in­numerables errores, pero no se ha encontrado otra fórmula política que pueda reempla­zarlos. No la hay. Por lo tanto, en vez de seguir apostando por el cambio de camiseta política, debería pensarse en las res­tricciones (o sanciones) para fortalecer nuestros precarios partidos, sobre los políticos ambiciosos.

En suma, tratemos de bus­car una agenda mínima en la que se sancione el transfu­guismo y se regule la vida partidaria postelecciones. Una regulación tipo presupuesto por resultados en la que el Jurado Nacional de Elecciones (junto a la ONPE y el Reniec) otorgue incentivos y castigos al des­empeño partidario postelecciones. Actualmente, es muy débil este tipo de regulación.

Como reza el viejo dicho: quien tiene oídos que oiga, quien tiene ojos que vea.

 

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Jurado Nacional de Elecciones, ONPE, Partidos políticos, RENIEC, Sol Carreño, transfuguismo

La tesis del fraude electoral, presuntamente cometido en las elecciones del 2021, le ha hecho mucho daño a la convivencia democrática del país. Sustentada en el argumento de que el voto rural andino era amañado, su énfasis solo horadaba la ya alicaída confianza de ese enorme bolsón poblacional en las bondades del statu quo. La tesis del fraude reafirmaba su disidencia.

Hoy el Congreso vuelve a la carga con la misma monserga, al pretender tirarse abajo el tinglado institucional electoral (JNE, ONPE y Reniec), con argumentos jurídicos falaces que, en verdad, se remontan a la peregrina y disparatada hipótesis de que si no fuera por sus autoridades, Keiko Fujimori habría sido electa presidenta constitucional.

No hay un solo informe técnico que avale semejante especulación y los propios voceros del fraude (entre los que lamentablemente participó, en un inicio, hasta Mario Vargas Llosa) fueron silenciándose conforme se comprobaba la insuficiencia de pruebas y el carácter endeble de sus hipótesis.

Hay, como es obvio, una mayoría congresal compuesta por congresistas de derecha e izquierda que parecen dispuestos a unirse para causas pueriles como la reseñada. Sorprende, por cierto, que Perú Libre y sus desagregados se sumen eventualmente a la pretensión de descabezar los organismos electorales, habiendo sido ellos los legítimos ganadores de la jornada electoral que llevó a Pedro Castillo a Palacio. Pero en los vericuetos del poder parecen estar ocurriendo sortilegios que solo parecen factibles de desentrañarse si se entiende que el Congreso se ha convertido en un mercadillo de tomas y dacas, sin signo ideológico de por medio ni visión democrática detrás.

Es hora de esperar que la nueva Mesa Directiva logre asentarse en las instancias de los partidos democráticos -aquellos que se opusieron al despropósito de Castillo- y que, a su vez, entienda que no es hora de venganzas menudas ni de ajustes imaginarios de cuentas, sino de construir una agenda legislativa reformista que saque al Legislativo del hoyo de descrédito en el que se encuentra.

Un Parlamento con 91% de desaprobación, es decir, absoluta carencia de representación, debería entender que su tarea, para remontar esas cifras, no pasa por abusar de su poder sino por ajustar las clavijas del desmadre moral que se despliega al interior de su recinto y por trazar una línea de acciones de largo plazo que pongan a este poder del Estado a la altura del bicentenario.

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Congreso, Fraude, NE, ONPE, RENIEC
joaquin ramirez
A pesar de que su candidatura y la de toda su lista fue declarada improcedente horas antes de los comicios, Joaquín Ramírez lidera los resultados electorales.

“Lo que debería ocurrir es que el JNE emita un pronunciamiento para aclarar estos casos”, comenta Heber Campos, abogado especialista en temas electorales. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, el Jurado Nacional de Elecciones no respondió nuestras interrogantes.

¿QUÉ PASA CON ‘LOS TACHADOS’?

Diferente es la situación de los candidatos tachados, algunos de ellos, incluso, anunciados como ganadores en el primer flash electoral (a la espera de lo que diga la ONPE), como Luis Mendieta (San Juan de Miraflores) y José Luis Huamaní (Surquillo). Otros, como Augusto Miyashiro en Chorrillos, se quedaron a nada de conseguirlo.

Para saber qué pasará en aquellos distritos es importante recordar que, en estas elecciones, “nosotros no votamos por candidatos individuales, sino por listas”, como explica José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral. “La foto de los candidatos no sale en la cédula, sino el símbolo del partido. Por lo tanto, votas por la lista del partido”, apunta.

Esto significa que quien tomará las riendas de los distritos son los tenientes alcaldes o regidores de la organización política que obtuvo el primer lugar. Así, por ejemplo, si en San Juan de Miraflores, el ganador fuera el apepista Luis Mendieta, quien asumiría no sería el segundo en las preferencias. En este caso, será la enfermera Delia Castro Pichihua, candidata a teniente alcaldesa de Alianza Para el Progreso, la que ocuparía el sillón municipal. 

Y en el caso de Surquillo, donde tanto el alcalde y el teniente alcalde de APP tienen la condición de tachados, la nueva autoridad edil sería la maestra Engracia Retamozo.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Elecciones, JNE, joaquín ramírez, ONPE

La del estribo: muy recomendable Tiempos Mejores, obra escrita por Rasec Barragán y Mikhail Page. Fue seleccionada en el FAE Lima 2021 y posterioremente ganó el premio Estímulo Económico a las Artes Escénicas del Ministerio de Cultura. Soberbias actuaciones de Javier Valdéz, Denisse Dibós, Alicia Mercado y Mario Cortigo. Dirigida por Roberto Ángeles (disclaimer: es mi querido y admirado primo hermano), va en el Centro Cultural Ricardo Palma hasta el 24 de octubre.

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elecciones regionales y distritales, JNE, ONPE

Lo sucedido en las últimas elecciones que acaba de suceder hace unos siete meses merece una lectura en perspectiva. A la luz de los datos presentados por la ONPE, la situación política del país pasa por una representación social y política con limitaciones, aún sin proyección real a largo plazo. Sobre todo, después de dos décadas y media de crecimiento económico, el cual generó nuevas clases medias, nuevos sectores ricos del país y una dinámica popular ligada a la creación de riqueza sin canalización de demandas por parte de un Estado ineficiente en medio de una descentralización que necesita un segundo reimpulso. 

Carlos Meléndez escribió en su columna para El Comercio (16/05/2015), el cual nos puede servir como referente para explicar mi argumento lo siguiente: “los canales de intermediación política y social en el Perú están rotos”, y que “los dirigentes sociales ven reducidas a las de simples operadores políticos […] sin capacidad real de control, ascendencia y dirección del movimiento social”. Detengámonos aquí que tengo mis observaciones. 

Estando en un sistema postcolapso del sistema de partidos a nivel nacional, ¿aún seguimos con los canales de intermediación política y social rotos como sostiene Meléndez? Hace unos años realicé un estudio sobre formación partidaria a nivel subnacional para mi maestría, y los resultados que encontré son que, después de dos décadas y media de intensa actividad minera en el Perú, se está configurando el escenario político en algunas regiones del país (como Cajamarca la parte sur del país) que pueden tener repercusión a nivel nacional. 

En ese sentido, no se puede seguir sosteniendo que los canales de intermediación están rotos, sino que están reconfigurándose en un contexto político que gira en torno al resquebrajamiento y la organización mínima, en donde las minorías activas cobran fuerza que la situación de crisis de toda índole lo permite para polarizar escenarios electorales. Así llegó -por ejemplo- Pedro Castillo al gobierno. 

El pésimo manejo de las empresas mineras en casos emblemáticos como Conga y Tía María y –ahora- Las Bambas formaron un cúmulo de descontento social de décadas, que ha devenido en división política, que están aprovechando algunas minorías activas que cuentan con organización mínima.

Recalco: tengamos en cuenta cómo de ciertas coyunturas se están formando representación política y social aún con limitaciones que es aprovechada por minorías activas en ciertas coyunturas críticas que nos presenta el escenario político peruano. 

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2021, elecciones presidenciales, ONPE
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