contraloria

La propia Contraloría ha advertido que la adenda que le permite a Innova Ambiental seguir operando el recojo de residuos sólidos en Lima Cercado, es un despropósito y que el contrato con dicha empresa (ex Relima, sí, la del escándalo Comunicore), que se extendió por una adenda irregular, debe llegar a su fin y convocarse a una licitación pública internacional para brindar ese servicio.

Así se lo ha hecho saber a la propia autoridad municipal en reiteradas ocasiones y, sin embargo, el alcalde limeño, Rafael López Aliaga, supuesto adalid de la moralidad pública, se zurra en la noticia, con él no es, y mantiene vigente un contrato a todas luces irregular.

La lógica administrativa ordena que el manejo de los residuos sólidos (su recojo y depósito en rellenos sanitarios) sea hecho con la mayor pulcritud no solo en su proceso mismo (sobre lo segundo, el vigente contrato también tiene serios cuestionamientos) sino en la transparencia que debe tener el proceso legal correspondiente.

A López Aliaga no le está yendo bien en su tarea de gestor municipal. En la práctica, no ha hecho nada de lo que prometió, no tiene una política pública municipal coherente, y el resultado se aprecia en las encuestas, donde ya la mayoría de limeños lo desaprueba. Según la última encuesta de Ipsos, 53% lo desaprueba y 39% lo aprueba. Un fracaso por donde se le mire.

Las propias expectativas presidenciales que López Aliaga alberga se están yendo por el desague por su mala y controvertida gestión al mando del municipio limeño. Si no es capaz de romper un contrato cuestionado por la propia Contraloría, que sugiere una licitación internacional, como la propia adenda firmada lo establece, algo huele mal ya también en términos de ética en la gestión edil.

Lo que sucede en el municipio capitalino debiera servirnos de lección a la hora de pensar el voto presidencial del 2026. Falsos tecnócratas se venden ante la opinión pública como grandes gestores y a la hora de la hora no son capaces de gestionar nada. Y encima, como es el caso que citamos en esta columna y que es parte de una contínua campaña de Sudaca, se cometen actos, o se dejan de ejecutar, con claro olor a corrupción.

-La del estribo: notable la puesta en escena de La Barragana. Escrita por Luis Alberto León y dirigida por Chela De Ferrari, cierra la trilogía de obras conformada por La Cautiva y Savia, sobre tres momentos de gran violencia alrededor de la historia del Perú. Va hasta el 9 de octubre en el teatro La Plaza (se compran las entradas a través de su web).

 

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Han transcurrido más de 6 años de suscrita la adenda nº9 que amplía la vigencia del contrato de concesión, sin que la MML haya efectuado el nuevo proceso de adjudicación de la concesión al que se comprometió en la adenda y en el sustento de la misma”. La Contraloría ha mencionado, entonces, que no se condice con el principio de competencia y valor por dinero establecidos en el Decreto legislativo Nº 1362 y su reglamento. Para ellos, esta situación no ha permitido que se pueda asegurar una real eficiencia en los costos de provisión del servicio de limpieza.

Se advierte que la Gerencia de la Promoción de la Inversión Privada de la MML está a cargo de llevar adelante los procesos de promoción privada”, mencionó el informe de la Contraloría con respecto a la adenda que actualmente lleva Innova Ambiental y que se ha vuelto uno de los hechos más cuestionables que ha arrastrado la Municipalidad de Lima durante los últimos años.

No ha sido la única observación realizada en un caso de Innova Ambiental. En el 2014, la Contraloría interpuso acciones legales contra el laudo arbitral del 23 de diciembre contra la involucración del pago de cerca de dos millones de soles del erario nacional por parte de EMMSA (Empresa Municipal de Mercados S.A. a favor de la empresa Innova Ambiental.

Empresa Municipal de Mercados S.A.

Ahora bien, con respecto al informe sobre la adenda de Innova, la entidad mencionó lo siguiente: “la Subgerencia de Asociaciones Pública Privadas y Obras por Impuestos (en adelante, Subgerencia APP y OXI), procedió a efectuar un Servicio de Control en la modalidad de Orientación de Oficio al Contrato de Concesión, a fin de identificar incumplimientos y/o deficiencias al referido Contrato”.

Esto último se realizó para identificar incumplimientos y/o deficiencias al referido contrato entre la MML e Innova Ambiental, de tal manera que las partes puedan mitigar o corregir los posibles impactos ambientales producidos por la operación del relleno sanitario (El Zapallal), en beneficio y salvaguarda de la salud de la población de la jurisdicción. Y es que este problema de la adenda no solo es un tema meramente económico y organizacional, sino también, porque su permanencia perjudica a los vecinos de Lomas de Carabayllo.

Además, algo que nos llamó la atención y que es clave para el proceso entre la adenda y la problemática de Innova Ambiental es lo que pudo deducir la APP y OXI:

 “NO SE HA EVIDENCIADO ACCIONES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA MML VINCULADAS A LA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO DE MANTENER EL ÁREA DE LOS RELLENOS SANITARIOS “EL ZAPALLAL” Y “PORTILLO GRANDE” CERCADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN Y SUS BASES”

Justamente, los vecinos de Lomas de Carabayllo denunciaron ese abandono por parte de las autoridades, especialmente por el Gerente de Servicios a la Ciudad: Roberto Pérez Vélez. El funcionario se había comprometido a solucionar esta problemática desde el cierre del Relleno Sanitario “El Zapallal” hasta el cambio de zonificación; sin embargo, Innova ha venido apelando a diestra y siniestra de los vecinos y Pérez Vélez no ha podido realizar nada al respecto.

«Manifestación de los vecinos de Lomas de Carabayllo por el cierre del relleno sanitario»

Pero bien, regresando al informe de la Contraloría, esta es una situación que ha generado vulnerabilidad de las referidas áreas. Ello ha permitido la presencia de animales y depósitos de material peligroso para la salud del ciudadano y ajenos a la concesión, además, identifican que esto es altamente peligroso para el medio ambiente. Además, como mencionamos anteriormente, no se condice con el principio de competencia y valor por dinero establecidos en el Decreto legislativo Nº 1362 y su reglamento.

DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS

Al cierre del informe de la Contraloría, mencionan que el nuevo proceso de adjudicación de la concesión al que se comprometió en la última Adenda no se ha realizado a pesar de haber transcurrido más de 6 años desde su suscripción. “El servicio de limpieza de Lima debe ser ejecutado mediante contratación directa, por lo que a su entender la GPIP ya no sería competente”, menciona el documento. Lo que más preocupa a la Contraloría es el silencio que hay por parte de la Municipalidad de Lima.

La adenda de Innova

Pero, ¿Qué pasa en el caso Innova para que la Contraloría actué en esta problemática? La concesión para el servicio de limpieza pública con la empresa Innova Ambiental, que debió concluir hace 6 años, sigue vigente debido a una adenda que en la práctica se convirtió en una prórroga indefinida. Firmada en enero de 2016, establece que Innova seguirá brindando el servicio hasta que se elija un nuevo concesionario, cosa que la Municipalidad no ha cumplido con hacer.

Entre los informes que publico Sudaca, se identificó que el ex alcalde Jorge Muñoz era uno de los responsable claves de que la empresa continúe hasta el día de hoy. Sin embargo, pareciera que estos intentos para culminar con la adenda tuvieron intentos fallidos.

En efecto, en diciembre de 2018, la MML presentó un documento que resolvía dar fin a la concesión. Era el último mes de la gestión de Luis Castañeda Lossio y, como uno de los últimos actos, el gerente municipal Jaime Villafuerte quería dar punto final a este contrato, que ya para entonces se había extendido más allá de lo razonable.

La adenda de 2016, que prolongaba la concesión de Innova Ambiental, mostraba dos fechas límites para que deje de brindar el servicio: que hayan pasado 120 días después de firmar la adenda o que empiece a operar la empresa que gane el nuevo concurso. Los 120 días ya habían pasado y, luego de que el Poder Judicial le diera la razón a la demanda de los trabajadores de limpieza, el segundo supuesto estaba muy alejado a la realidad.

Fragmento de la carta enviada a Innova Ambiental en 2018, donde se le comunica el fin del contrato.

El 9 de enero de 2019, poco más de una semana después de que la nueva gestión al mando de Jorge Muñoz ocupará el palacio municipal, la Gerencia de Promoción de Inversión Privada remitió una carta a la empresa. Este escrito “manifestó una postura distinta, reconociendo que el Contrato de Concesión, a la fecha, se encuentra vigente”, según afirmó Innova Ambiental en un arbitraje que llevó contra la MML entre 2018 y 2019.

Parte del laudo arbitral donde se menciona el cambio de decisión de la gestión de Muñoz

Para ese entonces, Sudaca accedió a la documentación oficial sobre el precio real que le pagan a Innova Ambiental por el servicio. Como se recuerda en la primera nota sacada sobre el tema, la Sociedad Nacional de Residuos Sólidos estimaba que el monto excede los 300 soles por tonelada para el servicio de recojo y transporte de basura. Innova Ambiental, por su lado, sostenía que en verdad era la suma de S/221.09 incluyendo el IGV por tonelada.

Ahora bien, la misma Municipalidad de Lima le remitió al regidor Jorge Valdez la información exacta sobre dichos pagos, el cual consiste en 274.31 soles por tonelada (contando la recolección y transporte, así como la operación de planta de transferencia y relleno sanitario “El Zapallal”).

El detalle del monto pagado a Innova Ambiental por sus servicios, de enero a julio de 2022.

Entonces, Innova Ambiental recibió 481 millones de soles de la MML desde enero de 2016 hasta abril de 2022. Con un concurso suspendido por el Poder Judicial, el otro cancelado por una supuesta falta de recursos financieros de la comuna y ninguno nuevo a la vista, este monto seguirá aumentando.

VER AYUDA MEMORIA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN LIMPIEZA PÚBLICA DE LIMA

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Detrás de la inmensa multa municipal a la empresa Granja Azul, hay cutra de todas maneras. Como la hay cuando se clausura un centro comercial como Larcomar, por “gravísimas irregularidades” y luego se le otorga la reapertura a las pocas horas.

Se ha vuelto un negocio mafioso de muchos municipios clausurar y luego extorsionar con coimas a los establecimientos formales que deben soportar onerosos cierres de operaciones, muchas veces por detalles nimios fácilmente resolubles en cuestión de horas.

Los municipios distritales compiten con las mafias extorsivas en ver quién sangra más a los empresarios formales. Llegan las clausuras ostentosas, con letreros llamativos pegados en las puertas de los locales, a la par aparecen los sobres intimidatorios o las llamadas amenazantes de los mafiosos delictivos que piden cupos para dejar funcionar al negocio en “paz”.

Y ni hablar del aún más lucrativo negocio de las licencias de construcción, donde, en complicidad con la alcaldía provincial, se permiten alturas de edificios cuya propia normativa prohíbe, pero que el cabo del tiempo, o del ingreso de un nuevo alcalde, terminan siempre regularizadas. Entre tanto, los alcaldes capitalizan y se enriquecen (no conozco casi exalcalde distrital que no haya terminado siendo millonario luego de su gestión y después se les ve años sin trabajar, y sin oficio conocido, dándose la gran vida; les bastó un periodo edil para lograrlo).

En mi distrito, Barranco, he tenido suerte con la anterior administración y con la actual, pero otros distritos sufren y son víctimas de alcaldes corruptos que llenan sus arcas en paraísos fiscales a costa del bienestar de sus contribuyentes.

Y la Contraloría bien gracias. Si ni siquiera es capaz de revisar el irregular contrato de limpieza pública que tiene el Municipio de Lima con Innova Ambiental (ex Relima, la de Comunicore), sobre el cual hemos decidido hacer campaña sostenida en Sudaca hasta que el señor López Aliaga cumpla su promesa de campaña y convoque a una licitación pública internacional para el recojo y procesamiento de los residuos sólidos de la circunscripción metropolitana. Huele feo este tema.

La corrupción se ha enseñoreado en toda la administración pública, pero ha agarrado especial carne en los municipios, que merecen por ello la mayor fiscalización de los organismos competentes y de la opinión pública, que debe mostrar sana suspicacia sobre todos los actos ediles aparentemente administrativos que se toman.

 

 

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¿Qué ha pasado con la atención de la Contraloría? Sudaca ha presentado documentación importante sobre la problemática entre la adenda que tiene Innova Ambiental con la Municipalidad de Lima. Varias han sido las instancias que han estudiado y analizado este tema para darle fin a una adenda que tiene varios años afectando la integridad de los vecinos de Lomas de Carabayllo. Ellos y nosotros como medio de comunicación intentamos comunicarnos con la Contraloría, pero la triste realidad es una ausencia que se traduce en reuniones fallidas y un silencio que permite la permanencia de Innova Ambiental.

Esta insistencia por parte de los vecinos se da en medio del habeas corpus que ha iniciado la concesionaria por el cierre del Relleno Sanitario “El Zapallal”, pero específicamente por el retiro de los bloqueos al acceso de estas instalaciones, para ello han recurrido al Juzgado de Carabayllo para probar suerte y que se diluya las resoluciones de la MML, así como también de la lucha de los dirigentes vecinales.

Los vecinos comentaron que a falta de atención tuvieron que dirigirse con el procurador regional para intentar buscar una solución y evitar que el proceso siga adelante.

“Ellos (el procurador) se comprometieron a realizar un documento para nosotros participar como terceros en un proceso entre la MML e Innova Ambiental (como los afectados). Sin embargo, se comprometieron a mandarnos ese documento en el mes de junio por parte del procurador que estaba a cargo”, mencionó uno de los dirigentes señalando que ese documento no llegó y tuvieron que mandar una solicitud para volverse a reunir con la autoridad con quien ya se habían dado cita en el mes de junio.

La procuraduría regional envió una copia para que los vecinos de Lomas de Carabayllo puedan presentarlo ante el Juzgado de Carabayllo, pero este documento llegó el 11 de julio. “La juez ya tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando con Innova, entonces me pregunto, ¿Porque la Municipalidad no tomó acciones contra ello? Esta demora ha permitido que el juzgado ordene el levantamiento de los muros de contención que bloqueaban el acceso al relleno sanitario”, mencionan.

Acceso del Relleno Sanitario “El Zapallal” bloqueado tras la decisión de la Municipalidad de Lima

Otro ausente: La Procuraduría

Ahora bien, los vecinos también señalan que la Procuraduría, después de la reunión que sostuvieron con ellos, tuvo que acelerar los procesos para que puedan presentar la documentación necesaria al Juzgado y esta instancia los llame en calidad de testigos para dar su pronunciamiento. Mencionan que este proceso se dio en el caso de los chatarreros, mas no en ellos.

Causa aún mucho más malestar la falta de compromiso del Gerente de Servicios a la Ciudad cuya postura se ha vuelto cada vez más inestable. “La Procuraduría nos dice que tienen conocimiento del proceso y que se debería de actuar de la mejor manera, sin embargo, por parte de Pérez nos dice que están perdidos, entonces, parece que hay una mentira que cae fácilmente y que sale a la luz sin dar mucho trabajo” indicaron.

Por otro lado, los vecinos se encuentran indignados, ya que esta falta de atención ha ocasionado que se den resoluciones o fallos injustificables en contra de la lucha que han venido liderando. “La fiscalía ambiental ha declarado que archiva la denuncia por contaminación ambiental contra Innova Ambiental, fue una denuncia que interpuso la ex congresista Karina Beteta en el 2020 que se acoplo junto a nuestras denuncias”, comentaron los vecinos sobre los últimos movimientos del caso entre Innova Ambiental y el relleno sanitario.

Reunión de Roberto Pérez con los dirigentes de Lomas de Carabayllo

Un extenso camino para los dirigentes. Por un lado, buscaban apoyo por parte del Ministerio de Ambiente (MINAM) para suspender las apelaciones contra la negación de acreditación del PAMA. Después intentaron buscar respuestas de un Gerente de Servicios a la Ciudad que se encuentra camuflado entre excusas e historias sin sentido.

Al cierre de este informe se sabe que los dirigentes siguen buscando respuestas de las principales entidades que han guardado silencio a lo largo de este proceso: La Contraloría y la Procuraduría. El silencio de ellos produce una larga odisea que perjudica a los vecinos de Lomas de Carabayllo y que no nos permite a nosotros dar por finalizado la lucha de los vecinos contra Innova Ambiental

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COSTOS QUE NO SE ENTIENDEN…

El desembolso de US$1’657,127 por parte de PromPerú fue calculado en base a la oferta y la estructura de costos presentadas por Continuous Events al inicio del proceso. Estos documentos obraban en la fase de cotización y están plasmados en el monto del contrato. Sin embargo, los costos que se presentaron al momento de suscribir el acuerdo señalaban que el consorcio iba a gastar US$1’647,47, es decir, US$9,680 menos. Se trataba, por tanto, de una ganancia no justificada a favor de la firma.

Continuous Events, además, había modificado varios de los conceptos de su oferta a la hora de suscribir el contrato. De hecho, muchos de estos costos resultaron inexplicables para los auditores. Por ejemplo, los honorarios, viáticos y “pagos de acomodación” por más de € 232,942 (S/919,000) para cuatro de los miembros de la delegación del consorcio. 

«(…) los cargos señalados no se encuentran previstos en los TDR [términos de referencia], ni forman parte del servicio requerido y cuya necesidad no se encuentra justificada técnicamente”, se lee en el documento de control.

Parte del informe de control donde se detalla la diferencia entre el monto del contrato y lo que realmente iba a ganar el consorcio. Sobraban US$ 9,000.

Todas estas inconsistencias debieron ser observadas, dice la Contraloría, por Andrés Moromisato, jefe de la Unidad de Logística. Pero este no hizo absolutamente nada.

 

… Y ADELANTOS QUE TAMPOCO

Hay más cifras que no tienen lógica. Luego de suscribir el contrato, el consorcio Continuous Events debía entregar, en los siguientes siete días, su “primer producto”. Por este, el Estado le abonaría el 40% del monto del convenio, unos S/2,5 millones.

Los términos de referencia señalaban que este “producto” debía consistir en cosas tan básicas como una propuesta del plan de trabajo, detalles generales del proveedor y el organigrama del personal y sus funciones. En suma, un adelanto desproporcionado e injustificado. Al menos, la Contraloría lo interpretó así.

Y es que, si el trabajo duraba ocho meses (hasta abril del 2022, un mes después de acabado el evento), ¿por qué desembolsar tal cantidad de dinero solo por siete días de supuesto trabajo? Es más: ni siquiera habían empezado las operaciones en Dubái: apenas estaban en una etapa de preproducción. Los auditores, por tanto, calificaron este adelanto como “una trasgresión del principio de equidad”. 

Lo que sí podría valer un adelanto, sin embargo, era un informe de “auditoría audiovisual del pabellón peruano”, que podría permitir, a través de fotos y videos del pabellón, identificar ciertas falencias del mismo; y la implementación de una unidad móvil con el branding peruano. Pero cuando los funcionarios de la Contraloría revisaron la rendición de cuentas referida al primero de estos puntos, descubrieron que tampoco valía el dinero.

La Contraloría señala que no correspondía el 40% de adelanto a favor de Continuous Events.

El informe de la auditoría audiovisual estaba conformado solo por ocho fotos, “no evidenciándose evaluación técnica alguna respecto del estado situacional del pabellón”, y un video “que solo refleja el estado de avance de la construcción del pabellón”. 

Claramente, a los auditores de la Contraloría estos informes les parecieron insuficientes. ¿Quién recomendó aprobar, por este mamarracho, el primer adelanto? La ya mencionada María Noriega Vílchez, en un correo enviado a la gerente general de PromPerú, Irene Suárez. Esta última, metida hasta el cogollo en este escándalo, lo aprobó. 

El informe de control que aquí detallamos fue enviado el pasado 2 de junio a la presidencia ejecutiva de PromPerú. En sus líneas finales recomienda a la procuraduría del Mincetur iniciar acciones legales. Está en sus manos denunciar. Irene Suárez y compañía, según el documento, tienen que responder penalmente por todo lo expuesto en esta nota.

“En la actualidad, se vienen desarrollando las acciones respectivas ante los órganos competentes, tanto a nivel administrativo como a nivel jurisdiccional, para el deslinde de responsabilidades que correspondan de los exfuncionarios y servidores comprendidos en las investigaciones”, dice un comunicado enviado por el Mincetur a Sudaca.

El escrito señala que desde esa cartera se pidió la intervención de la Contraloría “al conocer posibles actos irregulares”. La auditoría arrancó el 1 de julio del año pasado, semanas antes del ingreso del gobierno de Pedro Castillo, y acabó el 21 de setiembre, ya con el partido del lápiz en el poder. Respecto a Irene Suárez, remarca el comunicado, fue removida en octubre pasado. No dicen nada, sin embargo, de qué se hizo con los otros tres responsables. Como ya se señaló líneas arriba, el jefe de la Unidad de Logística sigue en el cargo.

 

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El Gobierno Regional de Junín es una caja de pandora. Según un reciente informe de Contraloría al que Sudaca tuvo acceso, las últimas dos gestiones ocasionaron un perjuicio económico de S/920.664 en una obra de salud. 

En este festival de presuntas irregularidades están involucrados siete funcionarios de confianza del fundador de Perú Libre, cuando todavía ocupaba el cargo de gobernador en el 2019. También se responsabiliza a una firma de arquitectos que ha sido sancionada tres veces y que actualmente se encuentra impedida de contratar con el Estado. 

Las irregularidades fueron detectadas por la Gerencia Regional de Control de Junín, un despacho descentralizado de Contraloría, y tienen que ver con el retraso en la construcción del nuevo Hospital de Pangoa, cuyos servicios beneficiarían a cerca de 500.000 personas.

 

EXPEDIENTE DE DUDAS

En marzo de 2019, cuando Vladimir Cerrón llevaba pocos meses como gobernador regional, el consorcio Pangoa II comunicó que no podía cumplir el cronograma de la construcción del nuevo Hospital de Pangoa. El consorcio, que había ganado la buena pro para a finales de 2018, se quejaba de que el terreno no cumplía con los requisitos necesarios, y que la manera en que estaba planteado el proyecto generaría un alto riesgo para los pacientes debido a la proximidad entre el consultorio de TBC y los ambientes de Microbiología y Lavandería. 

¿Qué había ocurrido? Según la Contraloría, la responsable de hacer el expediente técnico -el documento que establece los criterios para la ejecución de la obra– lo había hecho mal. Se trata de la firma Dextre+Morimoto Arquitectos SAC, contratada el 2016 por la gestión que antecedió a Perú Libre.

En el expediente técnico presentado por esta empresa se consideró la ubicación del nuevo Hospital de Pangoa en un terreno que no era del todo plano y que se encontraba a 85 metros de la ribera del río Chavini. La Norma Técnica de Salud, sin embargo, establece que debe haber una distancia no menor de 300 metros del borde de ríos, lagos o lagunas, y que el terreno debe ser “predominantemente plano”.

La Contraloría identicó un perjuicio de casi S/1.000.000 en la elaboración del expediente técnico para la construcción del Hospital de Pangoa, en Junín

Eduardo Dextre Morimoto, arquitecto de la firma, le echa la culpa al Minsa. “En proyectos de inversión del Estado, el que hace el expediente técnico depende de un estudio previo llamado ‘preinversión’ hecho por el propio Ministerio de Salud”, dice. Según su versión, este estudio ya incluye información como la del terreno de la obra, que -asegura- no pueden cambiar.

Lo cierto es que, mediante un acta del 15 de marzo del 2019, funcionarios del Gobierno Regional y el consorcio acordaron suspender la obra hasta resolver las inconsistencias. Pero Dextre+Morimoto Arquitectos no se dio por aludida en ningún momento. En paralelo a la suspensión, ese 2019 envió una carta notarial al Gobierno Regional solicitando que se le cancele S/462.291,20 correspondientes a informes por los que no se les había pagado aún.

Aunque la gestión que precedió a Cerrón ya le había transferido una cantidad considerable por sus informes técnicos, todavía le faltaba cobrar por otros dos que fueron parte del expediente. De acuerdo a la Gerencia Regional de Control de Junín, dichos informes no contaban con la aprobación correspondiente del Ministerio de Salud ni mucho menos fueron útiles. Aún así, se les pagó.

La Contraloría ha puesto en la mira a los funcionarios de confianza de Cerrón por este desembolso.

CERRONISTAS EN LA COLADA

Varios funcionarios de la gestión Cerrón están involucrados. Mediante un memorando, Luis Alberto Salvatierra Rodriguez, director regional de Administración y Finanzas del gobierno regional, comunicó el procedimiento a seguir para reconocer la deuda.

Quien argumentó a favor de Dextre+Morimoto fue la arquitecta Liana Vilcapoma Chicmana, que envió un documento a Marcial Castro Cayllahua, subgerente de Estudios, en el que sustentó que se debía pagar por los informes porque “en su momento fueron aprobados”. La Contraloría señala que Vilcapoma hizo esto “pese a tener conocimiento de todas las incompatibilidades halladas en el expediente técnico” y que eran materia de queja del consorcio que construía el hospital.

Posteriormente, Castro Cayllahua solicitó “a quien corresponda” iniciar el trámite para pagar la deuda. Pero entre las condiciones de pago se señalaba que uno de los informes debía contar con la opinión técnica favorable del Ministerio de Salud. Según la Contraloría, este documento no existió. 

Pese a ello, Castro Cayllahua remitió un oficio a su colega Jakelyn Flores Peña, gerente regional de Infraestructura, en donde le solicitaba ordenar el pago a favor de  Dextre+Morimoto Arquitectos SAC. Tanto Castro como Flores son caseritos en los informes de la Contraloría. Como reportó Sudaca hace un mes, los dos fueron señalados como responsables del perjuicio económico de más de S/1.000.000 por trabajos que nunca se realizaron en una carretera de Junín.

La empresa Dextre+Morimoto Arquitectos SAC solicitó, mediante una carta notarial, que se le cancele S/462.291,20 por dos informes que fueron parte del expediente técnico. Según la Contraloría, dichos informes no cumplieron «ninguna finalidad pública». Aún así, los funcionarios cerronistas tramitaron el pago.

Finalmente, el director de Administración y Finanzas, el ya mencionado Salvatierra Rodríguez, aprobó pagar la deuda. Salvatierra sigue trabajando en el Gobierno Regional de Junín con el mismo cargo y es militante de Perú Libre desde septiembre del año pasado.

Su decisión fue avalada por otros dos militantes del lápiz. El pago contó con el visto bueno de Ofelia Ríos Pacheco, subdirectora de la Oficina de Administración Financiera. Ella fue nombrada tesorera titular de Perú Libre el 2019. Junto a Cerrón, recientemente fue acusada por presuntamente haber usado para otros fines S/2.880.088 del presupuesto destinado al proyecto de Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro, en Junín. Esto habría ocurrido durante la primera gestión de Vladimir Cerrón, de acuerdo al diario La República.

Otro de los responsables, según la Contraloría, fue Daniel Huamán Huamán, coordinador de Tesorería, quien dio conformidad al pago. Desde septiembre del año pasado, Huamán es militante del partido que ganó la presidencia.

Con todos los funcionarios alineados, el pago de la deuda a Dextre+Morimoto Arquitectos SAC se realizó el 27 de junio de 2019, durante la gestión de Cerrón.

 

MAL INICIO

Lo cierto es que todo había empezado mal. La gestión que antecedió a Cerrón en Junín, liderada por Ángel Unchupaico (2015-2018), fue la que contrató a la mencionada firma de arquitectos en diciembre de 2016. Lo hizo para que elabore los expedientes de dos proyectos de infraestructura hospitalaria: el mencionado Hospital de Pangoa y el Hospital Manuel Higa Arakaki.

Lo curioso es que no solo los cronogramas de entrega de ambos proyectos eran iguales, sino que los dos tenían al mismo arquitecto: Eduardo Dextre Morimoto. Esto no debió darse, dice la Contraloría, porque “el personal clave propuesto debía ser de dedicación exclusiva” de cada obra. Así lo establecían las bases de selección. Según el informe de la Gerencia Regional de Control de Junín, esto “tuvo incidencia directa en la calidad de los estudios elaborados” en el caso del Hospital de Pangoa.

Dextre+Morimoto Arquitectos SAC ya ha sido cuestionada antes. En el 2015, tuvo que pagar una penalidad de S/10.014 al Ministerio de Economía y Finanzas por el “incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales”. Además, ha sido sancionada tres veces por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar información inexacta y documentos falsos. Por este último motivo, desde el 2018 se encuentra impedida de contratar nuevamente con alguna entidad pública hasta junio del próximo año. 

La Contraloría también cuestiona el trabajo del consorcio que evaluó los informes emitidos por Dextre+Morimoto Arquitectos SAC para los dos hospitales. Se trata del Consorcio San Martín de Pangoa. Nuevamente, esto no podía ocurrir porque los contratos de ambas obras requerían que los especialistas se dediquen exclusivamente a cada uno de los hospitales. Por el trabajo de evaluar el expediente, se le pagó S/60.000.

Sudaca se comunicó con el consorcio, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.

La Contraloría también detectó que la gestión de Unchupaico no debió pagar S/322.172,8 a Dextre+Morimoto Arquitectos SAC por la elaboración de algunos informes. Luego vino la gestión de Cerrón y completó la cuenta con los S/462.291,2 ya mencionados, pese a las irregularidades señaladas en la primera parte de este informe. En total, solo este expediente causó un perjuicio económico de S/784.464. Pero los gastos pueden aumentar.

El arquitecto Eduardo Dextre dice que el Gobierno Regional de Junín todavía le debe cerca de S/120.000 de un fondo de garantía y que ya solicitó el pago mediante cartas notariales. 

MÁS EXPEDIENTES CUESTIONADOS

Los mismos trabajadores de la gestión cerronista, además de Wider Herrera Lavado -gerente general regional hasta enero de 2020-, también autorizaron la elaboración de un segundo expediente técnico, que no solo contempló la reubicación del terreno, sino “la innecesaria modificación del programa Médico Funcional”, un documento que contiene toda la estructura administrativa y asistencial para el funcionamiento del centro de salud.

Esto le ocasionó al Gobierno Regional un perjuicio económico de S/76.200, según la Contraloría, monto que se pagó por la contratación de especialistas que evaluaron aquel expediente. Según el órgano de control, este “fue aprobado sin considerar las normativas aplicables […] y no resultó útil para la ejecución del proyecto”. El 24 de diciembre de 2019 se declaró la nulidad de este segundo expediente porque no contaba con sustento técnico. 

De izquierda a derecha: Luis Alberto Salvatierra Rodriguez, Ofelia Ríos Pacheco y Wider Herrera Lavado.

Sudaca se puso en contacto con todos los aludidos. Consultada por su presunta responsabilidad por el perjuicio económico, Jakelyn Flores, exgerente regional de Infraestructura, respondió que no tiene conocimiento del tema. Por su parte, Wider Herrera, gerente general regional durante el 2019, afirmó que su “participación siempre estuvo acorde a las normas y conforme a mis funciones en su momento”. 

Ofelia Ríos, actual subdirectora de administración financiera, se limitó a leer los mensajes. Quien sí contestó fue Marcial Castro, quien aseguró que “se hizo lo correcto, ahora la Contraloría se encargará de determinar responsabilidades”. Finalmente, el aún director regional de Administración y Finanzas, Luis Salvatierra dijo que “la Contraloría presume en ese informe” y que por eso no puede ser considerado responsable. 

A pesar de ser enemigos acérrimos, las gestiones en el gobierno regional de Junín de Ángel Unchupaico (2015-2018) y Vladimir Cerrón (2019) parecen estar unidas por sus clamorosas irregularidades. Una de ellas es la historia del Hospital de Pangoa que aquí relatamos.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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La sombra de Vladimir Cerrón no se puede borrar fácilmente de Junín. Ni mucho menos el rastro que dejó como gobernador. Ahora, la Contraloría ha identificado a tres funcionarios de su confianza que causaron un perjuicio de S/1.161.274 al gobierno regional en una trama que favoreció al Consorcio Vial Junín. En el conglomerado de empresas estaba un familiar de Carlos Wilfredo Zárate Villalobos, el policía que fungía de guardaespaldas del secretario general de Perú Libre.

LO QUE EMPIEZA MAL…

Durante la gestión del exgobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico (2015-2018), se convocó el proceso de selección para la obra de “Mejoramiento del corredor vial de transporte masivo” en Huancayo. Desde el inicio, la contratación estuvo llena de irregularidades que le pasaron factura a la entidad. Literalmente.

De acuerdo a un informe de la Gerencia Regional de Control de Junín, al que Sudaca tuvo acceso, las cosas pintaban mal desde el inicio. En 2018, los funcionarios del Gobierno Regional de Junín le dieron la buena pro al Consorcio Vial Junín para que se encargue del proyecto, valorizado en poco más de S/54 millones.

El consorcio está conformado por las empresas Corporación San Rafael SAC (con 44% de participación), Ditranserva SAC (33%), Corporación Ejecutora de Obras (15%), Constructora y Consultora la Incontrastable Great Group SRL (7%) y HVC Inmobiliaria y Constructora SAC (1%). 

A la hora de elegir al ganador, poco importó que la empresa Corporación Ejecutora de Obras tuviera, en ese entonces, una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar documentos adulterados. Al día de hoy, tiene tres más por presentar información inexacta o documentos falsos.

HVC Inmobiliaria y Constructora SAC, por su parte, tenía como gerente -durante los años en los que ocurrieron las irregularidades- a Milton Zárate Palomino, tío del efectivo policial que hacía de ‘chaleco’ de Vladimir Cerrón. Aunque la participación de esta empresa era, en apariencia, menor, la tajada que le tocaría era de más de medio millón de soles, si nos ceñimos a los porcentajes de su participación. El informe de Contraloría señala que esta consorciada no cumplía con los requisitos de las bases del concurso.

Lo más grave, sin embargo, es que la obra se inició cuando no se contaba con la “disponibilidad física del terreno”. Y es que se necesitaba la autorización de Ferrovías Central porque los trabajos se realizarían dentro del área de concesión de esa empresa ferroviaria. Para intentar saltarse los protocolos, el Gobierno Regional emitió un “acta de libre disponibilidad de terreno”, que solo sirvió para avanzar la obra por un breve tiempo.

Los funcionarios de la Gerencia Regional de Control de Junín realizaron la visita de inspección el 23 de febrero de 2021. Hasta el día de hoy, la obra -que le ha salido cara al Gobierno Regional de Junín- sigue paralizada.

A inicios del 2019, las obras se paralizaron y -hasta la fecha, según la Contraloría- han generado un perjuicio total de S/2.469.863. Por estas irregularidades, hay cinco funcionarios de confianza del gobierno de Unchupaico que tienen presunta responsabilidad administrativa y penal. Sin embargo, casi la mitad de ese monto se explica por la mala praxis de tres funcionarios de confianza de la gestión de Vladimir Cerrón. ¿Por qué?

 

CERRONISTAS EN ACCIÓN

Según el cronograma, la obra debía terminar en mayo de 2019. Ese año, el fundador e ideólogo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se convirtió en gobernador regional de Junín. Al poco tiempo de asumir, el 19 de marzo, su gestión declaró la nulidad del contrato por la falta de un terreno donde realizar la construcción.

Cualquiera diría que Cerrón entró a poner orden, pero no fue así. Funcionarios colocados por él en puestos de confianza aprobaron un informe que describía supuestos avances en la obra. Pero, como corroboró la Contraloría luego, estos nunca existieron. De acuerdo al informe de control, esto generó un perjuicio económico de S/1.161.274.

Según el documento de Contraloría, el gobierno regional contrató a inicios de abril del 2019 al ingeniero Miguel Ángel Escobar Ramos para que indique cuáles eran los gastos que había realizado en la obra el consorcio en el que participaba el tío del chaleco de Cerrón, hasta ese momento.

Escobar elaboró un informe en el que se afirmaba que la empresa había realizado trabajos obligatorios del contrato, como el relleno para la nivelación de subrasante (la superficie sobre la que se coloca pavimento) o la compactación y riego de material de relleno.

El resultado del estudio elaborado por Escobar concluía que, al 20 de marzo de 2019, el proyecto tenía un avance del 14,2% y que la empresa solo debía devolver S/1.155.365 de lo que se le había desembolsado en la gestión anterior, como adelanto. Pero lo que el gobierno regional debía recibir, de acuerdo a los cálculos de la Contraloría, era S/2.316.640. 

Según el órgano de control, el documento de Escobar no presentaba evidencia alguna de que se haya avanzado lo que él mencionaba en su informe. Sus dudosas conclusiones, sin embargo, fueron aprobadas por Luis Ángel Ruiz Ore, subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y funcionario de confianza del gobierno regional cuando Cerrón todavía era gobernador.

De izquierda a derecha los funcionarios de confianza de Cerrón: Luis Ruiz Ore, Jakelyn Flores Peña y Marcial Castro Cayllahua.

Ruiz emitió un informe técnico el 2 de mayo de 2019 aprobando que se liquide a la empresa por los avances efectuados. Al día siguiente, Jakelyn Flores Peña, gerenta regional de Infraestructura, otra funcionaria de confianza, envió un oficio a la oficina de Asesoría Jurídica recomendando hacer lo mismo, según documentación recabada por la Contraloría.

Flores, de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas, es militante del partido de Cerrón desde 2017, cuando aún era un movimiento regional. Ingeniera de profesión, en las últimas elecciones tentó suerte como congresista por la región Junín. Según La República, al menos hasta abril de este año, tenía dos investigaciones en su contra por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible. ¿La entidad afectada? El Gobierno Regional de Junín.

Sus cuitas judiciales sobran. Recientemente la fiscalía decidió investigarla en el caso de lavado de activos que se le sigue a dirigentes de Perú Libre, por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021. La fiscalía sostiene que la exfuncionaria cumpliría el “rol de operadora respecto a actos de conversión y transferencias de dinero que facilitarían a la organización criminal las operaciones de lavado de activos”. También que, como candidata al Congreso, “habría recibido financiamiento de las ganancias ilícitas provenientes de actos de corrupción” del partido de gobierno.

La cadena de irregularidades, según la Contraloría, terminó en Marcial Castro Cayllahua, entonces gerente encargado de Infraestructura, quien emitió una resolución gerencial el 8 de mayo de aquel 2019 haciendo eco del informe de Escobar.

Castro, que ostentaba un puesto de confianza en el gobierno de Cerrón y había sido funcionario de la gestión anterior, no tenía fama de ser muy diligente. El 2018, fue inhabilitado por 1 año y 2 meses por la Contraloría por haber incurrido en faltas graves durante el ejercicio de sus funciones.

Como parte de sus indagaciones, en diciembre del año pasado funcionarios de la Contraloría de Junín se presentaron en el lugar con el objetivo de corroborar que los trabajos efectivamente fueron realizados. Algo que no hizo ningún funcionario de la gestión, a decir del órgano de control. Los inspectores terminaron corroborando sus sospechas: que nunca se habían llevado a cabo los avances que Escobar había descrito en su informe.

Consultado por el organismo de control, el jefe de supervisión de la obra, contratado por el consorcio, también confirmó lo que era evidente con solo visitar el sitio. En los cuadernos de obra (documentos oficiales donde se registran todos los acontecimientos importantes que ocurren durante la construcción) tampoco había rastro de que los trabajos se hubiesen concretado.

Vladimir Cerrón ya no es gobernador regional de Junín, pero las decisiones que se tomaron durante su corto mandato siguen causando problemas.

Estos hechos, de acuerdo al informe de la Contraloría, transgredieron la “Ley de Contrataciones del Estado”, que establece que se debe pagar solo por los trabajos ejecutados. El órgano de control añade que estos hechos ocurrieron por el “accionar de los funcionarios que intervinieron en razón de sus cargos en los referidos trámites”, originando así el perjuicio económico en contra del gobierno regional.

Consultada por su participación en la aprobación del expediente en cuestión, Jakelyn Flores señala escuetamente que no tiene conocimiento del informe de la Contraloría. Sin embargo, de acuerdo al documento al que Sudaca tuvo acceso, “las personas comprendidas en la presente observación fueron notificadas mediante cédulas de comunicación y notificación”.

Marcial Castro, por su parte, solo se limitó a dejar en visto los mensajes. Quien sí respondió fue Luis Ruiz Ore, quien aseguró que “el perjuicio que demanda la Contraloría viene de más atrás [de la gestión de Unchupaico]” y que ellos lo que hicieron fue anular el contrato. Sobre la aprobación del documento que originó el presunto perjuicio de más de S/1.000.000, solo dijo que la “Contraloría es un ente que tiene un sesgo” y que pronto hará el descargo correspondiente. Esperemos que sea ante un fiscal anticorrupción.

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