Comando Vermelho

El Congreso debería negarle las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo en materia de seguridad. Son un mamarracho de normas inconducentes, apuradamente llamadas “Plan Boluarte”, que no van a resolver el terrible problema de seguridad que afrontamos -el peor de nuestra historia republicana- el que, el gobierno, sin necesidad de normas especiales, podría y debería enfrentar.

¿Va a ser servir una ley para resolver el inamovible problema del VRAEM, donde han muerto ya centenares de soldados y policías sin que se avance un metro en la expulsión de los narcosenderistas? ¿Va a detener al Tren de Aragua, banda venezolana que avanza imparable extorsionando desde pequeños comerciantes hasta microbuseros, sin que la policía mueva un dedo para contenerlos? ¿Necesita acaso una norma para ello? ¿Va a refrenar al Comando Vermelho, mafia del narcotráfico brasileña que ya se apoderó de enormes territorios para su causa delictiva? ¿Por qué necesitaría un paquete de normas para facilitar que la policía actúe?

¿El paquete de facultades va a refrenar la inmensa corrupción que reina en los institutos policiales y en las fuerzas armadas? ¿Va a mejorar la formación de mayor cantidad de efectivos policiales, hoy escasos y con subformación? Por supuesto que no. No sirven para nada las normas cuya facultad legislativa se ha solicitado.

Lo que se necesita, por el contrario, es un Congreso que le pare los machos a un Ejecutivo inoperante y mediocre, que no ata ni desata, y no hace absolutamente ninguna reforma importante. Vemos en el titular de Gestión de hoy que hay 38 proyectos mineros sin fecha de construcción. ¿Acaso el titular del Minem anda desvelado por ello? Si esos proyectos se destrabaran y entraran en funcionamiento, otras serían las cifras del PBI. Pero en este caso, como en el de la seguridad, la consigna parece ser no hacer nada para durar el mayor tiempo posible.

Volviendo al tema de la seguridad, lo que, en el mejor de los casos, correspondería, es que el Congreso le pida los proyectos al gobierno y los vaya discutiendo uno por uno, sin que ello sea óbice de tener sentado al ministro del Interior y eventualmente al Premier, con recurrencia, para que nos den una explicación cabal de por qué la delincuencia se ha apoderado del país sano que quiere prosperar en paz.

 

 

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[INFORMES] Con un promedio de 130 homicidios diarios, la delincuencia brasileña es una de las más feroces del planeta. Como la mayoría de esos crímenes merecen carcelería inmediata, aunque la enorme carga procesal impide que se dicten sentencias rápidas, los jueces libran tantas órdenes de prisión preventiva que las cárceles de las principales ciudades del país más extenso de Iberoamérica tienen los índices de saturación más grandes de todo el hemisferio occidental.

En esas cárceles repletas de prisioneros sin sentencias y, muchas veces, sin los elementos básicos para la supervivencia, los grandes capos de las mafias que gobiernan el sistema penitenciario brasileño desde el pobre nordeste hasta el riquísimo Estado de São Paulo reclutan a la fuerza a miles de individuos que mientras están dentro o cuando salen de prisión se convierten en soldados del Primer Comando de la Capital (PCC) o del Comando Vermelho, y a cambio de muy poco realizan las tareas de extorsión, robo, trata de personas, secuestros, asaltos y toda la variedad de delitos impresos en negro sobre blanco en el código penal.

Según los estudios realizados por las instituciones especializadas del país más industrializado y más desigual de América del Sur, el mayor porcentaje del millón de presos hacinados en las cárceles de ese país es un afro descendiente de alrededor de 24 años y que fue detenido por la policía en posesión de un poco de droga.

Los delincuentes más avezados, en cuyos expedientes hay por lo menos un cargo por homicidio, representan la ‘mano de obra’ de un negocio que ha ido creciendo e internacionalizándose: el tráfico de la cocaína procedente de los países de la costa occidental sudamericana, el de fentanilo de diversas fuentes, principalmente de la China, y el de la heroína, que muchas veces se canjea en los puertos de Europa Oriental por alijos de cocaína sudamericana.

En Ucayali se destruyen laboratorios, se hace erradicación constantemente, pero siguen en lo mismo.

Para controlar ese enorme negocio, los cabecillas de las mafias cariocas y paulistas emplean a centenares de soldados en las rutas de importación, en las de exportación, en las de venta al menudeo, en las ventas de grandes volúmenes y en las tareas de vigilancia, punición y traslado de dinero para llevarlo al necesario ‘blanqueo’.

Es decir, así como Lula y la alta burocracia de Petróleos del Brasil convirtieron a las empresas constructoras brasileñas en los buques insignia de la corrupción política, los magnates brasileños que operan tras los comandos carcelarios de Río de Janeiro y São Paulo, principalmente, están abocados a consolidar un imperialismo delincuencial brasileño, frente al cual el Tren de Aragua es un niño de pecho.

Preparémonos, pues, para ver cada vez más y más informes en televisión sobre este tema candente.

Para enterarnos de cuáles podrían ser las consecuencias de la implementación de la política expansionista de las mafias carcelarias brasileñas, le preguntamos al analista Pedro Yaranga qué está pasando con la delincuencia carcelaria nacional:

Todavía no hay en el país una política general de la lucha contra el narcotráfico; en ese tema, nosotros hemos tocado fondo por el crecimiento de la criminalidad organizada por las acciones o por las omisiones producidas por el gobierno de Pedro Castillo. Pero no solamente por ese gobierno estructurado desde sus inicios para delinquir en diferentes ámbitos, sino también por el actual gobierno, que ha hecho poco o nada por combatir a las bandas criminales. Aunque la Policía hace lo que puede a pesar de sus escasos recursos, de su notoria falta de personal y de sus continuos cambios en las jefaturas, la actividad criminal se ha masificado en todo el país, y, lo más preocupante, se ha visto fortalecida por el avance de las bandas de origen brasileño, porque las otras bandas extranjeras, incluida la organización venezolana autodenominada el Tren de Aragua, están más ligadas al cobro de cupos, a la trata de personas, a la extorsión y al control de la minería ilegal. Mucho, pero mucho, más peligrosas son las organizaciones delictivas brasileñas, sobre todo el gigantesco Primer Comando de la Capital (PCC), dueño del 80 por ciento de la importación, distribución y exportación de cocaína en el Brasil y el 90 por ciento en Paraguay. Con una modalidad estándar, que consiste básicamente en controlar los penales, captar a los criminales más ranqueados y luego hacerse fuertes en cada ciudad y cada país que figura en sus planes expansionistas, el PCC tiene en mente controlar, primero, al Perú, y, posteriormente, a Colombia y a Bolivia. Lo que más desean los verdaderos propietarios del PCC es tomar el control delictivo del Perú, por su posición estratégica en el subcontinente, por ser el segundo productor mundial de la cocaína y poseer un número enorme de yacimientos mineros formales, informales e ilegales. Paralelamente al PCC, en la región Ucayali ha comenzado a operar el Comando Vermelho, no con la ferocidad del PCC, pero sí con objetivos claros y tangibles, como trasegar la droga hacia el Brasil por la margen derecha del río Ucayali y por vías propias a través de la región Madre de Dios.

Según fuentes de inteligencia de las agencias antidrogas peruana y extranjeras, el PCC está asentado hace mucho tiempo en el llamado trapecio amazónico que lo conforman Colombia, el Perú y Brasil. Y, a decir de las mismas fuentes, si las mafias brasileñas controlan los trasiegos de droga a través de Madre de Dios y la selva de la región Puno, prácticamente están a punto de controlar el narcotráfico y el comercio ilegal del oro en la amplia frontera con la inestable Bolivia.

El estatuto del PCC tiene 18 artículos: los primeros dicen que sus miembros deben comprometerse “a luchar por la paz, justicia, libertad, igualdad y unidad” con la vista puesta “siempre en el crecimiento de la organización” y con respeto a “la ética del crimen”.

¿Qué medidas debería tomar el gobierno para detener el crecimiento de estas bandas?

Lo primero es hacer una evaluación real de la amenaza, porque incluso los jefes de las diversas direcciones de la Policía tenían serias dudas sobre su peligrosidad. Sin embargo, el enfrentamiento de los integrantes del Comando Vermelho con los policías de Ucayali ha hecho pensar a las autoridades policiales sobre la necesidad de fortalecer a los grupos especializados de nuestra Policía, dotándolos de mayor apoyo logístico, de mayor formación técnica y de emprender una estrategia conjunta con los grupos de élite de las Fuerzas Armadas.

Hay voces en distintos sectores del país que sugieren que se debería copiar el sistema anti delictivo puesto en funcionamiento por el presidente salvadoreño Bukele, ¿tienen razón esas personas?

Para comenzar, las medidas adoptadas por el presidente Nayib Bukele son eminentemente políticas. Desde esa perspectiva, es necesario reconocer que en El Salvador se han hecho cosas importantes, pero que tienen ángulos negativos que son los que los opositores destacan, como el maltrato sistemático a los presos, las condiciones infrahumanas de su carcelería y la escasa comida que se les proporciona. A cambio de eso, Bukele ha fortalecido, consolidado y unificado internamente a la Policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial del país más densamente poblado y más violento de Centroamérica. Esa es una diferencia notabilísima con el Perú, porque aquí la Policía captura a los delincuentes, pero los fiscales o los jueces los terminan excarcelando, sean estos criminales narcos, terroristas o delincuentes comunes. Esos favorecimientos deben ser cortados de raíz porque no solamente revelan negligencia o cobardía, sino que siembran dudas sobre la idoneidad de los magistrados involucrados en esas ‘liberaciones express’.

¿Desde cuándo operan las grandes mafias brasileñas en el Perú?

El Primer Comando de la Capital se desplaza a sus anchas por la triple frontera (entre Colombia, Brasil y el Perú) por lo menos desde el verano anterior a la llegada de la pandemia del coronavirus, desplazando por las buenas o por las malas a los remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según informaciones de las policías de las naciones involucradas en el problema, el PCC y las FARC continúan en el amplísimo territorio amazónico, pero todavía sin registrar ningún enfrentamiento armado de gran magnitud.

¿Cuánto agravaría los problemas de inseguridad el crecimiento de esa amenaza extranjera?

No podría calcular cuánto, pero creo que significaría el nacimiento de un gigantesco derramamiento de sangre, porque debido al crecimiento de su ámbito de acción, tarde o temprano los destacamentos rurales de los comandos brasileños van a chocar inevitablemente.

Fuentes de la Policía Nacional dicen que comenzaron a detectar al CV en la zona desde 2015, pero en 2020 pudieron confirmar que la organización criminal se había establecido en la región.

Cuando el futuro nos alcance

Los políticos de mirada cortoplacista que nunca pensaron que las características únicas que tiene el Perú: un mar frío y rico en especies marinas, una costa desértica y a pocos kilómetros de una sierra con muchos pisos ecológicos y con unos subsuelos repletos de cobre, de oro, de plata y de decenas de otros minerales y una selva plagada de millones de árboles de maderas finísimas, iban a ser fuentes de múltiples despojos, ya sea por los buques factorías chinos que roban cientos de miles de toneladas de proteínas marinas, ya sea por los inversionistas que pagan a los taladores ilegales de maderas, a los explotadores de minas de oro en enormes extensiones de todo el país, jamás previeron que en el primer cuarto del siglo XXI íbamos a enfrentar todas las plagas a la vez… y sin una fuerza policial equipada para reprimir a todas al mismo tiempo.

Reunidas en un solo cuerpo en los años ochenta por un capricho de Alan García, nuestras fuerzas policiales perdieron en esa fusión a la guardia de fronteras, redujeron a una mínima expresión a las diversas policías de investigación y militarizaron sin ton ni son a la Guardia Civil. Años después, tras la caída del fujimorato los diversos gobiernos metieron sus manos inexpertas en más de una reorganización policial que no nos llevó a ningún puerto seguro; y, cuando en el Congreso se enseñorearon los peores cuadros de unos partidos formados únicamente para fines electorales, unos ‘legisladores’ le quitaron la función de investigación de los delitos a la Policía y se la dieron a la Fiscalía. Sumado todo esto al hecho universal pero con aderezo netamente peruano que los colectivos policiales, fiscales y judiciales se llenaron en las últimas décadas de gente de pobrísima educación básica y enormes vacíos en su formación moral. Es decir, una tormenta perfecta en momentos en que las grandes mafias brasileñas quieren manejar el narcotráfico, la exportación ilegal del oro y de las maderas finas, la trata de personas para fines de prostitución y las decenas de negocios colaterales a esos rubros.

¿Qué hacer?

En este momento, tres años antes de las siguientes elecciones generales, todos los ciudadanos interesados en el futuro de nuestro país deberíamos ponernos de acuerdo en la búsqueda de un núcleo duro de personas decentes que se junte para proponer un gran cambio sin ladrones, sin ignorantes ni vendedores de humo.

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