[PIE DERECHO] En lugar de tener a un ministro del Interior arremetiendo en cuanta ocasión se le presenta en contra del Ministerio Público, deberíamos tenerlo abocado a tiempo completo a luchar contra la delincuencia y la criminalidad. Debería ser uno de los ministros a ser cambiado, pero, al parecer, el respaldo con aspavientos que ayer le ha dado la presidenta Boluarte, nos hará tener que soportarlo algunos meses en tan crucial cartera.
La inseguridad es terrible. Porque no se trata tan solo ya de los roba celulares o atracadores al paso. Hay redes de criminalidad organizada que extorsionan pequeños y microempresarios a punta de amenazas y balazos (véase el caso de la empresa de transportes El Chino), generando una profunda retracción de la economía, ya que esa red de millones de peruanos emprendedores pues simplemente deja de invertir por temor a que unos pillos le arrebaten sus ganancias a punta de pistolas.
Si uno tiene un puesto de emoliente y recibe una carta amenazadora, pues, o cierra, o se muda o deja de poner el segundo puesto que tanto anhelaba. Si a la peluquería la amenazan, pues lo propio. Y como hablamos de gente de medianos ingresos, en el peor de los casos se van del país, destruyendo un tejido social empresarial que tanto bien le hace al Perú, como trama de integración ciudadana.
En términos políticos, el daño es aún más grave. Se rompe el contrato social en su cláusula primera, que es la cesión al Estado del uso de la fuerza para combatir el delito. El daño democrático que un estado de indefensión genera es letal y corroe el apoyo a la democracia. Por eso el inmenso desprestigio del que goza en nuestra región (salvo, según el Latinobarómetro, en El Salvador, a pesar del autoritario Bukele que los gobierna).
Y estamos frente a un gobierno al que, literalmente, le importa un comino el tema. No hay un sol de inversión en infraestructura policial, no hay coordinaciones con el Ministerio Público, no hay reorganización seria en curso. Como sin ellos no fuera, olvidando que es su tarea básica y esencial.
Vamos a pagar esa factura. Los candidatos de talante autoritario van a cosechar a manos llenas del statu quo de inseguridad ciudadana, tanto de izquierda como de derecha. Y ello será plena responsabilidad del que, ya hemos dicho, es el peor gobierno republicano que hemos tenido, después del de Pedro Castillo.
[INFORMES] Meses atrás, cuando la migración del lumpen venezolano había logrado quitarle a los delincuentes nacionales el tráfico minorista de las drogas fuertes y la trata de blancas en las regiones norteñas de nuestro territorio, el sociólogo Fernando Rospigliosi, ex ministro del interior y ex jefe del Sistema de Inteligencia Nacional, vaticinó que las mafias venezolanas vendrían por más, sobre todo por el tráfico de drogas al extranjero o por el control de la acumulación y de la exportación del oro obtenido de manera ilegal, sea por robo o por explotación en forma contaminante. Leamos qué nos dice sobre el futuro inmediato de esos flagelos.
Congresista Rospigliosi, la situación política peruana se deteriora a pasos agigantados y las principales autoridades del país no pueden ocultar ni superar sus rencillas internas. Lo increíble es que la Presidenta de la República no puede romper la coalición política que blinda al Presidente del Consejo de Ministros, mientras este no quiere ni puede aconsejar a la primera mandataria, ¿usted cree que debería haber cambios ministeriales?
Sin duda, siempre en una situación de crisis como la que vive el país, es importante dado que es evidente que el actual gabinete no ha sido capaz de resolver varios… sin embargo, al parecer la señora Boluarte no tiene la decisión o no tiene el valor de hacer los cambios y sigue en una situación de pasividad ante los acontecimientos que es muy peligrosa para el país y para ella misma.
¿Por qué cree que la Presidenta no percibe la peligrosidad de la actual situación política?
Está en una burbuja, vive en una burbuja; usualmente a algunos políticos les gusta rodearse de gente adulona, servil y sobona, y ese parece ser el caso de la señora Boluarte, además de ser clarísimo que ella no estaba ni está capacitada para ocupar el cargo ejecutivo más alto del país, ella en lugar de reaccionar y conseguir gente adecuada para renovar su gabinete, se mantiene en una situación como si estuviera flotando en un mar tranquilo, pero esa es sólo una ilusión porque en cualquier momento puede desatarse una tormenta y con una tripulación sin capacidad ni reflejos, la nave puede zozobrar.
¿Si en algún momento la Presidenta decidiera cambiar al PCM Otárola, qué cualidades debería tener la persona que asumiera el segundo cargo más importante del país?
Básicamente debería tener habilidad política, que es muy importante para un Gobierno que no tiene bancada partidaria, no tiene partido, no tiene popularidad ni liderazgo, naturalmente y mucha honestidad, esa son las cualidades que debería tener un jefe de gabinete
¿Cree que la presidenta Boluarte llegue a terminar su mandato?
Creo que sus posibilidades se van reduciendo cada día que pasa porque su situación política es muy precaria, y ella no está reaccionando con la celeridad y con la urgencia que el país y el gobierno necesitan.
Todos los días escuchamos noticias sobre robos, secuestros, extorsiones y cobros de cupos, y esta semana hemos asistido al hecho inédito de ver el acto casi farsesco del robo de las armas de un capitán y de un suboficial de la custodia de altos funcionarios adscritos a la familia de la señora Boluarte, ¿hemos normalizado la criminalidad?
Sí, esa es una cosa que casi sin darnos cuenta se va normalizando día tras día, mes tras mes, año tras año; vemos cómo crece la delincuencia, pero sobre todo la violencia, que es uno de los componentes básicos de los delincuentes que han llegado al Perú en los últimos años, los cuales son más violentos de lo que ya eran los delincuentes nativos. Además del incremento de la violencia introducida por los delincuentes extranjeros, asistimos a un proceso de normalización de la violencia importada, olvidándonos poco a poco de cómo era el país hace diez o quince años. Al olvidarnos cómo éramos, percibimos como normales las conductas aprendidas.
¿Qué intereses oscuros protegen a los mineros ilegales que se esconden tras la careta de la informalidad? ¿Y quiénes son los que cuidan a los narcotraficantes para que ese mega grupo criminal se constituya en una fuente inagotable de recursos para los ilegales?
Mira, esos dos negocios mencionados líneas arriba producen miles de millones de dólares de utilidades al año, y gran parte de ese dinero es destinado por los delincuentes para sobornar a las autoridades, sobre todo a las policiales y judiciales. Y, también, por cierto, en armar campañas para introducir cada vez más antisociales a la política. Si ellos, me refiero a los criminales, actúan más rápido que nosotros, entonces, tarde o temprano, estaremos en camino a convertirnos en estados fallidos, como Honduras, Nicaragua y, en estos momentos, el Ecuador.
Meses atrás, usted advirtió el peligro que corría nuestro país de convertirse en un nuevo Ecuador, con más músculo, es decir, con una infraestructura vial y portuaria para la exportación de opio y de cocaína a los mercados centroamericanos, asiáticos y de Europa del Este. ¿Debemos mirarnos en el espejo ecuatoriano?
Sin duda, debemos mirarnos en el espejo de Ecuador. Ecuador es un país de tránsito de la droga y eso es lo que ha convertido la violencia y la delincuencia en Ecuador en lo que hoy día es, bueno después han ido creciendo otros negocios ilegales, pero es el narcotráfico el origen de todo eso y el Perú es el segundo productor de cocaína del mundo, ya no solamente somos un país de tránsito sino un país de producción y eso está trayendo a mafias y delincuentes de otros países como las terribles mafias brasileras que ya están en la frontera con nuestro país con Ecuador con Colombia y los venezolanos que ya están acá y es peligrosísimo, y hay que mirarnos en el espejo de Ecuador que hace unos pocos años era un país muy tranquilo.
¿Se debió haber cerrado la frontera con Ecuador para evitar que ingresen o neutralizar a los integrantes de estas bandas criminales?
Ha habido un declaratoria de emergencia, pero lo importante ahí es cerrar las vías de tránsito ilegal que son muchísimas en la frontera norte porque hay una larga tradición de contrabando de un lado hacía otro, entonces eso es lo que es más importante cerrar porque la frontera legal digamos puede ser controlada pero el real problema es los pasos ilegales, y yo espero qué el Gobierno haya estado priorizando el cierre de esos pasos ilegales porque de lo contrario si es que hay mucha presión sobre los delincuentes ecuatorianos en su país sin duda se van a trasladar al Perú donde la situación para ellos sería mucho más cómoda porque acá uno de los grandes problemas que tenemos es el sistema judicial peruano que garantiza y protege a los delincuentes y persigue y penaliza a policías y militares, entonces esa situación hace que Perú sea un país ideal para todo tipo de delincuentes.
El Perú debería dar amnistía a la Policía
Sin duda, ya hemos visto que Ecuador está planteando eso una amnistía para policías y militares y yo creo que acá en el Perú debería ver exactamente lo mismo y no solamente eso sino una protección que ya está en la ley, el problema no es la ley porque la ley protege a policías y militares el problema es la aplicación de la ley y es el sistema policial el que persigue a policías y militares y favorece a delincuentes ahí está el problema, entonces por eso cuando se habla de reforma del sistema judicial estamos hablando a un problema que atañe a todos los peruanos y, que es indispensable solucionar o de lo contrario la delincuencia va a tomar el control del país.
Se ha hablado sobre que el armamento de los criminales ecuatorianos habría pasado de contrabando desde Perú y que pertenecería a las Fuerzas Armadas.
Sí, hay algo de eso o sea se hablado de granadas, de municiones, explosivos, sí desgraciadamente esa frontera es completamente porosa y por ahí pasa contrabando de Perú hacía Ecuador y viceversa, y en el caso de las cosas que van a Ecuador esta lo que usted ha mencionado. Eso se sabe desde hace tiempo y ya hemos tenido problemas internacionales con ese asunto desde por lo menos el año pasado se sabía que eso era un tema muy grave. El problema es cómo salen municiones, grandas de los almacenes de las Fuerzas Armadas hay tenemos un problema que es una falta de control sin duda.
¿Qué acciones debería tomar el Gobierno peruano?
Inmediatamente debería tomar las acciones que no ha tomado antes como tener un control estricto sobre pasos ilegales en la frontera y también, tener un control estricto de armas y municiones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
Hace poco el abogado de la fiscal suprema suspendida Patricia Benavides ha presentado un peritaje de los chats del asesor conocido como El Filósofo, donde se demostraría que esos chats habrían sido adulterados. Si eso es así, ¿le parece a usted que la suspensión y el proceso judicial a la doctora Benavides es legal?
No, para nada. Ha sido un proceso totalmente politizado de parte de la Junta Nacional de Justicia, lo que ha dicho el abogado Jorge Del Castillo me parece que es algo evidente y que cualquiera podía percibir, desde el comienzo se exhibieron chats que eran lo que tenían ellos o las supuestas pruebas que exhibían pero que solamente tenían una parte o sea el funcionario de la fiscalía, pero no se le conoce cuál era la respuesta o cuál era el dialogo con la otra parte, ni se conoce quién era la otra parte, entonces todo se basaba y se sigue basando en suposiciones que han sido creadas por los esbirros del poder que son los que crean esta falsa acusación en mi opinión contra la fiscal Benavides.
¿Se podría comparar con lo ocurrido al fiscal Pedro Chávarri?
Sin ninguna duda es el mismo esquema, la misma plantilla y casi todos son los mismos operadores, es muy parecido a lo que ocurrió con Chávarry.
Los últimos meses se ha hecho habitual ver a Carlos Alvarez en sus redes sociales pronunciándose sobre diversos temas de nuestra realidad política y social. Lo hace de una manera directa y en serio, dejando por momentos sus conocidos personajes e imitaciones.
Esta semana lo vimos aparecer en un video más duro criticando los estados de emergencia y la falta de respuesta de nuestras autoridades frente a la grave crisis de inseguridad que enfrentamos todos los peruanos.
“Si no pueden salvar al Perú de la delincuencia, ¡lárguense!” dice Alvarez dirigiéndose a alcaldes, congresistas y a la presidenta Dina Boluarte.
A estas alturas, muchos ya se preguntan si esta nueva faceta de Carlos Alvarez se quedará sólo en una fuerte crítica o si existe alguna posibilidad de que dé un paso más para ingresar a la política.
En agosto de este año, la columna PIE DERECHOde nuestro director Juan Carlos Tafur tituló “¿LA SORPRESA ALVAREZ?” afirmando “Un personaje como Carlos Álvarez, que es disruptivo, pero no antisistema, sí podría hacerles frente a los Antauro, Bellido, Bermejo, Huillca y compañía, quienes ya se alistan para ser protagonistas de la jornada definitoria».
Para responder esta pregunta fuimos esta semana en busca del imitador quien se reafirmó en su crítica cruda a las autoridades por la inseguridad que vivimos y contestó la pregunta sobre la posibilidad de dar un paso más hacia adelante.
Ya es hora de volver a poner sobre el tapete la urgente discusión respecto de la posibilidad de despenalizar la producción, comercialización y consumo de la cocaína, como mejor manera de desterrar la huella delictiva y sangrienta que deja a su paso por las sociedades, el narcotráfico.
Ya no se trata tan solo de libertades morales (cada quien debería poder hacer con su cuerpo lo que quiera y, por supuesto, lo que se mete en él) sino de una pragmática constatación frente a la imparable estela de daño social que genera su ilegalidad.
Se evitaría la corrupción de fuerzas armadas y policiales, autoridades locales, jueces y fiscales, congresistas, funcionarios aduaneros, etc.; se eliminaría el lavado de activos que destroza las partes sanas de la economía empresarial; se evitaría que su tránsito social exija cupos de violencia y muerte. Y el fisco peruano recibiría una suma importante de dinero por los impuestos que se les cobraría a los que se dediquen a la actividad en cualquiera de sus engranajes.
Hoy, que el Perú es víctima de una ola delictiva sin parangón, que incluye la presencia creciente de mafias internacionales, en gran medida por ser uno de los principales países productores de cocaína, el tema vuelve a adquirir relevancia.
Debe ser una iniciativa multilateral (Colombia y Bolivia se sumarían sin mayor problema en estos momentos) para enfrentar la que seguramente será una dura reacción de Washington, que, por cierto, se basa en una gran hipocresía y en una actuación cómplice con el narcotráfico (la DEA y buena parte de los dineros malhabidos del narcotráfico en la potencia norteamericana medran justamente de su ilegalidad y el negocio se les vendría al piso si el mismo se legalizara).
Probablemente haya un aumento de la drogadicción, pero no parece que ello vaya a ser muy incidente, porque ya hoy en día se puede conseguir cocaína en cualquier esquina del país. Pero el inmenso daño social que produce su ilegalidad supera con creces el eventual “daño” social que ocasionaría este improbable aumento de drogadictos y su comportamiento antisocial.
La delincuencia ya es hoy el principal problema nacional. Junto con la corrupción -producto del narcotráfico también- son ya taras de la gobernabilidad democrática del país. Con la despenalización de la cocaína se le daría un duro golpe al narcotráfico, fuente principal de la delincuencia, y se fortalecería la democracia.
La declaratoria de emergencia de tres distritos (dos en Lima y uno en Piura), supone una claudicación de las funciones estatales mínimas y la apertura de un proceso de impostura consciente por parte del Ejecutivo respecto de la lucha efectiva contra la inseguridad ciudadana.
Cerrar negocios desde cierta hora es condenarlos a la quiebra y aumentar la crisis económica que ya sufre el país. Es casi tan absurdo como que para evitar los accidentes de tránsito se suprima la circulación de vehículos o para disminuir el arrebato de celulares se prohíba su uso en lugares públicos. Y ya no hablemos de la evidente migración delincuencial que sucederá a otros distritos menos resguardados que los hoy “beneficiados”.
El Estado peruano ha claudicado y si ese va a ser el tenor de las facultades graciosamente delegadas por un Congreso sumiso y torpe, estamos derrotados de antemano frente a la galopante delincuencia que ya constituye el principal problema nacional, según diversas encuestas.
Se requiere un plan integral que incluya de modo esencial el combate a la corrupción existente en el seno de nuestras propias fuerzas policiales, donde muchos de sus altos mandos deben estar coludidos sin duda con las bandas delincuenciales que azotan las principales ciudades del país, mediante el canje de cupos por impunidad o la vista gorda. De eso ni una palabra.
De otro lado, ¿alguien cree que el extorsionador va a cesar en sus actividades porque se suspenden las fiestas a partir de cierta hora o porque salen patrullas militares a rondar las calles? El Tren de Aragua debe hoy estar festejando la pusilanimidad de un gobierno mediocre (si no fuera por el de Castillo, el de Boluarte sería, sin duda, el peor gobierno de los últimos cincuenta años y paremos de contar).
Las bases mismas del contrato social -que el ciudadano le otorga el monopolio de la fuerza al Estado para que lo proteja y garantice la convivencia pacífica- han sido rotas en mil pedazos por el propio Estado, ineficiente y corrupto, que en el área de la seguridad ciudadana permite la proliferación de bandas delincuenciales que actúan muchas de ellas, si no todas, en complicidad con los hombres de uniforme, sin que nadie del Ejecutivo tome cartas en el asunto.
Las facultades delegadas no van a servir para nada. Todos los expertos en seguridad ciudadana coinciden en que, salvo una o dos iniciativas, el resto de lo planteado es puro fuego artificial, inútil e inconducente. La delincuencia nos ha ganado la batalla por nuestra propia indolencia y falta de reacción ciudadana para exigir, con más vehemencia, que el Estado haga lo que le corresponde hacer.
El Congreso debería negarle las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo en materia de seguridad. Son un mamarracho de normas inconducentes, apuradamente llamadas “Plan Boluarte”, que no van a resolver el terrible problema de seguridad que afrontamos -el peor de nuestra historia republicana- el que, el gobierno, sin necesidad de normas especiales, podría y debería enfrentar.
¿Va a ser servir una ley para resolver el inamovible problema del VRAEM, donde han muerto ya centenares de soldados y policías sin que se avance un metro en la expulsión de los narcosenderistas? ¿Va a detener al Tren de Aragua, banda venezolana que avanza imparable extorsionando desde pequeños comerciantes hasta microbuseros, sin que la policía mueva un dedo para contenerlos? ¿Necesita acaso una norma para ello? ¿Va a refrenar al Comando Vermelho, mafia del narcotráfico brasileña que ya se apoderó de enormes territorios para su causa delictiva? ¿Por qué necesitaría un paquete de normas para facilitar que la policía actúe?
¿El paquete de facultades va a refrenar la inmensa corrupción que reina en los institutos policiales y en las fuerzas armadas? ¿Va a mejorar la formación de mayor cantidad de efectivos policiales, hoy escasos y con subformación? Por supuesto que no. No sirven para nada las normas cuya facultad legislativa se ha solicitado.
Lo que se necesita, por el contrario, es un Congreso que le pare los machos a un Ejecutivo inoperante y mediocre, que no ata ni desata, y no hace absolutamente ninguna reforma importante. Vemos en el titular de Gestión de hoy que hay 38 proyectos mineros sin fecha de construcción. ¿Acaso el titular del Minem anda desvelado por ello? Si esos proyectos se destrabaran y entraran en funcionamiento, otras serían las cifras del PBI. Pero en este caso, como en el de la seguridad, la consigna parece ser no hacer nada para durar el mayor tiempo posible.
Volviendo al tema de la seguridad, lo que, en el mejor de los casos, correspondería, es que el Congreso le pida los proyectos al gobierno y los vaya discutiendo uno por uno, sin que ello sea óbice de tener sentado al ministro del Interior y eventualmente al Premier, con recurrencia, para que nos den una explicación cabal de por qué la delincuencia se ha apoderado del país sano que quiere prosperar en paz.
La policía le ha recomendado a Martín a no seguir pagando porque esto se convierte en un círculo vicioso de nunca acabar, sin embargo, el dueño del restaurante nos cuenta que tiene miedo que un día lleguen a su local lastimen a sus clientes o a sus colaboradores o lo terminen asesinando es por ello que ha tomado la decisión de cerrar su negocio e irse para poder reencontrarse con sus niñas y su esposa y así empezar una nueva vida lejos de la extorsión y de la inseguridad que se vive en el Perú.
“He tenido que cambiar fechas de pago a mis trabajadores porque los delincuentes también están al tanto de los días que hago los pagos, pero esta será la última vez que lo haga, en una semana cerrare mi negocio por el que tanto luché. No puedo seguir exponiendo a mi familia, no puedo soportar más, yo estoy casi seguro de que la Policía no podrá hacer nada, ella en ningún momento ha garantizado ni mi seguridad ni la los míos”.
Los extorsionadores no discriminan si eres un empresario o un dueño de una pequeña bodega, el fin es obtener el dinero a como dé lugar para mantener el estilo de vida que es una de sus características, así como la ferocidad con la que matan, es violencia que lleva a que la mayoría de las víctimas terminen pagando el dinero que piden estos sicarios
En los últimos años el tren de Aragua se ha expandido por Colombia, Chile, Ecuador y Perú donde está en una constante disputa por el poder de la criminalidad, nada los parece frenar, en la actualidad esta organización extranjera es considerada una de las más poderosas y la que opera la mayor cantidad de negocios ilícitos.
Analistas en los temas de seguridad desde hace muchos años y ministros del Interior en los regímenes de Alejandro Toledo y Francisco Sagasti, el sociólogo Fernando Rospigliosi y el abogado Rubén Vargas Céspedes coinciden en que la permisividad del gobierno de Castillo con la delincuencia nacional y extranjera han hecho crecer un problema que tiene varias aristas. La primera es la flexibilidad adoptada por las autoridades migratorias a partir del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con los extranjeros indocumentados que han ingresado por miles al país en los últimos años. La segunda es que entre la gigantesca masa de inmigrantes venezolanos y colombianos han entrado al Perú lo peor de lo peor de las estructuras sociales de ambos países: extorsionadores y sicarios de Colombia y proxenetas, asaltantes que disparan a matar a sus víctimas y rateros de todo tipo de Venezuela. “Es como si fueran dos selecciones nacionales de los basureros sociales de ambos países”, nos dijo un colega con muchos años más que nosotros en el oficio.
El ex ministro del Interior Rubén Vargas nos explica ¿Qué diferencia a un delincuente migrante, sea colombiano o venezolano, del delincuente peruano, por qué esos antisociales extranjeros matan con tanta ferocidad?
La delincuencia es igualmente corrosiva, genera daños absolutamente críticos en nuestro bienestar, en nuestra integridad personal, en nuestras vidas, en nuestro patrimonio. La delincuencia en realidad no tiene nacionalidad no tiene bandera, ahora a partir de esa premisa lo que sí sin duda hay, es diferencias en la forma como operan los delincuentes extranjeros de los locales y tiene que ver esa forma diferente de actuar principalmente en las disputas territoriales en las disputas de poder que se están observando en las distintas partes precisamente tratando de imponerse uno sobre otro y en esa disputa el delincuente extranjero sin duda que tiene una especie de escuela del delito en el que se observa que recurre a la extrema violencia con absoluta facilidad con absoluta frialdad, el delincuente extranjero estamos viendo que esta asesinando por un celular por una cartera, mata para ver si sus víctimas tienen unas monedas en el bolsillo, eso es un forma de ferocidad, ese hecho de asesinar a mansalva con ferocidad ese tipo de delito patrimonial en realidad en el fondo subyace un mensaje en esta disputa que se está produciendo con el delincuente nacional y esa disputa tiene que ver por territorios por preminencia tiene que ver con una de circunstancias propias de la ley del hampa. La incidencia delictiva y los delitos violentos en países como Venezuela y Colombia tiene muchísimo antecedente mucho más compleja que la de Perú, en realidad el Perú aun cuando la percepción de inseguridad siempre ha sido alta, pero el Perú es visto por los delincuentes extranjeros casi como una tierra virgen del delito acá no conocíamos por ejemplo los delitos gota a gota, las extorsiones en la forma como se está desarrollando ahora, en cambio en Colombia el gota a gota tiene una larguísima historia, en Perú no conocíamos por ejemplo los temas vinculados al manejo territorial de las calles, de las avenidas de las grandes ciudades pero en Venezuela sí, entonces digamos que se está trasladando al Perú patrones de países donde la violencia tiene una larga historia.
¿Cuáles son los factores que han permitido que ese fenómeno delictivo importado crezca como la espuma en diversas regiones del país?
Básicamente tiene que ver con la responsabilidad política y la responsabilidad operativa, la responsabilidad política del gobierno que en su momento abandonó las ciudades recordemos que en los dieciséis meses de desgobierno de Pedro Castillo la Policía fue convertida en un brazo operativo de una organización criminal, los comandantes generales de la Policía estaban al servicio de una organización criminal estaban al mando de un sujeto conocido como “El Español”, entonces obviamente que en esas circunstancias en ese contexto no había forma de enfrentar a la criminalidad organizada eso ayudo muchísimo a que crezca el crimen organizado.
¿Cuáles son las acciones que deberían tomar las autoridades nacionales para mitigar la gigantesca inseguridad que se vive en el país?
Se necesita recuperar la institucionalidad de la Policía, los temas de corrupción siguen bastante grandes al interior de la Policía, necesitamos que el Gobierno tenga estrategias claras contra el crimen organizado y en la prevención del delito, necesitamos que el gobierno se comprometa priorizando presupuestos para fortalecer la logística policial especialmente en la tecnología de las unidades especializadas de la Policía contra el crimen organizado, es muy importante en la lucha contra el crimen organizado fortalecer la inteligencia electrónica.
Según distintas fuentes, los venezolanos vinculados a la organización llamada el Tren de Aragua han empezado a controlar todas las modalidades delictivas en el país, ¿cuánta responsabilidad tienen los gobiernos de PPK hasta hoy de ese crecimiento exponencial?
Yo no diría que los gobiernos que usted menciona tengan una responsabilidad especifica, obviamente que se abrieron las puertas a la migración venezolana de manera demasiado lasta especialmente cuando se producían situaciones humanitarias en Venezuela, seguramente que eso se pudo haber hecho de una mejora manera sin ninguna duda, pero la delincuencia venezolana empieza a ingresar después de la segunda oleada migratoria en donde básicamente las fronteras se abrieron, en todo caso lo que necesitamos es recuperarnos de esa situación en la que nos dejó Pedro Castillo.
El también ex ministro del Interior y analista político, Fernando Rospigliosi nos indica que los delincuentes que han venido de Venezuela y de Colombia efectivamente son mucho más violentos y que la exportación de los mismos ha disminuido la tasa de violencia en el país llanero.
“Una de las características de los delincuentes que han venido de Venezuela y de Colombia es que son mucho más violentos que los peruanos si uno revisa por ejemplo la tasa de homicidios de Venezuela en los últimos años es notorio que hace 5 – 6 años Venezuela tenía una de la tasa de homicidios más altas del mundo 80 por cien mil habitantes y en los últimos 5 años eso ha bajado a la mitad 40 por cien mil habitantes el año 2022 eso es altísimo todavía, pero es una muestra de cómo los delincuentes venezolanos son muy violentos y como al exportar a tantos delincuentes violentos ha disminuido la tasa de homicidios en Venezuela y naturalmente eso tiene un efecto a los países donde van estos delincuentes venezolanos entre ellos el Perú igual o algo similar ocurre con los colombianos que también tienen una tasa de homicidio muy alta y son muy violentos entonces eso ha creado una de las características que tenemos ahora que la delincuencia no solamente ha aumentado el número de robos sino que la violencia es mucho más brutal que antes”.
Para Fernando Rospigliosi es necesario que se actúe con firmeza y energía y también es importante implementar los elementos necesarios para que la Policía Nacional del Perú pueda erradicar la delincuencia en nuestro país.
“Hay que dotar a la Policía de los elementos indispensables para luchar contra la delincuencia. La policía está en una situación crítica básicamente por corrupción, porque no haya habido dinero sino porque se ha malgastado o se ha robado el dinero y la Policía no tiene buenas comunicaciones, no tiene patrulleros. Y se requiere hacer algunas modificaciones como, por ejemplo, devolver la investigación preliminar a la Policía es decir el atestado policial que antes lo hacía la Policía ahora eso ha pasado a manos de la Fiscalía, los fiscales no saben investigar y muchas veces los delincuentes salen libres por eso, entonces hay un conjunto de cosas básicas que son conocidas que hay que hacerlo pero que nadie se atreve a tomar la decisión de hacerlas”.
Sin embargo, nos indica que los gobiernos de PPK hasta hoy “son los responsables de que los delitos hayan crecido con esa rapidez y con esa violencia, es responsabilidad de los sucesivos gobiernos en este caso esta banda que se denomina el tren de Aragua por ejemplo está controlando delitos de extorsión, secuestros, trata de personas y son muy violentos, han exportado toda su tecnología delictiva”.
Hasta bien entrado el siglo pasado, Venezuela era un país donde había muy pocos inmigrantes, pero cuando las industrias derivadas del auge del petróleo requirieron de trabajadores experimentados comenzaron a llegar muchísimos europeos, convirtiendo al país más al norte de Sudamérica en la sede de la segunda colonia española más grande del subcontinente, en la tercera colonia italiana más importante de estas tierras después de la Argentina y la de Brasil, y en la segunda colonia portuguesa más grande del mundo después del Brasil. Ese país de inmigrantes se convirtió en una nación de emigrantes en menos de medio siglo, exportando comerciantes riquísimos, profesionales de altísima calificación, hombres y mujeres con muchas ganas de sacar a sus familias de la precariedad del momento actual y miles de los delincuentes de la peor especie, a tal punto que en la última década el índice de criminalidad venezolano ha bajado de uno de los primeros lugares en el mundo al penúltimo lugar en América del Sur después de Brasil.
A menos que alguien demuestre lo contrario, ese es el único logro del llamado socialismo del siglo XXI.
Le pregunto al verlo, “por qué hizo eso”, el de enfrentarse al “choro”, y me responde: “¿Te imaginas si hubieran muerto por mi despedida? ¿La carga que hubiera tenido que sobrellevar? Como la persona que soy, no podía permitirlo”. Escribo esta columna al terminar de oír su desafortunada experiencia, contándome también casos similares que se sufren a diario en Perú –me contó también lo que le había contado el encargado del hotel, los casos que se ven todos los días como muertes-. Si seguimos por ese derrotero, las personas comenzarán a hacer justicia a mansalva con sus propias manos, como ya se ve en muchos vídeos virales. Él pudo haber sido un número más de aquella trágica y larga lista de fallecidos por la demencial delincuencia que impera y campea Lima. Esta casita cartón cierra con tristeza e impotencia su columna, pero no sin antes invitar a los peruanos residentes en la “Ciudad de la Furia”, a presenciar de la Feria del Libro de Buenos Aires, en la Rural, donde tendré la dicha de presentar mi libro este viernes 5 a las 20 horas, en el stand 1712, Pabellón Amarillo. Y con la presentación de Pancho Casas, el mítico integrante de aquel movimiento artístico que revolucionara las calles de Santiago de Chile en plena dictadura de Pinochet, con el eternamente recordado, Pedro Lemebel, “Las Yeguas del Apocalipsis”, quien llegara recientemente del MoMA (Museo de Arte moderno de New York) donde fue condecorado. Hasta ese día.
Somos un país cuya moral ha sido corroída por la corrupción, la delincuencia y la crisis económica. Estos datos les debieran servir a la oposición, eligiendo correctamente los lemas de sus convocatorias, y también a los candidatos opositores que deberán poner especial énfasis en programas de gobierno que propongan una solución a esos males enquistados en el seno de nuestra sociedad.
Un año de Castillo ha destruido el optimismo nacional, que ya, inclusive, venía zarandeado por las sucesivas crisis políticas sufridas desde la llegada de PPK al poder. El mandatario izquierdista ha mostrado la peor faceta de un gobernante: la inacción, la corrupción y la absoluta ineficacia para resolver problemas mínimos de gobernabilidad. Acompañado en ese empeño por una clase política asentada en el Congreso tan o más mediocre que él, son los dos poderes corresponsables del descalabro psicosocial que padecemos.