Hablar de la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas en la región de Loreto, se ha convertido en el foco de tensiones diplomáticas y denuncias de abandono por parte del gobierno peruano. Según los datos obtenidos, estamos refiriéndonos a una población de aproximadamente 3 mil habitantes, este centro poblado enfrenta desafíos significativos en áreas críticas como educación, salud e infraestructura. Una situación caótica que se extiende por todo el país.
Los residentes de la isla, situada a ocho horas de viaje fluvial de la provincia Mariscal Ramón Castilla y a tres días de la capital más cercana, expresan un profundo sentimiento de abandono. Un pescador local destacó la necesidad de mayor firmeza por parte del gobierno peruano ante las humillaciones por parte de autoridades colombianas, subrayando el orgullo de ser peruanos y la urgencia de recibir apoyo para el crecimiento de su comunidad.
Ahora bien, en esta localidad solo existe una escuela, llamada República del Perú, cuya institución carece de suficientes vacantes y material didáctico, obligando a muchos a enviar a sus hijos a estudiar en Leticia, Colombia, o Tabatinga, Brasil. En términos de salud, la situación es crítica, ya que en emergencias los habitantes deben buscar atención en Brasil debido a la falta de personal médico y las constantes inundaciones que afectan el centro de salud local.
Sobre la situación fronteriza
El Ministerio del Interior ha intensificado el control en la frontera entre Perú, Brasil y Colombia para reforzar la seguridad en esta zona estratégica para el movimiento migratorio. Esta medida responde a recientes eventos que han resaltado la necesidad de una mayor presencia estatal en Santa Rosa. Los pobladores dependen en gran medida de la pesca y la agricultura, enfrentando dificultades para comercializar sus productos. La ausencia de un mercado local obliga a los residentes a consumir productos importados de Brasil y Colombia. La comunidad solicita la construcción de un mercado que permita el comercio en moneda peruana y mejore las condiciones económicas de la isla.
Como en varias partes del Perú, durante la temporada de crecidas del río Amazonas, gran parte de la isla puede quedar inundada. Los residentes necesitan apoyo para mejorar sus viviendas y enfrentar estos problemas recurrentes. Además, a pesar de la proximidad con Leticia y Tabatinga, áreas con alto comercio y turismo, Santa Rosa enfrenta un abandono que afecta su desarrollo potencial.
El personal de la Marina de Guerra del Perú realizó una acción cívica en la isla, brindando respaldo a la población en medio del impasse diplomático. Esta presencia es crucial para que los residentes se sientan respaldados por su país y puedan enfrentar los desafíos diarios con mayor seguridad y apoyo.
Sobre la problemática
El director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana afirmó que la isla de Santa Rosa no pertenecía al Perú. Por ello, el gobierno emitió una nota de prensa a Colombia en respuesta a estas declaraciones. Las manifestaciones del funcionario colombiano no tienen ni respaldo ni fundamentos, y es que esta isla (situada en Perú) se encuentra también en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, ha sido un punto de fricción diplomática. La Cancillería peruana informó que, durante una reunión en Leticia, un funcionario colombiano afirmó que la isla «no pertenecería al Perú y que estaría ocupada irregularmente».
Comunicado del Congreso de la República
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú convocó al encargado de negocios de Colombia para entregar la nota de protesta, reafirmando los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla. Además, expresó su total respaldo a las autoridades democráticamente elegidas de Santa Rosa.
Iván Yovera, alcalde de Santa Rosa, declaró que las afirmaciones del funcionario colombiano fueron sorprendentes e indignantes, especialmente durante una reunión técnica en Leticia. Las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia han estado tensas desde que el Perú retiró a su embajador en Bogotá hace más de un año, en protesta por declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, consideradas como injerencia política.
El Congreso de la República también se pronunció, rechazando categóricamente las declaraciones del funcionario colombiano y clasificándolas como una «pretendida usurpación del territorio peruano». El congresista Guido Bellido solicitó acciones de supervisión en la frontera y el desplazamiento de las Fuerzas Armadas para defender la soberanía nacional.
Acción del congresista Guido Bellido sobre la problemática
Al cierre de este informe se sabe que los dos gobiernos ya se encuentran solucionando esta problemática. Además, se sabe que desde el gobierno se extendieron las disculpas respectivas y, el gobierno peruano se ha visto satisfecho. Sin embargo, esta situación con Santa Rosa abre una serie de problemáticas que llaman la atención del Gobierno sobre sus prioridades
[INFORMES] Con un promedio de 130 homicidios diarios, la delincuencia brasileña es una de las más feroces del planeta. Como la mayoría de esos crímenes merecen carcelería inmediata, aunque la enorme carga procesal impide que se dicten sentencias rápidas, los jueces libran tantas órdenes de prisión preventiva que las cárceles de las principales ciudades del país más extenso de Iberoamérica tienen los índices de saturación más grandes de todo el hemisferio occidental.
En esas cárceles repletas de prisioneros sin sentencias y, muchas veces, sin los elementos básicos para la supervivencia, los grandes capos de las mafias que gobiernan el sistema penitenciario brasileño desde el pobre nordeste hasta el riquísimo Estado de São Paulo reclutan a la fuerza a miles de individuos que mientras están dentro o cuando salen de prisión se convierten en soldados del Primer Comando de la Capital (PCC) o del Comando Vermelho, y a cambio de muy poco realizan las tareas de extorsión, robo, trata de personas, secuestros, asaltos y toda la variedad de delitos impresos en negro sobre blanco en el código penal.
Según los estudios realizados por las instituciones especializadas del país más industrializado y más desigual de América del Sur, el mayor porcentaje del millón de presos hacinados en las cárceles de ese país es un afro descendiente de alrededor de 24 años y que fue detenido por la policía en posesión de un poco de droga.
Los delincuentes más avezados, en cuyos expedientes hay por lo menos un cargo por homicidio, representan la ‘mano de obra’ de un negocio que ha ido creciendo e internacionalizándose: el tráfico de la cocaína procedente de los países de la costa occidental sudamericana, el de fentanilo de diversas fuentes, principalmente de la China, y el de la heroína, que muchas veces se canjea en los puertos de Europa Oriental por alijos de cocaína sudamericana.
En Ucayali se destruyen laboratorios, se hace erradicación constantemente, pero siguen en lo mismo.
Para controlar ese enorme negocio, los cabecillas de las mafias cariocas y paulistas emplean a centenares de soldados en las rutas de importación, en las de exportación, en las de venta al menudeo, en las ventas de grandes volúmenes y en las tareas de vigilancia, punición y traslado de dinero para llevarlo al necesario ‘blanqueo’.
Es decir, así como Lula y la alta burocracia de Petróleos del Brasil convirtieron a las empresas constructoras brasileñas en los buques insignia de la corrupción política, los magnates brasileños que operan tras los comandos carcelarios de Río de Janeiro y São Paulo, principalmente, están abocados a consolidar un imperialismo delincuencial brasileño, frente al cual el Tren de Aragua es un niño de pecho.
Preparémonos, pues, para ver cada vez más y más informes en televisión sobre este tema candente.
Para enterarnos de cuáles podrían ser las consecuencias de la implementación de la política expansionista de las mafias carcelarias brasileñas, le preguntamos al analista Pedro Yaranga qué está pasando con la delincuencia carcelaria nacional:
Todavía no hay en el país una política general de la lucha contra el narcotráfico; en ese tema, nosotros hemos tocado fondo por el crecimiento de la criminalidad organizada por las acciones o por las omisiones producidas por el gobierno de Pedro Castillo. Pero no solamente por ese gobierno estructurado desde sus inicios para delinquir en diferentes ámbitos, sino también por el actual gobierno, que ha hecho poco o nada por combatir a las bandas criminales. Aunque la Policía hace lo que puede a pesar de sus escasos recursos, de su notoria falta de personal y de sus continuos cambios en las jefaturas, la actividad criminal se ha masificado en todo el país, y, lo más preocupante, se ha visto fortalecida por el avance de las bandas de origen brasileño, porque las otras bandas extranjeras, incluida la organización venezolana autodenominada el Tren de Aragua, están más ligadas al cobro de cupos, a la trata de personas, a la extorsión y al control de la minería ilegal. Mucho, pero mucho, más peligrosas son las organizaciones delictivas brasileñas, sobre todo el gigantesco Primer Comando de la Capital (PCC), dueño del 80 por ciento de la importación, distribución y exportación de cocaína en el Brasil y el 90 por ciento en Paraguay. Con una modalidad estándar, que consiste básicamente en controlar los penales, captar a los criminales más ranqueados y luego hacerse fuertes en cada ciudad y cada país que figura en sus planes expansionistas, el PCC tiene en mente controlar, primero, al Perú, y, posteriormente, a Colombia y a Bolivia. Lo que más desean los verdaderos propietarios del PCC es tomar el control delictivo del Perú, por su posición estratégica en el subcontinente, por ser el segundo productor mundial de la cocaína y poseer un número enorme de yacimientos mineros formales, informales e ilegales. Paralelamente al PCC, en la región Ucayali ha comenzado a operar el Comando Vermelho, no con la ferocidad del PCC, pero sí con objetivos claros y tangibles, como trasegar la droga hacia el Brasil por la margen derecha del río Ucayali y por vías propias a través de la región Madre de Dios.
Según fuentes de inteligencia de las agencias antidrogas peruana y extranjeras, el PCC está asentado hace mucho tiempo en el llamado trapecio amazónico que lo conforman Colombia, el Perú y Brasil. Y, a decir de las mismas fuentes, si las mafias brasileñas controlan los trasiegos de droga a través de Madre de Dios y la selva de la región Puno, prácticamente están a punto de controlar el narcotráfico y el comercio ilegal del oro en la amplia frontera con la inestable Bolivia.
El estatuto del PCC tiene 18 artículos: los primeros dicen que sus miembros deben comprometerse “a luchar por la paz, justicia, libertad, igualdad y unidad” con la vista puesta “siempre en el crecimiento de la organización” y con respeto a “la ética del crimen”.
¿Qué medidas debería tomar el gobierno para detener el crecimiento de estas bandas?
Lo primero es hacer una evaluación real de la amenaza, porque incluso los jefes de las diversas direcciones de la Policía tenían serias dudas sobre su peligrosidad. Sin embargo, el enfrentamiento de los integrantes del Comando Vermelho con los policías de Ucayali ha hecho pensar a las autoridades policiales sobre la necesidad de fortalecer a los grupos especializados de nuestra Policía, dotándolos de mayor apoyo logístico, de mayor formación técnica y de emprender una estrategia conjunta con los grupos de élite de las Fuerzas Armadas.
Hay voces en distintos sectores del país que sugieren que se debería copiar el sistema anti delictivo puesto en funcionamiento por el presidente salvadoreño Bukele, ¿tienen razón esas personas?
Para comenzar, las medidas adoptadas por el presidente Nayib Bukele son eminentemente políticas. Desde esa perspectiva, es necesario reconocer que en El Salvador se han hecho cosas importantes, pero que tienen ángulos negativos que son los que los opositores destacan, como el maltrato sistemático a los presos, las condiciones infrahumanas de su carcelería y la escasa comida que se les proporciona. A cambio de eso, Bukele ha fortalecido, consolidado y unificado internamente a la Policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial del país más densamente poblado y más violento de Centroamérica. Esa es una diferencia notabilísima con el Perú, porque aquí la Policía captura a los delincuentes, pero los fiscales o los jueces los terminan excarcelando, sean estos criminales narcos, terroristas o delincuentes comunes. Esos favorecimientos deben ser cortados de raíz porque no solamente revelan negligencia o cobardía, sino que siembran dudas sobre la idoneidad de los magistrados involucrados en esas ‘liberaciones express’.
¿Desde cuándo operan las grandes mafias brasileñas en el Perú?
El Primer Comando de la Capital se desplaza a sus anchas por la triple frontera (entre Colombia, Brasil y el Perú) por lo menos desde el verano anterior a la llegada de la pandemia del coronavirus, desplazando por las buenas o por las malas a los remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según informaciones de las policías de las naciones involucradas en el problema, el PCC y las FARC continúan en el amplísimo territorio amazónico, pero todavía sin registrar ningún enfrentamiento armado de gran magnitud.
¿Cuánto agravaría los problemas de inseguridad el crecimiento de esa amenaza extranjera?
No podría calcular cuánto, pero creo que significaría el nacimiento de un gigantesco derramamiento de sangre, porque debido al crecimiento de su ámbito de acción, tarde o temprano los destacamentos rurales de los comandos brasileños van a chocar inevitablemente.
Fuentes de la Policía Nacional dicen que comenzaron a detectar al CV en la zona desde 2015, pero en 2020 pudieron confirmar que la organización criminal se había establecido en la región.
Cuando el futuro nos alcance
Los políticos de mirada cortoplacista que nunca pensaron que las características únicas que tiene el Perú: un mar frío y rico en especies marinas, una costa desértica y a pocos kilómetros de una sierra con muchos pisos ecológicos y con unos subsuelos repletos de cobre, de oro, de plata y de decenas de otros minerales y una selva plagada de millones de árboles de maderas finísimas, iban a ser fuentes de múltiples despojos, ya sea por los buques factorías chinos que roban cientos de miles de toneladas de proteínas marinas, ya sea por los inversionistas que pagan a los taladores ilegales de maderas, a los explotadores de minas de oro en enormes extensiones de todo el país, jamás previeron que en el primer cuarto del siglo XXI íbamos a enfrentar todas las plagas a la vez… y sin una fuerza policial equipada para reprimir a todas al mismo tiempo.
Reunidas en un solo cuerpo en los años ochenta por un capricho de Alan García, nuestras fuerzas policiales perdieron en esa fusión a la guardia de fronteras, redujeron a una mínima expresión a las diversas policías de investigación y militarizaron sin ton ni son a la Guardia Civil. Años después, tras la caída del fujimorato los diversos gobiernos metieron sus manos inexpertas en más de una reorganización policial que no nos llevó a ningún puerto seguro; y, cuando en el Congreso se enseñorearon los peores cuadros de unos partidos formados únicamente para fines electorales, unos ‘legisladores’ le quitaron la función de investigación de los delitos a la Policía y se la dieron a la Fiscalía. Sumado todo esto al hecho universal pero con aderezo netamente peruano que los colectivos policiales, fiscales y judiciales se llenaron en las últimas décadas de gente de pobrísima educación básica y enormes vacíos en su formación moral. Es decir, una tormenta perfecta en momentos en que las grandes mafias brasileñas quieren manejar el narcotráfico, la exportación ilegal del oro y de las maderas finas, la trata de personas para fines de prostitución y las decenas de negocios colaterales a esos rubros.
¿Qué hacer?
En este momento, tres años antes de las siguientes elecciones generales, todos los ciudadanos interesados en el futuro de nuestro país deberíamos ponernos de acuerdo en la búsqueda de un núcleo duro de personas decentes que se junte para proponer un gran cambio sin ladrones, sin ignorantes ni vendedores de humo.
La izquierda latinoamericana ha involucionado y se ha enemistado con los criterios de libre mercado, que son los únicos capaces de asegurar el crecimiento económico y, por ende, la reducción de la pobreza y la disminución de las desigualdades.
En esa tesitura, han conducido a sus países a la pobreza, el estancamiento y, en el peor de los casos, a las dictaduras más desembozadas (es el caso de Nicaragua y Venezuela). El socialismo del siglo XXI ha conllevado al atraso de la región y al debilitamiento corrosivo de la democracia.
El Perú debe mirar con especial atención ese espejo regional y reconvenir sus términos. No dejarse llevar de las narices por grupos minoritarios violentistas y hacer pedagogía ideológica para que el pueblo no se deje sorprender por razones extrapolíticas, como sucedió el 2021, y que nos llevó a una calamidad de la que felizmente nos libramos por obra y gracia de la torpeza castillista.
La centroderecha tiene que cambiar de discurso y narrativa rápidamente si no quiere que el ciclo de las izquierdas en la región dure más tiempo del debido y convierta a Latinoamérica en un polo regional de atraso y retroceso, un ejemplo mundial de fracaso en la puerta del horno.
En el Perú por lo pronto no hay ni visos de renovación de la centroderecha. Siguen dispersos, el único disruptivo es López Aliaga, el resto solo repite las monsergas del establishment pre Castillo, inconscientes de que ese discurso ya no cala en los sectores populares decisorios.
Como candidata, Francia sabe que se enfrenta a la muerte. La campaña mediática terruqueadora, fascista y racista contra Francia Márquez ha expuesto la debilidad y pánico de la derecha colombiana que está a punto de perder el poder. Las derechas son iguales en todas partes: cobardes. Y sabemos que la derecha colombiana asesina, por eso un grupo de mujeres de izquierda en EEUU nos hemos organizado en el Frente de Mujeres Internacionalistas por la Justicia y la Paz para exigir garantías para su vida, esfuerzo que debería ser replicado en otros países.
Francia dice que lucha para “vivir sabroso en Colombia”. Vivir libres del capitalismo que violenta la vida y la tierra. Vivir con armonía, con igualdad y dignidad. Ese movimiento está forjando el camino para una izquierda auténtica como la que necesitamos en el Perú, una que esté libre de lideres/as escogidas para tranquilizar los miedos de la clase media y libre de agendas impuestas por el poder económico. Ha llegado el momento de vivir sabroso para los y las nadies en Colombia y pronto llegará el nuestro.
Hablar sobre el aborto o interrupción del embarazo es un tema muy tenso en el Perú. Buena parte de la población peruana, usualmente de formación católica o evangélica, se opone tajantemente porque lo considera tanto crimen como pecado. Otra parte de la población, considera que puede haber razones válidas para llevarlo a cabo en las primeras 14 semanas, pero que se trata de un tema íntimo a la par que violento y por ello es mejor esconderlo. Tocar el tema entonces, es per se una agresión que, apenas salta a la luz, de inmediato se debe acallar. Es una cuestión de creencias encontradas que puede dividir familias, separar amistades y enfrentar movimientos anti aborto contra las marchas a favor de un aborto libre. No se habla en los colegios ni en las universidades, la prensa escrita se atreve en tanto replica noticias de otros países, pero no lo discute el periodismo televisivo. La prensa religiosa es además muy dura cuando trabajadoras del sector eclesial comparten alguna publicación en redes sociales a favor del aborto libre.
Los estudios de las organizaciones que defienden el derecho de las mujeres sobre su cuerpo se acumulan desde la década de 1970 en el Perú, pero el aborto continúa penado desde 1863. Es cierto que desde 1924 se declara fuera de castigo el aborto terapéutico, pero fue ignorando hasta que recién el año 2014 se aprobó el reglamento para que pudiera ejercerse. Así que hasta hoy sólo es aprobado cuando es el único medio para salvar la vida o evitar un daño grave y permanente en la salud de la mujer, quedando como delito cuando el embrazo es producto de una violación sexual, cuando existen malformaciones fetales incompatibles con la vida extra uterina, y cuando se trata de una inseminación no consentida.
Como señaló Elizabeth Salazar Vega (Ojo Público, 2019), en nuestro país, las mujeres y adolescentes que sólo lo pueden realizar de manera ilegal son perseguidas por el Estado. Y quienes las denuncian son las personas a quienes acuden precisamente a buscar ayuda: personal de hospitales, policías y fiscales. Son ellos quienes las denuncian amparados en los artículos 114 y 120 que establecen desde tres meses hasta dos años de cárcel para ellas. ¿Y por qué lo hacen? Porque el artículo 117 establece que los profesionales que “abusen de su ciencia o arte para causar el aborto”, tendrán pena privativa de libertad de 1 a 5 años, dependiendo del consentimiento de la paciente, y serán inhabilitados para ejercer su profesión y privados de grados policiales, títulos honoríficos y demás distinciones propias de su oficio.
Desde fines de los años 90 en adelante, el espacio donde sí se discute a pesar de que no quisieran muchos congresistas, es en el ámbito legislativo. Pronto sabremos del debate en la comisión de Justicia y Derechos Humanos, pues en diciembre del año pasado, congresistas encabezados por Ruth Luque presentaron nuevamente el proyecto de Ley para despenalizar el aborto por violación, y una semana después, la congresista pastora evangélica María Jáuregui, presentó como contraparte el proyecto de Ley que reconoce los derechos al concebido.
Colombia aprobó el aborto el año 2006. Lo que ha ocurrido el lunes pasado es que la Corte Constitucional lo ha despenalizado hasta la semana 24, acción que se ha celebrado en la región, pero que levantó preguntas en las redes del por qué se aprobó hasta el segundo trimestre del embarazo si, como es sabido, es un estado de gestación que pone en riesgo la salud, es más doloroso e implica una prolongada recuperación. La Corte no puso plazo por dos razones: porque hay casos en los que la vida de la madre se pone en riesgo recién al final de la gestación, como en el caso de la mortal preeclampsia que solo se puede diagnosticar después de la semana 20. Y porque son tantos los obstáculos que establecen muchas veces las familias y las instituciones, públicas y privadas, que el plazo de 14 sólo se cumple en los países donde los programas llevan décadas y el personal está capacitado. Colombia ahora pondrá sus esfuerzos en la educación sexual. Ojalá que aquí perdamos miedo de mentarlo y aprendamos a escuchar.
El trabajo en equipo es clave para lograr los objetivos con óptima calidad. Eso lo sabe muy bien, por ejemplo, nuestra selección nacional que esta tarde del 28 de enero juega contra Colombia esperando colocarse en zona de clasificación al Mundial de Qatar 2022.
Si bien sabemos que necesitamos de un buen trabajo en equipo, no siempre los líderes de área saben gestionarlos de la mejor manera. David Laurent, economista conductual, explicó a Sudaca que el modelo de liderazgo transformacional plantea cuatro características imprescindibles: consideración individualizada, influencia idealizada, estimulación intelectual y motivación inspiracional.
La consideración individualizada se refiere a que un líder debe tratar a cada persona como individuo y no como un todo por igual. “Por ejemplo, Gareca no puede tratar a todos los jugadores por igual porque algunos son más disciplinados que otros, algunos son más introvertidos o más extrovertidos y a cada uno seguro le tendrá que hablar en un tono distinto”, ejemplifica Laurent.
La influencia idealizada significa que la manera en la que se comporta el líder, decanta en el comportamiento de su tribu. “El líder que cree en los objetivos planteados debe demostrarlo, pues probablemente contagie a su equipo”, indica el economista conductual.
Sobre la estimulación intelectual, Laurent explica que el líder debe retar a su equipo a conocer más, a aplicar sus conocimientos en pro del objetivo. “Esto se vio, por ejemplo, cuando Gareca empezó a dirigir a la selección peruana y la retó a salir jugando, ya no al pelotazo. Esa es una estimulación intelectual porque estás retando las habilidades hacia un estilo de juego distinto”, indica.
Finalmente, la motivación inspiracional implica hacer soñar al equipo. “Si lo llevamos a términos futbolísticos, es motivar al equipo a imaginarse en el Mundial. A imaginar que todo el mundo los está viendo, que le regalan alegrías a mucha gente. Esto ayuda a que las personas crean en el objetivo”, explica Laurent.
¿Cómo plantear objetivos en los que el equipo crea?
El experto recomienda utilizar el método clásico del Smart. Se trata de plantear objetivos específicos, medibles, alcanzables y que tengan un horizonte de tiempo específico. Además, Laurent recomienda ir paso a paso, es decir, no tener demasiados objetivos en la mira al mismo tiempo.
Es importante considerar que una vez que los objetivos estén definidos, tarea importante del líder es mantener el equipo unido. “Gran parte del tiempo, el líder resuelve problemas interpersonales. Eso significa motivar a un equipo si no se alcanzan los objetivos propuestos. Una de las cosas que más desmotiva es el que no se reconozca tu trabajo y no que no se visibilice tu trabajo. Entonces, si un equipo no ha llegado a los objetivos, visibilizar lo que se ha logrado y continuar”, finaliza el experto.
Desde diversos ángulos y perspectivas, gran parte de la obra narrativa del escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez (1973) constituye una exploración consistente y rigurosa en ese fragoroso pantano histórico que representa la violencia en el presente y la memoria de los colombianos.
El año 2015 apareció La forma de las ruinas, una ambiciosa novela que intentaba reconstruir y unir, de manera fragmentaria, dos magnicidios que marcaron la historia de Colombia: el asesinato del líder liberal Rafael Uribe Uribe, acaecido en 1914 y en 1948 el del reformista Jorge Eliecer Gaitán (que aquí sería un despreciable caviar según algunos doctos con tribuna), crimen que daría pie al “Bogotazo”.
Algunos de sus libros anteriores, como los cuentos de Canciones para el incendio (2018) y las novelas Las reputaciones (2013) y El ruido de las cosas al caer (2011) conceden a la experiencia de la violencia, en formas varias, un lugar central en su tramado. Hoy que hemos cerrado Volver la vista atrás (2020) su más reciente novela, la tentación de definir este corpus como una suerte de diálogo coral es grande y se justifica por la presencia de la violencia y sus efectos como columna vertebral.
Sin embargo, Volver la vista atrás tiene elementos novedosos, en relación con el universo al que Vásquez nos tenía acostumbrados. El más significativo es que los materiales que sirven de base a la narración son reales, es decir, provienen de lo fáctico y corresponden mayormente al testimonio-memoria del cineasta colombiano Sergio Cabrera (director de ese gran clásico que es La estrategia del caracol, 1993) que se divide en dos vertientes: el recuerdo de su padre, Fausto Cabrera, un catalán que huyó de la España franquista para recalar en Colombia; y la narración formativa de los años que pasaron el cineasta y su familia en la China de Mao, país donde Fausto reforzó su convencimiento revolucionario y tanto el cineasta como su hermana lograron el estatus de guardias rojos.
Es decir, el relato de base es la historia de una familia convertida a un ideal revolucionario y luego de abandonar China para volver a Colombia, integrada tanto a acciones de apoyo y logística (en el caso de los padres) como a la guerrilla (en lo que respecta a Sergio y a su hermana). A ese material se suma otro, producto de las pesquisas del propio escritor y del contacto con otros personajes aludidos a lo largo de la historia.
Anota Vásquez en la nota de autor: “Volver la vista atrás es una obra de ficción, pero no hay en ella elementos imaginarios. Esto no es una paradoja, o no lo ha sido siempre”. Basado en la autoridad enciclopédica de José Cuervo, apela con elocuencia a una acepción del verbo fingir: modelar, diseñar, dar forma a algo. Y añade: No es distinto lo que he intentado en estas páginas: el acto de ficción ha consistido en extraer la figura de esta novela del gigantesco pedazo de montaña que es la experiencia de Sergio Cabrera y su familia” (p.473).
Esta es pues una narración que sale del archivo familiar y aspira a convertirse en documento de una época en la que actividades como la guerrilla no estaban todavía sujetas al imperio moral y la justificada condena que pesa hoy sobre la violencia política como arma de transformación social. La novela prescinde de juicios de carácter moral sobre el relato de las peripecias familiares; del mismo modo, tampoco intenta cubrir con una pátina de romanticismo todas las correrías que pasan los personajes. Hay un logrado equilibrio en una novela que, lo digo sin resquemor, tiene todo para viajar al ecran.
Es octubre de 2016 y Sergio Cabrera está en Barcelona, presto a recibir un homenaje por su trayectoria cinematográfica, cuando se entera de la muerte de su padre. A partir de ahí se desencadena una historia llena de aventuras y desplazamientos que no impiden ver el fondo del asunto: esa curva que va del aprendizaje y entusiasmo revolucionarios a la más profunda decepción. Oportuna aparición en un momento como este, en que nada es más deseable que la paz para Colombia.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 123: El fujimorismo teniendo que ceder a condiciones de debate “de visita”. Analizamos el debate y la última encuesta de Ipsos. ¿Le alcanzará a Keiko o va muy lento? ¿Y ya llega Sinopharm?
