Alejandro Aguinaga Recuenco, médico de cabecera de Alberto Fujimori, exministro de Salud del expresidente y excongresista entre el 2006 y el 2016, ha sido elegido nuevamente parlamentario por la bancada de Fuerza Popular, el partido que quiere llevar al poder a Keiko Fujimori.
Aguinaga fue el más votado del fujimorismo en Lambayeque y el quinto en toda la región con 9,541 votos. Esto pese a que tiene abierto una investigación fiscal de la cual es notorio protagonista: las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el segundo mandato del condenado Alberto.
Por estos días el fiscal Pablo Espinoza viene sustentando su acusación contra Aguinaga, Alberto Fujimori y otros funcionarios como autores mediatos del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud por la muerte de cinco mujeres y por haber lesionado a más de 1.300 “en un contexto de grave violación de derechos humanos”, de acuerdo a la acusación que Sudaca pudo revisar.
Pese a que el caso tiene más de 20 años, recién hace poco se iniciaron las audiencias con el objetivo de que pase a una investigación judicial. Para Milton Campos, abogado de Demus que patrocina a algunas de las víctimas, la demora se debió a «una deficiente conducción y tratamiento por un sector de la fiscalía que irregularmente decidió archivar el caso en tres oportunidades”. Además, considera, esta pesquisa “tiene un elemento político indesligable».
La historia de las esterilizaciones empezó hacia el inicio del gobierno de Fujimori, cuando este anunció que 1991 sería “el año de la austeridad y la planificación familiar”. Al año siguiente, el gobierno decidió que el título se amplíe a toda la década.
A inicios de 1996, el entonces ministro de Salud Eduardo Yong aprobó, mediante una resolución ministerial, el ‘Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000’ donde se incluyó la gratuidad de métodos anticonceptivos e intervenciones quirúrgicas de esterilización. Aguinaga era entonces viceministro de esa cartera y hacia 1999, en lo peor del régimen, fue nombrado ministro.
Según la Defensoría del Pueblo, el método de la intervención quirúrgica (llamada Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria -AQV) fue priorizado por encima de los otros. Las cirugías debían ser voluntarias y solo necesitaban del consentimiento escrito de la usuaria.
Pero la acusación explica que el consentimiento, en realidad, se convirtió en imposición o chantaje en las zonas más pobres del país. Según recoge la fiscalía, a Lucinda Primo Matto, una de las víctimas, “en diversas oportunidades, el personal de salud le dijo que se ligue las trompas, a lo que ella se negaba, por lo que la amenazaron diciéndole que si no accedía al procedimiento la iban a multar”.
En el caso de Felipa Cusi Condor, personal de salud llegó a su casa en 1997 para decirle que debía someterse a la ligadura de trompas y, tras negarse, le indicaron que sus hijos no iban a poder estudiar.
De acuerdo a la misma documentación, a Vicentina Usca Ccopa, que acababa de dar a luz a su último hijo, se le dijo que debía ligarse las trompas y que, si no lo hacía, no le iban a dar los documentos de su recién nacido.
Otro caso que se reseña es el de Ernestina Canlla Cárdenas, que había dado a luz a sus anteriores hijos en casa. Canlla recibió la visita del personal de salud de la posta de su localidad. Como se había negado a pasar por el proceso en el establecimiento de salud, dicho personal le gritó y le dijo que debía ligarse las trompas “porque estaba pariendo como animal” y no tenía dinero para solventar a su familia. Además, se le amenazó diciéndole que, si no lo hacía, vendrían con la policía y no le reconocerían a sus hijos.
A 273.684 mujeres se les realizó esterilizaciones a través de cirugías entre los años 1996 y 2000, siendo 1997 el año con mayor incidencia, con 120.056 casos. A partir de 1998, las intervenciones fueron cada vez menores por investigaciones y denuncias por violación de los derechos humanos.
¿Cuál fue la justificación?
El gobierno de Fujimori, según recoge la acusación del fiscal Pablo Espinoza, identificó una relación negativa entre el crecimiento poblacional y el económico en 1991. Con esa base se elaboró el plan de 1996, principalmente en zonas rurales de la selva y sierra, donde las mujeres mantenían patrones reproductivos de hasta más del doble respecto a las zonas urbanas, de acuerdo al gobierno de turno.
Con ello, se buscó reducir el ritmo de crecimiento de la población a no más del 2% anual y se estableció que la tasa de fecundidad de mujeres en áreas de mayor pobreza no debía superar el nivel de tres hijos cada una.
Bajo ese marco, se empezaron a desarrollar campañas con el Minsa y el Instituto Peruano de Seguridad Social asistidas por USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que luego se retiró tras alertar ilegalidades), el Fondo de Población de Naciones Unidas y otras ONG.
En el papel, el gobierno tenía como meta practicar el método quirúrgico a las parejas que tuvieran más de cuatro hijos. Pero en la práctica, se terminó por esterilizar a mujeres que, incluso, no tenían descendencia.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que se esterilizaron a mujeres que eran analfabetas, que no se mostraron otras opciones anticonceptivas en muchos casos, que no se hallaron las autorizaciones y que se usaron escasamente los formularios de consentimiento.
Para cumplir con el objetivo en un corto plazo, se empezó a exigir cuotas a cambio de diversos incentivos a los establecimientos de salud, a la población y al personal médico.
Asimismo, surgieron denuncias de ofrecimientos de alimentos y ejecución de ligaduras a través de engaños, las cuales fueron reveladas por algunos médicos de aquel entonces. Esto se hacía, en gran parte, a través de festivales de salud en los cuales se daban incentivos a los líderes locales de los programas mediante alimentos y hasta viajes a un lugar del país, según la fiscalía.
Hacia el 2001, de acuerdo a información de 34 Direcciones de Salud de los diversos departamentos, se registraron 1.599 complicaciones por las intervenciones quirúrgicas. Esto debido a la mala calidad en la atención y a las mentadas (y nefastas) cuotas basadas en desempeño, según informó la misma USAID.
De hecho, se registraron cinco muertes, además de 1.316 personas con lesiones graves, según un informe del Minsa del 2003.
Alejandro Aguinaga, flamante parlamentario, es acusado por su participación como ministro de Salud entre abril de 1999 y noviembre del 2000. Además, al haber sido viceministro de Salud entre 1994 y 1999, ejecutó la política del sector y habría visitado centros de salud a nivel nacional para aplicar el “método de planificación permanente”.
Asimismo, como ministro, dio cuenta mensualmente al expresidente Fujimori sobre el avance de las metas a nivel nacional, así como los problemas en su desarrollo. Aguinaga, de acuerdo a la fiscalía, se reunía con los directores regionales de salud para dar énfasis a las anticoncepciones quirúrgicas y promover los festivales de la salud, “impartiendo directivas y órdenes” para “alcanzar el fin político de mayor crecimiento económico a través de la disminución de la pobreza mediante la reducción de la tasa de natalidad”.
Keiko Fujimori no se ha pronunciado por este caso relacionado a uno de sus congresistas y a su propio padre. Por el contrario, ha anunciado que de ser presidenta indultará a Alberto Fujimori.
Sí se pronunció respecto al caso VacunaGate, que también involucra a Aguinaga, pero justificando que lo hizo por ser ‘consultor’ en el ensayo clínico. «En lo personal, considero que haber solicitado la vacuna para su esposa me parece una gran falta de empatía y solidaridad con la población», matizó a mediados de marzo. Pero no hubo mayores consecuencias dentro de la tienda naranja.
Según la fiscalía, más de mil mujeres fueron despojadas de su elección de procrear, en la búsqueda de mejorar la economía del país, de manera forzosa y violando sus derechos humanos. Pasará algún tiempo más, sin embargo, para saber la fecha en que el juzgado de crimen organizado se manifieste a favor o en contra de que el caso pase de la fiscalía a la etapa de investigación judicial. Si fuese así, el plazo de esas pesquisas debe ser de ocho meses, con una posible ampliación de cuatro más. «Si mantenemos el ritmo de audiencias establecido inicialmente por el juez, en no menos de un mes se estaría decidiendo», dice el abogado Milton Campos.
Sudaca buscó al doctor Aguinaga, pero se limitó a dejar en visto los mensajes que solicitaban su versión.
