[INFORMES] Nueve meses atrás, el director de Sudaca publicó la historia breve de un “hecho grave, vergonzoso e intolerable”, tal como lo describió en su informe del 27 de marzo del año pasado. Sucede que los fiscales provinciales del Primer Despacho del Equipo Especial del Caso Cuellos Blancos, Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Alessandro Castro Huamán, cruzaron del lado iluminado de la ley al lugar más oscuro de esta. Como sabemos, desde que la prensa descubrió la crisis institucional, ética y de credibilidad del sistema de justicia, más de uno habló de la necesidad de refundarlo. Es así que, por el impulso del expresidente Martín Vizcarra se modificaron partes sustantivas del texto constitucional, se desapareció el Consejo Nacional de la Magistratura y se le sustituyó por la Junta Nacional de Justicia, una institución que ha mostrado gran severidad en la tarea de destituir jueces y fiscales supremos involucrados en los audios de la vergüenza, pero poca rapidez en sancionar a los magistrados que han falsificado certificados de estudios para ascender a cargos públicos de mayor nivel en el Ministerio Público.
Pese a todos esos cambios y controles, que pasan en gran medida por el posicionamiento de nuevos magistrados en la Fiscalía y en el Poder Judicial, parece que la crisis del sector judicial se ha agudizado debido a que algunos malos fiscales han convertido a la Justicia en un servicio delivery puesto a disposición de algunos empresarios y ex magistrados, que en su condición de supuestos colaboradores eficaces expanden su poder corruptor, convirtiendo a perseguidores del delito en defensores de oficio de los delincuentes a los que deberían perseguir.
¿Qué paso en la reunión virtual?
Al medio día del 16 de marzo del 2023 los fiscales Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Castro Huamán realizan coordinaciones administrativas con la finalidad de lograr una reunión virtual (vía Google Meet) con el encargado del despacho fiscal de la Tercera fiscalía corporativa de Santa Rosa, Abelardo Caycho Ramis, quien ha sido designado en el cargo el 10 de marzo del 2023 en reemplazo de la Fiscal Melissa Chinchayán Sato.
En dicha reunión virtual los fiscales del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos muestran su interés particular y una injerencia indebida en la tramitación de la Carpeta Fiscal N° 60-2020 a cargo del Fiscal Abelardo Caycho, que es una investigación preparatoria (proceso penal) que tiene como imputado a Walter Ríos Montalvo a quien le atribuyen la comisión de los delitos de denuncia falsa y encubrimiento personal. La denuncia en su momento fue presentada por el abogado José Luis Castillo Alva contra Walter Ríos en la Primera Fiscalía Suprema Anticorrupción quien derivó la denuncia a la Presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima y esta a su vez lo deriva a la Fiscalía de Santa Rosa (Ancón) teniendo en cuenta el lugar de comisión del delito que es la Fiscalía más próxima al Penal de Piedras Gordas I lugar donde se encuentra recluido Walter Ríos Montalvo.
El Fiscal Junior Rodríguez y su adjunto Max Castro en la reunión virtual vía Google Meet que realizó abordó tres temas: 1) La necesidad de que el fiscal Abelardo Caycho, quien conduce la investigación contra Walter Ríos, le precisara una fecha tentativa de conclusión de la investigación y del pronunciamiento final, 2) La necesidad de que se emita una pronta decisión en la carpeta de Ríos Montalvo ya que con anterioridad hubo una reunión con la ex fiscal del caso Melissa Chinchayán Sato quien le habría señalado su posición (según Andy Junior Rodríguez) de ordenar el sobreseimiento del caso y 3) Que esta investigación habría sufrido dilaciones innecesarias, lo cual le causaría retrasos a la investigación a su cargo en la que se encuentra en calidad de investigado el ciudadano José Luis Castillo Alva.
Luego de esta reunión virtual vía Google Meet sorpresiva e irregular de los fiscales provinciales del caso Cuellos Blancos en la que se mostraba un interés directo y una interferencia indebida en una concreta carpeta fiscal (60-2020) por el archivo de la investigación en contra de Walter Ríos Montalvo, el fiscal Abelardo Caycho pasó a elaborar un acta fiscal de fecha 16 de marzo del 2023 teniendo como hora 12.30 pm, en donde relata los pormenores de su reunión con los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro e informa mediante oficio a la secretaria General de la Fiscalía de la Nación.
EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y LOS ILÍCITOS DISCIPLINARIOS COMETIDOS POR LOS FISCALES
Según fuentes del Ministerio Público lo que han hecho los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro es un claro ejemplo de la comisión del delito de tráfico de influencias, debido a que buscan intervenir de manera indebida e ilícita en el archivo a favor del procesado Walter Ríos Montalvo y para ello presionan a los fiscales encargados de la carpeta fiscal N° 60-2020 y, además, exigen que sea en el tiempo más breve posible.
En los diversos niveles e instancias del Caso Cuellos Blancos hay varios ejemplos de que a las personas se las investiga y procesa solo por haber hecho llamadas e interesarse en un determinado caso. Los fiscales provinciales del caso “Cuellos Blancos” abusando de su poder y lejos de respetar los límites de la competencia funcional, como es pedir información siguiendo los canales oficiales como los oficios, las providencias, los informes, etc., toman temerariamente atajos y hacen lo que mejor les parece, dado el poder que tienen, llaman a otros fiscales de otros distritos fiscales para presionar, interferir y dirigir hacia un determinado resultado las decisiones de casos que les interesa.
Esta situación tan grave lleva a que, además, ambos fiscales hayan violado el artículo 39.7 de la Ley de la Carrera Fiscal N° 30483 que sanciona al que busca: “Influir o interferir de manera directa o indirecta, en el resultado de las investigaciones fiscales que no estén a su cargo” y que constituye una falta muy grave del artículo 47.6 de la Ley de la Carrera Fiscal al castigar al que “Interfiere en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal” y el artículo 47.13 de la misma Ley que establece como falta muy grave: “Incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo”.
La interferencia funcional cometida por los fiscales provinciales del caso Cuellos Blancos es doble. Por un lado, está la interferencia con la fiscal anterior del caso, Melissa Chinchayán Sato, quien les habría señalado que su posición era el ordenar el sobreseimiento en beneficio del procesado Ríos Montalvo y, por otro lado, se encuentra la clara presión al fiscal Abelardo Caycho al pedirle expresamente que “emita una pronta decisión” en la carpeta fiscal N° 60-2020 que estaba a su cargo, sin ser parte en el proceso, y recordarle en un direccionamiento e interferencia manifiesta de su decisión que la anterior fiscal del caso (que ellos no investigan) les había indicado que se inclinaba por el sobreseimiento del caso. ¿Por qué los fiscales del caso Cuellos Blancos tendrían que violar la reserva de una conversación privada mantenida con la anterior fiscal, y que el nuevo fiscal no tenía por qué saber, si no es para orientar y dirigir la decisión final del caso en un determinado sentido?.
Lo grave es que previamente a la reunión a través del aplicativo Google Meet los Fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro habían enviado, a solicitud de Melissa Chinchayán Sato, un Informe acerca de la carpeta fiscal a su cargo en donde habrían reportado sobre las principales diligencias, señalando el estado de la investigación y, además, la información pertinente; asimismo, ellos habían recibido por conducto regular igual información de la carpeta fiscal 60-2020. Si toda la información de ambas carpetas había sido tramitada de manera fluida y oficial, ¿qué necesidad había de hacer una video llamada y presionar al nuevo fiscal que tenía a su cargo la carpeta fiscal para que dicte la resolución de archivo del caso favorable a Walter Ríos Montalvo?
Los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro no pueden negar la reunión virtual debido a que fue su propio despacho fiscal la que creó la cuenta con la que luego se sostuvo la videollamada. Igualmente, juega en su contra el hecho de que nunca coordinaron previamente por un canal oficial (v. gr. la coordinación del Equipo Cuellos Blancos, la Fiscalía de la Nación o la Presidencia de la Junta de Fiscalía de Ventanilla) y nunca se citó formalmente a una mesa de trabajo conjunto y menos se mandó un oficio (o algún documento) que formalice la reunión. Algunos fiscales especialistas en casos de corrupción de funcionarios nos señalan que, si los fiscales Rodríguez y Castro hubieran actuado de modo transparente y de acuerdo a sus funciones, ellos tendrían que haber tomado la iniciativa y pedir –dada la unilateralidad de la solicitud de la reunión virtual vía Google Meet– que se realice y se suscriba un acta fiscal dejando constancia de dicha reunión y el no haberlo hecho es un elemento clave para demostrar la conducta manifiestamente irregular. Justamente, frente a la actuación clandestina de la llamada que no sigue ningún protocolo formal, el fiscal sorprendido y el receptor de tamaña comunicación es quién procedió a elaborar un acta fiscal.
Sin embargo, las cosas no quedaron allí. El Fiscal provincial Abelardo Caycho la semana pasada envío una comunicación a la máxima instancia del Ministerio Público en la que reporta los hechos contenidos en el acta fiscal de fecha 16 de marzo del 2023. En el Oficio N° 01-2023 -MAR-3°FPPC-2°D-ACR-CF-60-2020 ha señalado en el punto 2: “Conforme lo indicado por los señores fiscales Rodríguez Domínguez y Castro Huamán, la carpeta fiscal de la cual soy responsable (60-2020) guarda estrecha relación con la que se encuentra a su cargo. DEMOSTRANDO TENER UN INTERÉS DIRECTO EN CUANTO A LA TRAMITACIÓN Y EL RESULTADO DE DICHA INVESTIGACIÓN, CUYO PLAZO SE ENCUENTRA PRÓXIMO A VENCER. POR LO QUE CONSIDERO CORRECTO PONER ESTE HECHO A SU CONOCIMIENTO POR SER DE TRASCENDENCIA. Asimismo, para garantizar el derecho de defensa de las partes y la autonomía funcional de los fiscales en el ejercicio de sus funciones”.
Es increíble como, ciertos funcionarios del Ministerio Público han confundido su rol como miembros de una institución encargada de perseguir el delito en una suerte de policía política destinada a observar, vigilar y seguir (ovise, en términos policiales) a periodistas, políticos y empresarios que algún fiscal termo céfalo y de gran poder decidiera por sí y para sí que esos ciudadanos eran “altamente peligrosos” para el país.
Tras quedar al descubierto el reglaje a los periodistas César Romero y Juan Carlos Tafur, del diario La República y el portal Sudaca, el Ministerio Público decidió cambiar al fiscal Andy Rodríguez del Quinto Despacho Provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, para luego ser designado por el propio Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena como Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal (Corporativo) de Arequipa en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa. ¿Es que ahora se premia a los fiscales persecutores o estamos asistiendo al inicio de un escándalo de enormes proporciones?
“Sudaca no recibió una carta aclaratoria, no sufrió una querella por difamación ni ningún desmentido por parte de los imputados. ¿Qué hicieron? Violentando todo el orden legal vigente y abusando de su poder, incluyeron al suscrito, junto al periodista César Romero de La República, en una investigación reservada, bajo la hipótesis absurda de pertenencia a una presunta organización criminal, y en base a ello ordenaron el seguimiento, reglaje, chuponeo telefónico y videovigilancia de los mencionados desde el 5 de abril hasta fines de noviembre, cuando el caso es archivado por la inexistencia de indicio alguno que probara una imputación antojadiza, utilizada como excusa legal para espiar a periodistas y descubrir sus fuentes informativas”, señaló Juan Carlos Tafur.
Consultado por Sudaca, el periodista Ricardo Uceda, uno de los más caracterizados miembros del gremio, nos dijo que el objetivo está expresado en los hechos, es decir, en el reglaje mismo, el hecho es que constituye un abuso de poder intolerable, vale decir, inadmisible. Es más, el uso que hace el fiscal de medios legales para objetivos completamente ilegales es completamente ilegal e inconstitucional, y, desde luego, contrario a la libertad de expresión. Y requiere ser investigado en todos sus detalles.
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