Lilia Paredes

Como ha contado La República, la reunión se produjo en un inmueble de Surquillo. “Quiero precisar que, como señalé antes, entendimos que nos íbamos a reunir con asesores del presidente de la República pero no conocía de qué personas se trataban. (…) En la reunión estaba el señor Alejandro Sánchez Sanchez, que nos dijo que las personas que lo acompañaban eran amigos y paisanos del presidente, que estaban en Lima para apoyarlo, dando a entender que eran conocedores del rubro de la construcción”, detalló el testigo.

Allí, esta persona pudo identificar no solo a José Nenil Medina, sino a Jackeline Castañeda del Castillo, jefa de presupuesto del ministerio de Vivienda; al ya mencionado Salatiel Marrufo y a Abel Cabrera Fernández, uno de los financistas de la campaña del presidente Castillo. Cabrera, además, ha sido identificado como el hombre que colocó a cargo de Vivienda a Geiner Alvarado. Así lo dijo el colaborador eficaz el 24 de julio pasado.

“De mucha confianza era el nexo con el Ministro de Vivienda junto con Abel Cabrera, quien fue la persona que recomendó a Geiner Alvarado como Ministro de Vivienda. Por eso ellos manejaban esa cartera a su antojo, sacaban licitaciones y todo eso”, señaló. Alvarado, entrevistado por la fiscalía el pasado 4 de agosto, admitió que Cabrera lo propuso para el cargo.

Todo este círculo de confianza del presidente habría concertado la repartija de obras. Con estos y otros elementos, el pasado 19 de agosto, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder dispuso formalizar investigación preparatoria con la primera dama, Lilia Paredes, sus hermanos Yenifer, Walter y David y los alcaldes de Anguía, Nenil Medina; Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui; y Chadín, César Cabrera. También se encuentran comprendidos los hermanos Hugo y Anggi Espino, quienes vienen colaborando con la justicia. En Palacio siguen jugando el papel de víctimas.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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La Sunedu tampoco puede retirar o anular los grados académicos a la pareja presidencial, pues eso no figura entre sus atribuciones. El 28 de junio, la parlamentaria fujimorista Tania Ramirez –quien, por cierto, también fue acusada de plagio, en mayo pasado– envió un oficio a esta Superintendencia, donde solicitaba la cancelación de los grados de Castillo y Paredes, y que se inicie un proceso administrativo a la UCV. Incluso, con respecto a la casa de estudios, sugirió que “se impongan las sanciones prescritas en el artículo 20º y 21º del Decreto Supremo Nº 005-2019-MINEDU”. Estas sanciones podrían llegar, eventualmente, a la cancelación de la licencia de la universidad.

Tania Ramirez y la Sunedu
Tania Ramirez ha solicitado a la Sunedu que tome medidas ante este caso. A finales de mayo, ella también fue acusada de plagio en la UCV. (foto: Congreso).

“La inscripción del título en el registro de la Sunedu es simplemente declarativa, para que la información sea accesible. Las universidades son las que tienen que declarar la nulidad de un título que han emitido, dentro del plazo previsto por la ley. Lo que sí podría hacer la Sunedu es evaluar qué acciones ha tomado la universidad”, aclara Daniel Navarro, de la Sunedu. En caso se detecten incumplimientos a las obligaciones, agrega, pueden proceder con las sanciones referidas por la parlamentaria Ramírez. Según otras fuentes de la Sunedu, actualmente esta entidad está analizando la documentación que ha remitido la UCV.

 

 

 

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