Para la Universidad César Vallejo (UCV), el caso del presunto fraude académico en la tesis de maestría de Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes, es un asunto concluido. Lejos de reconocer el plagio y actuar en consecuencia, la universidad de César Acuña considera que ya cumplió con su obligación de revisar el documento e informar a la Sunedu sobre su accionar. “Ya la universidad ha cumplido con todo lo que tenía que cumplir con el caso Castillo, no se va a pronunciar más», recalcó Jair Ramirez, director de comunicaciones de la casa de estudios, cuando Sudaca le consultó sobre este tema.
El 3 de junio, el Consejo Universitario de la UCV se reunió y acordó que, sobre el tema, la institución cumplirá “con las disposiciones que señale el órgano de justicia”. El acta que contiene ese acuerdo fue remitida a la Sunedu mediante un oficio el 9 de junio. Este documento se suma al informe que anteriormente remitió la universidad en el que se daba cuenta de los resultados de la revisión de la cuestionada tesis y que afirmaba que el trabajo de Castillo y Paredes mantenía un “aporte de originalidad”, pero solo del capítulo 3 en adelante. En el marco teórico, en cambio, la “similitud” (el documento no usa el término “plagio”) llega a estar por encima de 90%, según Turnitin, el programa utilizado para hacer el análisis.
La decisión del Consejo Universitario es en la práctica un saludo a la bandera, puesto que la UCV no tiene otra opción que no sea acatar los mandatos judiciales. “Todos tenemos la obligación de colaborar con la justicia, de entregar pruebas. De no hacerlo, se puede incurrir en ilícitos penales”, señala el abogado Rafael Chanjan. Sin embargo, este penalista considera que la UCV podría hacer más, si quisiera.
Podría, por ejemplo, presentar una denuncia bajo el delito de falsedad genérica, figura en la cual puede argumentar que también ha sido agraviada por el presunto plagio. Eso le permitiría participar más activamente en las investigaciones. “Cuando eres denunciante, impulsas a que avancen las investigaciones penales de manera más proactiva: puedes presentar pruebas como agraviado, cuestionar las que presente el abogado defensor, presentar alegatos, participar en audiencias, contrainterrogar a testigos. Como testigo, en cambio, solamente entregas información cuando te la piden”, explica Chanjan.
La universidad, a juzgar por el acuerdo de su Consejo Universitario, no se considera agraviada por Castillo y Paredes, y solo aguardará a lo que diriman los jueces. Esta actitud de espera fue refrendada por el propio César Acuña el pasado jueves. En declaraciones recogidas por la prensa, el fundador y propietario de la UCV dijo que serán el Poder Judicial los que decidan qué pasará con la tesis y los grados de magister de Castillo y su esposa. Aseguró, también, que la universidad no puede anular sus grados. Esta afirmación es cierta: según la Ley 27444, las instituciones solo tienen 2 años para poder declarar la nulidad de un acto administrativo (y el otorgamiento de un grado académico lo es). Luego de eso, tienen 3 años adicionales para demandar esta nulidad al Poder Judicial. La tesis en cuestión data de 2012, por lo que estos plazos ya vencieron largamente. “Incluso antes estos plazos eran menores”, acota Daniel Navarro, director de Dirección de de Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Sunedu.
El único camino que queda para eventualmente llegar a la anulación del grado académico del presidente pasa, necesariamente, por el Poder Judicial. Actualmente, la investigación por el presunto plagio la está llevando la Fiscalía Corporativa Provincial Penal de Trujillo. Al respecto, Chanjan menciona que cabe la posibilidad de que una eventual denuncia la UCV se acumule con la otra investigación en curso, para poder agilizar el caso. “Sí podría solicitarse. Pero tendría que existir esa voluntad por parte de la universidad”, aclara.
La Sunedu tampoco puede retirar o anular los grados académicos a la pareja presidencial, pues eso no figura entre sus atribuciones. El 28 de junio, la parlamentaria fujimorista Tania Ramirez –quien, por cierto, también fue acusada de plagio, en mayo pasado– envió un oficio a esta Superintendencia, donde solicitaba la cancelación de los grados de Castillo y Paredes, y que se inicie un proceso administrativo a la UCV. Incluso, con respecto a la casa de estudios, sugirió que “se impongan las sanciones prescritas en el artículo 20º y 21º del Decreto Supremo Nº 005-2019-MINEDU”. Estas sanciones podrían llegar, eventualmente, a la cancelación de la licencia de la universidad.
“La inscripción del título en el registro de la Sunedu es simplemente declarativa, para que la información sea accesible. Las universidades son las que tienen que declarar la nulidad de un título que han emitido, dentro del plazo previsto por la ley. Lo que sí podría hacer la Sunedu es evaluar qué acciones ha tomado la universidad”, aclara Daniel Navarro, de la Sunedu. En caso se detecten incumplimientos a las obligaciones, agrega, pueden proceder con las sanciones referidas por la parlamentaria Ramírez. Según otras fuentes de la Sunedu, actualmente esta entidad está analizando la documentación que ha remitido la UCV.
