Fue candidato a una alcaldía con Renovación Popular, pero la derrota no evitó que obtenga generosos contratos con municipalidades bajo el control del partido de Rafael López Aliaga.
Los innumerables casos que de aprovechamiento por parte de presidentes, ministros, congresistas y hasta alcaldes que han colocado en puestos claves a sus amigos, familiares o militantes de sus agrupaciones políticas han sido, sin lugar a dudas, una de las principales razones por las que un gran sector de la población desarrolló una razonable desconfianza hacia la mayoría de partidos que han estado en el poder durante los últimos años.
Este clima de cuestionamientos y decepciones también creó que el contexto idóneo para que nuevos partidos puedan representar una renovación enarbolando la bandera contra esas prácticas. Renovación Popular fue uno de esos partidos y, con un discurso de guerra contra el sector progresista al que acusaba de llegar al poder para copar la instituciones y utilizar sus recursos contratando a sus aliados, logró el respaldo de un importante sector en diversos distritos de Lima.
Sin embargo, como ha ocurrido en tantas oportunidades, los partidos políticos pueden mostrar una cara distinta cuando están en el poder. Esto es lo que parece haber ocurrido con Renovación Popular, una agrupación política que parece tener sus propios caviares.
DE ALCALDE O LO QUE SEA
Para las elecciones del año 2022, William Ronald Salazar Mateo postuló al cargo de alcalde de Cieneguilla con Renovación Popular. El candidato de treinta y seis años quedó tercero y con una diferencia considerable con respecto al ganador de este proceso electoral. No obstante, el partido del alcalde de Lima no se olvidó de él al llegar al poder.
Antes de cumplir su primer mes como alcalde de Lima, Rafael López Aliaga ya había logrado que su excandidato a Cieneguilla consiga una orden de servicio por seis mil soles con la Municipalidad de Lima por el concepto de servicio de coordinación de proyectos.
Pero este no sería su único contrato con una municipalidad. Entre octubre y diciembre, Salazar Mateo facturó dieciocho mil soles por tres diferentes órdenes de servicio con la municipalidad del distrito de La Victoria, en donde el alcalde es Rubén Cano Altez y también forma parte de las filas de Renovación Popular.
El trabajo del excandidato a Cieneguilla también sería muy solicitado por la Municipalidad de Lince. Con tres órdenes de servicio correspondientes a los meses de abril, septiembre y noviembre del 2023 que representaron veinticinco mil soles en ingresos para William Ronald Salazar Mateo por trabajos de distinta índole, como la coordinación de eventos y el monitoreo de página web y redes sociales. Casualmente, el distrito de Lince se encuentra a cargo de la gestión de Malca Schnaiderman, quien también pertenece a Renovación Popular.
Con las órdenes de servicio de los municipios de Lima, Lince y La Victoria, William Salazar Mateo recibió cuarenta y nueve mil soles en 2023. Según el buscador de proveedores del Estado, las únicas órdenes de servicio a su nombre las ha conseguido con estos distritos que, coincidentemente, están bajo el mando del partido político que él integra.
UN PARTIDO FAMILIAR
Pero este no es el único integrante de la familia Salazar Mateo que ha conseguido trabajo con Renovación Popular. Tal como lo reveló Sudaca en el informe titulado El protegido de López Aliaga, Cristian Salazar Mateo, quien aparece en imágenes de redes sociales junto a William Salazar Mateo, ha conseguido ser designado como parte de la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Municipalidad de Lima y como miembro del Consejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas pese al episodio de difamación en el que estuvo involucrado.
Aunque hasta la fecha el discurso de Renovación Popular intenta plantear una batalla en la que ellos son los únicos que pueden evitar que el sector progresista, a los que llaman caviares, se adueñe del Estado y regale puestos laborales a sus aliados, los hechos parecen demostrar que el partido de Rafael López Aliaga tiene sus propios caviares.
Sudaca pudo acceder a documentos que se manejaron dentro de la propia municipalidad en los cuales se evidencia que existían serios cuestionamientos al trabajo de Ampuero. Entre los motivos por los cuales se pone bajo la lupa la labor desempeñada por la exprocuradora se encontraba que, aparentemente, se enfocó exclusivamente en el recordado conflicto que tuvo la gestión de Uceda con Cencosud por la inexplicable y sospechosa oposición de la municipalidad a que un centro comercial abra sus puertas.
A estas críticas también se les sumaron los posibles incumplimientos a las obligaciones que tenía con la municipalidad. Según los documentos revisados por Sudaca, Ampuero Meza debía presentar tres informes sobre el trabajo que venía realizando y estos debían ser entregados a los 15, 45 y 75 días posteriores a la orden de servicio.
La presentación de estos informes era necesaria dado que los pagos a Katherine Ampuero, que habían sido divididos en tres tramos, se debían realizar posteriormente a la presentación de los informes en cuestión. Pero únicamente se pudo encontrar uno de los tres entregables que debían ser presentados a la municipalidad con la información detallada del trabajo que venían realizando la exprocuradora.
SI NO ME ACUERDO NO PASÓ
“Tengo 101 millones de soles de déficit. Tengo que hacer maravillas para mejorar mi distrito”, declaró el alcalde Diego Uceda en mayo de este año. Sin embargo, contrataciones como las de Katherine Ampuero, cuyo trabajo ha terminado bajo la lupa de los propios trabajadores de la Municipalidad de La Molina, no estarían reflejando un uso idóneo de los supuestamente escasos recursos del distrito. Sudaca intentó comunicarse con Ampuero Meza para conocer su descargo, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.
En este decreto también se dispuso que se realizarían elecciones para determinar quiénes integrarían esta comisión en representación de las ollas comunes. Si bien hasta ese punto no parece encontrarse nada extraño, lo que llamó la atención de las representantes de las ollas comunes fue el breve periodo en que se pretendía realizar todo el proceso. Esto debido a que el decreto recién se publicó el día martes 19 de diciembre y se pretendía que las candidaturas se inscriban hasta el día 25 de diciembre.
Sudaca pudo comunicarse con Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, quien manifestó su disconformidad con este proceso debido a que, además de no haber recibido la difusión necesaria, se realizó en días que las ollas comunes estaban realizando eventos por navidad para los niños y, por lo tanto, no disponían del tiempo necesario para organizarse con las firmas requeridas y la elección de representantes de las diferentes zonas.
“Como todos saben, en estos días estamos realizando chocolatadas con motivo de las fiestas navideñas”, explica Fortunata y, al igual que lo detalla en una carta que le enviaron al alcalde de Lima, agrega que en esas fechas resultaba más difícil conseguir las firmas de las coordinadoras que exigían para la inscripción de la lista de candidatos.
UNA GANADORA CUESTIONADA
La polémica con respecto al triunfo de Solórzano Rivera comenzó el día 26 de diciembre, dos días antes de las elecciones, cuando en las redes sociales de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana se publicó un audio en el cual Luz Solórzano se jacta de su inminente triunfo. “Ni elecciones ya, porque solamente vamos a firmar para dar fe. Vamos a ir a sufragar dando fe. Las urnas dirán que aquí no hay otro candidato”, se escucha en el audio difundido.
Sin embargo, el triunfo de Solórzano no fue el único que se produjo en el contexto de lista única. Tanto en Lima Norte como Lima Este también se pudo observar que sólo existía una lista en competencia para representar a estas zonas en la comisión que la Municipalidad de Lima ha decidido crear.
Tras las elecciones presidenciales de 2021, el partido político del alcalde de Lima, Renovación Popular, no tuvo reparos en denunciar un fraude electoral pese a la ausencia de pruebas contundentes. Tres años después, Rafael López Aliaga, esta vez como autoridad a cargo, vuelve a encontrarse con acusaciones de fraude, aunque esta vez son en su contra y con pruebas que generan dudas razonables.
El Comité de Gestión de Alto Nivel respalda el cierre, pero hay divisiones entre la Municipalidad de Lima y el MINAM sobre la posible aprobación del PAMA. En ese entonces, los vecinos expresaron su apoyo al cierre temporal, mientras que exigían un cierre definitivo y acciones más contundentes por parte de las autoridades para salvaguardar la salud de la comunidad en Lomas de Carabayllo.
A pesar de tener 10 años para cancelar la deuda, la Municipalidad de Lima la saldó en aproximadamente cinco semanas, realizando pagos significativos en enero y febrero de 2006. Según la denuncia fiscal, los costos de esta operación financiera corresponden a Comunicore y no a la Municipalidad de Lima.
Algunos meses después, más precisamente en agosto, Delgado Silva volvió a ser contratado y nuevamente fue por la cifra de S/. 39,500.00 para que desempeñe el trabajo de coordinador con el concejo municipal y con ello acumular casi ochenta mil soles por su trabajo en la Municipalidad de La Molina.
No obstante, una costosa contratación podría estar justificada si los resultados son positivos para la municipalidad, aunque este no parece ser el caso. Sudaca pudo conversar con una regidora que ha preferido mantenerse en el anonimato por temor a represalias, pero aseguró que la persona contratada para ser coordinador es un desconocido para ella y sus colegas.
Sudaca intentó comunicarse con Ángel Delgado para conocer su versión sobre el trabajo para el que fue contratado por la Municipalidad de La Molina. Sin embargo, hasta la fecha en que se publicó este informe, no hemos recibido ningún tipo de comunicación de su parte.
Aunque esta no es la primera vez que una contratación de Ángel Delgado es cuestionada. En febrero de este año, la periodista Anuska Buenaluque del medio Epicentro informó que, a pedido de la Comisión de Constitución, la Mesa Directiva del Congreso autorizó que se contrate a un experto en materia constitucional. Si bien Delgado Silva calificaba como especialista, resultó cuanto menos extraño que se realice este gasto cuando dicha comisión cuenta con un consejo consultivo ad honorem. En otras palabras, prefirieron pagarle a Delgado sabiendo que podían recibir la opinión de varios expertos sin invertir ni un sol.
Los vínculos entre Delgado y Renovación Popular también se han visto en el Congreso. En el mes de febrero, el congresista Alejandro Muñante, aprovechando su cargo de tercer vicepresidente, le otorgó un reconocimiento a la Coordinadora Republicana de Ángel Delgado Silva.
Entre los cuestionables antecedentes de este constitucionalista también destaca su cercanía al grupo ultraderechista denominado La Resistencia, conocido por sus acciones violentas contra periodistas, funcionarios y políticos. Además, en sus redes sociales, Ángel Delgado se ha mostrado como un fiel seguidor de Rafael López Aliaga, el líder de Renovación Popular.
Caviar se ha convertido en un término muy usado por integrantes de Renovación Popular para descalificar y acusar a sus adversarios políticos vivir del dinero del Estado. Sin embargo, casos como el de Ángel Delgado en la Municipalidad de La Molina parecen demostrar que el partido de Uceda y López Aliaga tiene sus propios caviares que no le salen nada baratos a un distrito cuya municipalidad, además, estaría atravesando una grave crisis económica.
Hay que señalar que si bien el SERPAR argumenta falta de fondos, destinó cerca de S/ 145,000 para una «playa artificial» en el Club Zonal Wiracocha de San Juan de Lurigancho y mantiene una planilla abultada de trabajadores . “Con esa plata nos hubieran podido pagar pero, esta es nuestra triste realidad”, añadió el ex trabajador.
