Ronderos

Pedro Castillo lleva menos de dos semanas en el gobierno, pero ya empieza a espantar a varias organizaciones sociales, algunas de las cuales lo apoyaron activamente en su campaña. Diversos gremios han manifestado su desaprobación a algunas medidas del profesor chotano, cuyo CV incluye estar al frente de un activo sindicato de maestros recordado por paralizar las clases el 2017. Paradójicamente, hoy Castillo enfrenta amenazas de huelga.

 

Los últimos en alzar la voz han sido los miembros del seguro social de salud. El pasado jueves la Unidad de Gremios de EsSalud (UG-EsSalud) –que agrupa a unos 56.000 afiliados repartidos en siete sindicatos de la institución– publicó un comunicado pidiendo al presidente que desista de su intención de unificar el sistema sanitario, que actualmente está dividido entre EsSalud, el ministerio de Salud (MINSA) y los servicios de las fuerzas castrenses.

Diversos especialistas han encontrado consenso a favor de convertir el sistema público de salud en una sola entidad, según este informe Salud Con Lupa. Incluso la propuesta había sido planteada por el gobierno de Martín Vizcarra, pero fue rechazada en su momento por los trabajadores de EsSalud, que temen que sus fondos sean destinados a financiar servicios de otras entidades y que consideran que el Ejecutivo ha demostrado impericia al momento de articular esfuerzos con direcciones regionales de salud.

Lo cierto es que el actual presidente revivió aquella propuesta durante su primer mensaje a la nación, el pasado 28 de julio. Tres días después, los gremios enviaron a Castillo un oficio en el que se le pedía una audiencia para que pueda explicar esta iniciativa, pero Castillo no los atendió. De mantenerse el silencio, anuncian una huelga nacional.

 

“Hay que ser respetuosos de las leyes. Les hemos pedido claridad en el tema, de lo contrario estamos por anunciar una huelga nacional. Sería para fines de septiembre o inicios de octubre. Tienen tiempo suficiente para convocar a las organizaciones y establecer acuerdos. Nosotros no queremos marcar la agenda del gobierno. Solo queremos que nos escuchen”, afirma Wilfredo Ponce, secretario general de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud (FED-CUT).

Para los sindicatos, lo que debería impulsar el gobierno no es la unificación, sino la universalización del sistema sanitario. “Lo que vendría a ser un intercambio prestacional. En algunos casos ya se cumple en la práctica”, explica María del Pilar Arévalo, secretaria general del Sindicato Unitario Nacional de Nutricionistas de EsSalud (Suness). 

Esto significa que una persona, incluso no asegurada, pueda atenderse sin problemas en EsSalud, MINSA o el Hospital de la Policía dependiendo de qué institución tenga mayor capacidad operativa, pero que la entidad que deriva al paciente asuma los costos a través de un tarifario único.

Los gremios, además, apuestan por el fortalecimiento de sus arcas. “Unificar no significa que el sistema va a mejorar. EsSalud tiene una deuda por cobrar de años: S/630 millones del sector público y S/3.000 mil millones del sector privado. De repente con algunas normas, a cambio de terrenos o embargos tal vez, pueda pagarse para mejorar las prestaciones que brinda el seguro social”, apunta el dirigente Alberto Meza, , secretario general del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social (SINATEMSS).

Los sindicatos de salud viven hoy en la incertidumbre. Meza asegura que el actual ministro de Salud, Hernando Cevallos, ya sabía de las alternativas que estos plantean antes de la segunda vuelta. “Tuvimos una reunión con el señor Cevallos antes de que sea ministro. Él manifestó que la unificación no se trataba de un tema literal”, afirma. Pero en el encuentro participaron miles de médicos de otros gremios y temen que sus palabras hayan caído en saco roto.

En paralelo, el gremio ya ha entablado conversaciones con algunos congresistas, que podrían capitalizar estas demandas. “Tampoco vamos a esperar de brazos cruzados la respuesta del Ejecutivo. Ellos predican el diálogo social, pero no lo practican”, dice el dirigente Wilfredo Ponce.

 

Un gobierno con sindicato propio

El sinsabor en los gremios del seguro social se suma a otras organizaciones que  hicieron público su apoyo a la candidatura de Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral y que ahora se manifiestan en contra de algunas medidas.

El primer reclamo llegó desde el magisterio, luego de que el ministerio de Trabajo, pocas horas después de que asumiera el nuevo gobierno, le otorgara la inscripción sindical a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú). Este grupo fue fundado por Pedro Castillo luego de la huelga del 2017. De hecho, el ahora presidente de la República fue su secretario general hasta octubre pasado.

Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), pegó el grito al cielo porque esto le quitaría el monopolio de la representación de profesores. “Ahora va a haber dos sindicatos que dicen representar a los maestros y los auxiliares del país. Uno que es histórico, el nuestro, con 49 años de existencia; y otro que es creación del presidente de la República y del ministro de trabajo, que va a ser un sindicato gobiernista”, critica Castro., que hizo público su apoyo a Pedro Castillo durante la segunda vuelta. 

El Sutep llamó al voto por Castillo en la segunda vuelta. Hoy, Lucio Castro, su secretario general, retira ese respaldo.

“Nos parece poco ético, y no responde a la palabra de maestro, que un gobernante quiera tener su sindicato propio, que diga hacia los medios que va a respaldar y fortalecer las organizaciones gremiales que existen y por otro lado que impulse la creación de un sindicato que divide a los trabajadores”, reclama el sindicalista.

Fenate Perú había intentado inscribirse en años anteriores, pero sus solicitudes siempre fueron observadas por el ministerio. Coincidentemente, esta vez no hubo peros. “El deseo de ellos ha sido inscribir su sindicato, lo han logrado aprovechándose del poder que ahora tienen”, denuncia el secretario del Sutep.

A pesar de este trago amargo, Castro garantiza que siguen “esperanzados en la posibilidad de los cambios históricos que el país requiere” y que apoyarán dichas iniciativas, pero  que “las medidas equivocadas [como la inscripción del Fenatep] que están generando problemas visibles” las van a cuestionar. 

 

Rondas exigentes

Otro conflicto latente se aloja entre el gobierno y una facción de ronderos, la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas Del Perú (Conarc). 

Vallejos, presidente de esta central, ha manifestado a medios internacionales sentirse decepcionado de Castillo por no escuchar sus propuestas para la composición del gabinete. De hecho, como informó Sudaca, él mismo fue propuesto por su organización para el ministerio del Interior. No les hicieron caso.

“Su mensaje ha sido clarísimo: el gabinete ha sido elegido por sus bases. Por ejemplo, los maestros al ministro de Educación, los campesinos al ministro de Agricultura y así. En el caso de nosotros esperábamos, al menos, una consulta para proponer algún personaje para el ministerio de Defensa o del Interior”, demanda el dirigente.

El presidente de la Conarc cuenta a Sudaca que se encuentra preparando dos proyectos junto a un «equipo técnico». El primero es la inclusión de las rondas campesinas en el trabajo de la Policía. “Es muy ambicioso. Haremos una conferencia de prensa para explicar cómo se van a insertar las rondas campesinas urbanas en la vigilancia, soporte y apoyo a la Policía y juntas vecinales”, anuncia.

Rondas Victor Vallejos
A la izquierda, Victor Vallejos Tinoco, el presidente de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas Del Perú (Conarc). Fuente: Diario Ahora.

La otra iniciativa consiste en la creación de un instituto para la formación rondera. “Vamos a presentar otro proyecto piloto para la creación de un Instituto superior tecnológico especializado en seguridad ciudadana. Consiste en que nuestros ronderos gocen de esa educación de tres años y tengan un título a nombre del país en seguridad ciudadana”, detalla.

Las iniciativas ya están en la agenda pública y constituyen una presión para el gobierno de Castillo, que se identifica con las rondas campesinas. Pero hay dirigentes ronderos que cuestionan la autoridad de Vallejos para hablar en su nombre, y lo acusan de tener un gremio paralelo a la organización nacional de rondas. 

La Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc, con «u») desconoce la representatividad de sus homólogos de la Conarc. Las diferencias van más allá de las primeras vocales. “Hay una confusión total. Nos diferenciamos de esos compañeros que se hacen pasar por ronderos. Por un momento coyuntural están pidiendo al gobierno que les den incluso ministerios y presupuesto para cumplir la función policial y de serenazgos. Nosotros históricamente no nos hemos creado para eso. No somos guachimanes ni carne de cañón de nadie”, explica el dirigente de esta facción, Marino Flores. 

 

Rechazo al premier

El nombramiento de Guido Bellido como primer ministro también despertó rechazo en el sur. El 30 de julio, José Luis Chapa, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), salió en medios locales a cuestionar la designación. Esta agrupación es la rama arequipeña de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Para Chapa, el mensaje del 28 de julio no tuvo “nada a favor de la clase trabajadora” y la presencia de Bellido en el gobierno es nociva para sus intereses. 

Por ello, el dirigente, al igual que la UG-EsSalud, estima que podrían movilizarse para remover a este personaje. “No descartamos nada. Si tenemos que salir a las calles, lo haremos para pedirle a Pedro Castillo que renuncie este premier [Bellido] que le va a ser daño a esa estabilidad que buscamos nosotros”, declaró a medios arequipeños. 

Así las cosas, entre presiones y anuncios de huelgas, Castillo enfrenta las primeras consecuencias de sus decisiones. No vaya a ser que despierte un día con las calles inundadas de manifestantes, como en aquel invierno del 2017.

*Fotoportada por Leyla López (Fuente: Andina)

 

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El usar rituales y fraseos religiosos ha sido el recurso más notorio en la cadenciosa retórica de Keiko Fujimori en toda su campaña. Pero tras los resultados de la segunda vuelta ha llegado al punto de dejar de lado la realidad y pasar a un mundo regido sólo por creencias. Una creencia es una forma de conducta adecuada a la satisfacción de las propias necesidades tal como el mundo es percibido y no a la verdad. Las religiones y algunas ideologías sustentan sus creencias en dogmas, es decir, en afirmaciones innegables solo por ser sagradas, como la perpetua virginidad de María.

Apelar en el Perú a ese discurso no es para nada una novedad, en tanto su población ha intentado ser conquistada, sometida y engañada durante siglos por discursos basados en una palabra divina emitida por la clásica trilogía de Clorinda Matto de Turner: la del juez, el sacerdote y el hacendado. Tres figuras que comunicaban distorsionadamente los marcos jurídicos, territoriales y morales para explotar campesinas y campesinos mediante el dominio y control del castellano y de la escritura, dos herramientas fundamentales de la escuela, ausente hasta la reforma agraria. Lo sorprendente es que la vigencia de estos dogmas haya salido a la luz en un amplio sector de las clases medias y altas: aún cree que el campesino pertenece a una raza sometida por la suya, que solo pueden ser noticias aquellas que les son convenientes, que la justicia debe satisfacer hasta su despecho, y que toda norma del Estado que contradiga los puntos anteriores será ejemplo de su ineficacia.

Como el triunfo del maestro rural Pedro Castillo ha ido contra esos dogmas, el sector social que Keiko representa ha reaccionado, despechado, con la sacralización y ritualización como bandera, el medio más apropiado por tratarse de un reclamo basado solo en sus creencias. Ni el desconcierto nacional e internacional ha sido suficiente para detener sus reacciones. Su racismo se concentró en burlas al castellano rural y a la supuesta incapacidad de Castillo para poder ejercer el cargo de Presidente de la República. Lo mismo ocurrió con la tergiversación del rol de las rondas campesinas, reconocida y respetada forma de autoorganización para la protección del ganado y resolución de conflictos locales. Que portaran machetes como equivalentes a la espada, a la usanza formal de cualquier guardia, sirvió para negar el deslinde que ya Castillo había dejado en claro respecto de cualquier vínculo con Sendero Luminoso. Por todos los medios de señal abierta, los fieles de Fujimori acusaron a los ronderos que habían vencido a SL en todo el país, de ser “terrucos”, tal y como actuó el Estado peruano durante el conflicto armado, cuando no podía distinguir entre campesinos y terroristas, y optó perversamente por masacrar. Estas reacciones se vieron respaldadas por lo que el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana ha considerado como una falta de los medios de comunicación contra el derecho a una información en las campañas electorales: titulares que tergiversaban los hechos ocurridos, la invitación a especialistas en programas políticos que daban opinión interesada presentada como correcta e imparcial, y la desigual cobertura de ambos candidatos en los medios, pese a  que algunas actividades de Castillo eran incluso más trascendentes a nivel nacional e internacional.

Pero el dogma más gravemente afectado parece haber sido el de la justicia hecha para sí. Cuando debiéramos vivir como un acto de justicia con la población campesina, históricamente excluida de la ciudadanía, el que un maestro rural, hijo de campesinos analfabetos pueda alcanzar el cargo más alto del país, los fieles de Fujimori se enfurecen. Es algo inconcebible. Más aún cuando resulta amenazante porque de perder Keiko Fujimori no podrá protegerse de inmunidad presidencial mientras ella y varios protagonistas de su campaña se encuentran con un proceso de investigación judicial abierto por corrupción. Su argumentación basada en creencias para anular las elecciones rompe no solo con todo el marco jurídico electoral, sino con un principio básico del Derecho y la Justicia: no se puede acusar sin ninguna prueba sólo porque se cree. Lo terrible es que el círculo se cierra al volver al racismo, pues de los de los 945 pedidos de nulidad presentados para inventar las pruebas, más del 60% se realizó en 164 distritos con territorios indígenas. En un absurdo mayor, tras amenazas de marinos y militares retirados vinculados con Vladimiro Montesinos, anunciando un posible golpe de Estado, se culpa al Estado de no querer presentar las pruebas para que ellos acusen a nuestras instituciones electorales de no haberle dado el triunfo.

En el Perú, siempre se ha sostenido con desprecio que en las zonas rurales prima un pensamiento inferior, que debe ser erradicado, el pensamiento mágico religioso. Pues en las zonas urbanas, particularmente en Lima, existe un pensamiento mucho más peligroso, violento y vinculado directamente con el poder de la corrupción política y mediática que estoicamente estamos derrotando. Cual fiera herida, este pensamiento político religioso lanza como último recurso desfiles con banderas monárquicas que cantan la muerte de los terrucos. Sus fieles se niegan fanáticamente a aceptar que su poder ya nunca más nos va a engañar, que hasta en comunidades alejadas se sabe leer y escribir, que hay medios de comunicación alternativos y que, la mayoría digna del país siempre se guiará por la justa verdad de los hechos.

30 de junio de 2021

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Campesinos, Keiko Fujimori, Ronderos

Verificación de mensaje que circula en redes sociales 

Es falsa la imagen de supuestos ronderos que agreden con machete a un joven oficinista en la Plaza San Martín

Fecha de detección: 22 de junio del 2021

FALSO

Tras distintas marchas políticas realizadas el fin de semana, circula en redes sociales una fotografía acompañada de un mensaje que denuncia el supuesto ataque de ronderos armados con machetes contra un joven oficinista en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima. En la imagen en cuestión se observa a una persona que parece estar a punto de agredir a otra con un objeto. Sin embargo, tras rastrear el origen de la foto, la red Ama Llulla señala que esta versión es falsa. 

Según la descripción que acompaña la imagen, viralizada mediante la red de mensajería WhatsApp, el supuesto ataque se habría originado el último sábado 19 de junio, luego de que un joven de 24 años, a quien no se identifica, lanzó una arenga con la siguiente frase: “¡La democracia es primero!”.  

La red AmaLlulla realizó una búsqueda con la herramienta Google imágenes, y detectó que la foto en realidad es una captura del video de una reyerta callejera ocurrida en febrero del 2021 en España.

Según el diario ABC de Sevilla, el video de la trifulca fue grabado por una vecina testigo del hecho en el barrio San Jerónimo, en Sevilla. Esto también fue informado en otros medios locales como Canal SurDiario de Sevillaentre otros. Los reportes indican que la violenta gresca se debió a antiguos problemas vecinales entre dos familias, la del fallecido y la de su asesino.

Al revisar el video es posible notar el momento en el que un hombre vestido con una chaqueta roja apuñala con un arma blanca a una persona que yacía en el suelo. Mientras que dos mujeres, a quienes se identificó luego como la hija y esposa de la víctima, son golpeadas con palos.

El agredido fue identificado como el ciudadano Francisco José, de 50 años de edad, quien falleció tras ser derivado al hospital Universitario Macarena, de la ciudad de Sevilla.

Momentos previos al brutal ataque, algunos integrantes de ambas familias habían discutido. Al enterarse de los hechos, la víctima y algunos de sus parientes acudieron armados con cuchillos para tomar represalias contra sus vecinos.

Según el diario El Correo Andalucía, los atacados repelieron la agresión con palos que encontraron en un contenedor próximo, y lograron arrebatarles los tres cuchillos. En medio de la pelea, la víctima recibió tres puñaladas con una de esas armas blancas.

La Policía Nacional de España detuvo a 8 personas a las que se les imputó el delito de homicidio.

Estas versiones fuera de contexto circulan poco después de viralizarse las imágenes de un rondero que deslizó un machete sobre el suelo, durante una manifestación en apoyo al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo. El incidente dio lugar a un debate sobre el uso de ese objeto por parte de los miembros de las organizaciones de defensa campesina.  

Sin embargo, el protagonista de esas imágenes, Rafael Burga, rondero de Chota en Cajamarca, aclaró en una entrevista con radio Exitosa que el machete que portaba es una herramienta de trabajo en el campo, y que en ningún momento trató de expresar una conducta violenta. Burga explicó que su intención fue simbolizar el hecho de “sacar las raíces malas de la tierra, o en este caso, sacar todo lo malo de la corrupción y que entre todo lo bueno, y se haga de la mejor manera”.

En función a lo expuesto, la red Ama Llulla concluye que la imagen que denuncia un supuesto ataque de ronderos contra a un joven oficinista en la Plaza San Martín, de Lima, es falsa.

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