ESSALUD

En caso de invalidez, muerte accidental o natural

Los seguros de vida te ofrecen la tranquilidad de saber que tu familia contará con un respaldo en caso fallezcas o ya no tengas las facultades para seguir trabajando. Por eso, obligatoriamente todos los trabajadores dependientes cuentan con un Seguro de Vida Ley, que es pagado por su empleador, el cual se otorga desde el primer día laboral. «Si eres dependiente, debes conocer de este seguro, y si eres emprendedor, asegúrate que tú y tus trabajadores cuenten con esta cobertura», señaló Jorge Lazo, del ABC del Seguro Pacífico.

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Carhuapoma, sin embargo, tampoco está libre de líos que lo pueden dejar en el banquillo de los acusados. Desde finales de octubre del año pasado, es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de negociación incompatible. Se le acusa de haber realizado contrataciones irregulares en EsSalud junto a su asesor José Romero Oscco, luego de la difusión de un reportaje de Panorama. En este caso, la fiscalía consideró la carta de renuncia de Carolina Linares, exgerenta general de la entidad, que señaló presiones de Carhuapoma para hacer ascensos ilegales en el seguro social.

Carhuapoma es cuestionado por otros miembros del Consejo Directivo porque fue elegido vicepresidente en una reunión donde solo estuvieron Gino Dávila, presidente ejecutivo; Augusto Tarazona, el otro representante del Estado ante dicha instancia; y el mismo Carhuapoma. Esto, aunque es legal, ha generado molestias entre los consejeros que no respaldan su designación.

“Esto no es algo nuevo. El Ejecutivo designa al presidente y al vicepresidente de esta institución. Nosotros, como representantes de los aportantes y trabajadores, siempre hemos planteado que esta modalidad debe cambiarse. EsSalud no se debe dirigir con influencias políticas. El presidente y vicepresidente deberían ser elegidos por el Consejo Directivo en pleno”, asegura Luis Villanueva Carbajal, representante ante el Consejo de los asegurados que trabajan en el sector público.

Persona cuestionada, investigada y con quejas de parte de los trabajadores no puede tener respaldo de los consejeros. Hay muchas observaciones [en contra de Carhuapoma]”, apunta Vicente Castro Yacila, representante de los trabajadores del sector privado.

Desde su nuevo cargo, además, Carhuapoma ha hecho visitas ‘institucionales’ al flamante mandamás del IPD, Julio ‘Coyote’ Rivera, a cuya institución se están moviendo funcionarios que trabajaron con él en su breve presidencia ejecutiva en EsSalud. Tampoco ha perdido el tiempo en hacer alarde de sus magros ‘logros’ en el seguro social: visitas a hospitales junto a Pedro Castillo o el balance de sus 100 días como presidente ejecutivo. Por supuesto, sus redes sociales no han mostrado un ápice de autocrítica.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

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En un recorrido por hospitales como el Sabogal, el Rebagliati y el Grau -todos de EsSalud- Sudaca comprobó el calvario que los pacientes viven a diario: las colas en las puertas de ingreso son insoportables. En algunos casos, las personas dicen que van a visitar pacientes internados; pero en otros –la mayoría–, están esperando entrar a citas que les ha costado sudor y lágrimas conseguir.

En el seguro social las consultas generales se pueden programar por teléfono, pero eso no significa que conseguirás una atención rápida. Los operadores indican que te llamarán, pero no especifican cuándo. Quienes logran agendar las citas médicas lo hacen después de esperar, al menos, un par de semanas.

Eso, por ejemplo, le ocurrió en el Grau a Jorge Olivares (62), que padece cataratas. “Vine para la ecografía de mi vista. Me transfirieron del Hospital Canto Grande aquí. Eso fue hace, más o menos, 20 días. Por fin me atendieron”, asegura. En la Unidad Básica de Atención Primaria (Ubap) de Jesús María, el tiempo de espera para una ecografía puede llegar a ser de dos meses, relata una asegurada.

En el Grau, una señora de 98 años –que no quiso revelar su nombre– llegó por un dolor de rodilla que no le permite caminar sin bastón. “Saqué mi cita por llamada telefónica ayer y hoy me han reprogramado para marzo”, explica. La señora se retiró a su casa a esperar que le avisen –también por llamada– qué día del próximo mes finalmente la podrán atender.

 

Minsa
La cola en el ingreso del Hospital III Emergencias Grau, ubicado en Cercado de Lima.

 

Godofredo Talavera, expresidente de la Federación Médica, estima que en EsSalud faltan alrededor de 8.000 doctores especialistas y 4.000 generales. Pero a ese colapso ahora se le ha sumado la huelga de los tecnólogos médicos del seguro social, que hace mucho más grave la falta de respuesta del sistema. Estos profesionales son un apoyo fundamental para los médicos, que les encargan realizar procedimientos como los análisis de laboratorio, las terapias físicas o las radiografías. Hoy cumplen 24 días en paro y la medida ya le pasa factura a los pacientes.

“Hace 8 años estoy mal de la espalda. Las piernas se me entumecen, se me ponen inertes y me duelen como el diablo. En esta cojudez nunca te atienden, me han dicho que me vaya a una clínica particular”, dice, muy ofuscado, Factor Carvajal Jaime (75), que necesita hacerse una radiografía en la columna. Está parado frente a la puerta de ingreso del Hospital III Emergencias Grau, del Cercado de Lima. Su padecimiento no le deja caminar sin la ayuda de muletas.

“Me dijeron que primero debo llamar a un número [para pedir la programación]. Luego te llamarán, pero no te dicen de dónde. Son ocho años donde aprendí a soportar este dolor. Ya me cansé. Yo vivo solo en San Cosme. Mi salida es pura medicina natural”, agrega.

 

LAS RAZONES DE LA PROTESTA

Los tecnólogos del seguro social han seguido brindando los servicios relacionados a la pandemia, pero han suspendido casi todo lo demás. “Muchas atenciones regulares de consultorios externos no se están dando en este momento debido a la huelga. Se han dejado de hacer cirugías y programar consultas. Muchas veces porque los pacientes no cuentan con sus resultados de laboratorio y exámenes radiológicos”, asegura Alberto Meza, secretario general del Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social (Sinatemss).

Los tecnólogos protestan por la creación de una “unidad orgánica” para su especialidad. Esto –aseguran los huelguistas– mejoraría su capacidad de respuesta. “A través de ella se dirigen los procesos, se hace programación de personal, capacitación, adquisición de insumos, materiales y equipos. También mejoras laborales porque no siempre trabajamos en ambientes seguros, más aún en pandemia”, explica Meza.

La unidad orgánica, que es una instancia administrativa, le permitiría a los tecnólogos precisar qué tan grande es su brecha laboral y, así, optimizar el cumplimiento de sus tareas. Les ayudaría también a distribuir mejor su personal para atender la excesiva demanda. Esto incluye la rotación, los descansos y días de guardia que tengan que realizar.

Por eso, la ley que regula el ejercicio profesional del tecnólogo médico promulgada hace 17 años, en el segundo gobierno aprista menciona claramente la necesidad de una unidad orgánica. Han pasado casi dos décadas y ello no se ha concretado.

 

Médicos
Los tecnólogos médicos han protestado frente al Ministerio de Trabajo y el Congreso en los últimos días

 

En enero, desde la Red Prestacional Sabogal ––que agrupa 23 centros de salud, con 374 tecnólogos médicos– pidieron una evaluación interna para saber si había las condiciones para crear la unidad orgánica. El informe arrojó que los 138 tecnólogos del hospital nacional y los 236 del resto de centros médicos de la red tenían que brindar una infinidad de servicios para los que no se daban abasto.

“Los tecnólogos médicos en el Hospital Nacional están asignados a tomografía y resonancia magnética; radiodiagnóstico y ecografía; medicina física y rehabilitación; microbiología; bioquímica e inmunología; hematología, hemoterapia y banco de sangre; patología quirúrgica y necropsia; y oftalmología”, se lee en el documento.

Según Alberto Meza, secretario general del Sinatemss, una unidad orgánica mejoraría la respuesta de los tecnólogos para todos esos servicios. “Nosotros a la fecha no podemos determinar la brecha de personal que existe a nivel nacional. Hay una brecha negativa que solo es cubierta por horas extra o en otros casos no se cubre y no se le puede atender a los pacientes el mismo día. No hay capacidad para cubrir la demanda”, asegura.

 

PASÁNDOSE LA PELOTA

Teniendo en cuenta ese panorama, sendas instancias de EsSalud estuvieron de acuerdo en que se debía implementar la mentada unidad orgánica, de acuerdo a documentos revisados por Sudaca. El 24 de enero de este año, por ejemplo, la Gerencia de Políticas y Normas de Atención Integral de Salud y la Gerencia de Organización de Procesos emitieron informes favorables para la creación de la demandada instancia administrativa, precisando su organización y funciones. Además, desde el 2019 ya se tenía la opinión jurídica de la Gerencia de Normativa y Asuntos Administrativos de la entidad.

A pesar de ello, EsSalud vio conveniente pedirle opinión a dos instituciones del Ejecutivo: la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, órgano rector de la organización estatal; y el Minsa. Ahí comenzaron los problemas. Entre la PCM y el Minsa se han estado tirando la pelota respecto de quién debía autorizar la iniciativa de la Unidad Orgánica de Tecnología Médica.

El 13 de enero el Minsa, a través de su Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, indicó a EsSalud que la propuesta era realizable, pero que requería una opinión de la PCM. “Los aspectos referidos a los sistemas administrativos entre ellos, el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, que comprende los aspectos de organización estructural, están supeditadas a la normativa que emite la PCM como órgano rector”, se lee en su informe.

El 8 de febrero, PCM le devolvió el balón al Minsa. En su informe, la Secretaría de Gestión Pública (SGP) concluyó que EsSalud cuenta con autonomía administrativa, por lo que “la aprobación o modificación de su estructura orgánica no requiere contar con la opinión técnica previa favorable de la SGP”. Más adelante, agregan: “Es factible contar con una opinión especializada del Minsa, como rector en materia de salud, respecto de las funciones a cargo de una unidad de tecnología médica”.

Para Alberto Mesa, secretario general de la Sinatemss, la poca claridad del gobierno solo busca que se demore el cumplimiento de la ley. “Nosotros vemos un ánimo de dilatación. Hacen todas las consultas innecesarias para no otorgarnos lo que, por ley, nos corresponde. Le hemos exhortado a la ministra de Trabajo que corrija estos hechos al ser EsSalud dependiente de ese ministerio”, manifiesta.

En respuesta a Sudaca, el área de prensa del Ministerio de Trabajo señala que los informes de la PCM y el Minsa “no abordan de manera contundente algún tipo de criterio que avale la creación o no de dicha unidad orgánica”, sino únicamente la legalidad de la medida. “La solución de este tema depende exclusivamente de EsSalud”, apuntan.

De hecho, EsSalud publicó un comunicado ayer viernes señalando que han recibido nuevos informes técnicos de la PCM y Minsa con “orientaciones aclaratorias” que les servirán para elaborar la propuesta final de la conformación de la Unidad Orgánica de Tecnología Médica.

El sindicato, sin embargo, no levantará su paro hasta que dicha promesa se cumpla. Meza cuenta que, incluso, analizan la posibilidad de iniciar una huelga de hambre. Mientras tanto, como pudo constatar Sudaca, los pacientes del seguro social sufren los estragos de la ineptitud burocrática. La salud de una persona no puede esperar 17 años. Tampoco dos meses. Hasta marzo es ya mucho pedir.

 

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Personajes reciclados de la cuestionada gestión de Mario Carhuapoma cuando fue jefe de EsSalud y sin experiencia en el campo deportivo son los jales estelares de Julio ‘Coyote’ Rivera como flamante jefe del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Hoy ocupan puestos claves en la entidad, que maneja un presupuesto de S/130 millones, y en el equipo de transferencia de gestión. “No es gente que conozca el IPD”, asegura a Sudaca un extrabajador de la institución sobre los recientes nombramientos, a los que dice haber visto preguntando “qué se hace aquí”.

Como cereza de la torta: el ‘Coyote’ Rivera es cercano a algunas de estas personas también porque compartieron con él su paso por Unión por el Perú, el partido aliado de Antauro Humala, entre el 2020 y el 2021.

 

EL FACTOR CARHUAPOMA

El 26 de enero, un día después de que nombraran al ‘Coyote’ Rivera como mandamás del IPD, Mario Carhuapoma Yance, expresidente ejecutivo de EsSalud, ingresó a las instalaciones de la institución, según el registro de visitas. No fue solo. Carhuapoma llegó acompañado de Leonardo Campos Acasiete, miembro del Consejo Directivo Nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos. El exjefe del seguro social ha sido decano de dicha institución.

¿Qué hacían dos químicos farmacéuticos en el IPD? Consultado por Sudaca, Carhuapoma asegura que solo fue “un saludo protocolar”. Campos Acasiete, por su lado, evitó responder nuestras consultas. Lo cierto es que esa no fue la única vez que visitaron a Rivera.

El 28 de enero, día en el que Perú y Colombia se enfrentaban para pelear su pase al Mundial, ambos volvieron a visitar al ‘Coyote’. Según fuentes del IPD consultadas por Sudaca, “vieron el partido juntos en la alta dirección”. Las horas de ingreso y salida coinciden con las de la victoria blanquirroja.

Todo apunta a que la relación entre el exfutbolista y el expresidente de EsSalud es muy cercana. Incluso, durante la misa de inicio de la nueva gestión que se llevó a cabo el 31 de enero, Carhuapoma y Campos también estuvieron presentes. Normalmente a estos eventos asiste “la familia y amigos cercanos del presidente”, explica un trabajador del IPD.

 

Carhuapoma y Rivera IPD
Al medio, con camisa blanca, el nuevo presidente del IPD Julio Rivera. A su costado, el expresidente ejecutivo de EsSalud Mario Carhuapoma. La foto se tomó en la misa institucional celebrada el 31 de enero último.

 

“Carhuapoma ha venido al IPD a saludar al presidente como consejero de EsSalud, porque todavía es una autoridad. Estamos viendo posiblemente más adelante establecer una relación institucional entre el IPD y EsSalud”, dice a Sudaca el gerente general de la primera institución, César Nieto Serpa, sin explicar en qué consistirá dicho vínculo.

El propio Nieto, sin embargo, es un ejemplo de cómo en el IPD se vienen reciclando los exfuncionarios de la gestión Carhuapoma en el seguro social.

 

DE ESSALUD AL IPD

Una de las primeras designaciones de Julio Rivera fue precisamente la de su nuevo gerente general, César Nieto Serpa. Este personaje lo visitó el 26 de enero, el mismo día que Carhuapoma. Al día siguiente, fue nombrado en su nuevo cargo.

Nieto Serpa es alguien conocido para este gobierno, que le abrió las puertas de arranque. Esto a pesar que, desde el 2011, de acuerdo a la revista Sudor, ha participado en 10 procesos de selección para acceder a puestos en el Estado sin éxito. En la mayoría de ellas, no superó las etapas de evaluación de conocimientos.

Su nombre se hizo público cuando, en agosto del año pasado, Mario Carhuapoma lo nombró gerente central de Gestión de las Personas en EsSalud, a cargo del recurso humano de la entidad. Pero tan pronto como asumió el cargo, tuvo que renunciar por haber incurrido en nepotismo.

Y es que, dos días después de su designación, EsSalud contrató al abogado Roberto José Bedón Serpa, medio hermano de Nieto Serpa, como asesor nivel III y con un sueldo de S/11.650. La resolución de nombramiento no solo fue firmada por Carhuapoma, sino también por el mismo Nieto.

Tras estos hechos, Nieto Serpa renunció al cargo. Pero en el gobierno del lápiz las oportunidades sobran para los amigos. Seis meses después, y mientras su exjefe visitaba la oficina del presidente del IPD, fue designado en la gerencia del ente deportivo más importante del país. Y a su medio hermano también se le ha visto desfilar por las instalaciones de esta institución.

Según ambos, la visita del familiar fue solo para saludarse. “Él no tiene ningún tipo de vínculo laboral con la institución ni mucho menos. No hay nada de temas laborales”, dice Nieto Serpa a Sudaca. “Fue un tema personal, un saludo protocolar, por su designación y nada más. No por ningún puesto”, explica Bedón Serpa.

No es la única visita que llama la atención. Boris León Elguera, también vinculado a la gestión de Carhuapoma en EsSalud, acudió el 4 de febrero a las instalaciones del IPD y se reunió con César Nieto. Hoy, según El Peruano, fue designado como jefe de la Oficina General de Administración, un puesto clave del instituto deportivo que está a cargo de los despachos de Personal, Logística e Informática.

 

César Nieto y Boris León
Los altos funcionarios de confianza del IPD nombrados por Rivera. A la derecha, César Nieto Serpa, gerente general. A la izquierda, Boris León Elguera, recientemente nombrado como jefe de la Oficina General de Administración.

 

El nombre de Boris León salió a la luz pública cuando, en septiembre del año pasado, la misma gerente general de EsSalud alertó al Órgano de Control Institucional que este había sido designado días atrás en la Gerencia Central de Gestión de las Personas. Esto a pesar de no cumplir con los requerimientos para el puesto.

Mientras estas designaciones ocurren, dentro y fuera del IPD ven con decepción lo que viene pasando. “Mi preocupación es que, como todo el mundo piensa que es una institución del gobierno, cualquiera puede ir. Y no es así. Este es un organismo técnico, deportivo. El entorno de EsSalud que está llegando preocupa”, dice un exfuncionario de la gestión saliente del IPD que pidió anonimato. No le falta razón.

 

MÁS RECICLAJE

El día en que el ‘Coyote’ Rivera fue nombrado jefe del Instituto Peruano de Deporte también se reunió con su inmediato antecesor, Gustavo San Martín. El expresidente del IPD cuenta a Sudaca que el hijo de ‘doña Peta’ no estaba solo, sino que lo acompañaban Edwin Ivancovich Gamero y Juan Cáceres Sedelmayer. Aunque ellos oficialmente no tienen ningún cargo, según San Martín, ambos fueron presentados como asesores.

“Normalmente es un gesto muy protocolar [reunirse antes de asumir el cargo]. En este caso, yo me comuniqué con el señor Rivera y me dijo que iba a ir con dos asesores. No los conozco, […] tengo más de 20 años en el ámbito deportivo y a estas personas no las tengo registradas”, dice San Martín.

No fue la única jornada de estos «asesores» en el IPD. Al día siguiente, ambos ingresaron y salieron juntos de la institución. Según el registro de visitas, Ivancovich figura como “asesor del sr. Julio Rivera”. Pero dentro de la institución no hay claridad sobre sus cargos. “Algo que me llamó la atención es que [Ivancovich] se presenta como asesor y aún no lo es formalmente”, cuenta a Sudaca un funcionario del IPD.

Y si bien no son oficialmente “asesores”, Ivancovich y Cáceres sí participan de la comisión de transferencia. De acuerdo a un documento al que Sudaca tuvo acceso -y que lleva la firma del ‘Coyote’ Rivera- los dos son parte del equipo revisor “para el desarrollo de las actividades del mencionado proceso de transferencia”. También es parte de este equipo el mismo Nieto.

La cuarta persona que integra la comisión de transferencia es la decoradora de interiores María Evelina Merino Chong, quien el año pasado tentó suerte en las elecciones congresales con el partido Democracia Directa. Su única experiencia laboral, según su hoja de vida presentada al JNE, es haber sido gerente comercial en la empresa Chong Corp Service M y A Estructuras.

“No sé qué cargos tienen, pero están todo el día en las oficinas de presidencia. Vienen a conocer qué hacen las direcciones, porque parece que no saben cómo es el funcionamiento de las líneas […] Llegar a un lugar sin conocer los principales instrumentos de gestión del sistema deportivo nacional me parece un despropósito”, cuestiona una fuente con conocimiento de la interna.

Ivancovich Gamero ha sido asesor del exministro de Educación Carlos Gallardo, quien en diciembre del año pasado se convirtió en el primer ministro del gobierno de Castillo censurado por el Congreso. El motivo: la filtración de la última prueba docente. “Para ser asesor debe haber una resolución que determine ese cargo. Que más adelante me lo propongan o no, ya será una decisión personal mía”, responde Ivancovich a Sudaca.

 

Gustavo San Martín-IPD
Gustavo San Martín, expresidente del IPD, asegura que en sus más de 20 años de experiencia nunca escuchó los nombres de los nuevos jales del ‘Coyote’ Rivera.

Juan Cáceres Sedelmayer, por su lado, dice que Rivera lo convocó “por ser especialista en deportes con más de 30 años en diferentes áreas deportivas”.  Según su información en Facebook, ha trabajado en la Federación Peruana de Fútbol y luego en el IPD como asesor desde el año 2020. Sin embargo, el expresidente San Martín niega conocerlo. “En el 2020 yo ya era presidente, pero no conozco a ese señor ni he escuchado de él en el IPD”, apunta.

Le pedimos a Cáceres que sea más específico sobre su experiencia en esta área y respondió escuetamente: “Estuve haciendo varias funciones, porque en ese tiempo era necesario desarrollar varias funciones”.

Sudaca ha podido conocer otro vínculo que une a Juan Cáceres, Julio Rivera y César Nieto: los tres fueron parte de Unión por el Perú, el partido aliado de Antauro Humala. Los ahora funcionarios del IPD coincidieron en las filas de aquel movimiento entre el 2020 y el 2021. Cáceres niega que en ese momento haya surgido algún tipo de amistad.

Lo cierto es que las alarmas sobre el futuro del IPD ya se encendieron, no solo por las visitas ligadas a Mario Carhuapoma, sino también por la capacidad de las personas que rodean al ‘Coyote’.

 

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A poco de que termine el 2021, a Yuliana Cruz, una madre que mantiene su hogar haciendo trabajos de limpieza, le comunicaron que en la farmacia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se había agotado una medicina indispensable para la quimioterapia de su papá, un paciente con cáncer de próstata en cuarta etapa. Tras varios días de preguntar una y otra vez, tuvo que salir con la receta a buscar el Paclitaxel fuera de la dependencia estatal. Pero no fue sencillo: Yuliana recuerda que recorrió todas las farmacias que están afuera del Hospital Loayza.

“Un señor me dijo que sí la tenían, pero que la estaban vendiendo a S/490. Le dije que me la guardara, nos fuimos a retirar el dinero y regresamos a comprar. En ese trayecto, cuando volvimos, ya no había”, cuenta. Buscando entre calles y callejones por la misma zona, finalmente dieron con el medicamento desembolsando una cifra similar. Si lo hubiesen obtenido en el INEN, no habrían tenido que pagar nada, ya que lo cubre el Seguro Integral de Salud (SIS).

El Paclitaxel es un agente antitumoral muy usado para tratar distintos tipos de cáncer en las sesiones de quimioterapia. Este proceso consiste en administrar a un paciente varios fármacos según el tipo de cáncer, el estadio de la enfermedad y las condiciones del paciente. Luego de aproximadamente 20 días, se hace un control y se programa la siguiente jornada. Las dosis son diferentes para cada persona y, en este caso, el padre de Yuliana requería 300 mililitros solo para la siguiente sesión.

Esta semana el hombre pudo hacerse su cuarta quimioterapia, pero aún le quedan seis más. Y al desabastecimiento, como hemos visto, se suman los elevados precios. Como la familia no tiene muchos recursos, una de las personas para las que trabaja Yuliana organizó una colecta en redes sociales y el dinero lo recibió a través de Yape.

“Como salgo a trabajar haciendo limpieza, no he podido agradecerles a todas las personas que me depositaron», dice. 

Por las mismas fechas, una joven -a quien llamaremos Diana- también estuvo preguntando una y otra vez al teléfono de la farmacia del INEN si ya había llegado el Paclitaxel que requiere para la sexta de las ocho quimioterapias que necesita. Ella pasa por un tratamiento de cáncer de mama de grado tres que le detectaron en julio pasado. “Si espero mucho tiempo, incluso la última quimio que me hice podría ser inútil”, comenta.

Ante el temor de que la enfermedad recrudezca, buscó la medicina en farmacias y clínicas. La consiguió y logró que le hagan la quimio. Recuerda que gastó alrededor de S/400. Ahora solo le preocupa que en su siguiente consulta le digan que el esfuerzo valió la pena.

La demora en conseguir estos medicamentos puede tener consecuencias fatales. “La leucemia y los linfomas son neoplasias que de un día para otro pueden duplicar el tamaño tumoral. Entonces, si el tratamiento no se da de manera oportuna, esto puede significar que un paciente fallezca”, explica el oncólogo Diego Venegas, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

El doctor Víctor Palacios, jefe de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, reconoce que hay un desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de cáncer. Explica que esto se debe a que los proveedores que debían entregar estos productos rescindieron sus contratos [el año pasado], alegando problemas logísticos, mayores costos de importación por la pandemia y dificultades en las plantas matrices.

“Nos hemos reunido ya con el INEN y el 14 de enero tenemos otra reunión para ver el abastecimiento continuo de los pacientes de los servicios oncológicos del Minsa. Estamos viendo proveedores internacionales que nos puedan abastecer. Vamos a lucharla semana por semana. El INEN no es el único al que tienen que ir los medicamentos oncológicos, también tenemos los hospitales en regiones. Es un tema de proveedores que nos han puesto en una situación bien delicada”, apunta.

Palacios agrega que hay contratos en marcha, pero que el espacio entre el ingreso de los productos farmacéuticos solicitados -desde que se compran hasta que llegan- lo van a seguir cubriendo con adquisiciones más pequeñas.

Mientras tanto, los pacientes tendrán que resistir. Algo similar ocurre en el seguro social. “En el Hospital Rebagliatti indican que hace dos meses están desabastecidos y están en proceso de solicitud de cotizaciones recién a proveedores. No me dan una fecha de solución de este problema, mientras mi madre que tiene un cáncer al seno debe suspender su tratamiento”, cuenta María Gabriela Navarro, que lleva días preguntando por Docetaxel, otro fármaco muy común para las quimioterapias, a través de todos los canales de atención de EsSalud.

Y luego añade indignada: “Es el colmo que ante un caso de este tipo sea el paciente quien deba estar detrás de conocer si hay o no un medicamento. Gracias a Dios mi madre nos tiene a nosotros, pero imagínese a aquellos pacientes que están solos o no cuentan con los medios o conocimientos para hacer tal labor”.

En los últimos días de diciembre, los pacientes empezaron a difundir los casos a través de redes sociales

BUROCRACIA MÉDICA

En comunicación con Sudaca, el INEN señala que la adquisición de medicamentos es financiada, en parte, con recursos que transfiere el Seguro Integral de Salud (SIS) y que otros son abastecidos directamente por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). 

El doctor Venegas precisa que, en el Perú, el principal mecanismo de adquisición de medicamentos en el Minsa es la ‘compra nacional’, el cual no incluye el abastecimiento a hospitales de EsSalud y de las Fuerzas Armadas. Esto se hace a través de un petitorio y listas complementarias de medicamentos oncológicos. Y se tramita a través de Cenares. Todo este proceso está dentro del programa nacional de control y prevención del cáncer.

En caso de que alguien quiera reemplazar los medicamentos del petitorio o de la lista, el proceso se vuelve más tedioso. “Los medicamentos que no están en el petitorio o en el listado tienen que pasar por un proceso de evaluación. Para eso, existía un reglamento que establecía comités fármaco-terapéuticos en cada uno de los establecimientos, los cuales evaluaban los pedidos de los médicos para aprobar un medicamento. Una vez que este comité daba su veredicto, se pasaba al SIS para dar el financiamiento y gestionar la adquisición”, explica Venegas.

Como en los próximos días debería aprobarse el reglamento de la Ley N°31336 (la Ley Nacional del Cáncer, promulgada el año pasado), Venegas considera oportuno que se revisen todos los procedimientos y que se apunte a simplificar la adquisición de medicamentos y a descentralizar la atención oncológica.

La nueva ley faculta al Minsa a usar mecanismos diferenciados de compra para las enfermedades oncológicas. También se ha declarado de interés nacional la compra centralizada a través de Cenares, esta vez sí incluyendo a EsSalud y las FFAA.

Además de cubrir de forma gratuita todos los tipos de cáncer -y no solo los siete que vienen siendo cubiertos por el SIS-, la nueva ley también exigirá que se atienda a todo paciente oncológico sin seguro, que se realice una renovación tecnológica del equipamiento biomédico, que se mejore la infraestructura hospitalaria y que se tenga personal médico especializado en todas las regiones del país. Actualmente, fuera de Lima, la atención está centralizada en tres Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas (IREN): La Libertad, Arequipa y Junín.

Pero el tema del presupuesto es algo que les preocupa a los pacientes. Karla Ruiz de Castilla, directora de la asociación de pacientes ‘Esperantra’, comenta que la nueva ley en sí es muy buena y ha recogido varias experiencias de distintos países, pero necesita que se le acompañe con un presupuesto multianual o algún otro mecanismo de financiamiento que garantice su implementación.

“Creo que es una magnífica ley, tiene oportunidades de mejora por supuesto. Pero sin dinero, sin presupuesto, estamos en nada. Será letra muerta como pasó con las enfermedades raras, cuyo reglamento se publicó hace dos años y los pacientes aún no se pueden atender porque no se ha definido el umbral de alto costo”, anota Ruiz de Castilla. Se refiere al tope del presupuesto para la adquisición de medicinas, que en el caso de cáncer y las enfermedades raras debería ser mayor debido al elevado costo de los fármacos.

Y ahí el problema. Al menos para este año, en el que se supone empezará a funcionar la nueva ley, los recursos del programa de Prevención y Control de Cáncer se redujeron en 12,4%, pasando de casi S/526 millones a poco más de S/461 millones. Esto incluye las partidas del gobierno nacional, y las de los gobiernos regionales y locales. Un sinsentido: se busca ampliar la cobertura pero se reduce el dinero. 

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) argumentan que parte de los recursos están programados en otra categoría de gasto, por lo que “la disminución corresponde a un ordenamiento del gasto, más no al desfinanciamiento de dicha finalidad”. Lo mismo adujeron sobre el recorte presupuestal de los programas para el VIH para una reciente nota de Sudaca. Sin embargo, también indican que durante el año, a través del SIS, tendrán que transferir recursos adicionales a las unidades ejecutoras para acciones de prevención y control de cáncer.

Víctor Palacios, director ejecutivo de Prevención y Control de Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, tiene otra explicación. Dice que la reducción de estos recursos se debe a varios factores, pero el principal está relacionado a la adquisición de productos farmacéuticos.

“Inicialmente, se hizo una estimación en el año 2021 incorporando 13 productos farmacéuticos. Eran cerca de S/30 millones, lo que se estimaba que nos costarían estos 13 productos, muchos de ellos de alto costo. Sin embargo, para 2022, varios de estos no se consideraron, dado que de los 13 solamente tres tienen una autorización de uso por parte de Digemid. Por eso cae el presupuesto”, señala.

Agrega que algunos establecimientos de salud no habían programado tantos tamizajes (método de detección del cáncer) este año porque estaban a la espera de la evolución de la pandemia para planificar esas atenciones. A esto se suma que la partida del INEN también de redujo.

Dado que este año entrará en vigor la mencionada nueva Ley Nacional de Cáncer, y que el reglamento ya está completo y en proceso de aprobación, el doctor Palacios asegura que desde el Minsa tendrán que apuntar a que el presupuesto se amplíe considerablemente, a S/1.500 millones. Un reto, dada la reducción planteada para este año. La pelota estará, nuevamente, en la cancha del MEF.

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Cáncer, ESSALUD, INEN, medicamentos, MEF, Minsa, presupuesto, quimioterapias

Por Julio Rospigliosi y Alessandro Azurín

Cuando las cámaras de América TV se acercaron, se escondió detrás de las rejas de su domicilio y apenas atinó a decir: “Yo voy a visitar a mis amigos, nada más”. Minutos antes de aquella madrugada del 21 de octubre, este huidizo personaje había salido de la casa del jirón Sarratea, en Breña, que el presidente Pedro Castillo usa para sus irregulares reuniones nocturnas.

A insistencia del reportero, el misterioso sujeto se presentó como Carlos Ponce. Debe haber sido el primer nombre que se le ocurrió, porque en realidad se llama distinto: Elmer Marino García Gutiérrez. Es el flamante subgerente de distribución y almacenamiento en la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe) de EsSalud, y también un personaje cercano al cuestionado mandamás del seguro social, Mario Carhuapoma. 

¿Por qué no dijo la verdad? “Seguro por apuro lo dije, pero ya tienen mi nombre [real]”, es la inverosímil respuesta que da a Sudaca.

PROVEEDORES DEL ESTADO

Elmer García, como Carhuapoma, es químico farmacéutico. Dice que conoció a su actual jefe en la universidad. Pero lo más interesante es su experiencia laboral. El hombre que mintió sobre su identidad ha trabajado recientemente en empresas proveedoras del Estado. Una de ellas es Quimtia SA, donde estuvo en el área de “aseguramiento de calidad” desde el 2013 “hasta la actualidad”, según su LinkedIn. García asegura, sin embargo, que ya no labora en esa empresa.

Nota de edición: Luego de publicado este informe, Quimtia envió un comunicado señalando que el señor García Gutiérrez dejó de tener vínculo laboral con esta empresa en febrero del 2017. Cabe aclarar que el señor García se limitó a decir en la entrevista que ya no era trabajador de esta compañía sin precisar la fecha. A continuación reproducimos la carta de Quimtia.

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Quimtia ha ganado 66 licitaciones públicas en los últimos cinco años, la mitad con EsSalud. Sólo en el período de Pedro Castillo, logró 12 contratos con el seguro social por un monto total de S/653.400, según el buscador del OSCE. Los últimos tres contratos se cerraron el 29 de octubre, una semana después de que García pasara por Breña, y son para la “adquisición de material de laboratorio” destinado a la red de salud de Piura.

No es la única compañía proveedora a la que estuvo ligado García. Según LinkedIn, fue gerente comercial de Cromilexming EIRL, que ha tenido contratos con EsSalud y el Instituto de Enfermedades Neoplásicas en el 2019, y en sus redes sociales promocionaba los trabajos de Erel Farmadroug SAC en diversos centros de salud del país hasta un mes antes de que asumiera este gobierno. El 2021, antes de la primera vuelta, mostró -vía Facebook- sus simpatías por Pedro Castillo. 

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Elmer García, posando con una casaca de la empresa Quimtia en una foto subida en noviembre del 2020.

Ya con el profesor en el poder, pasó del sector privado a ser funcionario público. Desde agosto, su nombre figura en el portal de Transparencia como subgerente de la Ceabe, la central encargada de la “programación, contratación, almacenamiento, distribución y redistribución de bienes estratégicos, como productos farmacéuticos, dispositivos médicos, equipos médicos y ropa hospitalaria”, según el reglamento de organización y funciones de EsSalud publicado en mayo del 2021.

Consultado por su versión, García dice que no le compete la función de adquirir bienes. Asegura que la subgerencia de la Ceabe en la que está contratado, la de almacenamiento y distribución, se mantiene al margen de aquellos asuntos. Por estas tareas percibe un sueldo de S/10.816.

Pero el químico farmacéutico es un personaje con bastante llegada al Ejecutivo. García estuvo presente en la transferencia de la cartera de salud de este gobierno, como reveló él mismo en una fotografía que subió a su Facebook. 

Ya en el cargo, visitó el jirón Sarratea, de Breña, la noche del pasado 21 de octubre, cuando fue captado por Cuarto Poder. El 26 de ese mes, también ingresó a la oficina del congresista Waldemar Cerrón, representante del ala más radical de Perú Libre. Un mes antes, lo había hecho en el despacho del oficialista Edgar Tello.

Le enviamos al personaje un pliego amplio de preguntas sobre estas visitas, pero prefirió no responder. “Podrían preguntar sobre lo bueno que hacemos en la entidad”, nos espetó. Él podría haber dado su nombre real a la prensa, pero eligió no hacerlo.

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ESSALUD, Pedro Castillo, Reuniones en Breña

Por Alessandro Azurín y Alba Ñaupas

La semana pasada Milagritos Pastor Cáceres, gerenta general de Indecopi, recibió en su despacho a tres conocidas comunicadoras. El lunes 18 la visitaron Raquel Palomino Zárate, exasesora de Fiorella Molinelli en EsSalud, y Rocío Marmanillo Gamarra, productora del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Para la segunda cita, el pasado miércoles por la noche, se sumó a ambas visitantes Dayana Cieza, exreportera de Panorama.

Apenas al día siguiente, el jueves a las 9:30 de la mañana, el presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Jr, le dio una entrevista a la periodista Alejandra Puente para el noticiero matutino de TV Perú. Esa aparición de Palacín en el canal de Estado desató una tormenta en el área de comunicaciones de la entidad. 

En un oficio interno remitido el mismo día, al que tuvo acceso Sudaca, Rubén Cano, hasta entonces jefe de la Oficina de Promoción y Difusión (OPD) del Indecopi, le informó a la gerencia general de la institución que ni él ni su equipo aprobaron o coordinaron dicha entrevista. Cano presentó su renuncia irrevocable e hizo hincapié en que se habían saltado el procedimiento interno para brindar entrevistas. Este medio se comunicó con el renunciante, pero prefirió no declarar.

Parte del oficio que dirigió Cano a Pastor informándole que no gestionó la entrevista de Palacín en TV Perú.

¿Quiénes entonces habían decido por él? Sudaca se comunicó con las tres asistentes al despacho de Pastor. “Me convocaron a una reunión en la que me ofrecieron el cargo de directora de comunicaciones [se refiere a la OPD], el cual he rechazado”, dijo Cieza. Rocío Marmanillo, sin embargo, dijo “no tener conocimiento” de aquel ofrecimiento. Lo mismo aseguró sobre las coordinaciones para la entrevista de Palacín en TV Perú. No quiso precisar para qué acudieron a la cita. 

Lo extraño es que Marmanillo es la productora del programa matinal que conduce Alejandra Puente en el canal del Estado. Y según Puente, fue Marmanillo quien “gestionó” la entrevista con Palacín. 

“Toda persona es libre de ir a cualquier institución”, responde Raquel Palomino y niega que en aquellas citas hayan coordinado la entrevista de Palacín en TV Perú. No da más detalles, pero asegura no tener interés en volver al sector público. “Ahorita estoy en el privado. No soy funcionaria pública hace tiempo y no estoy para serruchar el puesto a nadie”, señala.

La última reunión con Pastor, la noche previa a la entrevista de Palacín. Cieza dice que le ofrecieron el cargo de Cano. Otra de las asistentes, Rocío Marmanillo, dice no tener conocimiento de ello. Fuente: Registro de visitas de Indecopi.

Sudaca también contactó a Milagritos Pastor, la gerenta general, quien evitó pronunciarse sobre el tema por estar “atendiendo asuntos personales”.

 

Un pasado juntas

Pastor, Palomino y Cieza han coincidido antes en EsSalud. Las tres trabajaron el año pasado en la gestión de Fiorella Molinelli. Antes de ser gerente general de Indecopi, Pastor fue la jefa de la Oficina de Integridad del seguro social entre marzo y agosto del 2020, según su declaración jurada de intereses.

Cieza, por su parte, fue subgerente de Prensa, Comunicaciones Audiovisuales y Redes Sociales entre febrero y agosto de este año. Y Palomino trabajó como asesora de la entidad gracias a ocho órdenes de servicio que recibió entre mayo del 2020 y junio del 2021 por un monto de S/209.500.

En una nota de prensa del pasado 11 de agosto, el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú calificó a Palomino de “poderosa asesora de Molinelli” y exigió al nuevo presidente ejecutivo de EsSalud, Mario Carhuapoma, la remoción de varios funcionarios de su cargo, incluyendo a Cieza, al considerarlos parte de la cuota que Palomino dejó en la ORI. Sin embargo, la experiodista de Panorama ya había presentado su renuncia a EsSalud apenas asumió la nueva gestión, como ella misma le indicó a Sudaca. 

De acuerdo a una investigación del portal El Foco, durante el paso de Palomino como asesora en temas de comunicación de Molinelli, la ORI se convirtió en una agencia de empleos. El medio señala que el objetivo de EsSalud era mejorar su imagen sin escatimar en gastos. Por ello, durante los meses de pandemia, esta oficina contrató un staff con más de 40 comunicadores. Los pagos a los periodistas que se encargaron de la elaboración de boletines y resúmenes eran en promedio S/8.000 mensuales. Por este hecho, la Fiscalía ha abierto una investigación que podría terminar en una acusación contra Palomino, ahora visitante del Indecopi, por el presunto delito de corrupción de funcionarios en agravio del Estado. 

En la práctica, según fuentes consultadas por Sudaca, Palomino habría sido la verdadera jefa de la ORI. “Al no estar nombrada, si pasaba algo con sus órdenes, no era ella a quien sacan, sino a la directora de comunicaciones [Jessica Maldonado, que ocupó el cargo durante el 2020], quien era una especie de monigote que solo firmaba”, asegura una fuente que trabajó con Palomino en EsSalud y que renunció -dice- por los maltratos que cometía Palomino contra los trabajadores.

Lejos de facilitar el trabajo, los comunicadores llevados por Palomino originaron un ambiente tenso que llevó a varias renuncias. “Si bien las cosas eran estresantes [el año pasado, al inicio de la pandemia], las cosas se manejaban bien dentro de toda la coyuntura. Pero luego vinieron comunicadores traídos por Raquel que volvieron oscuro el ambiente porque eran ellos los que tomaban decisiones por encima de los jefes. Ahí es donde se habló de maltrato y se tomaban decisiones de mala manera. Eso a mí me hizo renunciar”, sostiene otra extrabajadora que pidió reserva de su identidad.

Y luego añade: “Los que nos fuimos no queremos saber nada de ellos, son personas antiéticas que pueden hacer cosas en nuestra contra”. Las personas a las que alude, sin embargo, hoy parecen tener las puertas abiertas en Indecopi.

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ESSALUD, Indecopi, Julián Palacín

La Contraloría realizó una visita de control el pasado 19 de agosto a vacunatorios de Junín. El objetivo: verificar si se estaban cumpliendo los requerimientos necesarios para almacenar las vacunas contra el coronavirus. Los auditores se llevaron más de una sorpresa.

En el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé y el centro de vacunación del fundo “El Porvenir”, ambos a cargo de la Red Asistencial-Junín de EsSalud, no se tenía una cadena de frío que permitiese asegurar los rangos de temperatura adecuados y, así, garantizar la vida útil y capacidad inmunológica de los antídotos.

El informe de control al que accedió Sudaca encontró, por ejemplo, que en ambos vacunatorios las congeladoras donde se almacenan las dosis de Sinopharm y Pfizer “no cuentan con el sistema de alarmas que permite alertar las variaciones de temperatura de las vacunas almacenadas en las congeladoras”. Tampoco se podría informar sobre eventuales cortes de energía eléctrica.

El ambiente destinado a conservar las vacunas en el hospital Ramiro Prialé Prialé, además, está construido en drywall. El piso, a su vez, es de madera y el techo de calamina. Aunque es obligatorio que se cuente con extintores, la visita de control evidenció que no se contaba con ellos. Elva Calero Romero, enfermera encargada de la estrategia de inmunización del nosocomio, detalló a los auditores que tampoco se realizó ningún requerimiento para implementar los extintores necesarios.

Esto último, de acuerdo al informe de la Contraloría, “no garantiza la seguridad de las vacunas ante la posibilidad de incendio, generando riesgo de que se rompa la cadena de frío y, por ende, la pérdida de la capacidad inmunológica de dichas vacunas”.

Además, se halló que, antes de ser inoculadas a la población, las vacunas eran conservadas en termos portavacunas a una temperatura inadecuada: por debajo de los 2° C. La norma sobre inmunización establece que se deben almacenar entre 2°C y 8°C.

En el vacunatorio del Ramiro Prialé, en cinco de los seis puestos de vacunación, los termos portavacunas se encontraban entre 1°C y 1.9°C de temperatura. Esto afectaría la efectividad de los 734 frascos de Sinopharm y 273 de Pfizer que se contabilizaron en el vacunatorio del hospital, según el informe.

En el fundo El Porvenir, por otro lado, la Contraloría verificó que se viene inmunizando en tres de los ocho puestos de vacunación. Cada puesto cuenta con un termo portavacunas. En dos de estos, la temperatura de conservación se encontraba en 1°C, debajo de los 2°C necesarios.

En el fundo tampoco se contaba con implementos de aseo, desinfección y contra incendios. Al momento de la inspección se encontraron 484 frascos de Sinopharm y 227 de Pfizer que podrían estar en riesgo por la incorrecta conservación.

Recientemente, la Contraloría ya había advertido de situaciones parecidas. Pero no en los vacunatorios de EsSalud, sino en la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín. Según un informe de Epicentro Tv, se descubrieron 642 dosis de vacunas Pfizer que no fueron aplicadas, así como casos en los que no se contaba con la alarma que permita controlar la temperatura.

“Cada grupo de vacunas tiene características bajo las cuales se mantienen en su forma adecuada. Cuando hay una baja de temperatura, se tienen que descartar. Ahí se pierde el efecto inmunizador”, explica a Sudaca Edda Cayotopa, vocal del Colegio de Enfermeros del Perú. 

Las situaciones adversas encontradas en esta última visita de control ya fueron comunicadas a EsSalud y al Hospital Ramiro Prialé Prialé para que tomen cartas en el asunto. Ahora depende de ellos corregir las deficiencias que ponen en riesgo la inmunización de los ciudadanos de la región.

EsSalud, en tanto, niega parte de lo dicho por Contraloría. Aquí sus descargos:

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ESSALUD, Junín, Vacunación

Debido a la emergencia sanitaria, en Mayo del 2020, se abrió la primera UCI de la provincia de Leoncio Prado en el Hospital de Tingo María (HTM). Para la población fue un respiro dado que, debido al colapso de las UCIs a nivel nacional, encontrar una cama mediante una referencia, era prácticamente imposible. 

Yo llegué a Tingo María en agosto del año pasado, cuando la primera ola ya estaba en descenso. El primer lugar donde trabajé fue EsSalud. Recuerdo que una noche un paciente se descompensó: necesitaba cama UCI. Yo, que era nueva y aún no conocía por completo el sistema, pensé en lo que para mí era lo más obvio: trasladarlo a la UCI del HTM, que queda a solo 5 minutos y que en ese entonces tenía camas disponibles. Cuando traté de coordinar la referencia, me explicaron que no podía llevarlo allí porque no había convenio (de hecho, no hay convenio hasta el día de hoy) y que coordine por medio de mi jefe para que sea llevado hacia el EsSalud de Pucallpa (a 5 horas) o el de Huánuco (a 2 horas y media). 

El Hospital de Tingo María sí recibió pacientes de EsSalud durante la primera ola. Cuando empecé a trabajar allí en septiembre, había dos de sus asegurados que llevaban poco más de un mes en la UCI. Farmacia les otorgaba todos los medicamentos y la atención era cubierta al 100%. Lamentablemente siempre hay gastos que la familia debe asumir, pero que gran parte de estos los cubriera el hospital, era un alivio. 

¿Qué pasó después? EsSalud no reconoció los gastos efectuados por la atención a sus asegurados, por lo que actualmente, tienen una deuda con nosotros de más de 300 mil soles, dinero que nos serviría para comprar más medicamentos e insumos para atender a los pacientes. Dado este enorme perjuicio a los asegurados al SIS, el hospital se vio obligado a no cubrir los gastos de los asegurados a EsSalud, por lo que, desde agosto del año pasado, de hospitalizarse, deben hacerlo como pacientes particulares.

Durante la segunda ola, recibimos varios pacientes de EsSalud. Nuestra forma de amortiguar sus gastos fue entregándoles las recetas para que recogieran los medicamentos en su seguro; sin embargo, a los meses, EsSalud decidió negar esta alternativa a sus asegurados. Eso no fue todo, también dejó de cubrir el traslado en ambulancia desde el seguro hacia nuestro hospital, ya que para venir donde nosotros, el paciente debía solicitar alta voluntaria. Claro que algunos doctores optaron por autorizar las salidas de la ambulancia por un sentido de humanidad, pero lo hicieron bajo el riesgo de recibir un llamado de atención. 

Pero este no es un tema exclusivo de costos si no también, de tiempo. En caso de fracaso respiratorio, los minutos son valiosos. Cada minuto que al cuerpo le falta oxígeno, el daño pulmonar se exacerba y entra en un círculo vicioso que solo conduce al deterioro progresivo. Yo considero que trasladar a un paciente por carretera, ya sea a 2 o 5 horas, teniendo un lugar a solo 5 minutos, es un riesgo innecesario, ya que no solo es el tiempo, si no también los cambios de altura y las carreteras accidentadas las que empeoran la situación. 

Lo irónico de todo esto es que nosotros, los trabajadores de salud, estamos asegurados a EsSalud. Si uno de nosotros se enfermase y necesitase una cama UCI, tendría que esperar su referencia o, en todo caso, cubrir todos sus gastos en el HTM. 

Los asegurados a EsSalud están abandonados en Tingo María. No conozco el caso de otras provincias, pero basado en lo que he vivido, creo que lo más conveniente sería que el gobierno central asegure los convenios entre estas dos entidades a nivel nacional, así como el que tenemos actualmente con el seguro de las fuerzas armadas y el de la policía.  

Nunca me pareció justo que habiendo una UCI en su ciudad, el tingalés asegurado a EsSalud tuviese que esperar a ser trasladado a otra; es aquí que me parece preciso citar lo que la hija de un paciente me dijo entre lágrimas «doctora, él es de los primeros que habitaron la ciudad, no es justo que no pueda ser atendido aquí, en el lugar al que le dedicó su vida». No está de más recordar que hay una directiva sanitaria que determina que, en caso de desenlace desfavorable, el cadáver no puede regresar a la ciudad. 

Soy de las personas que cree que el sistema de salud debería ser uno solo pero también soy consciente de que integrar los sistemas de salud que ya tenemos tomará años. Al menos, por ahora, podrían comenzar por asegurar los convenios en provincias, no solo por el COVID, si no en general, porque en sí los profesionales y equipamientos son escasos como para darse el lujo de dividirlos en dos entidades diferentes. 

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Covid-19, ESSALUD, seguro social, Tingo María, UCI
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