Petroperú

Hemos señalado recientemente que una señal clara del gobierno en favor de la inversión privada sería que saque adelante los proyectos mineros de Conga y Tía María y que ello podría despertar de su letargo la confianza empresarial y la consecuente inversión.

No será necesario ir a mayores -como implicaría destrabar dos proyectos con enorme carga de conflictividad social-; bastaría con que el Ejecutivo coordine con el Congreso y logre la privatización de ese monstruo burocrático, que se roba los dineros de todos los peruanos, que es Petroperú.

Fitch le acaba de rebajar la calificación crediticia en consonancia con su quiebra fáctica. Apoyo Consultoría ha emitido un informe en el que sugiere cinco medidas concretas: 1.- Regresar temporalmente la empresa al Fonafe para designar al nuevo directorio, eliminar la interferencia política y mejorar el gobierno corporativo. 2.- Condicionar nuevas facilidades financieras, tanto garantías como reprogramación de deudas; 3.- Transparentar el Plan de Restructuración realizado por la consultora Arthur D. Little; 4.- No otorgar la operación de nuevos lotes petroleros a Petroperú, en particular el lote X; y 5.- Acelerar la incorporación de capital privado a Petroperú y evaluar su transferencia completa al sector privado.

A contramarcha de ello, el presidente del directorio de Petroperú dice que la empresa no tiene que divulgar su plan estratégico (plan de reestructuración), cuando es una obligación de cualquier gobierno corporativo de una empresa que cotiza en bolsa. Petrobrás y Ecopetrol lo tienen a libre disponibilidad en su página web, no hay ni que pedir el favor que lo compartan. ¿Qué se esconde?

Peor: Petroperú promete bajar el precio del combustible si el Estado se allana a sus irracionales pedidos de salvataje. Es pura demagogia. ¿Cómo lo va a hacer, si solo tiene ventas mayoristas -un 30% del mercado- y no maneja sus grifos, quienes solo alquilan el logo?

Es una desgracia que Fujimori, embelesado con su intento de re-reelección, haya abandonado el proceso de privatización de las empresas públicas que empezó la primera mitad de los 90 y que luego detuvo para evitar asperezas y lograr su cometido político. Por culpa de ello, tenemos que soportar la carga infame de Petroperú, Sedapal y Córpac, entre otras. Se anotaría un golazo el gobierno de Dina Boluarte si zanjara esa deuda histórica.

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[PIE DERECHO]  El concepto de empresas públicas es caro a la izquierda, por lo menos a la izquierda retrógrada que tenemos en el Perú y en casi toda la región, pero desde ningún punto de vista es un precepto de modernidad administrativa.

Sólo el afán de lucro puede lograr que actividades tan importantes, como la refinación de petróleo, su exploración y explotación, su transporte por el oleoducto, la provisión de agua potable o la administración de aeropuertos, hagan coincidir el interés privado con el buen servicio público.

Privatizar Petroperú, Córpac y Sedapal (además de todas las empresas municipales de agua potable del país), coadyuvará a que el Perú recupere una dinámica de inversiones capaz de evitar el derroche, el mal servicio y la corrupción (tanto empresarial como sindical) que hoy afecta a las empresas mencionadas, alejándolas de todo propósito social o de beneficio colectivo.

En estos temas ya no necesitamos entrar a discusiones ideológicas. Es un tema práctico gerencial. El sector privado es infinitamente más eficiente que el Estado para administrar empresas y su gestión le evita, además, a todos los peruanos el riesgo de que ante una situación crítica, sea el erario nacional (es decir, todos los peruanos) el llamado a meter la mano en el bolsillo y solventar las pérdidas, como es el caso actual de Petroperú y su escandalosa solicitud de nuevos desembolsos del fisco para seguir con vida.

Ya no debería ser motivo de debate que el mercado debe ser el gran motor de la economía y el Estado, no siendo débil, cumplir un rol regulador y ecualizador de las fallas del mercado (que sí existen, a pesar de la prédica en contrario de los libertarios). Ese es el Estado del siglo XXI que garantiza el desarrollo de las naciones.

Lamentablemente, ni la izquierda ni la derecha peruanas parecen tenerlo claro. Ambas parecen ancladas en el siglo pasado, planteando fórmulas anacrónicas. Se necesita de una nueva derecha y, con más urgencia, de una nueva izquierda, que sepan coincidir en lo dicho en párrafos anteriores y diriman sus diferencias en el perfil que le quieran dar a la función mínima del Estado y a la amplitud de políticas morales (aborto, drogas, políticas de género, etc.).

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Si un libertario ultraconservador como Javier Milei ha logrado marcar la agenda y ganar elecciones en Argentina, un país con ADN peronista, es posible que en el Perú surja un candidato liberal que se atreva a decir las cosas claras, así suenen en principio impopulares y lograr su cometido de hacerlas arraigar. Algunos ejemplos:

1.- Privatizar Petroperú y vender la refinería de Talara (algo se podrá recuperar del despilfarro criminal cometido en su construcción). Es un horror que en un país sin mayores recursos fiscales se le otorgue a Petroperú lotes para exploración y eventual explotación.

2.- Privatizar Sedapal y las casi cincuenta empresas de saneamiento municipales, que lo único que han logrado es el reinado de corruptelas y ausencia de inversión. Resultado de ello: millones de peruanos pobres no tienen agua potable y pagan fortunas para conseguirla.

3.- Reducir la maraña burocrática ambiental que se ha construido alrededor de los proyectos mineros, haciéndolos o inviables o con una morosidad de ejecución de casi una década. El Perú es un país minero y necesita poner en activo los recursos inmensos de los que goza (Quilish, Conga y Tía María incluidos).

4.- Nuestro país es uno de los de mayor rigidez laboral en el mundo, alentando la informalidad rampante que sufrimos. Hay que flexibilizar esas normas, facilitando la contratación y el despido. Al final, va a ser en beneficio de los propios trabajadores. El populismo jurídico solo trae consecuencias negativas para los presuntos beneficiados.

5.- Derogar la obligatoriedad de aportes pensionarios a las AFP u ONP, y que ese aporte de las empresas vaya directamente a un aumento remunerativo de los trabajadores. Si se quiere establecer un régimen pensionario privado, que no sea gravando los sueldos. Es un despropósito mercantilista que hay que cortar de un solo tajo.

6.- Entregar directamente el canon minero a las comunidades. Se equivocó Keiko Fujimori cuando propuso hacerlo a los ciudadanos individuales. La cosmovisión andina exige recepción y procesamiento comunal. Se vería un beneficio tangible y se evitaría la corrupción terrible de los gobiernos regionales y locales.

Son solo algunos ejemplos de propuestas que, en un país dominado crecientemente por una narrativa anticapitalista, serían disruptivos. Es hora de romper la caja y hablar claro y sin tapujos. La ciudadanía premiará la sinceridad y desfogará los impulsos radicales que hoy solo derivan en favor de alternativas izquierdistas.

 

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Según información de la Sunass, 3.3 millones de peruanos no cuenta con servicio de agua potable y 6.4 millones no tiene servicio de alcantarillado. ¡Una barbaridad ciudadana!

No solo hay un impacto evidente de esta carencia en la salud, educación y medio ambiente, sino uno directo en la generación de condiciones vitales de peruanos sin ciudadanía, sin sentido de pertenencia al Estado y, por ende, materia prima dispuesta para que cosechen los radicales antisistema.

Según información oficial, “en los hogares que cuentan con el servicio de agua potable, los casos de diarrea se reducen en 10% y si además tienen instalaciones sanitarias la tasa disminuye en 20%. Estudios también han corroborado que el acceso al agua potable y alcantarillado acorta en 13% la desnutrición crónica infantil, porque contribuye a prevenir las enfermedades diarreicas agudas”.

En materia educativa, “en el ámbito rural sólo 3 de cada 100 personas recibe agua adecuadamente clorada. Se ha comprobado que, en este ámbito, al acceder a los servicios de saneamiento, un grupo de estudiantes mejoraron sus calificaciones, se enfermaron menos y no faltaron a clase”.

Todo este problema se debe, en gran medida, a que es el Estado el responsable de la cobertura de agua y alcantarillado. Fujimori entró en pánico cuando suspendió la ola de privatizaciones, que empezó a inicios de los 90, y dejó Sedapal y las empresas municipales en manos de los gobiernos central o locales responsables (y Petroperú campante).

Hoy, como era de esperarse, las empresas no tienen los capitales para invertir en obras que permitan aumentar los recursos y la consecuente cobertura, sobre todo a los mercados menos rentables (zonas populares y zonas rurales), que una empresa privada, con la debida regulación y supervisión (que no debería dejar de existir), sí podría brindar rápidamente.

Una deuda social inmensa se mantiene viva y lo grave es que inevitablemente conlleva efectos políticos como los señalados. Mientras la brecha de servicios básicos se mantenga (agua, salud, educación, infraestructura, etc.), no habrá ciudadanía activa y, en consecuencia, seguiremos siendo una democracia incompleta y fallida.

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“El río tiene los hidrocarburos ahí. Hay barreras en su boca que evitan su salida al Marañón. Estamos haciendo todo para mantenerlas. Esperamos pronto poder ingresar para hacer su evaluación y limpieza”, afirma Juan Gallarday, gerente corporativo de Desarrollo Sostenible en PetroPerú.

Mientras el bloqueo se mantenga, no podrán terminar de limpiar. Habrá que esperar que los frutos de las próximas reuniones comunales sean positivos. Por otro lado, también esperan que las 24 investigaciones fiscales abiertas que tiene la empresa por cortes o derrames avancen para identificar responsables. Según pudo conocer Sudaca, todas se encuentran en etapa preliminar por ahora.

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PERÚPETRO ha señalado que los lotes 39 y 67 operan bajo Contratos de Licencia suscritos por el Estado peruano, es decir, tienen derechos otorgados preexistentes a la solicitud de creación de la reserva indígena; además, se trata de una zona estudiada ampliamente para la ubicación de recursos de hidrocarburos, conforme obra de la información de la sísmica publicada en el portal institucional de PERÚPETRO. Así mismo, PERÚPETRO expresó su preocupación sobre que estos aspectos tan importantes para el desarrollo energético del país no fueran considerados en este caso específico y que no haya sido invitado a participar de la Comisión Multisectorial durante la fase del procedimiento de reconocimiento de pueblos indígenas en el área propuesta para la creación de esta reserva.

¿Existe certeza absoluta que existen PIACI en este territorio propuesto como nueva reserva indígena? El detalle de las pruebas de esta existencia no puede conocerse pues la propia Ley de Transparencia ha restringido el acceso al contenido completo y detallado del Estudio Previo de Reconocimiento elaborado por el Instituto del Bien Común entre los años 2021-2022. Sin embargo, conforme a lo manifestado por las comunidades nativas asentadas hace varias décadas en este territorio, no existe presencia de  PIACI.

Pronunciamiento AIDESEP by Alessandro Azurín Astorga

En conclusión, de acuerdo con la ley y regulación vigente para PIACI y los antecedentes de casos similares, lo señalado por Perúpetro tiene un sólido fundamento  y no es una afirmación falsa como señala AIDESEP.

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El exministro Merino relató que, pese a las advertencias, Castillo insistía en la designación de Hugo Chávez.

El paso de Merino por el MINEM llegaría a su final en octubre del 2021. En una de los tantos cambios de ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, Sandra Paico, secretaria del mandatario, se comunicó con Merino Aguirre para asista a la renovación en el cargo. Sin embargo, al llegar Palacio de Gobierno, se encuentra con un iracundo Bruno Pacheco que increpa a Paico por la presencia del todavía ministro de Energía y Minas y acusándolo de ser una persona que “no hacía caso a las indicaciones”. Tras presenciar esa escena, Iván Merino se encuentra con el presidente Castillo y le expresa que no tiene nada más que hacer en Palacio y abandona el lugar. “Mi renuncia al cargo fue de facto, no hay acta ni carta de renuncia, tampoco hubo cartas de felicitación por el cargo de ministro”, señaló en su testimonio.

En un gobierno lleno de cuestionamientos sobre la idoneidad de los personajes  designados al frente de ministerios y otro cargos importantes, que las advertencias hechas incluso por integrantes del equipo que acompañó a Pedro Castillo desde su etapa de candidato sean ignoradas y se convierta una clínica en una especie de centro de operaciones sólo despiertan más sospechas.

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EL PERJUICIO ECONÓMICO

El ONP es un Activo Crítico Nacional (ACN) y la legislación provee de medidas para su intangibilidad y la continuidad de sus operaciones, pero esto no ha ocurrido a pesar de las importantes pérdidas económicas que genera su paralización y el grave daño ambiental que genera un derrame de petróleo. Es indispensable que el gobierno aplique esta regulación, garantice la integridad y seguridad del ONP, identifique y denuncie a los responsables de estos delitos ambientales y contra la propiedad pública, para que respondan ante la justicia, porque el respeto a la ley y a la autoridad debe ser exigible a todos los peruanos por igual, señala la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH). 

Actualmente, la operación del ONP está en números rojos y eso también lo sienten las empresas privadas que trabajan con Petroperú. Es el caso de Perenco, que opera el lote 67 y aún no puede llevar a Puerto Bayóvar el petróleo su producción del 2021. La empresa estima las pérdidas por esto en unos US$40 millones.

En una situación parecida se encuentra Petrotal, que opera el lote 95. Esta compañía firmó contrato con Petroperú en 2019 y desde entonces ha pasado 420 días sin poder transportar su crudo, principalmente por la conflictividad social. Esa pausa, afirma la empresa, representa pérdidas de 220 millones de dólares. 

Actualmente Petrotal saca su petróleo por vía fluvial, lo que encarece su costo respecto a la opción de usar el ONP. “Si la vía es fluvial, no llega a la Refinería Talara. El costo se incrementa para varios. El Perú consume 250 mil barriles por día y hoy produce 40 mil. Ese déficit ahorca la economía nacional. Sin el oleoducto no hay salida sencilla”, asegura Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas.

mapa oleoducto
El recorrido del Oleoducto Nor Peruano incluye las regiones de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura.

Para reaccionar, Aurelio Ochoa, cree que el gobierno debe recordar que la situación del ONP repercute afuera. “Disuade a los inversionistas extranjeros que ven que su petróleo no puede ser evacuado de ser encontrado. ¿Cómo me aventuro a invertir en la Amazonía peruana así? Es un punto de reflexión para que las autoridades analicen y tomen decisiones”, asegura el expresidente de Perupetro. 

En tanto siguen las labores para restablecer la operatividad del ONP, Petroperú realiza constantemente trabajos de mantenimiento en sus tres tramos, así como la inspección interna con raspatubos. Asimismo, la empresa asegura que viene trabajando en la implementación de un patrullaje aéreo con naves no tripuladas, con el fin de salvaguardar su integridad a lo largo de su recorrido por cinco regiones del país.

Esta es la actualidad del ONP. Una estructura crucial para el desarrollo nacional que ya transportó 970 miles de millones de barriles a lo largo de sus décadas de historia, y actualmente no transporta ni uno. En tiempos como estos, en los que el precio del petróleo está otra vez por las nubes, y en los que se vuelve a hablar de soberanía energética, de reducir la dependencia de recursos importados y de darle a Petroperú un papel más protagónico en el mercado de hidrocarburos, llama poderosamente la atención que el Ejecutivo se haga de la vista gorda.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Y así, puede haber decenas de ideas que un buen candidato de derecha plantee, marque la agenda, se enfrasque en dura polémica con la izquierda y, sobre todo, le dé un tono antiestablishment a una campaña en donde ese talante va a ser dominante, por obra y gracia del colapso del Estado que Castillo nos va a dejar como su mayor herencia política.

Candidatos políticamente correctos, aguachentos, acomodados al lugar común, serán desbordados por las demandas populares de cambios importantes y su derrota será segura. Hay que arrebatarle esas banderas antisistema a la izquierda y la derecha tiene suficientes argumentos ideológicos para hacerlo.

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