El Oleoducto Norperuano (ONP), colosal infraestructura de 1,106 kilómetros de extensión, de la que depende el traslado del petróleo producido en la amazonía peruana, está comatoso debido a la falta de protección. Los ataques contra él han aumentado: entre fines de 2021 y lo que va de 2022 se han registrado nueve, que han dejado 40 cortes en sus tubos y han desencadenado derrames en las zonas aledañas al ducto. Debido a esta situación sin precedentes, el ONP ya lleva más de cinco meses sin operar. Si no hay más cortes, Petroperú espera restablecer el bombeo de crudo en los próximos dos meses.
Los constantes ataques al oleoducto generan graves perjuicios ambientales y económicos. Entre 2014 y la actualidad, Petroperú ha gastado más de S/600 millones en labores de remediación y ahora mismo la empresa enfrenta 49 procesos administrativos sancionadores ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Todo esto, muy aparte de los daños que ocasiona el vertido de petróleo al medio ambiente y a las comunidades de la zona, que son incalculables.
Ante los constantes ataques, la petrolera estatal ha solicitado que las fuerzas del orden patrullen de manera constante el oleoducto. Se trata, a fin de cuentas, de una infraestructura que tiene la categoría de activo crítico nacional (ACN), lo que equivale a decir que es considerada entre las infraestructuras “esenciales e imprescindibles para mantener y desarrollar las capacidades nacionales” y que su “afectación, perturbación o destrucción no permite soluciones alternativas inmediatas, generando grave perjuicio a la Nación”.
Los entrecomillados del párrafo anterior provienen del decreto supremo N° 106-2017-PCM, que también autoriza a las fuerzas armadas y a la PNP a brindar protección a los ACN, previa autorización presidencial. Al respecto, Sudaca buscó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y al Ministerio de Defensa (Mindef), pero escondieron la cabeza. Sin respuestas, el ONP es ahora mismo una gigantesca infraestructura inútil.
LOS ATAQUES
A lo largo de sus más de 40 años de funcionamiento, el ONP ha sufrido numerosas contingencias. Si bien no todas tienen que ver con ataques, Petroperú asegura que la mayoría de problemas del oleoducto son consecuencia de emboscadas deliberadas y malintencionadas. Y en lo que va del 2022 estos se han incrementado de una manera nunca antes vista.
De los nueve ataques registrados, ocho se produjeron en los distritos de Urarinas y Barranca, en Loreto. El más reciente ocurrió el 29 de julio. En solo uno de estos incidentes –que se produjo el 1 de julio– Petroperú contabilizó 32 cortes a las tuberías. Esto tampoco tiene precedentes, pues en el resto de atentados los tajos no llegaban a diez.
De acuerdo con las actas levantadas por el Ministerio Público, las nueve contingencias fueron ocasionadas por terceros, quienes haciendo uso de sierras y otros objetos, generaron derrames de crudo en el canal de flotación, un sistema que permite alojar y separar al ONP de los ríos de la zona de influencia, evitando mayor afectación en caso de una contingencia.
LAS CAUSAS
De acuerdo a las investigaciones realizadas tras los últimos atentados al ONP, estos son motivados porque en la zona se sabe que estas incidencias representan una oportunidad de trabajo. Cuando se da uno de estos hechos nefastos, Petroperú necesita personal que haga las labores primarias de remediación. El jornal para estos trabajadores se ha ido incrementando por exigencia de las comunidades, llegando en un momento a pagarse hasta S/150, cuando el monto promedio por jornal fluctúa entre S/72 y S/80
Para Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, se trata de una explicación verosímil. “Es muy difícil encontrar personal que quiera trabajar en esa zona, por eso se busca a los nativos. Cuando yo estaba en el ministerio recibía reportes de ataques. Los motivos no son contra la empresa, no hay sesgo terrorista. Cuando hay derrames, se da trabajo. Ese es el tema”, afirma.
Pero esta explicación remite a causas más profundas. Las comunidades que viven en las zonas por las que pasa el oleoducto están mayormente abandonadas por el Estado y apenas cuentan con servicios básicos. Muchas de ellas no tienen agua potable y el suministro eléctrico lo reciben por horas; ni hablar de acceso a educación o salud de calidad. La riqueza petrolera de la selva –esa misma que circula por el oleoducto– no se ha traducido en bienestar para esa población.
“Cuando era ministro una vez recibí a dirigentes de comunidades amazónicas. Me relataron que a su pueblo les decían que dentro de los tubos [del ONP] pasaban millones de dólares y que en los campamentos mineros vivían bien, mientras que ellos pasaban hambre”, recuerda Herrera Descalzi.
Los dólares que genera el ONP suman al canon petrolero. Hasta junio de este año, ascendía a US$86,892,402.03 dólares. De ese total, regiones por donde pasa la gigante infraestructura como Loreto y Piura recibieron US$7,610,517.86 y US$14,457.592.58, respectivamente, según reportó Perupetro. No obstante ello, el mecanismo actual de reparto de este canon deja muy poco para las comunidades que conviven con el oleoducto.
“Existe un resentimiento generalizado de las comunidades nativas”, agrega el exdirector de Petroperú, Aurelio Ochoa. “Eso se ve cuando visitas la zona. Hay razón en la falta de beneficios por el canon. Se debe corregir. Actualmente se distribuye por número de habitantes. Es absurdo comparar a las comunidades nativas con poblaciones urbanas. Un canon directo sería buena medida”, propone.
Para cambiar esta situación, el ex funcionario considera que Petroperú, con intermediación del Ejecutivo, deben llegar a un acuerdo para que las comunidades que rodean al ONP formen parte del proyecto petrolero. “La convivencia solo es posible con equilibrio. Se requiere un gran plan, que hoy no tiene el Estado, que incluya a las comunidades aledañas como mano de obra o para la producción de alimento”, asegura.
“Podría incrementarse el apoyo económico, pero también las exigencias. Por ejemplo, garantizar pagos en base al cuidado de la zona”, complementa Aurelio Ochoa, exdirector de Petroperú. Y en la compañía han tomado nota de ello, aunque no les parece suficiente. Actualmente, su personal no puede ingresar al km 193 para hacer reparaciones porque la comunidad nativa de Mayuriaga exige la contratación de una empresa comunal. Algo similar pasa en el km 237 –en Santa Rosa, Loreto– donde la población exige la construcción de 80 piscigranjas, un compromiso que la compañía, asegura, nunca asumió.
UNA INFRAESTRUCTURA DESPROTEGIDA
Sin perjuicio de que hace falta encontrar maneras de compartir mejor los beneficios de la operación petrolera y darle bienestar a las poblaciones que conviven con el oleoducto, los constantes ataques hacen que sea urgente redoblar la vigilancia del ONP, en virtud del artículo 17 del DS N° 106-2017-PCM.
Si bien la Policía ha brindado apoyo durante las investigaciones, este no es suficiente. Considerando que se trata de un activo crítico en constante riesgo, su protección debe ser permanente, a fin de evitar actos vandálicos, tomas de estaciones que duran meses y amenazas que obligan a evacuar al personal.
Para Aurelio Ochoa, seguir ese camino sería replicar el modelo de otros países ricos en recursos mineros y energéticos. “Es lo que hicieron Colombia y Nigeria. Al ser un activo crítico, como las torres de alta tensión o las represas, es un asunto también de seguridad nacional. [El ONP] es la arteria por donde pasa la producción petrolera. Es una vía de evacuación de 200 mil barriles que nunca se ha llenado”, considera el también ex presidente de Perupetro.
Por su parte, desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) creen que la sola intervención de las fuerzas del orden no es la solución a los problemas del ONP. Alberto Varillas, presidente del Comité de Asuntos Legales del Sector Hidrocarburos de la SNMPE, dijo que es necesario recuperar la condición operativa del oleoducto. “Requiere de una reingeniería total con inversión que ciertamente no está en manos de PetroPerú en este momento. Se necesita una intervención estatal para recuperarlo”, asegura.
Sudaca solicitó al ministerio de Energía y Minas, encabezado por Alessandra Herrera, su posición sobre el problema del ONP. Aunque Jesús Noriega, jefe de prensa de la entidad, se comprometió a responder, al cierre de este reportaje no nos dieron ninguna respuesta. Este medio buscó también al ministerio de Defensa, pero allí también ignoraron nuestro requerimiento. Sin embargo, a juzgar por las comunicaciones públicas emitidas por el gobierno, no hay claridad aún sobre cómo actuar.
En una nota de prensa emitida luego del último atentado contra el ONP, el Minem se limita a señalar: “Ante esto el viceministro [se refiere al viceministro de Hidrocarburos, Juan Sánchez Izquierdo] señala que toda opción merece ser analizada y debatida según su viabilidad”. La nota de prensa se emitió el 30 de julio; ha pasado casi un mes y, al parecer, el despacho sigue analizando y debatiendo, pues no se ha anunciado ni mucho menos ejecutado alguna acción concreta.
En contraste con la actitud pasiva de estos dos ministerios, el OEFA –que depende del Ministerio del Ambiente– sí viene actuando en el marco de sus competencias, lo que ha significado que tenga continuos encontronazos con Petroperú. Desde el 2014 hasta el último 15 de agosto, este organismo ha iniciado nada menos que 112 procedimientos administrativos sancionadores contra la petrolera estatal. De ellos, 22 ya concluyeron y tienen sanciones firmes que asciende a un total de S/ 99,626,140.54, por no mantener el ONP y actuar con lentitud para contener derrames de petróleo. La empresa estatal ya pagó S/ 89,971,362.53 de ese total.
Actualmente, el OEFA está supervisando los procesos de remediación de los nueve ataques sufridos por el ONP desde el año pasado. Petroperú informó que ha atendido con prontitud las labores de limpieza y remediación de acuerdo a la normatividad vigente, incluso de las contingencias generadas por terceros que equivalen a más del 72% de los PAS generados por OEFA.
En respuesta a Sudaca, OEFA defiende su fiscalización: “Si bien se trata de derrames de hidrocarburos producidos por atentados (cortes), en el ONP; de acuerdo a la normativa ambiental vigente, el titular de las actividades de hidrocarburos se encuentra obligado a reportar la emergencia, adoptar acciones de primera respuesta y realizar el manejo adecuado de los residuos generados como consecuencia de la emergencia ambiental”.
“OEFA no ve completo el panorama, pero también falta que Petroperú se siente en una mesa para concordar criterios. No puede [OEFA] tener una visión parametrada y aplicar lo mismo, como si fuese el caso del derrame en Ventanilla [de Repsol]”, cuestiona Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro.
EL PERJUICIO ECONÓMICO
El ONP es un Activo Crítico Nacional (ACN) y la legislación provee de medidas para su intangibilidad y la continuidad de sus operaciones, pero esto no ha ocurrido a pesar de las importantes pérdidas económicas que genera su paralización y el grave daño ambiental que genera un derrame de petróleo. Es indispensable que el gobierno aplique esta regulación, garantice la integridad y seguridad del ONP, identifique y denuncie a los responsables de estos delitos ambientales y contra la propiedad pública, para que respondan ante la justicia, porque el respeto a la ley y a la autoridad debe ser exigible a todos los peruanos por igual, señala la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).
Actualmente, la operación del ONP está en números rojos y eso también lo sienten las empresas privadas que trabajan con Petroperú. Es el caso de Perenco, que opera el lote 67 y aún no puede llevar a Puerto Bayóvar el petróleo su producción del 2021. La empresa estima las pérdidas por esto en unos US$40 millones.
En una situación parecida se encuentra Petrotal, que opera el lote 95. Esta compañía firmó contrato con Petroperú en 2019 y desde entonces ha pasado 420 días sin poder transportar su crudo, principalmente por la conflictividad social. Esa pausa, afirma la empresa, representa pérdidas de 220 millones de dólares.
Actualmente Petrotal saca su petróleo por vía fluvial, lo que encarece su costo respecto a la opción de usar el ONP. “Si la vía es fluvial, no llega a la Refinería Talara. El costo se incrementa para varios. El Perú consume 250 mil barriles por día y hoy produce 40 mil. Ese déficit ahorca la economía nacional. Sin el oleoducto no hay salida sencilla”, asegura Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas.
Para reaccionar, Aurelio Ochoa, cree que el gobierno debe recordar que la situación del ONP repercute afuera. “Disuade a los inversionistas extranjeros que ven que su petróleo no puede ser evacuado de ser encontrado. ¿Cómo me aventuro a invertir en la Amazonía peruana así? Es un punto de reflexión para que las autoridades analicen y tomen decisiones”, asegura el expresidente de Perupetro.
En tanto siguen las labores para restablecer la operatividad del ONP, Petroperú realiza constantemente trabajos de mantenimiento en sus tres tramos, así como la inspección interna con raspatubos. Asimismo, la empresa asegura que viene trabajando en la implementación de un patrullaje aéreo con naves no tripuladas, con el fin de salvaguardar su integridad a lo largo de su recorrido por cinco regiones del país.
Esta es la actualidad del ONP. Una estructura crucial para el desarrollo nacional que ya transportó 970 miles de millones de barriles a lo largo de sus décadas de historia, y actualmente no transporta ni uno. En tiempos como estos, en los que el precio del petróleo está otra vez por las nubes, y en los que se vuelve a hablar de soberanía energética, de reducir la dependencia de recursos importados y de darle a Petroperú un papel más protagónico en el mercado de hidrocarburos, llama poderosamente la atención que el Ejecutivo se haga de la vista gorda.
**Fotoportada por Darlen Leonardo
