[PIE DERECHO] El Congreso o el Ejecutivo harían bien en formar una comisión de la Verdad que investigue los sucesos que llevaron a que el Perú sufriera casi trescientos mil muertos por el Covid -la cifra más alta del mundo- y se establezca responsabilidades políticas y eventualmente penales de quienes condujeron a ello.
¿Quiénes negociaron pésimo la compra de vacunas y por qué demoraron tanto en llegar? ¿Quiénes permitieron que no hubiera oxígeno en hospitales y postas? ¿Quiénes no se dieron el trabajo de adecuar unidades de cuidados intensivos para atender los casos graves?
Murieron cinco veces más peruanos por el negligente manejo del covid, que por la guerra contra el terrorismo, y así como se establecieron responsabilidades y reparaciones para lo segundo, corresponde exactamente lo mismo en este caso mencionado.
Honda huella psicológica ha dejado esa inmensa cantidad de fallecidos. Familias enlutadas, huérfanos abandonados, proyectos de vida destruidos, por obra y gracia de un gobierno como el de Vizcarra que, sospechamos, actuó con negligencia punible, si no corrupción, aprovechando la tragedia.
Hablamos de por lo menos un millón de peruanos afectados por la indolencia estatal, que deben contener rabia y frustración porque en el momento que necesitaron del Estado, éste no respondió por ellos. Y, como suele suceder, fueron los más pobres los que terminaron sufriendo las peores consecuencias.
Un grupo de expertos, independientes, puede lograr determinar si hubo responsabilidades y si las halla, elevar sus conclusiones al Ministerio Público y al Poder Judicial para que actúen en consecuencia. Mientras no haya justicia y atención a esa enorme cantidad de peruanos, tendremos una fractura ciudadana corrosiva y lacerante. Esa fractura se debe cerrar y eso pasa por establecer responsabilidades y disponer indemnizaciones.
Demasiadas fisuras cívicas existen en un país que no ha sabido acompañar el crecimiento económico con el cierre de brechas institucionales -entre ellas la de la salud pública-, como para soslayar la acción necesaria del Estado para recomponer ese tejido con acciones de verdad y justicia.
