exsenderistas

Se cumplen hoy 20 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad al país y fue y sigue siendo un hecho fundamental que es menester destacar.

Primero, se dejó muy bien establecido que los principales responsables del baño de sangre fueron Sendero Luminoso y el MRTA, dos movimientos terroristas que emergieron en la década de los 80, y que en ese trance murieron cerca de 70 mil peruanos.

Segundo, se dejó muy en claro que la mayor parte de los muertos ocurrieron a manos de los terroristas y en menor medida, pero no menos importante, por las propias fuerzas armadas y policiales.

Tercero, se fijaron cifras que mostraron que, contrariamente a lo que Toledo quería utilizar como munición contra el fujimorismo al crear la CVR, la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos ocurrieron durante los gobiernos democráticos de Belaunde y García (por eso, de paso, no se explica el sesgo antifujimorista mayoritario de la muestra del Lugar de la Memoria).

Cuarto, se fijaron pautas de reparaciones y atribución de responsabilidades que luego han servido para acciones judiciales eficaces, aunque aún incompletas, a pesar del tiempo transcurrido.

El país maduró democráticamente con la dación del Informe y no se explica, honestamente, la reticencia de cierto sector de la derecha a administrarlo y apoyarlo, al amparo de tonterías como que se use el universal y legal término “conflicto armado interno” que no rebaja responsabilidad alguna a los terroristas y no les otorga rango jurídico de protección.

El Informe de la CVR es un hito liberal en la defensa de los derechos humanos y debe ser visto así, por ende, por los sectores pensantes de la derecha, sin que sorprenda ya la reacción cavernaria de los sectores conservadores que quizás hubieran querido que se eche tierra por encima de las violaciones ejecutadas por los institutos armados, como si ello fuera posible y saludable.

La verdad repara, la memoria es socialmente terapéutica y ayuda a que sucesos semejantes no se repitan. Y, por último, se trata de un acto de justicia histórica con las decenas de miles de deudos de las víctimas del terror originado en las demenciales tesis senderistas y las sanguinarias tácticas del “guevarismo” emerretista, grupo que no merece mejor consideración que los radicales maoístas de Sendero.

 

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Este 30 de setiembre acude al Congreso, a ser interpelado, el ministro de Trabajo, Iber Maraví. Su caso, sin embargo, es tan contundente, que el desenlace a anticipar es que el Legislativo lo censure y lo saque del gabinete, tarea que en verdad debió ejecutar el propio Presidente, pero ya conocemos de las deficiencias de carácter de las que adolece nuestro primer mandatario.

No es admisible ni un milímetro de concesión al filosenderismo que exhiben algunos miembros allegados al gobierno y, en este caso, un ministro de Estado, que ha sido denunciado en sinfín de ocasiones por medios como La República o Beto a saber, mostrándose serias denuncias de haber sido partícipe de Sendero Luminoso y de haber perpetrado, directa o indirectamente, atentados terroristas. Figura su nombre, en ese sentido, en atestados policiales de la época.

No se puede normalizar la presencia de exsenderistas activos o filosenderistas, como los del Movadef, en el entorno del gobierno. Puede llegar a ser, inclusive, causal de vacancia por incapacidad moral que un Primer Mandatario nombre o se vincule a gente con ese pasado o presente.

Ojalá no seamos testigos en esta ocasión de la claudicación moral de las bancadas del centro, en particular, las de Acción Popular y Alianza para el Progreso, quienes le extendieron el voto de confianza a un gabinete impresentable, el peor consejo de ministros que se recuerde en toda nuestra historia republicana, por lo menos desde los 80 hasta la fecha.

Frente a un gobierno, que hasta que no se defina internamente, conforme lo trascendido (sin Bellido, Cerrón, Maraví, Constituyente, ni Movadef), lo correcto, en términos de la oposición, es ser intransigente, dura y enérgica, sin concesiones ni contemporizaciones, que lo único que hacen es envalentonar al régimen y reforzarlo en su idea, si acaso la tiene, de que puede gobernar los cinco años restantes albergando en su seno la morralla descrita.

La censura a Maravi, sobre quien, parece, el gobierno no hará cuestión de confianza, es una prueba de moralidad del Congreso. La primera valla no la pasó, al darle la confianza al gabinete Bellido. Esta segunda, si la transita con probidad y consecuencia, debería ser el inicio de una tendencia de fiscalización extrema a un régimen que, probado está, solo parece funcionar a punta de ajustes y presiones.

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