Fernando Rospigliosi

[La columna deca(n)dente] En una reciente entrevista, el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, otrora recalcitrante antifujimorista, argumentó que la aplicación de la figura de lesa humanidad a militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo en el país es injusta y contraria a la legalidad. Según Rospigliosi, la aplicación retroactiva de este concepto busca perseguir políticamente a quienes defendieron al país de la barbarie terrorista en las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, este tipo de afirmaciones, aunque atractivas para ciertos sectores, ocultan una peligrosa distorsión de lo que verdaderamente significa la justicia para crímenes de lesa humanidad y los compromisos internacionales asumidos por el Perú.

Primero, es importante aclarar que la figura de los crímenes de lesa humanidad no es un capricho político ni una invención local, sino un concepto profundamente arraigado en el derecho internacional. Los crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las desapariciones forzadas y la violación sexual, entre otros, son considerados tan graves que no prescriben y no pueden ser amnistiados. Esto se debe a que estos delitos violan derechos humanos fundamentales y afectan no solo a las víctimas directas, sino a la humanidad en su conjunto.

El principio de no retroactividad no es aplicable en estos casos debido a la naturaleza de los crímenes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado repetidamente que los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar estos delitos, independientemente de cuándo se cometieron. En este sentido, la justicia transicional busca asegurar que no haya impunidad y que se haga justicia para las víctimas.

Además, es preocupante que se minimicen y olviden los crímenes cometidos por agentes del Estado durante el conflicto armado interno, bajo el argumento de que «salvaron al país». Rospigliosi pasa por alto principios fundamentales, como que el fin no justifica los medios y que la barbarie terrorista no se combate con barbarie estatal. También ignora que el uso de la violencia y la violación de derechos humanos por parte del Estado no pueden ser tolerados ni olvidados, y que la justicia para las víctimas de abusos estatales es tan esencial como la justicia para las víctimas del terrorismo. Su discurso ignora las obligaciones internacionales del Perú y socava los esfuerzos por establecer una justicia equitativa y completa. La justicia no es venganza, sino un proceso necesario para sanar las heridas de la sociedad y construir un futuro en el que los derechos humanos sean respetados de manera irrestricta.

En lugar de cuestionar la aplicación de la figura de lesa humanidad, deberíamos apoyar y promover los esfuerzos para garantizar que todos aquellos que cometieron crímenes atroces, sin importar su bando, rindan cuentas ante la justicia. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad verdaderamente justa y democrática.

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Fernando Rospigliosi, Fuerza Popular, Fujimorismo, lesa humanidad

[INFORMES] Meses atrás, cuando la migración del lumpen venezolano había logrado quitarle a los delincuentes nacionales el tráfico minorista de las drogas fuertes y la trata de blancas en las regiones norteñas de nuestro territorio, el sociólogo Fernando Rospigliosi, ex ministro del interior y ex jefe del Sistema de Inteligencia Nacional, vaticinó que las mafias venezolanas vendrían por más, sobre todo por el tráfico de drogas al extranjero o por el control de la acumulación y de la exportación del oro obtenido de manera ilegal, sea por robo o por explotación en forma contaminante. Leamos qué nos dice sobre el futuro inmediato de esos flagelos.

Congresista Rospigliosi, la situación política peruana se deteriora a pasos agigantados y las principales autoridades del país no pueden ocultar ni superar sus rencillas internas. Lo increíble es que la Presidenta de la República no puede romper la coalición política que blinda al Presidente del Consejo de Ministros, mientras este no quiere ni puede aconsejar a la primera mandataria, ¿usted cree que debería haber cambios ministeriales?

  • Sin duda, siempre en una situación de crisis como la que vive el país, es importante dado que es evidente que el actual gabinete no ha sido capaz de resolver varios… sin embargo, al parecer la señora Boluarte no tiene la decisión o no tiene el valor de hacer los cambios y sigue en una situación de pasividad ante los acontecimientos que es muy peligrosa para el país y para ella misma.

¿Por qué cree que la Presidenta no percibe la peligrosidad de la actual situación política?

  • Está en una burbuja, vive en una burbuja; usualmente a algunos políticos les gusta rodearse de gente adulona, servil y sobona, y ese parece ser el caso de la señora Boluarte, además de ser clarísimo que ella no estaba ni está capacitada para ocupar el cargo ejecutivo más alto del país, ella en lugar de reaccionar y conseguir gente adecuada para renovar su gabinete, se mantiene en una situación como si estuviera flotando en un mar tranquilo, pero esa es sólo una ilusión porque en cualquier momento puede desatarse una tormenta y con una tripulación sin capacidad ni reflejos, la nave puede zozobrar.

¿Si en algún momento la Presidenta decidiera cambiar al PCM Otárola, qué cualidades debería tener la persona que asumiera el segundo cargo más importante del país?

  • Básicamente debería tener habilidad política, que es muy importante para un Gobierno que no tiene bancada partidaria, no tiene partido, no tiene popularidad ni liderazgo, naturalmente y mucha honestidad, esa son las cualidades que debería tener un jefe de gabinete

¿Cree que la presidenta Boluarte llegue a terminar su mandato?

  • Creo que sus posibilidades se van reduciendo cada día que pasa porque su situación política es muy precaria, y ella no está reaccionando con la celeridad y con la urgencia que el país y el gobierno necesitan.

Todos los días escuchamos noticias sobre robos, secuestros, extorsiones y cobros de cupos, y esta semana hemos asistido al hecho inédito de ver el acto casi farsesco del robo de las armas de un capitán y de un suboficial de la custodia de altos funcionarios adscritos a la familia de la señora Boluarte, ¿hemos normalizado la criminalidad?

  • Sí, esa es una cosa que casi sin darnos cuenta se va normalizando día tras día, mes tras mes, año tras año; vemos cómo crece la delincuencia, pero sobre todo la violencia, que es uno de los componentes básicos de los delincuentes que han llegado al Perú en los últimos años, los cuales son más violentos de lo que ya eran los delincuentes nativos. Además del incremento de la violencia introducida por los delincuentes extranjeros, asistimos a un proceso de normalización de la violencia importada, olvidándonos poco a poco de cómo era el país hace diez o quince años. Al olvidarnos cómo éramos, percibimos como normales las conductas aprendidas.

¿Qué intereses oscuros protegen a los mineros ilegales que se esconden tras la careta de la informalidad? ¿Y quiénes son los que cuidan a los narcotraficantes para que ese mega grupo criminal se constituya en una fuente inagotable de recursos para los ilegales?

  • Mira, esos dos negocios mencionados líneas arriba producen miles de millones de dólares de utilidades al año, y gran parte de ese dinero es destinado por los delincuentes para sobornar a las autoridades, sobre todo a las policiales y judiciales. Y, también, por cierto, en armar campañas para introducir cada vez más antisociales a la política. Si ellos, me refiero a los criminales, actúan más rápido que nosotros, entonces, tarde o temprano, estaremos en camino a convertirnos en estados fallidos, como Honduras, Nicaragua y, en estos momentos, el Ecuador.

Meses atrás, usted advirtió el peligro que corría nuestro país de convertirse en un nuevo Ecuador, con más músculo, es decir, con una infraestructura vial y portuaria para la exportación de opio y de cocaína a los mercados centroamericanos, asiáticos y de Europa del Este. ¿Debemos mirarnos en el espejo ecuatoriano?

  • Sin duda, debemos mirarnos en el espejo de Ecuador. Ecuador es un país de tránsito de la droga y eso es lo que ha convertido la violencia y la delincuencia en Ecuador en lo que hoy día es, bueno después han ido creciendo otros negocios ilegales, pero es el narcotráfico el origen de todo eso y el Perú es el segundo productor de cocaína del mundo, ya no solamente somos un país de tránsito sino un país de producción y eso está trayendo a mafias y delincuentes de otros países como las terribles mafias brasileras que ya están en la frontera con nuestro país con Ecuador con Colombia y los venezolanos que ya están acá y es peligrosísimo, y hay que mirarnos en el espejo de Ecuador que hace unos pocos años era un país muy tranquilo.

¿Se debió haber cerrado la frontera con Ecuador para evitar que ingresen o neutralizar a los integrantes de estas bandas criminales?

  • Ha habido un declaratoria de emergencia, pero lo importante ahí es cerrar las vías de tránsito ilegal que son muchísimas en la frontera norte porque hay una larga tradición de contrabando de un lado hacía otro, entonces eso es lo que es más importante cerrar porque la frontera legal digamos puede ser controlada pero el real problema es los pasos ilegales, y yo espero qué el Gobierno haya estado priorizando el cierre de esos pasos ilegales porque de lo contrario si es que hay mucha presión sobre los delincuentes ecuatorianos en su país sin duda se van a trasladar al Perú donde la situación para ellos sería mucho más cómoda porque acá uno de los grandes problemas que tenemos es el sistema judicial peruano que garantiza y protege a los delincuentes y persigue y penaliza a policías y militares, entonces esa situación hace que Perú sea un país ideal para todo tipo de delincuentes.

 El Perú debería dar amnistía a la Policía

  • Sin duda, ya hemos visto que Ecuador está planteando eso una amnistía para policías y militares y yo creo que acá en el Perú debería ver exactamente lo mismo y no solamente eso sino una protección que ya está en la ley, el problema no es la ley porque la ley protege a policías y militares el problema es la aplicación de la ley y es el sistema policial el que persigue a policías y militares y favorece a delincuentes ahí está el problema, entonces por eso cuando se habla de reforma del sistema judicial estamos hablando a un problema que atañe a todos los peruanos y, que es indispensable solucionar o de lo contrario la delincuencia va a tomar el control del país.

Se ha hablado sobre que el armamento de los criminales ecuatorianos habría pasado de contrabando desde Perú y que pertenecería a las Fuerzas Armadas.

  • Sí, hay algo de eso o sea se hablado de granadas, de municiones, explosivos, sí desgraciadamente esa frontera es completamente porosa y por ahí pasa contrabando de Perú hacía Ecuador y viceversa, y en el caso de las cosas que van a Ecuador esta lo que usted ha mencionado. Eso se sabe desde hace tiempo y ya hemos tenido problemas internacionales con ese asunto desde por lo menos el año pasado se sabía que eso era un tema muy grave. El problema es cómo salen municiones, grandas de los almacenes de las Fuerzas Armadas hay tenemos un problema que es una falta de control sin duda.

¿Qué acciones debería tomar el Gobierno peruano?

  • Inmediatamente debería tomar las acciones que no ha tomado antes como tener un control estricto sobre pasos ilegales en la frontera y también, tener un control estricto de armas y municiones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Hace poco el abogado de la fiscal suprema suspendida Patricia Benavides ha presentado un peritaje de los chats del asesor conocido como El Filósofo, donde se demostraría que esos chats habrían sido adulterados. Si eso es así, ¿le parece a usted que la suspensión y el proceso judicial a la doctora Benavides es legal?

  • No, para nada. Ha sido un proceso totalmente politizado de parte de la Junta Nacional de Justicia, lo que ha dicho el abogado Jorge Del Castillo me parece que es algo evidente y que cualquiera podía percibir, desde el comienzo se exhibieron chats que eran lo que tenían ellos o las supuestas pruebas que exhibían pero que solamente tenían una parte o sea el funcionario de la fiscalía, pero no se le conoce cuál era la respuesta o cuál era el dialogo con la otra parte, ni se conoce quién era la otra parte, entonces todo se basaba y se sigue basando en suposiciones que han sido creadas por los esbirros del poder que son los que crean esta falsa acusación en mi opinión contra la fiscal Benavides.

¿Se podría comparar con lo ocurrido al fiscal Pedro Chávarri?

  • Sin ninguna duda es el mismo esquema, la misma plantilla y casi todos son los mismos operadores, es muy parecido a lo que ocurrió con Chávarry.

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delincuencia, Dina Boluarte, Ecuador, Fernando Rospigliosi

Setiembre del 2020 es una fecha inolvidable para las arcas de FRC Consultores, la empresa del ahora fujimorista Fernando Rospigliosi. Ese mes, Fuerza Popular contrató sus servicios para elaborar propuestas en materia de seguridad ciudadana. El desembolso, provisto de acuerdo a ley por la ONPE, fue de S/.180.000. Rospigliosi ha señalado que el trabajo está plasmado en un documento de 400 páginas que hasta ahora no ha mostrado.

Lo que sí es público es el capítulo de seguridad del plan de gobierno fujimorista, donde están reseñadas sus propuestas. Sudaca sometió este acápite del plan naranja al análisis de cuatro especialistas. Los entrevistados coinciden en que no hay ninguna novedad en las diez iniciativas. ¿Tanto dinero para eso? 

NADA NUEVO BAJO EL SOL

Una de las “novedosas” propuestas de Rospigliosi es el programa ‘Distrito seguro’, el cual plantea enfrentar los delitos callejeros “fortaleciendo las comisarías”, colocando a los “mejores policías” al frente de estas. El programa incluye un entrenamiento adecuado de efectivos, reforzar la investigación criminal, elaborar mapas actualizados del delito, mejorar la coordinación con el serenazgo y “desarrollar un programa que involucre la colaboración de la población”.

Los especialistas consultados coinciden en que esta idea es reciclada y que “lo novedoso sería ponerlo en práctica”, como asegura Ricardo Valdés, exviceministro del Interior. Elohim Monard, investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, lo secunda: “No se necesita ser un genio ni un especialista en seguridad. Todos los gobiernos dicen que necesitan a los mejores policías”.

Además, ya existen dos programas con características similares al planteado por Rospigliosi: ‘Vecindario seguro’ y ‘Barrio seguro’. El primero es una estrategia de la policía y el otro, del Ministerio del Interior. “Lo que se está haciendo es ponerle un nombre nuevo a lo que ya existe. Más bien, omite la estrategia focalizada, preventiva, multisectorial, que lo que hace es identificar barrios donde hay muchos factores de riesgo y dar paquetes multisectoriales de prevención”, dice Monard.

Otros problemas que se abordan son el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. Para combatir este último flagelo, Fuerza Popular propuso “erradicar la coca ilegal y al mismo tiempo aplicar programas de desarrollo alternativo”. “Lo que acabas de citar es el título con el que empieza cualquier libro de los que se han hecho en los últimos 20 años: erradicación más cultivo alternativo. Todos lo hacen, no entiendo cuál es la novedad. No entiendo cómo le pueden pagar a alguien tanta plata para escribir esas líneas”, cuestiona nuevamente Elohim Monard.

Respecto a la estrategia para acabar con los remanentes terroristas, se plantea repetir lo hecho en el Alto Huallaga y en el Vraem: trabajo de inteligencia y golpes certeros a miembros clave de estas organizaciones. “No es novedoso lo que se está planteando. Esta propuesta sí podría resolver el problema, pero no es innovadora”, asegura el exviceministro Valdés. 

Para terminar con el crimen organizado, Rospigliosi propone luchar contra la corrupción en la PNP. ¿Cómo? Una de las ideas es la creación de una oficina de Asuntos Internos “con capacidad investigadora y sancionadora, estableciendo sanciones pecuniarias y teniendo como criterio para designar a los mandos no solo la eficacia, sino la honradez”.

Lo que resaltan los especialistas es que ya existe esta dependencia y tiene esas capacidades. “La oficina de Asuntos Internos ya funciona en el sector Interior desde hace muchísimos años, y funciona desde la primera gestión de Rospigliosi como ministro del Interior. Eso no es nuevo. Lo que se está haciendo es ajustes a lo que ya existe, pero no hay novedad”, señala Ricardo Valdés. 

Los S/180.000 también se fueron en propuestas como esta: “explorar la implementación de una policía comunitaria (…) a través de programas piloto”. ¿Cuáles serían esos programas pilotos? El plan de gobierno no lo especifica. Según Valdés, es “más de lo mismo, una propuesta que en la práctica ya existe desde hace tiempo”. Se refiere a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, cuyo objetivo es “promover la participación activa y organizada de la comunidad en la seguridad ciudadana”.  

Para Wilson Hernández, también especialista en seguridad ciudadana, esta propuesta es un punto importante que debería desarrollarse mejor, pero no es novedoso y, para variar, tampoco hay nada concreto. “No hay nada concreto, es una generalidad que se repite desde hace varios años”, dice el investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

Fuerza Popular tomó como actor central a la policía para combatir la inseguridad ciudadana. Por ello, proponían “privilegiar la calidad de formación de la PNP”. Para César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), “se usaron tres neuronas” para presentar una idea que repiten todos los políticos casi de paporreta.

Yo no entiendo cómo le pueden pagar tanta plata a alguien para decir eso que es obvio. Que la policía necesita mayor calidad en las escuelas lo sabe cualquiera, ni tienes que ser un especialista en seguridad ciudadana para decirlo, seguramente se lo preguntas a alguien en la calle y te lo va a decir”, explica a su vez Elohim Monard.

 

Fernando Rospigliosi fue parte del equipo técnico de Fuerza Popular en las últimas elecciones.

Otro de los planteamientos que se pueden encontrar en el plan de gobierno de FP y que ha causado preocupación es la idea de desarrollar “un marco normativo para proteger los derechos de los policías”. Como explican los especialistas, este marco normativo ya existe y, nuevamente, no es una idea nueva que pueda resolver el problema.

Además, podría traducirse como una protección incondicional a los policías para permitirles hacer un uso desmedido de la fuerza. “Es una propuesta gaseosa”, sentencia Wilson Hernández. Y agrega: “Los temas que plantea FP en su momento son demasiados generales para problemas tan complejos”.

Rospigliosi también propone la construcción de más penales para disminuir el hacinamiento. El plan de gobierno no se responde cuántas cárceles serían. En el debate técnico, sin embargo, el exministro del Interior señaló que deberían construirse cinco cárceles solo en Lima. No detalló cuántas otras en regiones. 

Según cálculos de Elohim Monard, investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, para “solucionar” el hacinamiento de presos se necesitaría, como mínimo, 20 penales de 3.000 personas cada uno para alojar el exceso de 60.000 internos. “¿Con qué dinero se va a hacer eso? No van a alcanzar la plata ni el tiempo para construir todo. Y cuando se termine de construir, probablemente se va a tener el doble de internos”, explica. Para el investigador, lo importante es plantear medidas de prevención del delito, las cuales brillan por su ausencia en el plan de gobierno.

En un intento por defenderse de los cuestionamientos, Rospigliosi escribió en su blog: “Como en toda investigación académica, se revisó la bibliografía pertinente, se recopiló la información (…), se efectuaron entrevistas en profundidad a personas que han desempeñado cargos relevantes en el Estado relacionados a la seguridad, se analizó el material y se formularon recomendaciones para establecer políticas públicas en un tema que constituye, sin duda, una de las prioridades nacionales”.

El exministro se quejó de que nadie le había preguntado en qué consistió el trabajo. Sudaca lo llamó para conversar sobre sus propuestas, pero luego de que la reportera de esta nota se presentara como periodista, hubo un misterioso silencio al otro lado de la línea. Hasta el cierre de edición, Rospigliosi no volvió a contestar las llamadas ni los mensajes de WhatsApp.

*Fotoportada: Darleen Leonardo

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Fernando Rospigliosi, Fuerza Popular, seguridad ciudadana

Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 27.

Luego que un informe periodístico revelara que Fuerza Popular le pagó 180 mil soles por una investigación sobre seguridad ciudadana a Fernando Rospigliosi, él aseguró que esa información era pública. Además indicó que con el dinero de ese trabajo, se contrató a las personas necesarias para la investigación y se hizo un buen trabajo.

Por otro lado Marco Loret de Mola, fundador de Matlab aseguró que estamos reduciendo la cantidad de pruebas de diagnóstico para el covid19, lo que nos hace ir a ciegas en este momento de la pandemia.

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Fernando Rospigliosi, Fuerza Popular, Marco Loret de Mola, Matlab

Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 236: Fernando Rospigliosi ganó un montón de plata del fujimorismo y fue su vocero de campaña, tras haber sido antifujimorista. El despido por Whatsapp. Y el reto de Mirtha Vásquez.

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Lima – Perú

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antifujimorista, Fernando Rospigliosi, Mirtha Vasquez

Antes de empezar, voy a permitirme una aclaración. El candidato y el autor de esta entrevista no tienen ningún parentesco. Dicho esto, empecemos.

Hace apenas un par de años usted declaró en algunas entrevistas que Keiko Fujimori no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones, ¿cree que su pronóstico se cumpla?

No. La campaña de demolición que organizó el gobierno de Martín Vizcarra y los fiscales a su servicio fue muy fuerte, muy violenta y hasta cierto punto hizo creer falsamente que Keiko Fujimori había cometido delitos en la campaña del 2011 cuando recibió aportes privados, cosa que no era delito. Eso también lo he dicho yo desde el principio. No obstante, ha habido algunos cambios. Primero, que el jefe de la campaña de difamación y mentiras [se refiere a Martín Vizcarra] ha quedado desenmascarado como un corrupto y como un manipulador del sistema judicial. En segundo lugar, los operadores de esa campaña, empezando por el fiscal politizado y prevaricador José Domingo Pérez están también muy desacreditados, lo que hicieron fue usar la fiscalía para atacar a los enemigos de Vizcarra. No era delito el 2011 recibir aportes privados y menos aún estas cosas absurdas de organización criminal y lavado de activos.

 

Pero ese dinero era sucio, venía de la “Caja 2” de Odebrecht.

Eso es mentira, el dinero que recibió Keiko Fujimori del Banco de Crédito no era sucio…

Pero el dinero de Odebrecht…

En el caso de Odebrecht, Keiko Fujimori niega haber recibido el dinero y la fiscalía no ha podido demostrar que haya sido así. En todo caso, no es dinero sucio, no es dinero como el del narcotráfico o de la minería ilegal. Un asunto es que Odebrecht soborne a funcionarios públicos para recibir obras, cosa que ocurrió en los gobiernos de Humala y Toledo, y otra cosa son aportes de campaña que, según Odebrecht, [también] recibieron Ollanta Humala y Nadine Heredia, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo. Ninguno de ellos está acusado de organización criminal.

Están siendo investigados. Y por el mismo equipo fiscal al que usted critica.

Es el mismo equipo politizado y prevaricador que solamente ha perseguido y acusado por ese supuesto delito a Keiko Fujimori. Pero en el caso que tú mencionas de Odebrecht, nadie ha podido demostrar, y Odebrecht jamás ha admitido, que el dinero que utilizó para financiar campañas electorales de muchos candidatos sea dinero sucio. Es dinero legítimo. Y, además, lavado de activos implica que el que recibe dinero sabe que es un dinero producto de un delito. En el año 2011, nadie acusaba a Odebrecht de ser una empresa corrupta. Los fiscales están presentado kilos de papel, están haciendo un show mediático.

Candidato, la fiscalía tiene colaboradores eficaces y testimonios de gente muy cercana a Keiko en este proceso. El mismo Rolando Reátegui…

Desde que yo tengo conocimiento, todas las campañas, 100%, han recibido dinero que no se declaraba. Y ese dinero lo han introducido en sus campañas. Siempre.

¿Y usted cree que fuera gratuito, por ejemplo, el aporte del BCP? ¿No cree que Keiko Fujimori iba a pagar los favores siendo presidenta?

Esas son suposiciones que no tienen ningún asidero dentro de la realidad. Yo puedo suponer, tú puedes suponer, todos pueden suponer.

Lo he escuchado en entrevistas recientes mencionar que una de las cualidades del fujimorismo es la institucionalidad. ¿Históricamente, el fujimorismo no representa todo lo contrario?

Tú estás fijado en el pasado, yo estoy fijado en el presente y en el futuro. El presente es el de la última década y es que Keiko Fujimori está haciendo algo que casi nadie hace en el Perú, que es construir un partido político. La única manera de fortalecer la democracia. Y eso lo he visto yo personalmente, por lo menos, desde el año 2011, cuando la apoyé en la segunda vuelta contra Ollanta Humala. A partir de ahí, en varias oportunidades, me han invitado a participar en eventos de Fuerza Popular.

Me voy a coger de sus declaraciones del pasado reciente. Cuando el fujimorismo fue por la cabeza del entonces fiscal de la nación Pablo Sánchez, usted dijo en una entrevista a TV Perú que la bancada “estaba actuando como una aplanadora, pasando por encima de la institucionalidad y no respetando ninguna regla política”. ¿No es una contradicción con su actual discurso?

No, para nada. Eso no tiene que ver. Una cosa es construir la institucionalidad política con un partido con errores que, sin duda, cometió la bancada y que ellos mismos han reconocido…

¿Pero no fueron digitados por Keiko?

No, no sé, de repente tú estabas dentro de la bancada y escuchabas eso [ríe].

¿Y los chats [del grupo de Telegram “La Botica”]?

Yo no sé. Sin duda, no es fácil manejar una bancada y, menos aún, una bancada de 73 personas, que es una cosa grande. Sin duda ahí ha habido de todo. Pero ese es el pasado, pues. Si seguimos centrados en eso…

Pero es el pasado reciente. Eso es lo que preocupa.

Sí, ellos lo han reconocido. Y tú puedes creerles o no. Ese es otro tema. Pero el punto es que estamos ahora en una crisis política, económica y de salud, y necesitamos superarla. Y yo creo que la mejor opción es, sin duda alguna, Fuerza Popular. No sólo porque es un partido organizado, sino porque tiene un equipo y tiene propuestas que son las adecuadas para salir adelante. Si tú te vas a quedar pegado al pasado, puedes estar ahí toda tu vida, pero no creo que puedas avanzar mucho.

Candidato, cuando ve a Keiko en un spot junto a la figura de su padre, Alberto Fujimori, ¿no le da escalofríos? Usted que luchó contra esa dictadura.

No, no. No pues, porque es muy obvio que ellos se pelearon el 2017 y 2018, dentro de Fuerza Popular y dentro de la propia familia, y una parte de su esfuerzo ha sido recomponer eso.

Pero yo me refiero a la figura de Alberto Fujimori como dictador, como el dictador contra el que usted se enfrentó.

Mira, como te digo, este es un esfuerzo de Fuerza Popular y de la familia por cerrar heridas y recomponer una relación. Punto. Lo que hay que hacer es mirar hacia adelante.

El 2019, en una entrevista con el semanario “Hildebrandt en sus Trece”, se le preguntó por la cartera de clientes de su consultora “FRC Consultores”, pero no quiso dar detalles. Ahora que es candidato es pertinente insistir con la pregunta: ¿quiénes son los clientes de su consultora?

No, por supuesto, no vas a insistir en esa pregunta. Y si insistes no te voy a responder. No tiene ninguna relevancia.

¿No cree que, a modo de transparencia, por la gente que quiere votar por usted, sería bueno revelar quiénes son sus clientes?

No, para nada. Para nada.

¿No lo diría tampoco de llegar al Congreso? Previendo posibles conflictos de intereses, digo.

No tengo ningún conflicto de interés. Yo he desarrollado mi vida en la actividad privada. Tanto en el periodismo, como en la vida académica, como en las consultorías… Yo no vivo del Estado.

Lo digo previendo posibles conflictos de interés cuando esté en el Parlamento.

No hay ninguno.

¿Y lo habrá?

No hay ningún conflicto de interés, a menos que yo, en la eventualidad de salir elegido, siguiera desarrollando la actividad privada… Eso está prohibido.

Pasemos al plan de gobierno. Si usted tuvo que ver con el capítulo de seguridad ciudadana, asumo que usted va a querer ejecutarlo. Es decir, aceptaría ser ministro del Interior de Keiko.

Mira, por favor, eso nadie lo sabe. Primero hay que participar en la primera vuelta, luego en la segunda y después armar un gabinete. Eso está fuera de la discusión ahora. Ahora de lo que se trata es de explicar cuáles son las propuestas.

Vamos con una de ellas. Para acabar con la corrupción policial, se propone crear una oficina de asuntos internos. ¿Ya no existe la Inspectoría General de la PNP?

La Inspectoría existe claro, pero el problema es que ahí hay policías que tienen compañeros, amigos, subordinados y entonces, en mi experiencia, eso no funciona adecuadamente. La oficina de asuntos internos es algo que yo hice el año 2002 [Rospigliosi fue ministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo], con la asesoría de un equipo del FBI. Creé la oficina, pero requería modificaciones legales que no alcancé a hacer. Era dirigida por un civil y policías investigadores para detectar casos de corrupción, pero yendo a las cabezas, a los generales. Pero no tenía capacidad sancionadora, lamentablemente. Como no hubo continuidad, eso fue liquidado.

Sobre la lucha contra el narcotráfico, usted propone la erradicación de cultivos en el Vraem y el desarrollo alternativo. Es una fórmula que se viene proponiendo hace años, pero no se logra nada. ¿Por qué ahora sería diferente?

En la década del 2000 la principal producción de drogas en el Perú estaba en el Alto Huallaga. Esa combinación, de erradicación forzosa, lucha contra el narcotráfico y programas de desarrollo alternativo fue muy exitosa. Al punto de que prácticamente desaparecieron los cultivos de drogas, o la mayor parte, de toda esa región. Funcionó bien y tiene que ir todo junto.

Pero en el Vraem hay otro problema, porque hace tiempo se anuncia que se va a entrar y no pasa nada.

Es que no ha habido erradicación y no va a haber mientras estén estos remanentes terroristas. Y ahí también hay una alternativa, que ya se ensayó en el Alto Huallaga, entre el 2006 y el 2012, cuando la Policía liquidó a la banda terrorista de Artemio, que trabajaba estrechamente vinculada al narcotráfico. Eso fue indispensable para hacer la erradicación y la liquidación de cultivos de hoja de coca. Se hizo con inteligencia y golpes de mano. Se averiguaba, se infiltraba y se descubría dónde estaban los terroristas, y se les capturaba o se les abatía. Eso se empezó a hacer en el Vraem, el 2012 y 2013 se hizo eso y se liquidó a varios cabecillas del grupo terrorista. Después, no sé por qué, nunca más se llevó a cabo esa estrategia.

En un eventual gobierno de Keiko Fujimori, ¿regresarían a sus puestos los oficiales defenestrados por Sagasti?

Inmediatamente, si es que antes el Poder Judicial no los ha repuesto.

Pero justamente varios de ellos tienen investigaciones por corrupción.

Se les retornaría y las investigaciones que tengan que hacerse, se tendrán que hacer. Lo que no puede hacerse es violar la ley, la Constitución, y maltratar a la institución. La ley es clarísima. El presidente puede nombrar al jefe de la policía entre los tres primeros. No al número 18. Esto está clarísimo y Sagasti va a tener que responder eso a partir del 29 de julio.

En el plan de gobierno se señala que las movilizaciones de noviembre contra Merino fueron violentas. ¿Únicamente violentas de parte de los manifestantes? ¿Qué opina de la actuación policial?

Los policías responden una agresión. Está clarísimo y demostrado con videos. Por ejemplo, en el Jirón de la Unión y Emancipación son atacados a pedradas, con gente que llevaba piedras en la mochila para atacarlos. Y lo mismo ocurre en las avenidas Abancay y Colmena. Está clarísimo que hubo grupos organizados y violentos que atacaron a la Policía con objetos contundentes y pirotécnicos. Nadie va a una manifestación pacífica con pirotécnicos. La Policía no atacó a manifestantes pacíficos…

Pero hay testimonios que van en contra de lo que usted dice. Y no testimonios de manifestantes, sino de los mismos periodistas que sufrieron agresiones de la policía. ¿No cree que se les pasó la mano o cree que las canicas salieron disparadas por obra y gracia de quién sabe quién?

Para nada, la Policía respondió una agresión violenta e hizo bien. Y evitó, por ejemplo, lo que ocurrió en Guatemala, donde una turba atacó el Congreso y le prendió fuego. O lo que sucedió en Estados Unidos, donde una turba ingresó al Congreso y causó destrozos. Acá no ocurrió eso, porque la policía lo evitó. Hubo claramente una provocación de parte de manifestantes violentos, que lo que estaban buscando eran muertos y heridos. Lamentablemente murieron estos dos muchachos, estos dos delincuentes juveniles que estaban ahí no precisamente para defender la democracia. Hay que ser muy idiota o muy ingenuo o muy canalla para inventar historias como esas. (**)

Pero uno de esos chicos al que usted llama “delincuente juvenil” sólo estaba desactivando los gases lacrimógenos. O sea, no hubo un ataque de él…

Yo no digo que son delincuentes juveniles. Eso lo dice el Poder Judicial y la Policía. Antes de esas manifestaciones, uno de ellos fue sentenciado por robo agravado y el otro fue detenido por microcomercialización de drogas.

Pero usted sabe cómo funciona la Policía y los casos de microcomercialización. Cualquiera puede haber sido detenido…

Ah ya, ya, ya. Claro, claro, cualquiera puede ser detenido. ¡Hazme el favor! ¡Lee el atestado! Ahora, ese no es un delito mayor y no justifica que ese muchacho haya muerto, ¡pero no me vengan a inventar héroes de la democracia! ¡No me vengan, pues! ¡No me cuenten cuentos! Este gobierno, que denigra y ataca a la Policía ha emitido un inmundo informe responsabilizando a la Policía y no responsabilizando a los que atacaron a la Policía. Sin ninguna evidencia. ¿Sabes cuál es la pena por atacar a la Policía? 12 años de prisión. ¿Cuántos detenidos hay por atacarla? ¿O también vas a negar que atacaron a la Policía?

Yo no estoy negando eso. Yo le hablo de la circunstancia particular de estos dos jóvenes…

¿Cuántos detenidos hay? ¿Cuántos procesados? ¿Cuántos sentenciados por atacar a la Policía? Y ahí el informe del ministerio del interior del gobierno morado de Sagasti no responsabiliza a nadie por atacar a la Policía. Los únicos culpables son los que defienden el orden público. Se trata de una campaña sistemática para desmoralizar y destruir a la Policía.

Me sorprende que no haya un matiz en sus respuestas anteriores. Usted mismo, en el plan de gobierno señala que “la formación policial no solamente es deficiente”. ¿Esa deficiencia no ha llevado, por ejemplo, a las detenciones arbitrarias que se realizaron en noviembre?

Claro, los 70 desaparecidos que inventaron, ¿no? ¿Dónde están los desaparecidos? [ríe]

No, yo hablo de las detenciones arbitrarias que sí ocurrieron.

Es verdad que, desgraciadamente se ha hecho populismo, se ha llegado a crear 29 escuelas policiales en todo el país que la Policía no puede manejar adecuadamente. Hay que reducir significativamente el número y concentrar las escuelas policiales. Lo más importante es la calidad. Pero eso no tiene nada que ver con lo que ocurrió en esas supuestas 70 desapariciones, no hubo una sola desaparición.

Yo me refiero no a los 70, sino a personas identificadas, con nombre y apellidos.

Bueno, si había gente manifestando y atacando a la Policía, esta tiene el derecho de detenerlos. Si hubo algún error, no sé. Lo que sí hubo fue, al contrario, una falta de detenciones y de procesamientos a los responsables de los ataques a la policía.

En su plan se habla de un marco normativo que proteja a la Policía, ¿ya no se aprobó la ley Del Castillo de protección policial?

Claro, un grupo de personas colaboramos con el congresista Del Castillo en un paquete de leyes que él presentó. Uno de esos proyectos fue aprobado el año 2019. Vizcarra disolvió el Congreso y se negó a promulgar la ley. Pero Manuel Merino, cuando fue presidente del Congreso, la promulgó por insistencia. Pero hay otras propuestas, como la doctrina Del Castillo, que no tienen nada que ver con el excongresista. Implican que, si alguien invade mi casa, yo tengo derecho a defenderme. Y si en el curso de esa agresión, el delincuente termina abatido, el habitante de la vivienda no tiene ninguna responsabilidad penal ni civil. Yo espero que eso sea aprobado en el siguiente Congreso.

(**) Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, niega que este registre antecedentes penales o judiciales.

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