Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En el séptimo episodio: El fallo del Tribunal Constitucional (TC) y la posible suspensión de las actividades partidarias de Fuerza Popular.
SoudCloud
Por José Gil (s)*
Carlos Tubino, excongresista, empieza la transmisión de una de las conferencias con saludo partidario: a los “correligionarios y simpatizantes de Fuerza Popular” que –él asume– se han inscrito en la Escuela Naranja, el programa virtual de formación política que viene implementado el fujimorismo desde hace tres meses. Al otro lado de la conexión, sin embargo, puede estar cualquiera. Desde jóvenes entusiastas que esperan algún día escalar posiciones en la organización, hasta quienes ellos mismos llaman –en sus grupos de Whatsapp, con inusitado enojo y cómica persistencia– “los caviares”, “los rojos” o “los comunistas”.
“Debe haber algunos ahí que no sean fujimoristas”, reconoce Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, en declaraciones a este medio. Y esa afirmación es cierta. En la cuarta promoción de la Escuela Naranja hay, cuando menos, una persona que no es devota del legado político de Alberto Fujimori. Es un reportero de Sudaca. Su objetivo no es ingresar al partido que hasta el año pasado dominaba largamente el Congreso, sino entender qué valores ensalza y cómo se forman políticamente sus nuevos cuadros. Hay, más allá de las notas judiciales, un ideario político que este reportero busca entender.
El autor de esta nota no revelará su verdadero nombre mientras no se realice el evento de clausura de la promoción que ha integrado, el cual se suspendió por la coyuntura pero se realizará en los próximos días. No es que tema por su vida ni nada semejante, sino que la relación histórica del fujimorismo con la prensa le obliga a inferir que le prohibirán participar en el evento y lo expulsarán de los chats de la escuela si sus compañeros descubren quién es. Con tanto material por revisar y analizar, sobre todo respecto a qué comentan los jóvenes fujimoristas de lo que está ocurriendo en el país, prefiere firmar por ahora con un seudónimo (s). Sudaca, como medio, se hace cargo de lo aquí escrito.
El jale de la planilla de profesores de este nuevo ciclo apunta al corazón del voto duro fujimorista: el expresidente Alberto Fujimori. Según Galarreta, la idea de armar “La clase del Chino” surgió en una de las tantas conversaciones que Keiko Fujimori tiene con su recluido padre. Pero ‘el Chino’ no dicta realmente una clase. Al menos, no en vivo, para desazón de sus más fervientes seguidores. El partido ha editado grabaciones suyas junto a imágenes de archivo en piezas audiovisuales de aproximadamente cuatro minutos. Esos videos son publicados en la plataforma virtual. Cada promoción tiene mil alumnos, según Galarreta.
Desde la mañana del lunes 19 de octubre, quienes alcanzaron una vacante en el nuevo ciclo pudieron acceder, todos los días, de lunes a viernes, a “La clase del Chino”, además de una conferencia complementaria para la que se invitaba a un expositor. Cada fin de semana, la plataforma abrió diez preguntas de opción múltiple y evaluó el conocimiento adquirido. No era, por supuesto, un examen común y corriente. Un ejemplo: “Las residencias universitarias servían para almacenar gran cantidad de armamento y se planificaban nuevos atentados todos los días. ¿Verdadero o falso?”. Cada lector es libre de dar su respuesta. La alternativa que el sistema consideró correcta fue (sorpresa) “verdadero”.
Todas las clases intentaban resaltar lo que los seguidores naranjas consideran aciertos del gobierno fujimorista, aunque no necesariamente lo sean. Este es un análisis en profundidad sobre la segunda: la “revolución de la educación”.
“Durante su gobierno, Alberto Fujimori nos dio una lección de trabajo y amor por el Perú”, dice una voz en off al inicio del video. Y otra continúa: “20 años después, él mismo la va a transmitir a todos sus alumnos de la Escuela Naranja”. En cuatro minutos y 16 segundos, el hoy preso expresidente explica cómo construyó colegios, entregó desayunos a los alumnos e implementó un seguro escolar en su gobierno. El plato de fondo del día es una exposición titulada “La reforma educativa en los años 90”. El conferencista: Jorge Ferradas.
Aunque Galarreta asegura que algunos de los expositores de la escuela son independientes, la parrilla de este ciclo tiene a varios conocidos fujimoristas. Por ejemplo, Martha Moyano o Carlos Tubino. ¿Por qué la exposición sobre educación no estuvo a cargo de un personaje público de esa tendencia? Uno, en específico, parecía idóneo para dictarla: Jorge Trelles, excongresista, ex ministro de Educación y –según Infogob– fundador, ex secretario general y afiliado a Fuerza Popular.
Sus colores oficiales son el azul y el granate, pero en el fondo el Trener es de corazón naranja. Desde su fundación, la historia del colegio es un correlato fiel del proceso de reforma educativa orientada a la inversión privada que implantó el gobierno de Fujimori. Antes de ese gobierno los centros educativos no podían tener fines de lucro, pero la Constitución de 1993 afirmó el camino para cambiar ese sistema. “Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas”, dice el artículo 15.
Hasta ese año, el abogado Jorge Trelles había fracasado en política: postuló sin éxito a la Cámara de Diputados en 1985, con Acción Popular, y en 1990, con el Fredemo. Pero 1994 sería su año feliz. En febrero fue nombrado ministro de Educación por Fujimori y en abril ya había fundado el Colegio Trener. Según la Sunat, este empezó sus actividades ese mismo mes sin fines de lucro. Ojo: aunque ya existían las bases constitucionales para el lucro en la educación, aún faltaba el desarrollo legal para que ese centro de estudios pudiera generarle utilidades. De eso se encargaría Trelles.
Como ministro, “[Trelles] fomentó la libertad a la inversión en la educación privada”, dice su ficha biográfica publicada por el Ministerio de Educación (Minedu). Al año siguiente, en el Congreso unicameral de 1995, consiguió una curul por Cambio 90–Nueva Mayoría y el proceso se aceleró.
En mayo de 1995 –conocido el resultado de las elecciones– se inscribió en Registros Públicos la ‘Sociedad Civil Colegio Trener de Monterrico’ y, en julio, la Sunat registró la inscripción del ‘Colegio Trener de Monterrico S.A’. Estas razones sociales sí le permitían a los accionistas repartirse los dividendos de la operación. Trelles fue fundador de ambas. Para decirlo de otra manera: en 1995, mientras se cocinaba una norma específica que permitiera el negocio de la educación, mas sí el marco constitucional, Trelles ya estaba preparado para usufructuarla.
El empresario fue rápidamente designado como presidente de la Comisión de Educación del Parlamento, cargo que ocupó hasta 1997. Según información del Congreso, Trelles fue uno de los autores del proyecto de Ley 26549, que autorizó a las instituciones que controlaban un centro educativo a adoptar la organización más adecuada para sus fines, sea con o sin capacidad de lucrar. Su colegio aguardaba ese cambio. Antes del final de 1995, el Colegio Trener pasó de ser operado por la asociación sin fines de lucro a estar en manos de la sociedad con fines de lucro.
Al año siguiente, en 1996, el gobierno de Fujimori promulgó el famoso Decreto Legislativo 882, con el cual concretó la ‘revolución educativa’ que venía gestando. Esta norma creaba “el derecho a la libre iniciativa privada para realizar actividades en la educación” y precisaba: “Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares con o sin finalidad lucrativa”.
Cuando quedó explícitamente abierta la posibilidad de lucrar con la educación, el Trener ya estaba listo para generar utilidades para sus dueños. Entre ellos estaba Trelles, uno de los impulsores de la reforma. En enero de 1999, la asociación y la sociedad civil fueron dadas de baja en la Sunat. La operación del colegio pasó a estar en manos de la sociedad anónima, de la que Trelles era accionista mayoritario. En menos de cinco años el empresario había logrado acomodar su propio negocio a las nuevas –y provechosas– condiciones que él mismo fomentó.
En los años siguientes la idea de la revolución educativa se afianzó en el colegio y, con ella, la ideología que la había hecho nacer. Un antiguo profesor del Trener cuenta que, más que órdenes directas, “los jefes sugerían no abordar ciertos temas que podrían no gustar a los accionistas”. Por ejemplo, una vez, el profesor en cuestión iba a dictar una clase sobre corrupción. ¿Cómo hacerlo sin hablar del gobierno de Fujimori? Al parecer a los coordinadores del curso les parecía posible. El profesor fue instruido por su superior a no incluir a Fujimori en la exposición. Prefirió cancelar la clase.
Jorge Ferradas, subdirector académico del colegio fundado por Trelles, dijo a Sudaca que no tenía nada que declarar sobre su charla en la Escuela Naranja. Tampoco quiso dar un descargo oficial sobre la institución en la que trabaja. Trelles, su tocayo, dejó de responder a los mensajes tras asegurar que no es dueño de ningún colegio. Hubiera sido provechoso conocer la versión de la persona que impulsó un marco regulatorio que benefició a su propio negocio. O para decirlo de otra manera: diseñó el campo de juego para, inmediatamente, entrar a jugar el partido.
Ha pasado suficiente tiempo como para preguntarse si las políticas implementadas por Fujimori han mejorado la calidad de la educación en el país. Diferentes académicos, especialistas y educadores consultados por Sudaca cuestionan que el fomento de la inversión privada y la licencia para lucrar con la educación hayan dado resultados positivos, a pesar de haber generado una amplia alternativa frente al saturado y también precario servicio público.
En su exposición para los alumnos de la Escuela Naranja, Ferradas –asalariado del gestor de la reforma– dijo que en las últimas dos décadas ha aumentado la inversión en el sector y que la educación privada tiene mejores resultados que la pública. Sin embargo, para Mario Naranjo, magíster en Educación de la PUCP y especialista en evaluación educativa, el fomento a la inversión privada en la educación no ha mostrado avances significativos en la calidad del servicio. Los resultados de las evaluaciones –dice– no reflejan una clara ventaja de la calidad de las escuelas privadas.
Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del Minedu obtenidos entre 2007 y 2016 muestran que las escuelas privadas no registran una ventaja frente a las escuelas públicas urbanas, según una investigación de María Balarin publicada en 2017. El caso más notorio es el de la evaluación en matemáticas. En el año 2016 las escuelas privadas colocaron al 11.38% de sus alumnos en el nivel satisfactorio mientras que las públicas urbanas consiguieron 36.4% de alumnos en el mismo nivel.
Esa estadística es solo un ejemplo que contradice el discurso de Ferradas. Diversos estudios académicos concluyen que los resultados de la comparación de rendimiento entre escuelas públicas y privadas son heterogéneos. No hay una relación causal entre el tipo de gestión y el rendimiento académico, ya que este último depende de otro tipo de factores.
Es algo que también se ha evaluado en otros países. “Existe una evidencia voluminosa que muestra que no existen diferencias significativas entre colegios públicos y colegios privados en resultados de pruebas estandarizadas una vez que se controla por factores socioeconómicos, efectos de pares y sesgos de selección”, anota la investigación ‘El lucro en la educación escolar’, del Departamento de Economía de la Universidad de Chile.
El Minedu no tiene información estadística que diferencie los resultados de colegios privados con fines de lucro y aquellos sin fines de lucro, pero la evidencia internacional sí ha registrado esa distinción. La investigación de la Universidad de Chile, por ejemplo, indica que los colegios privados sin fines de lucro tienen resultados levemente mejores que los privados con fines de lucro.
“La educación de calidad requiere inversión. Si está impartida por instituciones con fines de lucro, se va a restar inversión porque parte del dinero va a ir a las utilidades”, explica Naranjo, quien resume el resultado de las reformas educativas fujimoristas en el surgimiento de muchos colegios de baja calidad y bajo costo.
Con eso se potenciaron, además, las brechas educativas. Los hijos de personas con dinero sí pueden acceder a los pocos colegios privados cuya calidad es teóricamente más alta. Sin embargo, la gran mayoría debe contentarse con escuelas que, además de tener fines de lucro, no mejoran significativamente la calidad respecto al sector público, como demuestran las cifras antes citadas. “La segregación educativa en el Perú se ha profundizado desde 2004, en clara coincidencia con el crecimiento del mercado de la educación privada”, afirma otro estudio de Balarin publicado en 2016 por la Revista de la Asociación de Sociología de la Educación.
El antiguo profesor del Trener que prefirió no ser identificado, comparte la reflexión de Naranjo: “Las consecuencias son negativas. Las normas de la reforma fueron vigilantes de la educación básica, pero poco controladoras de la educación privada. Quien educa es una empresa, como si la educación no fuera un bien público. Está centrada en la rentabilidad, que afecta la calidad. El servicio privado ha crecido, pero es peor”.
Son numerosos los estudios académicos que han defendido la misma tesis. Por ejemplo, una investigación de Grade de 2018, con cuatro autores, dice sobre el mercado privado de la educación: “Claramente han aumentado la oferta y demanda de educación privada. Pero la falta de un marco regulador adecuado ha formado un mercado que no llega a todo el país y, ahí donde sí lo hace, la oferta privada no siempre supera a la pública en calidad o resultados”.
En el ámbito universitario las consecuencias son claras y públicas. El modelo de negocios de las universidades-garage, más de veinte años después, recién está terminando de ser depurado. Según información de la Sunedu, hasta octubre 49 universidades no habían obtenido licenciamiento por no cumplir con estándares mínimos de calidad. A excepción de dos de ellas, todas son universidades privadas. Y aún más: 37, la mayoría, tienen fines de lucro. En otras palabras, le deben su existencia a la reforma fujimorista.
No se debe dejar pasar este dato: la gran mayoría de casas de estudio superior que no han cumplido con las condiciones básicas de calidad –es decir, las peores entre las malas– son producto de la ‘revolución’ fujimorista. ¿Por qué esto importa? Porque los magnates surgidos a raíz del lucro en la educación hoy tienen ramificaciones políticas importantes. No solo controlar partidos con representación parlamentaria y experiencia en clientelismo electoral, sino que pueden incluso –como hemos visto– traerse abajo a un presidente y poner en máxima tensión la democracia del país.
Luego, está el sueldo de los profesores del Estado. Para Naranjo, un elemento clave para mejorar la calidad educativa es el salario docente. Y según el Documento de Trabajo 5, publicado por el Minedu en 2001, durante todo el gobierno de Fujimori los maestros públicos ganaron menos en términos reales que cuando este empezó.“El empobrecimiento del magisterio a lo largo de toda la década de los 90, un magisterio que venía ya muy golpeado salarialmente, quita credibilidad y factibilidad a cualquier intento serio de reforma educativa desde cualquier perspectiva ideológica. Sin un sueldo mínimamente digno, no es factible exigir mayor cosa a los docentes, ni atraer mejor talento hacia la carrera”, sostiene Naranjo.
Esta es, para Sudaca, la conclusión de la clase: el discurso fujimorista de la revolución educativa está basado en una interpretación auténtica que la evidencia no es capaz de sostener. El fomento de la inversión privada no ha mejorado la calidad de la educación. Lo que sí ha hecho es beneficiar económicamente a los empresarios que lucran con sus centros educativos. ¿Será coincidencia que uno de ellos legisló para abrir esa posibilidad?
Sudaca siguió, durante cuatro semanas, prestando atención a las ‘clases del Chino’ para encontrar más historias como esta. Las seguiremos publicando en las semanas que siguen. “Hemos vivido, desde el gobierno de Toledo, un flujo de mentiras y mezquindad”, sostiene el exministro y excongresista fujimorista Alejandro Aguinaga en una reunión virtual de confraternidad de la Escuela Naranja. Varios participantes manifiestan que es hora de contar la verdad. Es hora, también, de revisar cuál es la versión naranja de la verdad.
*Nota de edición: Este artículo fue originalmente firmado con un seudónimo para que su autor, Alejandro Guzmán, pudiera seguir participando de la Escuela Naranja. El reporteo continuaba para el segundo artículo, sobre la versión fujimorista de la guerra subversiva. Lo puede revisar aquí.
El personaje clave de la investigación por presunto lavado de activos a Keiko Fujimori ha firmado, finalmente, un acuerdo de colaboración eficaz. En noviembre del 2018, poco después de que José Domingo Pérez sustentara un pedido de prisión preventiva en su contra, Jorge Yoshiyama Sasaki -el sobrino de confianza de Jaime Yoshiyama- empezó una serie de confesiones ante el equipo especial de fiscales que investiga los presuntos aportes ilícitos a Fuerza 2011. Pero hasta hace diez días esas delaciones -aunque muy mediáticas- eran solo dichos no corroborados de un aspirante a colaborador. Hoy están a punto de convertirse en herramientas poderosas para un próximo juicio.
A lo largo de dos años, Yoshiyama no solo ha dado testimonios reveladores que implican a Keiko Fujimori, sino también documentos valiosos para el progreso de la investigación. Aseguró, por ejemplo, que Fujimori sabía sobre los aportes a su campaña de la corrupta constructora Odebrecht, y que fue ella misma quien le pidió conseguir los falsos aportantes para ocultar el dinero. También que ella organizó la estrategia de presión a los testigos para que den versiones falsas a la fiscalía. Todo esto, por supuesto, ha sido negado por la ahora nuevamente candidata presidencial.
Pero Yoshiyama Sasaki ha hecho más que solo hablar de Fujimori. Con sus delaciones, la fiscalía ha podido corroborar la tesis del ‘pitufeo’ como herramienta para ocultar aportes en Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular. Por encargo de su tío Jaime, que era secretario general del partido, Jorge Yoshiyama fue el nexo entre los aportantes fantasma y la cúpula de la presunta red criminal encargada de camuflar el dinero de Odebrecht. Yoshiyama se ha ocupado de desentrañar ese esquema de presunto lavado ante la justicia.
Toda su información ya ha sido corroborada por la fiscalía mediante documentos y otros testimonios vinculados al caso. Esa es una de las condiciones para que un aspirante a colaborador pueda firmar el acuerdo que le garantizará, a cambio de la información que brinda, beneficios frente a una posible condena.
Sudaca confirmó que el fiscal Pérez suscribió dicho documento con Yoshiyama el pasado 22 de octubre. El equipo especial ha dispuesto levantar la reserva de su identidad. Para que sus delaciones sean usadas como prueba en el próximo juicio, solo falta que un juez evalúe el convenio y emita una sentencia.
El cuaderno de colaboración fue enviado al Cuarto Despecho de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, el pasado viernes alrededor de la 1:30 de la tarde. Siete horas después, Keiko Fujimori anunciaba la inscripción de su precandidatura presidencial a través de su cuenta de Twitter. Irá acompañada por el excongresista Luis Galarreta y por la ex teniente alcaldesa de Lima Patricia Juárez.
La documentación enviada al Poder Judicial contiene los hechos delatados por Yoshiyama y los actos de corroboración ejecutados por la fiscalía. Zúñiga será el encargado de evaluar, en audiencia reservada, la información entregada por Yoshiyama respecto a los beneficios que obtiene. De ratificarse el acuerdo, se convertirá en uno de los varios colaboradores eficaces en la investigación a Fujimori.
Entre el resto de testimonios, sin embargo, el suyo tiene un papel preponderante. Mientras que en la declaración de un falso aportante o alguien cercano a la cúpula de la organización solo se puede escudriñar uno de los flancos del esquema de ‘pitufeo’, Yoshiyama conocía los dos. Al haber sido el nexo entre aquellos y ésta, según sus propias revelaciones, se convirtió en el eslabón más importante de la cadena de presunto blanqueo de dinero.
“Mi tío (Jaime Yoshiyama) me indica si tuviese amigos con solvencia económica para poder simular aportes a la campaña del partido Fuerza 2011”, confesó Yoshiyama en el 2018. Luego, dijo que su tío Jaime “tenía dinero de empresarios” entregado en efectivo para la campaña, pero que estos “no deseaban aparecer públicamente”. El fiscal Pérez consideró ese como un “momento cumbre” en la investigación.
Tras conseguir a los falsos aportantes, Yoshiyama contó cómo concretó la operación de supuesto blanqueo. “Voy nuevamente a la casa de mi tío, a quien le indico que tenía un amigo que me va a ayudar. Es en ese momento que mi tío me conduce al costado de su dormitorio principal y me lleva al closet, donde había una caja fuerte, y sacó varios fajos de dólares por la suma de US$100 mil aproximadamente. Me los dio en una bolsa de plástico y me entregó unos recibos de aportaciones de Fuerza 2011. En ese momento me entregó el número de cuenta del banco Scotiabank, donde debían realizarse los depósitos a nombre de Fuerza 2011”, dijo. Esos primeros falsos aportantes habrían sido, según Yoshiyama, Giancarlo Bertini y Erick Matto Monge.
Pero su siguiente testimonio sería más poderoso aún. En noviembre de 2019, Yoshiyama señaló directamente a Keiko Fujimori. Aseguró que ella sí sabía que, para la campaña presidencial del 2011, su partido había recibido presuntos aportes de Odebrecht. Dijo que su tío se lo había confesado en confianza durante la segunda mitad del 2015.
“Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral. Y es que en una visita familiar que hice a la casa de Jaime Yoshiyama, él me informa que ha hablado con Keiko Fujimori y que ella le dijo: ‘Jaime, por si acaso, debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros’”, reveló el aspirante a colaborador.
Yoshiyama también declaró que Keiko Fujimori, junto a los abogados del estudio de Arsenio Oré Guardia, tenían interés en que los falsos aportantes no digan la verdad a la fiscalía. “La estrategia era buscar el archivamiento de la investigación por lavado de activos convenciendo o presionando a los falsos aportantes para que mientan y se ratifiquen como verdaderos”, señaló.
Pero la delación no se quedó en el 2011. Según Yoshiyama, cuyo segundo testimonio Sudaca revisó en su totalidad, Keiko Fujimori le pidió buscar personas para simular aportes también en la campaña del 2016. “Ella me pide buscar falsos aportantes para el partido Fuerza Popular, me manifiesta que lo haga como lo hice en el año 2011”, aseguró.
Y vendría más: Yoshiyama también vinculó a miembros del “Club de la Construcción” con Keiko Fujimori. Según informó IDL-Reporteros, en diciembre del año pasado contó a la fiscalía cómo varios empresarios de dicho cártel realizaron aportes en efectivo para la campaña electoral de 2016. La excandidata presidencial le había pedido buscar empresarios para que donen US$10 mil cada uno.
El primero al que contactó fue Federico Aramayo Málaga, hijo de Federico Aramayo Pinazo, dueño de la compañía Aramsa Contratistas Generales, quien consiguió convocar -entre otros- a Ernesto Tejeda, de Obrainsa. Esta constructora, según otro aspirante a colaborador eficaz que declaró ante el fiscal Germán Juárez, habría pagado una coima de US$1 millón al presidente Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua.
Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, ha rechazado en diferentes ocasiones las declaraciones de Yoshiyama y ha sostenido que existen contradicciones respecto a lo que ha dicho sobre el origen del dinero.
Mientras que el despacho del fiscal Pérez avanzaba con la corroboración del proceso de colaboración eficaz, en febrero pasado, el número personal de Yoshiyama recibió extraños mensajes de Whatsapp. Un celular no identificado le pedía depositar S/10 mil a una cuenta bancaria si quería que el fiscal cambiara la dirección del proceso. “10 mil a esta cuenta y jdp limpia tu caso”, decía el primer envío.
Días después, el mismo número insistió y le pidió una respuesta. “Confirma si lo harás para informar arriba, me está preguntando”. Jorge Yoshiyama no respondió y un tercer mensaje le fue enviado. Esta vez, le planteaban pagar incluso menos de los S/10 mil solicitados en un inicio. “El doctor me está indicando si gustas hacer un depósito menor y luego en la semana recibirás un mensaje a través de la prensa, indicando que tus posibilidades de recibir una sentencia de inocente son altas por el compromiso de hablar con los fiscales”, le escribieron.
Conocido este hecho, el equipo especial dispuso identificar quién o quiénes enviaron los mensajes al aspirante a colaborador eficaz, y solicitó levantar el secreto bancario de la cuenta de ahorros que se le remitió a Yoshiyama. La operadora de telefonía Claro informó a la fiscalía que la titular de la línea era Miriam Giovanna Lozano Espinoza, mientras que el Banco de Crédito del Perú reportó que la cuenta (una cuenta sueldo) correspondía a David Pin Orihuela. Indicaron que se abrió a solicitud de la Compañía Universal Textil, empresa que forma parte del Grupo Romero.
Un informe del Departamento de Investigaciones Especiales DIVIAC-DIRNIC de la Policía Nacional determinó que Miriam Lozano y David Pin son convivientes y residen juntos en el Callao. Pese a que desde el número telefónico de uno se proporcionó la cuenta bancaria del otro, Pin Orihuela aseguró a Sudaca que le habían robado el celular a inicios de año, y que recién pudo recuperarlo entre marzo y abril. Como era esperable, negó haber enviado los mensajes.
“No tengo relación con ningún partido. Alguien ha hecho uso indebido de mi celular, y también de mis redes sociales, sería irresponsable que desde mi propio teléfono extorsione o amenace a alguien”, señaló. Ninguno de los dos aparece como aportante de Fuerza 2011 ni está inscrito como afiliado. Con la información recopilada, el fiscal Pérez ha presentado el último lunes una denuncia ante la fiscalía anticorrupción para que se determinen responsabilidades y motivaciones detrás de los mensajes.
Pero más allá de ese hecho, cuya investigación seguirá curso para determinar si se trata o no de un intento por quebrar el proceso de colaboración, Yoshiyama tendrá por delante meses cargados. Como ocurre con el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht, además de declarar en el juicio, el empresario se ha comprometido a seguir brindando información en las investigaciones contra el fujimorismo. Con Keiko Fujimori nuevamente en carrera por la presidencia, se viene movimiento en la arena judicial.
