Junto a Alba Ñaupas
Luego de la actuación aplastante de su mayoría parlamentaria, la nueva bancada de Fuerza Popular dice querer enmendar los errores del pasado. ¿Qué hace para lograrlo? Buscan los consejos de quienes les hicieron ganarse a pulso la etiqueta de obstruccionistas.
Es una buena fórmula verbal la empleada por Keiko Fujimori para expresar su diferencia respecto del cambio radical que propone Pedro Castillo. Según la última encuesta de Ipsos, 86% de la población quiere un cambio del modelo (32% radical, 54% moderado), de modo que mal puede estacionarse como una simple defensora del modelo.
Pero cualquier narrativa antiestablishment que quiera desplegar la candidata de Fuerza Popular tiene que ser respaldada por los hechos y por los gestos. Y en esa medida, poco o nada ayuda que presente un equipo técnico conformado por los rostros gastados de Carmen Lozada, Martha Moyano, Jorge Baca y Patricia Juárez!!! Eso es más de lo mismo. No es renovación. ¿No tenía a nadie más que mostrar? Si la idea era reforzar el albertismo, es un esfuerzo absurdo porque ese voto ya lo tiene consigo.
Es verdad que el antivoto keikista viene disminuyendo (de 70% en marzo a 50% en la última medición), pero si Keiko de verdad quiere aliviar esa mochila va a tener que mostrar algunos propósitos de enmienda respaldados en nombres frescos, independientes, no fujimoristas.
El de Luis Carranza es, por ejemplo, una buena muestra de lo que debe mostrar. Carranza es un economista que garantiza un manejo macroeconómico serio y fue él el artífice del boom económico del segundo gobierno de Alan García. Pero a la par se necesita conocer una baraja de potenciales Premier o, muy en particular, de probables ministros de Educación, considerando que las mayores rabias y furias keikistas de los últimos cinco años se asentaron en ese sector (teniendo como víctimas a Jaime Saavedra y Marilú Martens).
Keiko tiene el camino cuesta arriba. Debe recuperar el sector AB derechista (empeño que ya está casi logrado), debe conquistar los sectores D y E (aún en proceso), debe asegurarse algún porcentaje significativo en el arisco sur antifujimorista (lo más complicado), y debe aminorar el antivoto (tarea que parece haber olvidado).
Todo ello requiere de una estrategia fina, múltiple, de varios frentes de batalla simultáneos. Pero no puede cometer errores tan ingenuos como el del anuncio de su “equipo técnico” de la vieja guardia. Le resta, no le suma.
La economía peruana está mucho menos dolarizada que años atrás [bajó del 70% en 2004 al 24% en 2021]. Se podría pensar que entonces los vaivenes del dólar no nos afectan en lo cotidiano. ¿Es cierto o qué mostraría lo contrario?
El pan y el pollo, por ejemplo. El pollo come maíz y el maíz no se hace en el Perú, porque no tenemos un buen clima para producirlo. Nosotros vivimos del pollo, es el alimento del peruano. Cada vez que sube el tipo de cambio, sube el precio del maíz y nosotros pagamos más por el pollo. Igual sucede con el trigo, nosotros no tenemos clima para hacer trigo, lo tiene Argentina, lo tiene Brasil. Cada vez que el tipo de cambio sube, sube el precio del pan, porque sube la importación del trigo. No es tan bueno que suba el precio del pan porque a los ciudadanos nos golpea el bolsillo. Además, con estos mismos dólares, se paga el petróleo, el aceite, la ropa o la soya que también la importan. Entonces, tienes que usar más soles para comprar los mismos dólares. ¿Se genera inflación? Sí. ¿Y eso es malo? Sí. Porque nos cuesta más a todos los ciudadanos de a pie.
La gente, al buscar aferrarse a una moneda más segura y salir a comprar dólares, genera que haya menos dólares en el mercado también. Entonces, colaboran con el alza del dólar…
Es un círculo vicioso o virtuoso, pero generas una espiral. Tú compras tus dólares y en la tarde ves a alguien: «Oye, ¿sabes que compre dólares?». «¿Por qué compraste dólares?». «No, mira, por si acaso». Esa persona se queda pensando toda la noche y al día siguiente dice: «¿Sabes qué?, voy a comprar dólares». Se genera esa bola de nieve, en que la gente empieza a pasarse la voz, y a mí me ha pasado los últimos cinco días, ha sido el triple de llamadas de personas que preguntan sobre el tipo de cambio en los dos últimos meses. Además ahora es virtual, tú entras a una página web y cambias al toque. ¿Por qué la gente actúa así? Porque las personas que tienen 50 años a más lo vivieron con Alan García 1. Hay un recuerdo detrás de tu cerebro que te dice «alerta, alerta», que grita «¿te olvidaste?».
¿Crees que sean conscientes de que sí se genera un alza en productos básicos?
No son conscientes, porque además en este momento tú no estás tomando una decisión 100% racional, estás tomando una decisión un poco emocional. Y en ese punto emocional, eres tú contra el mundo, «yo voy a cambiar mis dólares, pensar en los demás no me importa, yo por lo menos quiero tener dólares». Quizás un poco tomada por la angustia, todos los días sube el cambio: «pucha, debí cambiar ayer que estaba en 3.67, ahora está en 3.68». No es nada la diferencia, pero no importa, tú ya estás [pensando]: «Ha subido, no compré, se me pasó». Te genera esta ansiedad hasta que compras.
Usualmente esto pasa en la bolsa [de valores] también. Yo he comprado, y suele haber una etapa en la cual sube muy rápido, que es lo que pasó la semana pasada. El dólar llegó a 3,85, y ahora ya regresó a 3,79. Creo que hay un poco de esta bola nieve y que el Banco Central [de Reserva] ha contenido muy bien, ha estado vendiendo dólares tres veces más diariamente, que lo que ha vendido en los últimos meses, en enero, febrero por decir.
¿La experiencia de gobiernos anteriores en personas que están en sus 50 años o 60 qué rol juega en este círculo vicioso?
Juega en la parte más emocional y más temerosa de la experiencia pasada. Es el ´cuco´ que no quieres volver a ver y que te está tocando la puerta. Entonces, esas personas son las que cambiaron dólares en noviembre o en diciembre y que ahora les están diciendo a sus hijos: «Oye, hijito, yo tendría dólares, me acuerdo y te puedo recomendar eso». Entonces, empiezan a generar esa ansiedad. Sin duda, yo creo que esas personas, la mayor parte, no tienen soles hoy día y tampoco han tenido más de la mitad de su plata en soles en los últimos 20 años, porque siempre tuvo ese miedo de que algo malo puede pasar. La confianza se demora en generar. Los más jóvenes nacieron en un entorno en que el dólar no se movía tanto como hace años. Entonces, en su experiencia el sol es una moneda normal y fuerte, donde no hay inflación o hay poca. Te puedo generar angustia contándote historias, pero no las has vivido.
Hablamos del primer gobierno de Alan García, ¿no?
Con Alan García literalmente ibas a tomar café [por la mañana] y en la tarde te costaba 50% más. Entonces, si tenías dólares, no importaba, tú cambiabas tus dólares y podías comprar dos cafés en la tarde, ya no uno. Porque se generó esta inflación tan grande en precios locales… He trabajado para una compañía de seguros y me contaron que iban con bolsas a Ocoña a cambiar dólares. Ya no contaban los billetes, los pesaban. La historia es que si tienes tus dólares te va a ir bien, no importa lo que pase con el sol.
Imagínate que Castillo o Keiko digan: «Vamos a hacer un gobierno donde vamos a tener cierta línea macro». Todos sabemos que están mal muchas cosas, pero imagínate que le den paz al mercado. El tipo de cambio debería regresar a 3,30, por donde está el precio del cobre. De 3,30 a 3,80, yo creo que es puro nerviosismo, puro miedo, pura angustia, pura sensación de que hacia adelante pueda estar peor de lo que estoy ahora y la economía lo va a reflejar. Entonces, me voy a la moneda fuerte, el dólar se ha denominado como la moneda reserva. Cada 100, 150 años, hay una moneda reserva en el mundo, hoy es el dólar. Probablemente en 50 años sea la moneda china, pero estamos todavía en el periodo del dólar.
¿En qué características del primer gobierno de Alan García encuentras similitud con lo que pudiera pasar con Pedro Castillo?
La primera es que en el primer gobierno de Alan, él tenía como que esta idea regional, que no solo era de él, sino pasaba en toda América Latina, de cerrar la economía, es decir: «Señores no vamos a permitir que se importen productos, los vamos a hacer acá. De esa manera yo voy a generar fábricas, voy a generar empleo». Cerró la economía. Pero hoy día vas a tener un impuesto de entrada de 300%, si tu celular te costaba S/300, mañana te costaba 1000. ¿Pero qué pasaba? En verdad no podías hacer el celular porque no tenías ni las fábricas ni la gente, ni los ingenieros, ni la tecnología.
Dos: el tema de nacionalizar las empresas, que no nos ha funcionado a los países chicos y no muy desarrollados, porque terminas utilizando para la empresa del Estado a todos tus partidarios, así sepan o no sepan manejar la empresa, no importa, los metes ahí. Luego, vendría la reducción de libertades en general también. Alan García trató de estatizar la banca.
De los resultados de la primera vuelta y las primeras encuestas, ¿qué impactos adviertes en nuestras decisiones económicas?
Tengo el temor ahora mismo de que estas dos semanas han hecho que las personas se asusten. Las personas y las empresas. Han dicho: «Uy, no compro, no invierto. Tenía que hacer esta operación, ¿sabes qué? No, no lo compro». El que quería comprar un terreno para hacer un edificio de viviendas, tampoco lo va a hacer. Se ha parado de golpe la inversión. Como en la pandemia, «nadie sale a la calle», más o menos de golpe. Entonces creo que vamos a sentir el efecto en los siguientes dos meses. Económicamente el país se va a frenar pero rapidísimo. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Tratar de que las obras sigan avanzando. Carreteras, pistas, lo que sea. Pero el privado se ha asustado, ha dicho: «¿Sabes qué? No sé si invertir mi plata». No se contrata a nadie, no se paga nada, se aguantan a ver qué pasa. Y ese miedo afecta la inversión, afecta el consumo, afecta un montón de cosas. Eso no lo recuperas tan rápido.
Y conforme se acerque el día de la elección, ¿qué prevés que suceda con el tipo de cambio?
Creo que el dólar no va a seguir subiendo como lo ha estado haciendo porque se van a pegar los dos candidatos. Ninguna elección, creo yo, de dos participantes termina siendo 70-30, 60-40. Si tú ves todas las elecciones en Chile, en Ecuador, en Alemania, siempre terminan siendo medio pegadas, porque se polariza, forman bandos. Entonces yo creo que a medida de que se empiecen a pegar, el tipo de cambio va a empezar a relajarse un poco, a estar menos tenso. Si mantenemos esa diferencia, que creo yo que es muy poco probable, el tipo de cambio va a reflejar eso.
¿Y ya con el resultado de la segunda vuelta?
En caso que gane Pedro Castillo y si es que no hace una hoja de ruta, el tipo de cambio va a seguir subiendo para el 28 de julio. ¿Por qué hasta el 28 de julio? Porque el 29 él va a empezar a decir y hacer cosas. Pero como tienes tiempo antes de que asuma, tú vas a comprar dólares antes, y ahí el Banco Central va a vender [dólares]. El Banco Central tiene muchas reservas, muchas, muchas, muchas. Puede vender todos los dólares que están en soles en el banco. Pero la idea es que no te quedes sin dólares, porque necesitas esa plata como reserva, para comprar productos, etc. Entonces va a ser una devaluación lenta [del sol], pero se va a dar. Vamos a perder reservas, tenemos una línea de 11 mil millones con el Fondo Monetario [Internacional], y la van a jalar (utilizar).
¿Habrá un punto de quiebre o momento decisivo?
El día que nombre al Banco Central y al Ministro de Economía será la segunda parte importante. Cuando tengan que cambiar a todos los miembros del Banco Central, ese día va a ser como la fecha clave donde las personas van a decir «ok, tengo miedo» o «ya no tengo tanto miedo como antes». En los casos en que es injustificado, en que [Castillo] nombre un banquero central o un Ministro de economía que la gente diga «mira, a este tipo le gusta la estabilidad más que otra cosa”, entonces el tipo de cambio se va a empezar de nuevo a apreciar.
Si él no le quita la ansiedad, el 4 está a la vuelta de la esquina. De 3,85 a 4 ya no es tanto. Entonces, sin duda, si [Castillo] no quita esta sensación de angustia, porque dice: «No, yo voy a seguir con mi plan, que es una locura, pero no importa», antes del 28 de julio estamos en 4, te lo firmo sin duda. Y 4,50 a fin de año también, esa es mi percepción. El otro caso es al revés: si hay estabilidad, ya sea porque Keiko nombra gente de confianza, o Castillo nombre gente de confianza; el tipo de cambio se iría a 3,60, 3,50, 3,40, y ahí te conviene tener soles.
«No hay nada más cobarde que un dólar», dice la conocida frase, ¿quiénes son los que reflejan más su ansiedad o miedo?
La persona natural de a pie, la que tiene sus poquitos ahorros y que se muere de miedo de que lo poquito valga menos de aquí hacia adelante. Todas las empresas también y los grandes. Pero yo diría, el que más temor tiene es el que ha ahorrado durante mucho tiempo. S/50,000, por ejemplo, y de repente dice: «Pucha, con esos S/50,000 pude haber comprado 15 mil dólares, y ahora puedo comprar S/12,000, luego S/10,000. Pero el carro que quería sigue costando en dólares, ya no puedo comprar el carro». En ese momento te das cuenta que, efectivamente, tus soles valen menos. Y [sucede que] el carro lo quería comprar para hacer taxi, para utilizarlo como fuente de trabajo. En ese momento, esa persona dice «mejor voy comprando dólares, porque ese taxi va a seguir en dólares». Yo creo que ese es el que sufre más.
Claro, lo sufre, lo pierde.
Y no lo recupera.
¿Pero quienes tienen más poder de mover el tipo de cambio son las empresas grandes? ¿O entre los chiquitos pueden tener igual impacto?
Yo creo que los millones de chiquitos pueden mucho más que las empresas grandes, porque con las empresas grandes, finalmente el Banco Central dice: «¿Cuánto quieres comprar?». «Quiero comprar 200 millones». El Banco Central se lo da. Entonces, cuando viene un millón de chiquitos todos los días, son 200, 200, 300, es mucho más potente.
Pocos días antes de la primera vuelta fui al Jirón Ocoña y la lectura de los cambistas era que los vaivenes del dólar eran reflejo de las encuestas. “A veces vienen como palomas a comprar, otras a deshacerse de los dólares”, “Mucho psicosocial”, era su lectura final y repetitiva.
Y eso es un negocio bien peruano. Tú vas a Chile, por ejemplo, y hay algunas casas de cambio. Vas a Colombia igual, casi no hay. Porque en esos países no se dolarizó la economía, por decir. Pero es un muy buen negocio ser cambista.
Foto de portada: Gestión.
La campaña de Keiko Fujimori no sólo cambiará de rumbo, sino que sumará rostros internacionales. El ecuatoriano Roberto Izurieta será uno de ellos, según una fuente altamente confiable y cercana al comando de campaña de Fuerza Popular, y ya estaría trabajando como asesor externo.
Izurieta es especialista en comunicación política y ha sido asesor, por ejemplo, del expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad, quien firmó el acuerdo de paz con Alberto Fujimori en 1998.
Izurieta también ha asesorado a otros presidentes como Álvaro Colom en Guatemala, o los derechistas Horacio Cartes en Paraguay y Enrique Peña Nieto en México. El ecuatoriano es un viejo conocido en estas tierras: según su hoja de vida, trabajó en una de las campañas de Alejandro Toledo.
Medios ecuatorianos lo vinculan a la campaña del 2017 en la que el banquero Guillermo Lasso perdió las elecciones presidenciales en Ecuador. Izurieta ha admitido ser amigo del actual presidente de Ecuador y ha estado muy pendiente de su última campaña, de este año, en la que sí ganó. A inicios de abril Lasso remontó el marcador de entre 10 y 15 puntos de ventaja que le daban a fines de marzo algunos sondeos a su contrincante, el correista Andrés Arauz.
El pasado 13 de abril, por ejemplo, el especialista resaltó en CNN −a la par de su apoyo informal− tres ejes de la estrategia de Lasso que lo llevaron a la victoria: la espontaneidad en los debates, apuntar hacia los privilegios y promover “encuentros” con la gente. “Mientras Andrés Arauz y su equipo seguían en una onda triunfalista, Guillermo Lasso dio un giro a su campaña, la acercó a la gente y sus problemas dando paso a su nueva línea: los encuentros. De esta manera, Lasso pasa de una primera vuelta donde daba la idea de dar lecciones basado en su capacidad y experiencia, a eventos genuinos con la enorme diversidad del electorado nacional. Fue un éxito”, escribió. Sería un anuncio de lo que se viene en Perú, donde Fujimori ya busca con desesperación debatir con su contrincante.
Para llegar al público más joven, donde prevalece un fuerte componente de antivoto, en la tienda naranja contarían con el apoyo de otro ecuatoriano: Juan Mateo Zúñiga, consultor político y miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, integrada por un equipo de jóvenes liderados por él.
Su experiencia se basa principalmente en campañas electorales en su país y se encargaría de la estrategia digital de Fuerza Popular. En la reciente primera vuelta en Ecuador, fue asesor de la “sorpresa” de los comicios: Xavier Hervas, un empresario que se estrenaba en la política nacional. El desconocido quedó en un meritorio cuarto lugar.
“Nosotros creemos que la estrategia es el contraste. No necesariamente tenemos que salir a pelear con alguien o hacer algo en negativo, sino a diferenciarse de los otros. El contraste en este caso fue Xavier [Hervas] contra todos los políticos. Los políticos que nos defraudaron, que nos llevaron a la crisis”, contó Zúñiga en una entrevista para el portal de su país Primicias.
El reto del ecuatoriano será extrapolar eso a una candidata más bien protagonista -en gran parte- de la reciente crisis del país. En todo caso, las redes sociales serán una de las herramientas clave de Zúñiga, que para la segunda vuelta en Ecuador asesoró a la campaña de Lasso. De hecho, es el responsable de que el electo presidente haya incursionado en la red social Tik Tok, tal como lo ha hecho Keiko Fujimori en la primera vuelta.
Sudaca se contactó con ambos asesores a través de sus redes sociales, pero no respondieron al cierre de edición de esta nota.
Hace dos días, el excongresista Luis Galarreta negó al diario Correo que vayan a contratar a un asesor extranjero, pero esto no sería tan cierto. Si bien ambos ecuatorianos no son parte del equipo de campaña ni se reúnen a diario con este, sí se suman como consejeros externos y, qué duda cabe, jugarán un rol importante.
El comando de campaña de Keiko Fujimori está integrado por el jefe de plan de gobierno, Nano Guerra García, el publicista Carlos Raffo y los excongresistas Miguel Torres y Galarreta, quienes se reúnen diariamente, según pudo conocer este medio. Esto seguirá así.
Sudaca se contactó con los mencionados integrantes del equipo de Keiko Fujimori, pero al cierre de esta edición o se excusaron de revelar datos internos de la estrategia o no respondieron.
Por otro lado, y pese a que un círculo de viejos fujimoristas ya rodea a la candidata, las fuentes naranjas niegan que Alberto Fujimori cumpla un papel de estratega en la campaña, aunque admiten que el expresidente sí llama a su hija para darle consejos y lanzarle alguna crítica constructiva.
En esa línea, no está contemplado que Keiko Fujimori firme una hoja de ruta ni extienda pedidos de perdón por la corrupción de la década del 90 ni por la actitud vehemente mostrada por sus congresistas en el período 2016-2020. En el círculo de Keiko creen que ya han reconocido suficientes errores y no están dispuestos a seguir con el autoflagelo.
“No forma parte de la estrategia ahora [pedir perdón]. Se va a anunciar un cambio de rumbo, pero no pasa por una hoja de ruta ni algún perdón”, refiere una fuente de la tienda naranja.
Como ha sido evidente, un primer momento de la campaña ha estado marcado por el discurso contra el comunismo, plasmado en videos institucionales del fujimorismo en redes sociales.
En paralelo, han surgido otras acciones que no coordina directamente Fuerza Popular, pero que tampoco rechaza. Claro ejemplo son los anuncios que han surgido en distintos paneles publicitarios de la empresa Punto Visual en Lima. El gerente de esta empresa es Alberto Luis de Azambuja, pareja de la excongresista Cenaida Uribe. Otro ejemplo, aunque menos estruendoso, es la campaña en redes bajo el hashtag “#pormifamilia”, promovida por Robby Ralston.
Pese a que dicen ser ajenos a ambas estrategias, en la interna no consideran esto como un error. A la consigna del anticomunismo se han sumado ya voces como las de Mario Vargas Llosa y la del mismo Kenji Fujimori señalando que la exprimera dama del régimen fujimorista es la opción democrática y representa la defensa del modelo económico. Que se sumen más voces sería parte de los que llaman a la interna “la estrategia cívica”.
En esta segunda vuelta también se ha descartado contar con las empresas publicitarias que vienen tocando la puerta de Fuerza Popular. En el comando de campaña se preguntan para qué quieren spots si ya tienen minutos asegurados en los medios.
En el fujimorismo, además, parecen tener bastante fe en lo que vienen haciendo cierta prensa, como el Grupo El Comercio, y consideran que no hay necesidad de hacer una campaña de “terruqueo” cuando desde la concentración y otros medios ya la vienen haciendo por su cuenta.
Pero toda esta primera parte de la estrategia, específicamente la defensa del modelo y la lucha contra el comunismo, sólo habría tenido como objetivo atraer a aquellos votantes de derecha que no respaldaron a Keiko Fujimori en la primera vuelta.
Al interior de Fuerza Popular dicen que han sido plenamente conscientes de que ese discurso no iba a calar en los sectores D/E. Por eso, ahora tienen como referencia la campaña de Luis Fernando `el Macho` Camacho, líder ultraderechista y religioso, quien puso en aprietos a Evo Morales en las últimas elecciones bolivianas tras hacer un paro de 21 días en el país del sur. El símil que buscan es ir desde los sectores más acomodados para luego dar un llamado a los estratos sociales más bajos.
Así, para el sector D y E, el objetivo será promover un mensaje antiestablishment, por lo que no debería generar sorpresa si es que Keiko empieza a esgrimir un discurso populista que critique a grupos de poder y reivindique programas sociales de su padre como el Foncodes, los vasos de leche, entre otros, como ha hecho ya en recientes entrevistas.
Con ello se avecina una campaña con múltiples variantes, aunque abierta a colaboración de diversos sectores y poderes fácticos que puedan sumarse, de acuerdo a fuentes del fujimorismo. Luego, viene la conquista del antivoto, que tiene una lógica distinta. Esta segunda fase se develaría en los próximos días.
A diferencia del 2016, uno de los hitos de Keiko Fujimori para esta nueva campaña electoral ha sido la reconciliación con su padre, el exdictador Alberto Fujimori. De hecho, hace una semana la candidata reconoció que recibe consejos de este y, a inicios de abril, señaló que lo iba a indultar “si es que se me da la confianza”
Sin embargo, el expresidente aún tiene millonarias deudas con el país. De acuerdo a información oficial de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción que obtuvo Sudaca, Alberto Fujimori no ha pagado las reparaciones civiles por tres procesos penales en los que fue condenado.
El primer caso corresponde a un proceso por peculado doloso y falsedad genérica en los que quedó demostrado que Fujimori se apropió ilegalmente de S/52,5 millones junto a su exasesor Vladimiro Montesinos y los exministros Carlos Boloña Behr, Carlos Bergamino Cruz y Guillermo Salas Guevara Schultz.
Por estos hechos, Fujimori fue condenado en julio de 2009 a 7 años y 6 meses de pena privativa de la libertad y la inhabilitación por 2 años y 10 meses para ejercer cualquier cargo público. En aquella oportunidad se le fijó una reparación civil de S/3 millones que debían pagar entre todos sus cómplices. A la fecha, sólo se han saldado S/876.618.
Teniendo en cuenta los intereses generados desde la condena, la Procuraduría le atribuye a Fujimori una deuda de S/5.142.824,98.
El segundo caso corresponde a un proceso de peculado doloso, cohecho activo e interferencia o escucha telefónica. La condena está relacionada con el control de medios de comunicación, como fue la adquisición de canal 10 y la compra de la línea editorial del diario Expreso, con el objetivo de alcanzar la fraudulenta reelección del 2000.
Asimismo, junto con Montesinos, los ministros de Defensa, del Interior y el jefe del SIN, ejecutaron el ‘Plan Emilio’, que consistía en interceptar las comunicaciones de periodistas, políticos y demás personajes incómodos al régimen.
En setiembre de 2009, Fujimori fue condenado por este caso a 6 años de pena privativa de la libertad efectiva y se le fijó una reparación civil de S/.24.060.216. Hasta el 2017, por el incumplimiento en el pago, la deuda creció a S/45.859.447,47.
Además, se resolvió que Fujimori pague S/107.000 a cada uno de los 28 agraviados (unos S/3 millones en total), entre los cuales figuran César Hildebrandt, Cecilia Valenzuela, Alberto Borea, Javier Pérez de Cuéllar y Javier Diez Canseco. En la documentación enviada por la Procuraduría no se precisa si se ha realizado el pago a estos personajes.
La tercera arruga que tiene Alberto Fujimori con el Estado tiene que ver con una condena por usurpación de funciones, por la cual se le impuso una reparación civil de S/400.000 y dos años de inhabilitación en cualquier cargo público. El caso está relacionado al teatro que armó el expresidente para, supuestamente, capturar a su asesor Vladimiro Montesinos. Para el “operativo” se llegó a suplantar al representante del Ministerio Público y se allanó la casa del “doc” sin orden judicial. Los intereses han hecho que la deuda se incremente a S/687.010,39.
En total, según el informe de la Procuraduría Anticorrupción, Fujimori tiene una deuda de S/51.689.282,84, incluyendo los intereses solicitados que representan casi la mitad (S/24.229.066,84) y que están pendientes de una pericia en la Vocalía Suprema de Instrucción del Poder Judicial desde el 2017.
Sin embargo, el exmandatario “no ha abonado ningún monto por concepto de reparación civil”, apunta el documento. La Procuraduría precisa que Fujimori no cuenta con ningún bien que amerite interponer alguna medida cautelar, aunque se ha enviado un oficio a la Universidad Agraria La Molina (UNALM), para embargar su pensión de excatedrático; y al Congreso, para verificar si es que cobra su pensión como expresidente.
La UNALM informó que, a partir de julio de 2017, se reactivó la pensión de cesantía a favor de Fujimori por S/1.589, pero de acuerdo al Código Procesal Civil dicho ingreso no se puede embargar. Por el lado del Congreso, la respuesta fue que “no existe disposición de reconocimiento de pensión a favor del señor Alberto Fujimori Fujimori, ni ha recibido solicitud al respecto”.
El autor de este artículo se contactó con el abogado del expresidente, César Nakazaki. Este señaló que, al sólo tener ingresos por pensión o regalías que puedan generar sus cuadros o algún libro, “las reparaciones civiles millonarias no se establecieron para ser pagadas, sino con el único propósito de alargar la carcelería». Evitó referirse así a los intereses generados durante estos años y si su patrocinado ha decidido pagar o no su deuda con el país.
Por otro lado, del elenco corrupto que protagonizó el régimen de Fujimori, quien lidera el ranking de deudores es justamente su exasesor Vladimiro Montesinos con S/548,1 millones de los cuales sólo ha pagado S/10,7 millones.
Le sigue César Victorio Olivares, quien fue gerente general de la Caja de Pensiones Militar Policial, con una deuda de S/340,6 millones, de los cuales apenas ha pagado S/10.000. A continuación, están José Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat, quienes deben aún S/79,5 y S/77,1 millones respectivamente.
La lista la integran también los tristemente célebres hermanos Winter con un saldo por S/12,4 millones de soles; Víctor Joy Way, con S/9 millones; y el publicista Carlos Raffo, con S/2,3 millones de soles de saldo pendiente. Raffo ha sido relacionado por varios medios de comunicación como consejero de Keiko Fujimori en temas publicitarios para esta campaña.
La candidata Keiko Fujimori ha manifestado que su padre no será funcionario, pero que sí es motivo de orgullo contar con sus consejos. Quizá tendría más orgullo si es que el exmandatario decidiera cumplir con sus deudas.
Alejandro Aguinaga Recuenco, médico de cabecera de Alberto Fujimori, exministro de Salud del expresidente y excongresista entre el 2006 y el 2016, ha sido elegido nuevamente parlamentario por la bancada de Fuerza Popular, el partido que quiere llevar al poder a Keiko Fujimori.
Aguinaga fue el más votado del fujimorismo en Lambayeque y el quinto en toda la región con 9,541 votos. Esto pese a que tiene abierto una investigación fiscal de la cual es notorio protagonista: las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el segundo mandato del condenado Alberto.
Por estos días el fiscal Pablo Espinoza viene sustentando su acusación contra Aguinaga, Alberto Fujimori y otros funcionarios como autores mediatos del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud por la muerte de cinco mujeres y por haber lesionado a más de 1.300 “en un contexto de grave violación de derechos humanos”, de acuerdo a la acusación que Sudaca pudo revisar.
Pese a que el caso tiene más de 20 años, recién hace poco se iniciaron las audiencias con el objetivo de que pase a una investigación judicial. Para Milton Campos, abogado de Demus que patrocina a algunas de las víctimas, la demora se debió a «una deficiente conducción y tratamiento por un sector de la fiscalía que irregularmente decidió archivar el caso en tres oportunidades”. Además, considera, esta pesquisa “tiene un elemento político indesligable».
La historia de las esterilizaciones empezó hacia el inicio del gobierno de Fujimori, cuando este anunció que 1991 sería “el año de la austeridad y la planificación familiar”. Al año siguiente, el gobierno decidió que el título se amplíe a toda la década.
A inicios de 1996, el entonces ministro de Salud Eduardo Yong aprobó, mediante una resolución ministerial, el ‘Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000’ donde se incluyó la gratuidad de métodos anticonceptivos e intervenciones quirúrgicas de esterilización. Aguinaga era entonces viceministro de esa cartera y hacia 1999, en lo peor del régimen, fue nombrado ministro.
Según la Defensoría del Pueblo, el método de la intervención quirúrgica (llamada Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria -AQV) fue priorizado por encima de los otros. Las cirugías debían ser voluntarias y solo necesitaban del consentimiento escrito de la usuaria.
Pero la acusación explica que el consentimiento, en realidad, se convirtió en imposición o chantaje en las zonas más pobres del país. Según recoge la fiscalía, a Lucinda Primo Matto, una de las víctimas, “en diversas oportunidades, el personal de salud le dijo que se ligue las trompas, a lo que ella se negaba, por lo que la amenazaron diciéndole que si no accedía al procedimiento la iban a multar”.
En el caso de Felipa Cusi Condor, personal de salud llegó a su casa en 1997 para decirle que debía someterse a la ligadura de trompas y, tras negarse, le indicaron que sus hijos no iban a poder estudiar.
De acuerdo a la misma documentación, a Vicentina Usca Ccopa, que acababa de dar a luz a su último hijo, se le dijo que debía ligarse las trompas y que, si no lo hacía, no le iban a dar los documentos de su recién nacido.
Otro caso que se reseña es el de Ernestina Canlla Cárdenas, que había dado a luz a sus anteriores hijos en casa. Canlla recibió la visita del personal de salud de la posta de su localidad. Como se había negado a pasar por el proceso en el establecimiento de salud, dicho personal le gritó y le dijo que debía ligarse las trompas “porque estaba pariendo como animal” y no tenía dinero para solventar a su familia. Además, se le amenazó diciéndole que, si no lo hacía, vendrían con la policía y no le reconocerían a sus hijos.
A 273.684 mujeres se les realizó esterilizaciones a través de cirugías entre los años 1996 y 2000, siendo 1997 el año con mayor incidencia, con 120.056 casos. A partir de 1998, las intervenciones fueron cada vez menores por investigaciones y denuncias por violación de los derechos humanos.
El gobierno de Fujimori, según recoge la acusación del fiscal Pablo Espinoza, identificó una relación negativa entre el crecimiento poblacional y el económico en 1991. Con esa base se elaboró el plan de 1996, principalmente en zonas rurales de la selva y sierra, donde las mujeres mantenían patrones reproductivos de hasta más del doble respecto a las zonas urbanas, de acuerdo al gobierno de turno.
Con ello, se buscó reducir el ritmo de crecimiento de la población a no más del 2% anual y se estableció que la tasa de fecundidad de mujeres en áreas de mayor pobreza no debía superar el nivel de tres hijos cada una.
Bajo ese marco, se empezaron a desarrollar campañas con el Minsa y el Instituto Peruano de Seguridad Social asistidas por USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que luego se retiró tras alertar ilegalidades), el Fondo de Población de Naciones Unidas y otras ONG.
En el papel, el gobierno tenía como meta practicar el método quirúrgico a las parejas que tuvieran más de cuatro hijos. Pero en la práctica, se terminó por esterilizar a mujeres que, incluso, no tenían descendencia.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que se esterilizaron a mujeres que eran analfabetas, que no se mostraron otras opciones anticonceptivas en muchos casos, que no se hallaron las autorizaciones y que se usaron escasamente los formularios de consentimiento.
Para cumplir con el objetivo en un corto plazo, se empezó a exigir cuotas a cambio de diversos incentivos a los establecimientos de salud, a la población y al personal médico.
Asimismo, surgieron denuncias de ofrecimientos de alimentos y ejecución de ligaduras a través de engaños, las cuales fueron reveladas por algunos médicos de aquel entonces. Esto se hacía, en gran parte, a través de festivales de salud en los cuales se daban incentivos a los líderes locales de los programas mediante alimentos y hasta viajes a un lugar del país, según la fiscalía.
Hacia el 2001, de acuerdo a información de 34 Direcciones de Salud de los diversos departamentos, se registraron 1.599 complicaciones por las intervenciones quirúrgicas. Esto debido a la mala calidad en la atención y a las mentadas (y nefastas) cuotas basadas en desempeño, según informó la misma USAID.
De hecho, se registraron cinco muertes, además de 1.316 personas con lesiones graves, según un informe del Minsa del 2003.
Alejandro Aguinaga, flamante parlamentario, es acusado por su participación como ministro de Salud entre abril de 1999 y noviembre del 2000. Además, al haber sido viceministro de Salud entre 1994 y 1999, ejecutó la política del sector y habría visitado centros de salud a nivel nacional para aplicar el “método de planificación permanente”.
Asimismo, como ministro, dio cuenta mensualmente al expresidente Fujimori sobre el avance de las metas a nivel nacional, así como los problemas en su desarrollo. Aguinaga, de acuerdo a la fiscalía, se reunía con los directores regionales de salud para dar énfasis a las anticoncepciones quirúrgicas y promover los festivales de la salud, “impartiendo directivas y órdenes” para “alcanzar el fin político de mayor crecimiento económico a través de la disminución de la pobreza mediante la reducción de la tasa de natalidad”.
Keiko Fujimori no se ha pronunciado por este caso relacionado a uno de sus congresistas y a su propio padre. Por el contrario, ha anunciado que de ser presidenta indultará a Alberto Fujimori.
Sí se pronunció respecto al caso VacunaGate, que también involucra a Aguinaga, pero justificando que lo hizo por ser ‘consultor’ en el ensayo clínico. «En lo personal, considero que haber solicitado la vacuna para su esposa me parece una gran falta de empatía y solidaridad con la población», matizó a mediados de marzo. Pero no hubo mayores consecuencias dentro de la tienda naranja.
Según la fiscalía, más de mil mujeres fueron despojadas de su elección de procrear, en la búsqueda de mejorar la economía del país, de manera forzosa y violando sus derechos humanos. Pasará algún tiempo más, sin embargo, para saber la fecha en que el juzgado de crimen organizado se manifieste a favor o en contra de que el caso pase de la fiscalía a la etapa de investigación judicial. Si fuese así, el plazo de esas pesquisas debe ser de ocho meses, con una posible ampliación de cuatro más. «Si mantenemos el ritmo de audiencias establecido inicialmente por el juez, en no menos de un mes se estaría decidiendo», dice el abogado Milton Campos.
Sudaca buscó al doctor Aguinaga, pero se limitó a dejar en visto los mensajes que solicitaban su versión.
En un sintonizado programa de entrevistas políticas, el destacado periodista César Hildebrandt señaló que, de resultar electa Keiko Fujimori en segunda vuelta, el límite de su poder sería su propia voluntad, debido a la vocación de metástasis del movimiento fujimorista, cuyo afán de copamiento institucional se evidenció tanto durante el decenio de Alberto Fujimori (1990 – 2000) como durante el actual quinquenio, al menos mientras la citada lideresa tuvo control sobre 73 parlamentarios. De hecho, la dramática crisis política por la que hoy atraviesa el país es en gran parte el resultado del sitio desplegado por la mayoría naranja al Poder Ejecutivo desde el 28 de julio de 2016, de allí las vacancias y las renuncias presidenciales, dos de ellas, en plena pandemia.
La lectura del experimentado periodista contradice la que proviene de círculos fujimoristas y que difunde, en las redes sociales, la narrativa de que la eventual elección de la candidata de Fuerza Popular supondría garantizar la vigencia del orden democrático pues, sin mayores sobresaltos, en 2026, asistiríamos a un nuevo recambio constitucional. Al contrario, Pedro Castillo, con su programa socialista-nacionalista, representaría la amenaza de la interrupción democrática y su reemplazo por un esquema autoritario semejante al de la revolución bolivariana de Venezuela.
En realidad, todos los precedentes validan la interpretación de César Hildebrandt sobre Keiko Fujimori. También lo hacen las fuerzas representadas en el Congreso. Al respecto, no veo que a la candidata de derecha se le dificulte demasiado establecer alianzas políticas con grupos parlamentarios tales como Renovación Popular, Avanza País, Alianza Para el Progreso, Acción Popular y Podemos. La mayoría de los congresistas que conforman dichas bancadas, y que sobrepasan largamente la mitad de la representación nacional, se mueven bajo la misma lógica populista clientelar que el fujimorismo. Así que es cuestión de ponerse a negociar prebendas y cuotas de poder. Con Keiko podríamos llegar a lo que he denominado la estabilidad de la corrupción, pero, por ese mismo camino, también corremos el riesgo de alcanzar el imperio de la corrupción.
De esta manera, el fujimorismo paulatinamente irá copando todas las instituciones del Estado, incluido las judiciales y electorales, transgrediendo la independencia de poderes, al mismo tiempo que irá fidelizando congresistas a través de diversas metodologías que ya probó exitosamente y de sobra durante el gobierno de Alberto y, no sería de extrañar que inclusive congresistas de Perú Libre pudiesen llegar a ser captados dentro del esquema fujimontesinista que se echará a andar de nuevo, tras dos décadas de cauta espera.
Finalmente, luego de un par de años de populismo a ultranza y de masas agradecidísimas con Keiko, por haber restituido el vínculo sagrado entre su padre Alberto y las masas, las condiciones estarán dadas. Vía referéndum constitucional, o modificación constitucional con 87 votos, la bancada fujimorista y sus aliadas presentarán al Congreso el proyecto de ley modificatorio de la Carta Magna que le permitirá la reelección a su lideresa el 2026 y con todo el aparato estatal a su servicio.
Es cierto que al cruzar la vereda naranja nos encontramos con Pedro Castillo, un hombre de muchos talantes sin que ninguno de ellos, hasta hoy, nos parezca democrático. Pero no nos equivoquemos, si Keiko llega al poder es para quedarse, luego de arrasar la precarísima institucionalidad republicana que hemos edificado tras 20 años de república de papel. La disyuntiva es básicamente dramática.
La noche previa a las elecciones, el Perú registró 384 personas muertas por Covid-19, un nuevo récord desde que el virus llegó al país. En la recta final de la campaña, sin embargo, las propuestas para atacar la crisis sanitaria no fueron protagónicas. Hospitales saturados, ausencia de vacunas y falta de oxígeno son algunas de las horribles postales de un país que todavía se asfixia. Al Perú le urge que su siguiente gobernante sepa cómo solucionarlas. O, al menos, que tenga algunas ideas. De cara a la segunda vuelta, sin embargo, no parece haber mucha esperanza. Sudaca revisó los planes de gobierno de Pedro Castillo y Keiko Fujimori para descubrir qué proponen para mitigar las consecuencias de la pandemia y conversó con especialistas para descubrir si son medidas realistas.
El plan de gobierno de Fuerza Popular lleva por título “Rescate 2021: Plan de Rescate y Reconstrucción Nacional”. El documento tiene 90 páginas, nueve de las cuales están dedicadas exclusivamente a la crisis sanitaria.
El objetivo general para controlar la pandemia -apunta- “es reducir el número de casos nuevos a 100 por semana”. La tarea es titánica. Solo ayer el Ministerio de Salud (Minsa) reportó 4704 casos confirmados de Covid-19 en las últimas 24 horas en todo el país. El mismo documento parece dar un paso atrás cuando dice: “En el caso del rastreo de contactos de los infectados detectados no vamos a poder disminuir el umbral que tenemos; de acuerdo con cifras oficiales, tenemos 3,000 detectados nuevos por día”.
Para lograr sus objetivos, Fuerza Popular propone implementar el uso masivo de pruebas moleculares, unas 80 mil realizadas diariamente. Para el infectólogo Carlos Medina la propuesta demuestra que no conocen realmente los procesos. “Incrementar la cantidad de pruebas moleculares es la promesa de todos los Estados, pero no es como comprar cinco pares de zapatos. Se requiere gente capacitada y laboratorios equipados. No tenemos esa capacidad logística. El 60% de las pruebas se procesan en el Instituto Nacional de Salud (INS) en Chorrillos”, afirma.
Luego de la detección de infectados y su posterior aislamiento, el partido naranja asegura que haría un seguimiento a los contagiados usando call centers y aplicativos celulares que, vía Bluetooth, sirvan para ubicar al entorno de estos. También promete dar ayuda alimentaria y medicamentos para que los pacientes aislados no tengan que salir de sus hogares.
El epidemiólogo César Ugarte-Gil sostiene que la propuesta está incompleta. Para él, falta un plan de acción cuando los casos ya están detectados. “Tomar ese tipo de decisiones sin ver que vas a dejar a un montón de gente sin trabajo de nada sirve. No todo es dar bolsas de comida. ¿Y el alquiler? ¿Y el teléfono para llamar al 113? No es tan sencillo”, explica.
El plan de gobierno naranja asegura que es necesario “contar con una administración adecuada y paulatina de vacunas cuya eficacia sea como mínimo el 70%”, lo que incluiría a Sinopharm, aunque más adelante se sugiere que las vacunas que el Perú necesita son las de Moderna y Pfizer (90%). En el mismo párrafo se asegura, sin embargo, que “implementar la logística de ese tipo de vacunación será muy difícil en el Perú” y que “los países desarrollados son los que más aprovecharán esas vacunas”. La pregunta que no se resuelve es cómo se logrará la llegada de estos productos.
Como fuese, Percy Mayta-Tristán, médico especialista en salud pública e investigador, considera que más allá de las preferencias por una vacuna u otra, el gobierno siguiente no debería centrarse en negociar. “Ojalá que el gobierno actual termine de cerrar todos los contratos. El gobierno siguiente debería concentrarse en recibir vacunas y distribuirlas”, apunta.
Sobre la distribución de vacunas, en tanto, hay un párrafo poco claro. Fuerza Popular plantea “tener un plan de vacunación en base al uso de brigadas comandadas por los gobiernos locales bajo la rectoría del Ministerio de Salud” involucrando a las Fuerzas Armadas, los gobiernos regionales, pero también al sector privado y las iglesias. Además, agregan que este plan se estructurará “de acuerdo con las características de almacenamiento y puesta de las vacunas” que el Perú tenga en ese momento.
Otra medida complementaria que Keiko Fujimori impulsará de llegar al poder sería implementar una red interconectada de centros de atención primaria para reducir la carga en hospitales como el Rebagliati, Loayza o Sabogal. El objetivo es reducir las atenciones de baja complejidad –como fracturas y mareos– en un 10% en este tipo de establecimientos. Además, construirían 80 centros de salud bien equipados y mejorarían la capacidad de respuesta de los ya existentes con la telemedicina.
Finalmente, de acuerdo al plan, el sector salud dispondría de más dinero para solventar sus necesidades. Uno de sus objetivos principales es aumentar el presupuesto del sector salud al 7% del PBI para el 2026. “Necesitamos contar con un gasto mayor, pero dicho gasto debe ir de la mano con una mayor eficiencia en la ejecución presupuestal y administrativa. Acompañándolo con la necesidad de tener una mejor gestión, quizá no necesitemos llegar al 10% del PBI tan rápido, pero podemos aumentar un punto del PBI por año”, explica el documento.
Uno de los encargados del capítulo dedicado a políticas de salud de este plan fue Ernesto Bustamante, biólogo molecular y exjefe del INS, que encendió las alarmas entre la comunidad científica a inicios de marzo cuando interpretó en Willax TV unos estudios preliminares de la Universidad Cayetano Heredia que supuestamente demostraban la ineficacia de la vacuna de Sinopharm.
Mayta-Tristán asegura que es necesario que los partidos presenten a su equipo técnico y actualicen sus planes. “El plan de gobierno de Fuerza Popular es lo que hemos escuchado de Bustamante y fue diseñado en diciembre cuando todavía no arrancaba la segunda ola. Él sabe algunas cosas, es biólogo molecular, pero no es salubrista. No digo que el plan tenga que ser hecho por médicos, sino por gente que sepa de salud pública. Tenemos que conocer a los equipos de salud porque ellos son quienes van a manejar la pandemia”, afirma.
En la carátula del plan de gobierno de Perú Libre, la imagen de un victorioso Vladimir Cerrón se muestra a toda plana. Cerrón es el autor del documento de 77 páginas que, en realidad, es un ideario y programa del partido. Es en su capítulo cinco donde se abordan las mejoras para el sector salud que Perú Libre planea ejecutar en un eventual gobierno. Y, a pesar de que Cerrón es médico cirujano, lo alarmante es que, más allá de una referencia general sobre “pandemias”, no hay rastro alguno de una medida destinada a frenar al coronavirus.
La breve mención está dentro de una propuesta llamada “Brigada Médica Internacionalista”. Ahí el partido del lápiz explica que el Perú debe tener brigadas médicas de al menos 100 profesionales de la salud listos “para la colaboración internacional en casos de desastres, guerras, pandemias, etc.”. Y añaden: “que nuestra patria haga sentir su contribución a la humanidad, presencia y fortalecimiento de la amistad con los pueblos del mundo”. De modo que esta referencia ni siquiera se centra en las necesidades del Perú.
Lo que sí dice el plan de gobierno de Perú Libre es que, en un eventual gobierno, reforzarán la calidad de la atención en los centros primarios. Para lograrlo, aplicarán el programa “Médico de la Familia”. Con esta medida construirían consultorios en cada barrio del país. Una tarea titánica con el objetivo de tener un doctor por cada 2,500 habitantes.
“Médico de la Familia” es, además, una propuesta sobre la que Cerrón ya ha escrito antes. En una colaboración suya para la Revista Ideele explicó que esta idea surge en Inglaterra y reseña cómo “la República Socialista de Cuba” fue la primera en aplicarla en Latinoamérica.
La implementación de este programa, señala el documento, haría factible otra propuesta del partido de Cerrón: un sistema de salud único para todos los peruanos, donde se concentren los servicios de Essalud, Minsa y Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Para el doctor Mayta-Tristán, si bien esta propuesta es útil para fortalecer el sistema sanitario, no serviría de nada si los doctores son enviados sin equipamiento. “No tenemos establecimientos de salud que tengan un nivel adecuado de resolución. Ocurre en Lima y peor en el interior del país. Eso no se soluciona con un consultorio si no con mayor capacidad de herramientas en el primer nivel de atención”, considera.
El epidemiólogo Ugarte-Gil advierte que el programa “Médico de la Familia” implica traer médicos extranjeros y que no es atractivo para el personal sanitario. “Esa es otra cuestión. Varios de los médicos que están en estos programas en Cuba o Venezuela no cumplen los criterios de medicina que tenemos acá o en otros países”, afirma.
Para encontrar propuestas directas contra el Covid-19 tenemos que volver a la participación de Pedro Castillo en el debate organizado por el JNE. En su intervención, el candidato –que tuvo la enfermedad en enero pasado– dio pistas de lo que un gobierno de Perú Libre haría para combatir la pandemia. Aunque nada más se trate de eso: de pistas.
El candidato más votado en primera vuelta dijo en esa oportunidad que en su gobierno priorizará “la vacuna universal, masiva y popular gratuita”. También destacó a la vacuna rusa Sputnik V como un producto “de calidad” que permitirá “empezar con el resto de actividades” de prevención. No se refirió a ninguna otra vacuna disponible en el mercado.
Para el infectólogo Carlos Medina concentrarse en un solo tipo de vacuna sería un gravísimo error. “Eso está ligado a su ideología de izquierda y es lamentable. Apostar por una sola vacuna es lo peor que se puede hacer porque no tienen un solo comprador. No van a producir solo para ti, existe un gran mercado. Esa es la carrera: inmunizar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible”, asegura.
En ese debate, Castillo afirmó que no buscarían aumentar el número de camas UCI y que, más bien, agotarían sus esfuerzos para evitar “que el poblador llegue” a necesitar una. No explicó cómo podría garantizarlo. Lo que sí lanzó fue una resonante arenga: “con la salud no se discrimina, no se lucra y no se privilegia”.
El resto de propuestas para el sector salud incluye el aumento del presupuesto del 5.4% al 10% del PBI. A diferencia de Fuerza Popular, Perú Libre sí ve posible llegar a esa cantidad. El partido del lápiz explica en su plan de gobierno que obtendrán recursos “del nuevo reparto de las utilidades entre las transnacionales y el Estado peruano”. Luego de revisar todas las concesiones existentes en el país, por supuesto. El plan también apunta a establecer un tarifario único para las clínicas privadas y la despenalización del aborto como método para controlar la natalidad.
Durante su cierre de campaña en Lima, Pedro Castillo también aseguró que las cuarentenas debían terminar. “Es una zozobra para la población y el Estado debe proveer las vacunas para que podamos salir adelante”, comentó el sindicalista nacido en Cajamarca. Este es un punto común entre los discursos de Castillo y Fujimori, y los especialistas consultados por Sudaca coinciden en que esto sería un tremendo error.
Percy Mayta-Tristán señala que “si no nos fue peor en la primera ola fue porque tuvimos una cuarentena”. “No hay ninguna evidencia de que estas no sirvan para reducir el contacto entre personas”, comenta.
El epidemiólogo César Ugarte-Gil recuerda el caso de Suecia. Un país que prescindió de las cuarentenas por “creer falsamente en la inmunidad de rebaño” y terminó siendo uno de los países con mayor impacto dentro de Europa.
Por su parte, el infectólogo Carlos Medina resalta que la cuarentena es un medio, no un fin. “La idea no es solo liberar las medidas de restricción, si no que voy a hacer cuando los casos se empiecen a incrementar. ¿Cuál será la estrategia para controlar esa situación?”, pregunta.
Los tres doctores también coinciden en mostrar su decepción porque la clase política fue olvidándose de a pocos de la pandemia conforme se acercaban las elecciones. Ugarte-Gil cree que “ya hemos normalizado las muertes, a pesar que cada vez nos tocan más cerca de casa”. Mayta-Tristán asegura que tenían temor de que se pospusieran los comicios y por eso guardaron silencio. Medina es más contundente: lo hicieron porque ninguno tenía ideas adecuadas para nuestra realidad. Ojalá el próximo gobernante recuerde que la pandemia será su primera tarea a resolver.
**Fotomontaje por Leyla López
Fecha de publicación: 16/04/21
Fotocrónica de Luis Julián
Keiko Fujimori inició el domingo 11 de abril con el típico desayuno junto a su familia y la nueva camada de militantes. Los sondeos la colocaban como una de las favoritas para pasar a la segunda vuelta. Por unas horas, quedaron atrás las acusaciones de pitufeo, la arremetida parlamentaria y la inestabilidad provocada de la que fue protagnosta su partido.
Por la tarde, en medio del tumulto periodístico y una portátil improvisada, Keiko llegó a ejercer su derecho al voto. Parte de su campaña fue buscar el respaldo a través de la reivindicación de su condenado padre, Alberto Fujimori, a quien había desaparecido de su campaña anterior.
Con una sonrisa llegó al local partidario y se desmarcó, nuevamente, de los rostros más polémicos y cuestionados del fujimorismo. Ya no estaban los becerriles ni las betetas, parte de la maquinaria de 74 congresistas que arremetieron contra los gobiernos de PPK y Martín Vizcarra. Ahora usaba la imagen de una nueva generación, los de la ‘escuelita naranja’. Abajo de del estrado, sin embargo, y sin llamar la atención, algunos candidatos ya saboreaban el pase a la segunda vuelta.
Tras el flash electoral, el balconazo. La familia Villanela Fujimori saludaba victoriosa. Nadie supo si la candidata volvió a pisar alguna maceta con plantas.
Keiko Fujimori: ¿trae cola política?
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