Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 36.
Eduardo Castillo, vocero alterno de Fuerza Popular, aseguró que en las reuniones de su bancada no se ha conversado sobre una posible vacancia porque en este momento no existen condiciones para ello.
Además aseguró que su reunión con la Presidenta del Consejo de Ministros fue una burla porque tanto ellos, como otras bancadas, le solicitaron cambios en el MININTER y ella no los tomó en cuenta.
Setiembre del 2020 es una fecha inolvidable para las arcas de FRC Consultores, la empresa del ahora fujimorista Fernando Rospigliosi. Ese mes, Fuerza Popular contrató sus servicios para elaborar propuestas en materia de seguridad ciudadana. El desembolso, provisto de acuerdo a ley por la ONPE, fue de S/.180.000. Rospigliosi ha señaladoque el trabajo está plasmado en un documento de 400 páginas que hasta ahora no ha mostrado.
Lo que sí es público es el capítulo de seguridad del plan de gobierno fujimorista, donde están reseñadas sus propuestas. Sudaca sometió este acápite del plan naranja al análisis de cuatro especialistas. Los entrevistados coinciden en que no hay ninguna novedad en las diez iniciativas. ¿Tanto dinero para eso?
NADA NUEVO BAJO EL SOL
Una de las “novedosas” propuestas de Rospigliosi es el programa ‘Distrito seguro’, el cual plantea enfrentar los delitos callejeros “fortaleciendo las comisarías”, colocando a los “mejores policías” al frente de estas. El programa incluye un entrenamiento adecuado de efectivos, reforzar la investigación criminal, elaborar mapas actualizados del delito, mejorar la coordinación con el serenazgo y “desarrollar un programa que involucre la colaboración de la población”.
Los especialistas consultados coinciden en que esta idea es reciclada y que “lo novedoso sería ponerlo en práctica”, como asegura Ricardo Valdés, exviceministro del Interior. Elohim Monard, investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, lo secunda: “No se necesita ser un genio ni un especialista en seguridad. Todos los gobiernos dicen que necesitan a los mejores policías”.
Además, ya existen dos programas con características similares al planteado por Rospigliosi: ‘Vecindario seguro’ y ‘Barrio seguro’. El primero es una estrategia de la policía y el otro, del Ministerio del Interior. “Lo que se está haciendo es ponerle un nombre nuevo a lo que ya existe. Más bien, omite la estrategia focalizada, preventiva, multisectorial, que lo que hace es identificar barrios donde hay muchos factores de riesgo y dar paquetes multisectoriales de prevención”, dice Monard.
Otros problemas que se abordan son el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. Para combatir este último flagelo, Fuerza Popular propuso “erradicar la coca ilegal y al mismo tiempo aplicar programas de desarrollo alternativo”. “Lo que acabas de citar es el título con el que empieza cualquier libro de los que se han hecho en los últimos 20 años: erradicación más cultivo alternativo. Todos lo hacen, no entiendo cuál es la novedad. No entiendo cómo le pueden pagar a alguien tanta plata para escribir esas líneas”, cuestiona nuevamente Elohim Monard.
Respecto a la estrategia para acabar con los remanentes terroristas, se plantea repetir lo hecho en el Alto Huallaga y en el Vraem: trabajo de inteligencia y golpes certeros a miembros clave de estas organizaciones. “No es novedoso lo que se está planteando. Esta propuesta sí podría resolver el problema, pero no es innovadora”, asegura el exviceministro Valdés.
Para terminar con el crimen organizado, Rospigliosi propone luchar contra la corrupción en la PNP. ¿Cómo? Una de las ideas es la creación de una oficina de Asuntos Internos “con capacidad investigadora y sancionadora, estableciendo sanciones pecuniarias y teniendo como criterio para designar a los mandos no solo la eficacia, sino la honradez”.
Lo que resaltan los especialistas es que ya existe esta dependencia y tiene esas capacidades. “La oficina de Asuntos Internos ya funciona en el sector Interior desde hace muchísimos años, y funciona desde la primera gestión de Rospigliosi como ministro del Interior. Eso no es nuevo. Lo que se está haciendo es ajustes a lo que ya existe, pero no hay novedad”, señala Ricardo Valdés.
Los S/180.000 también se fueron en propuestas como esta: “explorar la implementación de una policía comunitaria (…) a través de programas piloto”. ¿Cuáles serían esos programas pilotos? El plan de gobierno no lo especifica. Según Valdés, es “más de lo mismo, una propuesta que en la práctica ya existe desde hace tiempo”. Se refiere a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, cuyo objetivo es “promover la participación activa y organizada de la comunidad en la seguridad ciudadana”.
Para Wilson Hernández, también especialista en seguridad ciudadana, esta propuesta es un punto importante que debería desarrollarse mejor, perono es novedoso y, para variar, tampoco hay nada concreto. “No hay nada concreto, es una generalidad que se repite desde hace varios años”, dice el investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).
Fuerza Popular tomó como actor central a la policía para combatir la inseguridad ciudadana. Por ello, proponían “privilegiar la calidad de formación de la PNP”. Para César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), “se usaron tres neuronas” para presentar una idea que repiten todos los políticos casi de paporreta.
“Yo no entiendo cómo le pueden pagar tanta plata a alguien para decir eso que es obvio. Que la policía necesita mayor calidad en las escuelas lo sabe cualquiera, ni tienes que ser un especialista en seguridad ciudadana para decirlo, seguramente se lo preguntas a alguien en la calle y te lo va a decir”, explica a su vez Elohim Monard.
Fernando Rospigliosi fue parte del equipo técnico de Fuerza Popular en las últimas elecciones.
Otro de los planteamientos que se pueden encontrar en el plan de gobierno de FP y que ha causado preocupación es la idea de desarrollar “unmarco normativo para proteger los derechos de los policías”. Como explican los especialistas, este marco normativo ya existe y, nuevamente, no es una idea nueva que pueda resolver el problema.
Además, podría traducirse como una protección incondicional a los policías para permitirles hacer un uso desmedido de la fuerza. “Es una propuesta gaseosa”, sentencia Wilson Hernández. Y agrega: “Los temas que plantea FP en su momento son demasiados generales para problemas tan complejos”.
Rospigliosi también propone la construcción de más penales para disminuir el hacinamiento. El plan de gobierno no se responde cuántas cárceles serían. En el debate técnico, sin embargo, el exministro del Interior señaló que deberían construirse cinco cárceles solo en Lima. No detalló cuántas otras en regiones.
Según cálculos de Elohim Monard, investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, para “solucionar” el hacinamiento de presos se necesitaría, como mínimo, 20 penales de 3.000 personas cada uno para alojar el exceso de 60.000 internos. “¿Con qué dinero se va a hacer eso? No van a alcanzar la plata ni el tiempo para construir todo. Y cuando se termine de construir, probablemente se va a tener el doble de internos”, explica. Para el investigador, lo importante es plantear medidas de prevención del delito, las cuales brillan por su ausencia en el plan de gobierno.
En un intento por defenderse de los cuestionamientos, Rospigliosi escribió en su blog: “Como en toda investigación académica, se revisó la bibliografía pertinente, se recopiló la información (…), se efectuaron entrevistas en profundidad a personas que han desempeñado cargos relevantes en el Estado relacionados a la seguridad, se analizó el material y se formularon recomendaciones para establecer políticas públicas en un tema que constituye, sin duda, una de las prioridades nacionales”.
El exministro se quejó de que nadie le había preguntado en qué consistió el trabajo. Sudaca lo llamó para conversar sobre sus propuestas, pero luego de que la reportera de esta nota se presentara como periodista, hubo un misterioso silencio al otro lado de la línea. Hasta el cierre de edición, Rospigliosi no volvió a contestar las llamadas ni los mensajes de WhatsApp.
Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 27.
Luego que un informe periodístico revelara que Fuerza Popular le pagó 180 mil soles por una investigación sobre seguridad ciudadana a Fernando Rospigliosi, él aseguró que esa información era pública. Además indicó que con el dinero de ese trabajo, se contrató a las personas necesarias para la investigación y se hizo un buen trabajo.
Por otro lado Marco Loret de Mola, fundador de Matlab aseguró que estamos reduciendo la cantidad de pruebas de diagnóstico para el covid19, lo que nos hace ir a ciegas en este momento de la pandemia.
Pido disculpas a la memoria de Luis Hernández por tomar prestado el nombre de la antología que Mirko Lauer preparó sobre su obra poética, para graficar la deleznable conducta política de Keiko Fujimori en los últimos, al participar, feliz de la vida, como invitada a un evento del partido ultraderechista español Vox.
Vox representa lo peor de la derecha española. Conservadores hasta el tuétano, xenófobos, alberga algunos libertarios desorientados, pero mayoritariamente contiene franquistas agazapados a quienes el derechismo del Partido Popular se les antojó amanerado y timorato.
¿Qué hace Keiko allí? ¿Trata acaso de arrinconar y quitarle espacio al ultraderechista peruano Rafael López Aliaga, suponiendo erradamente que es ese el nicho ideológico en el que le corresponde estar para asegurarse un mejor futuro político?
Es un grave error. El fujimorismo, luego de los 90, debió evolucionar hacia un centro liberal. Era lo que correspondía. La mejor demostración de la calamidad que supone para el fujimorismo apartarse de ese eje fue el resultado de los cinco años de conservadurización al que condujo el partido Keiko Fujimori el periodo 2016-2021, dejando a Fuerza Popular en escombros, que solo logró disimular con una buena campaña en primera vuelta en las últimas elecciones y gracias a la fortuna de un resultado tan fragmentado, que con poco le alcanzó para pasar a la segunda vuelta.
Por cierto, el evento de marras ha tenido poca difusión y su impacto mediático será menor, pero lo destacable es el significado político que alberga. Si Keiko Fujimori vuelve a cometer el error de derechizar a FP, lo apartará de un eventual triunfo futuro en las elecciones que suponemos aún aspira a protagonizar (y que ojalá encuentre en el partido un candidato distinto a la ya perdedora nata Keiko Fujimori: urge un recambio en Fuerza Popular, y figuras tiene).
El 2026 -o antes, dependiendo de cómo se conduzca Castillo- ya no será terreno propicio para disruptivos. Es más, la mediocre performance del régimen vigente hará que la gente lo piense tres veces antes de volver a votar por un outsider o un radical. Será la hora de la ponderación. Y en esa perspectiva, gestos como los de Keiko la apartan de la senda correcta.
La lideresa de Fuerza Popular no brilla por su sagacidad ideológica y política, pero, a estas alturas, luego de tres derrotas consecutivas al menos debieran haberle despertado algún sentido de ubicuidad, lo que, por lo que se ve, no ha ocurrido.
Hace una semana, Sudaca reveló las denuncias de estafa contra ‘Crowdfunding International Dreams’, una nueva pirámide financiera liderada por el parlamentario andino de Fuerza Popular, Jorge Romero Castro. En esa nota se mencionó, además, una denuncia contra Romero que se hizo pública el 2019, por haberse apropiado de forma indebida de parte del sueldo de una trabajadora. El Ministerio Público abrió entonces una investigación preliminar.
Dos años después, a inicios de este año, la Fiscalía de la Nación envió a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso los resultados de aquellas pesquisas. El documento revela que no era una, sino seis los trabajadores a los que Romero habría inducido a entregar parte de sus salarios y bonificaciones. El escrito, además, lo acusa de haber usado recursos del Estado para sus eventos privados como ‘coach’, una actividad que lleva a cabo de manera paralela a la función pública.
“Inicialmente no se tenía conocimiento que otros trabajadores distintos a la denunciante habrían sido sujetos pasivos de solicitudes indebidas; sin embargo, luego de la actuación de diversos actos de investigación, se cuenta con elementos de convicción relevadores de que similar accionar se habría dado con otros servidores”, sostiene la denuncia que llegó a mesa de partes de la subcomisión.
Los pagos que detectó la Fiscalía ocurrieron entre los años 2018 y 2019, cuando Romero ocupaba la vicepresidencia del Parlamento Andino. El funcionario habría utilizado las cuentas de su tío y la empresa de este, Master Training International, para recibir los aportes. Romero también es fundador de esta firma.
«(…) luego de la actuación de diversos actos de investigación, se cuenta con elementos de convicción relevadores de que similar accionar se habría dado con otros servidores”, sostiene la fiscalía.
El 15 de noviembre del 2018, por ejemplo, Granuelly recibió un mensaje del parlamentario Romero Castro en el que este le decía: “Deposita 1.500, el resto es tuyo”. Y añadía, entre paréntesis: “sin hacer nada”. Un mes después, el 16 de diciembre, el parlamentario le escribió: “Alessandra, te llamará Julio Castro [tío materno del parlamentario] para darte un número. Es lo que debes depositar en total. Luego conversamos”. Y agregaba: “Top secret. Besos”.
Castro intentó desmerecer la denuncia. Su estrategia fue que el asunto quedase como una deuda que Granuelly le tenía. Pero ella lo negó y, a tenor de los mensajes que pedían mantener el asunto en secreto, la Fiscalía no le creyó. Una conversación telefónica no revelada hasta ahora se dio cuatro días antes de que el reportaje de Panorama viese la luz. En esta, Romero intenta que la mujer admita la excusa del préstamo.
Romero: Alessandra, me acaba de llamar una señorita de Panorama. Me informa que tú me has denunciado, porque hay un trabajador fantasma y yo quiero saber si has sido tú.
Alessandra: Yo solamente he dicho la verdad.
Romero: ¿Cuál es la verdad?
Alessandra: Del acuerdo que tú y yo teníamos, los S/800 que yo ganaba y te depositaba S/1.500 mensuales.
Romero: ¿Te refieres al préstamo que te hice?
Alessandra: ¿Préstamo? ¿Qué préstamo me has hecho? […] Yo no sé si tú estás fingiendo que tú me has hecho un préstamo simplemente porque estamos en una llamada telefónica que no es por WhatsApp, y te estás cuidando.
Romero intenta que la denunciada admita que el dinero depositado era parte de un préstamo. Ella lo negó.
Lo cierto es que el parlamentario andino naranja no pudo probar la teoría del préstamo ni siquiera a Panorama. Cuando en la fiscalía escudriñaron las cuentas de su tío y de la empresa ya mencionada -entre el 2018 y el 2019-, se convencieron de que se trataba de un caso sistemático.
La mayoría de los trabajadores involucrados señala, como presunta coartada, que las transferencias fueron parte de un curso de ‘coaching’. Pero un testigo protegido y otra serie de indicios apuntan a que habrían estado obligados a hacerlo para preservar sus empleos.
Explicaciones que no convencen
Según la fiscalía, en enero del 2019, la trabajadora Claudia López Vergiu fue inducida “indebidamente” a pagar “parte del bono” que recibió del Congreso de la República, la entidad que mantiene a los funcionarios del Parlamento Andino. Los investigadores tienen la declaración de un testigo protegido de código TP-01-2020-AIDC, quien señaló: “A la trabajadora antes mencionada le solicitaron inicialmente el íntegro del bono, a lo que la trabajadora accedió por mantener su puesto de trabajo, depositando el 70% de la totalidad del bono en el mes de febrero del 2019”.
El Ministerio Público asegura que el pedido se hizo a través del asesor de Romero, William Sánchez Tenorio, y que este “insistió a la trabajadora que cumpla con realizar el depósito bancario a la empresa Master Training International, que gerencia el tío de Romero Castro, Julio Castro Segura”. “La trabajadora se vio en la necesidad de encargar a su pareja que realizara el depósito”, apunta la denuncia. El testimonio tiene asidero en la realidad.
El 30 de enero del 2019, López recibió del Congreso S/7.200. El 2 de febrero, S/6.500 son retirados de su cuenta y apenas tres días después, el ciudadano Miguel Gutiérrez Tarazona, pareja de la funcionaria, deposita S/4.900 a la empresa de marras.
El mismo mes, el funcionario Jorge Bautista Oliveros recibió S/18.307 del Congreso, que incluía su salario, un bono extraordinario, racionamiento y un pago por concepto de escolaridad. Según el mismo testigo protegido, “a Bautista, el parlamentario le solicitó el íntegro del bono que recibió a fin del mes de enero, indicándole que debía hacer un abono a una cuenta bancaria”.
En efecto, Bautista realizó dos depósitos por un total de S/10.599 a la cuenta de Master Training International. Cuando la fiscalía escarbó en las cuentas, sin embargo, se dio cuenta de que no habían sido las únicas transferencias. También le había hecho un depósito en marzo del 2018 al tío de Romero, Julio Castro, por S/2.137. La cantidad llamó la atención de los fiscales porque correspondía a toda la remuneración de Bautista.
Los demás depósitos los realizó a Master Training International: en julio, S/2.500, justo cuando Bautista recibió una bonificación del Congreso; en octubre, S/2.966, cuando el funcionario fue promovido del cargo de Auxiliar al de Técnico y empezó a ganar más dinero. Lo mismo ocurrió, por montos similares, en noviembre y diciembre de aquel 2018.
Los depósitos del trabajador Jorge Bautista a las cuentas de Julio Castro, Master Training International y al mismo Jorge Romero entre el 2018 y 2019.
Como a López, a Bautista también se le habría pedido el bono extraordinario que dan a inicio de año. Por eso, en enero del 2019, realizó la transferencia más importante: S/10.599 soles a la empresa Master Training. En abril, el funcionario también depositó S/1.200 soles, pero esta vez a la cuenta del parlamentario.
La explicación que dio Bautista, sin embargo, llamó la atención de los investigadores. Dijo que aquel primer depósito a Julio Castro, el tío del parlamentario, fue “por temas de la Sunat por los que no podía ir y que además no entendía”. Y agregó que las transferencias a la empresa Master Training International fueron parte de un curso de ‘coaching’ que estaba llevando.
Pero Bautista no tenía constancias de matrícula, correos de admisión, ni comprobantes de pago. Se excusó diciendo que había pedido que se le facture todo al finalizar el curso. Cuando acabaron las indagaciones, sin embargo, no presentó diploma alguno.
En el despacho de asuntos constitucionales del Ministerio Público ya habían advertido la estrategia. El testigo protegido declaró: “Luego de la ampliación de la denuncia, el parlamentario conversó con sus trabajadores para que pueda justificar los depósitos de dinero que se habían realizado a la empresa Master Training y optaron por manifestar que esos pagos corresponden a una certificación de coaching”.
Y luego añadió: “Sin embargo, dicha certificación ha sido programada recién en el año 2020 y por la suma de $6.900, que se ha realizado para justificar los ingresos, pero no se emite ningún comprobante de pago, certificación de módulos, ni se ha firmado contrato alguno sobre esta prestación de servicios”.
De hecho, el mismo discurso fue utilizado por la trabajadora Stephany Ariansen Moncada, quien en setiembre del 2018 le depositó al tío del parlamentario S/1.610. En noviembre de ese año, también figura una transferencia de S/4.150 a la empresa. Y en enero, como sus compañeros, movió S/13.500 a la misma cuenta. Todo, dijo, era parte de una certificación que estaba cursando, pero tampoco entregó pruebas.
El testigo protegido advirtió a la Fiscalía sobre la coartada: «Luego de la ampliación de la denuncia, el parlamentario conversó con sus trabajadores para que pueda justificar los depósitos de dinero que se habían realizado a la empresa Master Training».
“Todo ello nos hace concluir que dichas afirmaciones serían inexactas y estarían orientadas a justificar los diversos abonos”, dice la fiscalía en su escrito. El Ministerio Público está convencido de que los trabajadores no cuentan la verdad por temor a ser despedidos.
Jorge Luis Coronado, que no llegó a declarar para la Fiscalía, y Ernesto Valencia Quiroz son otros funcionarios mencionados en la denuncia. Este último, sin embargo, fue con una historia diferente al despacho fiscal.
Él se desempeñaba como asistente hasta octubre del 2018. Ese mes fue promovido a ‘Asesor I’ y recibiría en adelante S/7.528 soles como remuneración. Luego de su primer sueldo en el nuevo cargo, el funcionario se dio el lujo de depositar casi el íntegro de este (S/7.500) a la empresa Master Training International. Lo mismo ocurrió en diciembre y, por supuesto, como todos los mencionados en párrafos anteriores, en enero del 2019, el momento del bono extraordinario.
Valencia es socio de la empresa que recibió los depósitos, así que se justificó diciendo que se trataba de un préstamo y que este sería retribuido en utilidades. “También ha señalado que estos aportes de capital no están como acciones ni como inyección de capital, porque para eso había que hacer un acta, por lo que tales afirmaciones deben ser tomadas en el contexto de subordinación que sigue manteniendo con el parlamentario denunciado, quien podría cesarlo en su cargo”, señala la Fiscalía.
Con la plata de todos
El Ministerio Público también le imputa al parlamentario fujimorista haber usado “para fines ajenos al servicio parlamentario” celulares del Congreso. El 2016 y 2017, por ejemplo, cuando Alessandra Granuelly no trabajaba en el despacho parlamentario, Romero Castro le dio un celular para que organice un evento de ‘coaching’ que nada tenía que ver con sus funciones.
El evento llevaba por nombre el alienado título de “Éxito Americano” y, según la Fiscalía, Romero le habría ordenado a Granuelly que “a través del celular, llamara a las personas para invitarlos al evento”. La mujer reconoció que así lo hizo.
El Ministerio Público también le imputa al parlamentario fujimorista haber usado recursos del Estado “para fines ajenos al servicio parlamentario”.
Romero habría dispuesto que otros dos celulares proveídos por el Estado, cuyos saldos pagamos todos los peruanos, sean utilizados como número de contacto de un evento llamado “Certificación Internacional-Formación de instructor para Firewalk”. En la publicidad colocan, además, el número de cuenta de su tío, Julio Castro Segura.
Varios de los trabajadores de Romero, además, no acudían regularmente a la oficina del parlamentario y hasta se les había visto llegando a las instalaciones de Master Training International, en La Molina, en horarios de oficina. Las ausencias nunca fueron comunicadas al área de recursos humanos.
El documento fiscal, que resuelve “haber mérito para formular denuncia constitucional” contra Romero fue alcanzado a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República en febrero pasado. La congresista Felicita Tocto (Descentralización Democrática), miembro de este grupo de trabajo, señala que hasta hoy no se ha agendado, porque se ha priorizado los casos emblemáticos.
Lo cierto es que Romero tiene en esta comisión dos posibles aliados: los fujimoristas Martha Chávez y Carlos Mesía. Está en sus manos realizar la denuncia ante el Pleno y que el caso pase a una Fiscalía Suprema. Este medio se comunicó con Jorge Romero en varias oportunidades, pero al cierre de esta edición no respondió. Seguro lo hará en algún video de redes sociales.
El pasado 29 de mayo, los ciudadanos Eva y Juan Ramírez Díaz se acercaron a la comisaría de Barranca a poner una denuncia por estafa contra Navil Castillo Garro, “organizadora” de ‘Crowdfunding Dreams’, una nueva “pirámide financiera” que, según la SBS, no tiene autorización para captar fondos.
De acuerdo al parte policial, Castillo les había explicado que tenían que realizar un depósito de S/5.215 cada uno y que debían comprometerse a captar a más incautos. La promesa era que si llegaban a convocar a siete personas, se quedarían con las cuotas de ingreso de estos. La dinámica la repetirían los nuevos integrantes bajo un esquema de tres fases en el que cada uno podría terminar ganando más de S/114.000.
Para maquillar el aporte, ‘Crowdfunding Dreams’ hace firmar a los participantes una declaración jurada donde se deja claro que se trata de una donación y en la que se adjunta el voucher del dinero, una copia de DNI, huella digital y firma.
La pirámide -que se marquetea como de «riesgo cero»- funciona solo si los invitados aportan sus cuotas y siguen invitando a otros. Para que una persona gane siempre deberá tener a alguien debajo suyo. Pero el sistema, más pronto que tarde, se vuelve insostenible y se derrumba cuando dejan de recibir más afiliados.
Es lo que pasó con CLAE, que en la década de los 80 llegó a mover más de US$640 millones y captó a más de 200.000 personas, según reportes periodísticos. A la falta de nuevos aportantes, se sumó la intervención de la SBS y el negocio naufragó.
Hoy los Ramírez, que se encuentran en la base de la pirámide, viven las consecuencias naturales de este tipo de negocio: no pudieron captar a más incautos y entonces no hubo devolución.
El líder y fundador de ‘Crowdfunding Dreams’ es nada menos que un miembro del Parlamento Andino: Jorge Romero Castro, quien entró a esta inútil entidad con Fuerza Popular el 2016. Tiene 47 años y se hizo conocido en los medios por un par de episodios infelices.
En 2019, por ejemplo, Alessandra Granuelly denunció en un programa dominical que fue contactada por Romero para trabajar en el Parlamento con la condición de que este se quedara con la mitad de su remuneración. Esto, incluso, produjo una denuncia constitucional por parte de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a inicios de este año por los delitos de Concusión y Peculado de Uso. El caso está en manos del Congreso.
El nombre de Romero también saltó a la palestra en setiembre pasado, cuando se descubrió que “dobleteaba” como coach en la empresa Go American Coaching SAC, dedicada a “actividades de apoyo a la enseñanza” y de la cual es gerente general. Era un trabajo adicional al de parlamentario por el que ya recibía una remuneración de S/23.000.
En su LinkedIn, Romero destaca que es experto en coaching y en FireWalking&OutDoor, el extravagante nombre de una actividad que consiste en cruzar un corto camino de piedras a altas temperaturas. Además, se reconoce como especialista en distintos tipos de marketing. En esa red social, sin embargo, no figura su experiencia en ‘Crowdfunding Dreams’, aunque en su flamante canal de YouTube protagoniza vídeos en los que asesora a nuevos incautos a que “cumplan sus sueños”.
“En este grupo estamos las personas que queremos cambiar el mundo y contribuir para ser un millón de miembros en todo el planeta. Personas que impactemos en la vida de otras, que llevemos el mensaje de superación personal, de prosperidad, de mitigar la pobreza y crear un mundo de abundancia y prosperidad”, dice en uno de estos videos, sin precisar que la abundancia viene a costa de embaucar a los que están debajo.
Victoria -a quien cambiamos de nombre luego de originalmente publicar el verdadero por temor suyo a represalias-, de 71 años, y su esposo son otras de las víctimas. La pareja, que fue captada por una conocida de ambos, incluso se hizo de un préstamo para poder invertir una cuota de ingreso de S/10.430. Pero no tuvieron suerte en captar a más personas.
Con una operación urgente de por medio, solicitaron que se les devuelva su dinero. Idas y venidas, excusas y un único contacto con una persona de nombre Shirley, que es parte de la organización, fueron las noticias que recibió Victoria, quien ahora se encuentra delicada de salud y con un préstamo que tiene que honrar.
“Esto fue un boom en Barranca, todo el mundo se metía. La persona con la que hablamos [para pedirle la devolución del dinero] se puso altanera y no dejaba de hablar. Dijo que también había sido estafada y que estaba devolviendo como podía. No supimos más de ella”, cuenta la hija de anciana a Sudaca, mostrando el depósito de dinero y los chats de comunicación de esta estafa vestida de promesa.
Como ellos hay varias víctimas que esperan la devolución del dinero, aunque otros casos ya no tienen esperanzas.
“Te hablan de dinero, que era como una pirámide pero a través de donaciones. Te pintan que tal persona ha cobrado y, habiendo un precedente de alguien que lo logró, entré”, cuenta Luis, otro miembro de Crowdfunding International Dreams que se siente estafado y que pide no revelar su nombre real.
A Luis le dijeron que si quería retirarse de la comunidad y tener su inversión de vuelta debía conseguir un reemplazante. “No he podido conseguir a quien me reemplace, pero al inicio se me dijo que cuando quisiera retirarme podría hacerlo. Si intento traer a alguien, esa solución me va a traer un problema. Yo ya di el dinero como perdido”, se lamenta.
«Hay protocolos que hay que cumplir y un estatuto donde uno entra sabiendo que no se pueden romper las reglas», responde a Sudaca Percy Aguilar, uno de los organizadores. En buena cuenta, si no consigues reclutar más gente, pierdes tu dinero.
A decir de Aguilar, el parlamentario Romero Castro “es el líder, el master coach, quien da entrenamientos y todas las pautas para ingresar con todo el conocimiento a la comunidad”. Romero no respondió nuestras llamadas para consignar su versión en este reportaje.
Antes la captación de donantes se hacía a través de conocidos, luego a través de grupos de WhatsApp y Telegram. De hecho, en esta última red social hay más de 3.200 miembros que son los que han venido aportando al menos una cuota de S/5.215. Los miembros se jactan incluso de haber captado a oficiales de la Policía.
Para tener más aportantes, además, son constantes los zoom en los que mentores o ‘coachs’ incentivan la búsqueda de más donantes. Es el caso de la ciudadana venezolana Lisette Alemán, quien recientemente tuvo una charla virtual -a la que Sudaca pudo infiltrarse- frente a más de 500 miembros.
“Nuestra meta es llegar a un millón de personas. ¿Se imaginan que esas personas tengan S/114.730 en sus cuentas? Para eso se necesita ser el mejor. No sea mediocre. Si usted hace esto, está contribuyendo a que este mundo sea mejor. Llame a esa persona y dígale ‘gracias por darme la oportunidad’ o dígale ‘me parece que es un ser extraordinario, te amo, eres mi mejor amiga o amigo”, se le oye decir a Alemán. Como si fuese una dinámica al interior de una iglesia evangélica.
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) confirmó a Sudaca que ‘Crowdfunding Internacional Dreams’ no cuenta con autorización de dicha entidad para realizar actividades de captación de dinero del público bajo ninguna modalidad.
No solo eso, sino que solo aquellas entidades que estén autorizadas son las que «pueden realizar actividades de captación de dinero del público, sea como ahorro, depósito o de cualquier otra forma». Asimismo, señala que han recibido consultas, pero todavía no cuentan con información respecto a quiénes manejan y cómo opera este sistema. En este reportaje pueden encontrar algunas respuestas.
Yisella Inga no tiene ninguna filiación con Fuerza Popular. A pesar de eso fue una de las personeras en la ciudad de Talara, Piura, la región en la que el fujimorismo arrasó con 64,2% de votos. Una familiar la contactó días antes del 6 de junio para preguntarle si le interesaba participar de aquella segunda vuelta. Le contó que el pago era, en un primer momento, de S/50, una cifra que se dobló un día antes de las elecciones cuando una persona que se presentó como miembro del partido le ofreció S/100. Todo gracias al supuesto apoyo de un misterioso empresario, cuenta Inga.
Emocionada, dice, fue al local partidario en dicha ciudad y coordinó con Janet Guerrero, quien era coordinadora de personeros en esa jurisdicción. Ella le confirmó el pago de tres cifras.
Una vez conocido el conteo rápido de Ipsos que daba como ganador momentáneo a Pedro Castillo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, instó a los personeros a seguir luchando voto a voto antes del cierre oficial de la segunda vuelta. Pero al terminar la jornada electoral, en Piura algunos no vieron un sol.
“Cerca de las 11 de la noche de ese domingo nos dijeron que no iba a llegar la persona que nos iba a pagar por un inconveniente. Ni siquiera nos habían dado la comida que nos prometieron. He estado llamando reiteradas veces. A otros coordinadores sí les han pagado”, cuenta Inga a Sudaca. Este medio conversó con tres personeros más que están en la misma situación, aunque prefirieron mantener sus nombres en reserva.
“Primero se nos dijo que nos iban a dar S/50, pero luego vino otra orden de S/100. Al final, a poco más de 20 personas se nos ha dado S/30 por parte de la señora Janet Guerrero, pero con eso la gente no iba a contentarse. Hacia el lunes, si no hay un resultado, se irá a los medios masivamente y se denunciará al partido”, dice otro coordinador de personeros.
En total, serían más de 70 personas quienes o no han recibido pago alguno o a quienes se les ha dado apenas S/30, según los cálculos de los coordinadores naranjas en esta provincia. Cuando insisten con las personas encargadas, estos hacen caso omiso o dan largas. La vieja historia del perro muerto en un partido que izaba la bandera de la unión frente al ‘comunismo’.
Promesa sin cumplir
Según la aludida Janet Guerrero, quien era responsable de los personeros en el distrito de Pariñas y que viene apoyando al fujimorismo desde hace más de 10 años, el pago fue un caos porque se distribuyó mal el dinero. Según ella, todo debió centrarse a través de su persona, pero no fue así.
“Alexander Gallardo era nuestro coordinador de personeros regionales y estuvo mandando la información y los enlaces para enviar la data de personeros, para filtrarlos también. Yo puse 228 personeros y la señora Roxana Zapata, 53; sin embargo, luego apareció Gilbert Mora (antiguo partidario) con credenciales para más personeros”, explica. Esto último descuadró todos los cálculos.
En total, en la provincia de Talara hubo 366 personas que fungieron de personeros y coordinadores de estos. El día de las elecciones, asegura Guerrero, se repartieron los pagos en todos los distritos. Pero al llegar a su jurisdicción, se dejó S/8.000 a Mora, S/6.000 a Roxana y S/15.000 a ella, lo que alcanzaba para pagarles a 290 personeros. Los personeros que había llevado Guerrero fueron los que se quedaron en el aire, porque fueron los últimos en recibir la plata y representaban la mayor parte de estos. ¿De dónde salió este dinero? ¿Quién es el supuesto empresario que financió todo? Ninguno de los entrevistados supo responder.
Luego de varias conversaciones, Guerrero consiguió que Zapata devolviera S/1.500 y luego, según cuenta, pidieron ayuda de congresistas electos en su región, con lo que se logró conseguir un pago de S/30 a una parte de los personeros sobrantes. No fue suficiente. Decenas siguen reclamando a su puerta casi a diario.
“Yo solo quiero quedar bien, recuperar mi paz y retirarme del partido. Hasta ahora vengo insistiendo que me den para pagar. Con esto que ha pasado, estoy bien golpeada. No pensé que el partido hiciera esto. Me han dado la espalda”, cuenta acongojada.
Guerrero señala que los otros dos coordinadores le han mandado cartas notariales para rectificarse tras haber salido en medios de Piura y reclamar los pagos. Sostiene que incluso la presión viene de dirigentes con mayor jerarquía, quienes le han llamado la atención. Pero ella se reafirma.
Para Andrés Sandoval, coordinador de personeros en uno de los locales de votación de Talara, el error estuvo en no centralizar el pago en una sola persona en la jurisdicción. Señala que al contactarse con fujimoristas de mayor peso en la región, de igual manera les han dado largas.
Sudaca conoció, a través de fuentes del fujimorismo, que antes del 6 de junio había un espíritu de cuerpo y sobraban las arengas en los chats de WhatsApp de la organización de personeros, como el “no al comunismo” o “vamos, por el Perú”. Aquellos mensajes ahora brillan por su ausencia.
Otra fuente fujimorista comenta que hoy la atención no está en honrar la palabra del partido con los personeros, sino más bien en la estrategia de anular las actas, aunque los Jurados Electorales Especiales ya rechazaron todos los pedidos de nulidad. La política de la yuca en todo su esplendor.
Sudaca buscó a Milagros Takayama, personera nacional de Fuerza Popular; Mártires Lizana, congresista por Piura; y a Alexander Gallardo, excandidato al congreso por la misma región para conocer sus descargos. Hasta el cierre de la nota no obtuvimos respuesta.
Un día antes de las elecciones presidenciales, la base de Fuerza Popular en Tacabamba -el distrito de la provincia de Chota (Cajamarca) en el que nació Pedro Castillo y donde ha instalado una de sus bases principales- tenía asegurada la presencia de 43 personeros para defender los votos naranjas. Al día siguiente, sin embargo, las cosas cambiarían.
«Alianza Para el Progreso [el partido de César Acuña] nos ofreció 14 personeros [como parte de la alianza política], pero no cumplieron. Y 11 más desistieron a último momento, porque dicen que los amenazaron o que sintieron temor a represalias. Solo nos quedamos con 18», dice Ricardo Chanamé, el coordinador de los personeros en este distrito.
Ricardo es chiclayano y ha transitado por varios cargos políticos al interior del fujimorismo: desde secretario de juventudes hasta lo que es hoy, el secretario provincial de Chiclayo. Hace tres meses él y su esposa, quien es tacabambina, se mudaron a este distrito para superar las secuelas del Covid-19. El clima, pensaron, los ayudaría. Acá pasaron ambos procesos electorales.
Ricardo Chanamé es secretario regional de Chiclayo y fue el coordinador de los personeros naranjas en Tacabamba. En esta foto aparece acompañado de su lideresa, Keiko Fujimori (foto: Juan C. Chamorro).
«Soyfujimorista desde el año 1997. Ayudé a recolectar firmas para fundar Fuerza 2011, que hoy es Fuerza Popular. Me he iniciado desde las bases», cuenta Chanamé, orgulloso.
El Covid-19 también atacó a su tío, Romelio Soto Gálvez, un antiguo fujimorista y secretario general de Fuerza Popular en Tacabamba desde 1990, cuando el partido se llamaba Cambio 90. Ha sido, además, gobernador de este distrito.
Soto recibe a Sudaca en una oficina de su empresa de transporte ‘Ángel Divino’, que no posee en la fachada ningún símbolo partidario «por precausión». Dice haber conocido a Alberto Fujimori en 1991, cuando este visitó por primera vez Tacabamba. Ese año, Fujimori prometió realizar una obra de conexión de agua y desagüe en todo el distrito, y la remodelación de la escuela N° 10446 ‘Salomón Díaz’ (donde votó, el domingo 6 de junio, el candidato presidencial Pedro Castillo). Según don Romelio, el ahora condenado expresidente «cumplió con su palabra».
El viejo dirigente sigue apoyando a su partido a pesar de que los resultados que ha obtenido en los últimos años no son alentadores. En la primera vuelta del 2016, Keiko Fujimori recibió el 15% de las preferencias, muy lejos del 70% que obtuvo el partido Democracia Directa. En segunda vuelta, la volvieron a rechazar: obtuvo el 44%; mientras que PPK, 55,9%.
Romelio Soto es secretario general de Fuerza Popular en Tacabamba. Por precaución, el local no tiene el símbolo del partido fujimorista. Aquí recibió a Sudaca (fotos: Juan C. Chamorro).
Pero en estas elecciones, a la hija de Alberto Fujimori le fue incluso peor. El pasado 11 de abril obtuvo el cuarto lugar con solo 2,32 % de votos (137 votos). Pedro Castillo arrasó con 79,51%: 7.338 personas votaron por él de las 12.560 habilitadas para sufragar.
Aunque vive en el vecino distrito de Anguía, Castillo nació acá, en Tacabamba, donde tiene consolidada una base principalmente de profesores. Como contó Sudaca hace unos días, el local de campaña desde donde viene dando balconazos se lo prestó una amiga de los miembros del magisterio.
Una nueva derrota
Los personeros naranjas no habían aparecido durante la primera vuelta. En parte porque algunos de los militantes enfermaron de Covid-19. Pero para esta segunda, Ricardo Chanamé se encargó de reclutar a fujimoristas de la zona para luchar por los votos.
Aunque desde Alianza para el Progreso terminaron fallándole, la convicción de Chanamé motivó a Jhon Rojas, por ejemplo, un joven tacabambino fujimorista que estudia para ser profesor de Educación Física. Rojas asegura haber recibido llamadas que él relaciona a un intento de hostigamiento. «Alguien que dijo llamarse Quinto me llamó un día antes de la elección. Me preguntó: ‘¿cuánto te pagan?’ y colgó», cuenta el fujimorista de 19 años, quien desde hace dos asiste a las actividades partidarias.
«Ser fujimorista es estar acostumbrado a que teconchesumadreen solo por decir que eres fujimorista; pero ya estamos bañados en aceite y todo nos resbala. El adversario es un rival político, no un enemigo», asegura a Sudaca Moisés Péres, quien ocupa el cargo de representante político regional de Fuerza Popular en Cajamarca.
Moisés Péres señala que está bañado en aceite y que los insultos por «ser fujimorista» le resbalan (foto: Juan C. Chamorro).
Moisés estuvo a cargo de la coordinación y del cordón de seguridad durante la llegada de Keiko Fujimori al distrito de Chota (en la provincia del mismo nombre) para participar en el debate del pasado 1 de mayo. También fue designado para apoyar a Ricardo Chanamé en la conformación del equipo de personeros para las elecciones del 6 de junio.
Conversamos con él un día antes de la segunda vuelta y se mostró preocupado por futuras agresiones. Peres dijo que el objetivo es tener personeros en todos los distritos electorales del país, pero que el riesgo es muy alto, porque Tacabamba es tierra del profesor Pedro Castillo.
Cuando lo volvemos a encontrar al finalizar la jornada del 6 de junio, sin embargo, el hombre nos confirma que sus temores no se cumplieron. En las tres escuelas donde estuvieron los personeros naranjas solo hubo intimidaciones verbales como «traicionero» y «corrupto», pero no se presentaron las agresiones físicas que esperaban recibir de los seguidores del lápiz.
«Era un riesgo tener personeros en Tacabamba. Era como que unos pocos de ‘Trinchera Norte’ de Universitario vayan a pararse en la tribuna aliancista de ‘Comando Sur’. Gracias a Dios, creo que la actitud de la población de Tacabamba fue alturada. Fue una fiesta democrática. La gente estuvo a la altura de la importancia», comenta.
Otro grupo de personeros estuvo en los locales del distrito vecino de Anguía. Ricardo Chanamé cuenta que lograron inscribir a seis personeros en la escuela Arturo Osores Cabrera, pese a que, según su versión, recibieron la advertencia de ronderos de que no iba a permitir personeros naranjas. “La misión de cada personero es tener una copia del acta de la mesa de sufragio, ese es nuestro trabajo. Esta elección se gana hasta con un voto; nuestra misión es defender ese voto», apunta el militante naranja.
Don Romelio Soto, Ricardo Chanamé, Moisés Péres aparecen acompañados de otros dos militantes fujimoristas en el interior de la base del local de Tacabamba (foto: Juan C. Chamorro).
Pero los resultados son un nuevo batacazo para Keiko Fujimori en este distrito. Con las actas procesadas al 100%, Fuerza Popular obtuvo 371 votos; es decir, solo 234 votos más que en la primera vuelta (4.78%). Castillo volvió a ganar en su tierra con 7376 votos (95%).
(*) Fotocomposición: Leyla López
Con fotos de la plaza de armas de Tacabamba y el equipo de coordinadores de personeros de Fuerzas Popular (fotos: Juan C. Chamorro).
