Con todo ese material, en julio del 2021, el Equipo Especial Lava Jato decidió abrir el expediente. El fiscal José Domingo Pérez sostenía que la captación de dinero ilícito de Fuerza Popular no había acabado en las campañas del 2011 y 2016 -por las que ya emitió acusación- sino que habría continuado el año pasado.

Keiko Fujimori, sin embargo, no se quedó tranquila y presentó un recurso de amparo en agosto de aquel año. En el escrito, señala que se habría vulnerado su derecho al debido proceso, después de que los fiscales emitieran disposiciones «manifiestamente inconstitucionales».

Según Fujimori, el Equipo Especial carece de competencia para investigarla por la campaña del 2021. Asegura que el grupo liderado por Rafael Vela está autorizado «únicamente a realizar diligencias preliminares o avocarse a noticias criminales que se encuentren vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht».

«El despacho fiscal no tiene una resolución de la Fiscalía de la Nación que lo haya convertido en un fiscal ‘Ad Hoc’ para investigar los casos de Keiko Fujimori, por lo que su avocamiento resulta vulneratorio al derecho a no ser desviado del procedimiento establecido en la ley», agrega la demanda.

Fujimori pide que todo lo avanzado en el caso pase a manos de otra fiscalía. «En consecuencia, al no subsistir los efectos de estas, [se solicita que] se ordene la nulidad absoluta de las disposiciones y se remita todos los actuados a la fiscalía competente», añade la demanda.

Sin embargo, al abrir la investigación, José Domingo Pérez ya había establecido por qué era pertinente que este nuevo caso lo lleve su despacho. Y es que él ha investigado el financiamiento de las campañas del 2011 y 2016.

En la disposición fiscal de junio del año pasado, Pérez señala que «el Primer Despacho del Equipo Especial [el despacho de Pérez] ya tendría un conocimiento previo de información relevante vinculada con los hechos que ahora se denuncian”.

Para Pérez, este bagaje de información “optimiza los recursos humanos y logísticos que se tiene en el Equipo Especial, centrando la investigaciones en despachos fiscales que tienen similares o vinculando hechos materia de investigaciones, evitando así duplicidad de investigaciones y fijando una estrategia conjunta». 

Keiko Fujimori busca evitar a como dé lugar que el fiscal que ya la acusó por el pitufeo de sus campañas pasadas vuelva a escudriñar sus cuentas.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

 

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Fiscalía, José Domingo Pérez, Keiko Fujimori

Las pesquisas fiscales abarcan la transferencia de US$1,3 millones de origen ilegal por parte de la offshore Klienfeld −creada por la empresa Odebrecht− hacia la empresa Ammaring, representada por Miguel Atala Herrera. Este manifestó en su declaración del 26 de abril de 2019 que el dinero recibido en las cuentas de Ammaring Investment, en la banca privada de Andorra, era de propiedad de Alan García.

La sala de apelaciones que le dio la razón al Ministerio Público señala que “debe indicarse también que la versión de Atala Herrera se presenta como un elemento trascendente, pues afirma situaciones que tendrían contenido penal y que, en definitiva, posibilitan al Ministerio Público investigar». La resolución judicial recalca que la investigación contra los otros exfuncionarios continúa y «por tanto, la medida solicitada por el Ministerio Público resulta idónea para lograr la finalidad” de las pesquisas.

En declaraciones a Sudaca, Erasmo Reyna, abogado de la familia de García, señaló que solicitarán que la Sala establezca el mecanismo de control para hacer efectivo que solo se extraiga información vinculada a la investigación.

 

 

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Alan García Pérez, Fiscalía

«Considero que existe peligro que mi persona o familia podamos sufrir alguna agresión física ante la reiterada ocurrencia de hechos similares en mi domicilio, ocasionando temor en mi familia, así como un riesgo latente de sustracción de información reservada que manejo», expresó el fiscal en el documento.

La fiscal Paulina Roque considera que, además de estos antecedentes, otra forma de amedrentamiento son las distintas denuncias que se han formulado en su contra ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, en medio del proceso contra Keiko Fujimori. En su caso, se trata de cuatro quejas, pero en el caso del fiscal Pérez, son incontables. Fuentes del Equipo Especial señalan que todas han sido archivadas. “Este es un patrón que se ha venido realizando con el transcurso del tiempo y ahora me ha tocado a mí”, dice Roque a Sudaca.

 

 

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Fiscalía, Keiko Fujimori

“Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan. Tengan la seguridad de que si alguien es culpable o inocente lo diré, pero eso será ante un juez o un fiscal. Creo que un ser humano tiene su límite y yo llegué al mío”, dijo en el video. Desde aquella vez, sin embargo, no se le ha vuelto a ver.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

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Bruno Pacheco, Pedro Castillo

Ante esta denuncia, Enel respondió a Sudaca que «cuenta con procedimientos rigurosos para el contrato y control de proveedores». «El sistema de scoring financiero, Sentinel, calificaba a Electrowerke como un proveedor de “riesgo mínimo” a la fecha de celebración del referido contrato», dijeron.

Enel sostiene que, si bien el contrato firmado con Electrowerke permitía subcontratar a terceros que apoyen la ejecución de la obra, «no establecía ninguna obligación por parte de Enel frente a estos u otros proveedores subcontratados». «Tal como se explicó, debemos aclarar que Enel no puede responsabilizarse de las deudas que mantiene Electrowerke con sus subcontratistas», precisan.

Fotoportada: Darlen Leonardo

 

 

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Denuncias, ENEL

 

Después del partido de la selección peruana contra Ecuador, el pasado 1 de febrero, el exprocurador Daniel Soria se enteró que había sido retirado del cargo. Pero esa fue apenas la última de una serie de movidas del Ejecutivo en su contra. En conversación con Sudaca Soria revela que, tras la denuncia que hizo contra Pedro Castillo por el caso Puente Tarata III, sufrió varios actos de hostilización antes de ser finalmente expectorado de su despacho. Uno fue que le mocharon el sueldo.

Soria indica que hubo modificaciones a su contrato como procurador que significaron una reducción del salario que recibía. Además, no se hizo la renovación de contrato que le correspondía. «Sí, definitivamente [son actos de hostilización], la línea de tiempo sobre el contrato, lo acredita», señala.

Entre febrero de 2020 y febrero de 2021, Soria laboró bajo un un contrato FAG (Fondo de Apoyo Gerencial) y, en marzo de 2021, firmó el contrato PAC (Personal Altamente Calificado) para el periodo marzo 2021-agosto 2021.

Uno de los criterios para contratar a personal PAC es que el puesto que vaya a ocupar sea de un nivel superior de responsabilidad. Existe, además, un procedimiento de selección de candidatos. La contraprestación va desde los S/16.000 hasta los S/25.000. Soria ganaba el tope máximo de esta escala.

«En la segunda quincena de noviembre, ya con el nuevo gobierno, se dio pase a la adenda [del contrato] respectiva, para el periodo setiembre-diciembre 2021. Si dieron la adenda es porque cumplía con los requisitos [del cargo]», argumenta Soria.

Cuando el exprocurador hizo la denuncia contra el presidente Castillo, en diciembre, se venían tramitando las renovaciones de los contratos PAC para el 2022. Estos entrarían en vigencia el 1 de enero. Sin embargo, en su caso, tal renovación nunca llegó.

Soria ingresó en enero a un régimen de contrato CAS de la propia Procuraduría General del Estado, con un sueldo de S/15.600. Esto implicaba una reducción de 36% en su salario. A fines de ese mes, le dijeron que retornaría al régimen FAG. «Preguntaba oralmente, luego envié oficios. Recién el día 26 de enero el secretario general del Ministerio de Justicia me manda un oficio diciendo que, como había una acción de control sobre el tema de que no cumplía con el requisito, no se dio pase al contrato PAC y me dijeron que me mantenga en el contrato FAG, ordinario», expresó.

El Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) está destinado a compensar el asesoramiento calificado que se brinda al Estado, y permite financiar los gastos del personal que presta servicios técnicos y profesionales de carácter temporal. No se trata de un régimen laboral. En el caso de los contratos FAG, de acuerdo a la norma, el tope de ingreso mensual no podrá ser mayor al de seis Unidades de Ingreso del Sector Público. Es decir, unos S/15,600.

Un oficio suscrito por el gerente general de la Procuraduría General del Estado, Martin Mijichich Loli, con fecha 18 de enero, da cuenta de las solicitudes de Soria para la renovación del contrato PAC. En el documento, dirigido a Carlos Cavagnaro Pizarro, secretario general del Minjus, se sostiene que “es preciso mencionar que mediante documentos g) y h) de la referencia, de fecha 10 de diciembre de 2021, se solicitaron las renovaciones de los contratos del Procurador General del Estado y del Gerente General de la Procuraduría General del Estado, los cuales fueron formalizados en el marco del Decreto Supremo N° 412-2020-EF y de la Ley N° 29806, sin embargo, hasta la fecha no se tuvo respuesta”.

Cavagnaro responde al oficio indicando que la evaluación del contrato de Soria se dará después de la revisión al cumplimiento de los requisitos del perfil, a cargo de la Contraloría.

El exprocurador fue finalmente removido del cargo el 1 de febrero. Solo un día antes de su destitución, un informe del Órgano de Control Interno del Ministerio de Justicia se refería a la designación del procurador general del Estado y advertía que «se han advertido indicios de irregularidad», por supuestamente no tener experiencia en defensa jurídica del Estado. Todo esto mientras Soria sustentaba su posición de que el jefe de Estado debía ser investigado.

Previo a este informe del Minjus, Eduardo Pachas, abogado del presidente Castillo había cuestionado el nombramiento de Soria públicamente. El letrado también tuvo una reunión con Aníbal Torres. Tras ello, empezaron las objeciones a la permanencia de Soria. Con su destitución, un ambiente de inestabilidad se instaló entre el resto de procuradores, que incluso ya habían firmado un comunicado en rechazo a la injerencia del gobierno.

En entrevista con Sudaca, Soria también dice tener información sobre una fuerte presión desde el Minjus para que se presente una denuncia en su contra por la supuesta irregularidad en su designación. “Esa presión viene de la gestión de Aníbal Torres y está continuando”, dice.

Soria ha venido defendiéndose del Ejecutivo. Esta semana el Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo que interpuso el exprocurador, con la que busca ser restituido al cargo del que fue retirado por Torres. Soria señala que “más allá de un puesto de trabajo, lo que busco es que un juez confirme a través de una sentencia que esto ha sido ilegal”.

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de la jueza Elizabeth Salas Fuentes, dispuso que la demanda sea debatida recién el jueves 5 de mayo.

Sudaca buscó al ministro Aníbal Torres, pero no contestó nuestros mensajes.

 

 

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anibal torres

 

Keiko Fujimori está en problemas. El caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas de 2011 y 2016 tiene ya 14 aspirantes a colaboradores, de acuerdo a la acusación fiscal presentada en marzo del 2021. Hoy José Domingo Pérez, a cargo del caso, está cerca de sumar un delator más. Y es uno clave para confirmar todo lo encontrado hasta el momento.

Se trata de Giancarlo Bertini Vivanco, acusado en este mismo proceso, quien fue parte del círculo más cercano de Jorge Yoshiyama Sasaki, el colaborador eficaz más importante de la investigación y sobrino del exsecretario general del partido naranja, Jaime Yoshiyama. Bertini tuvo el encargo de reclutar falsos aportantes para la campaña de Fuerza 2011 -el nombre que usaba el fujimorismo aquel año-, la cual se financió con dinero de Odebrecht, Credicorp y el grupo Rasmuss. En total, serían más de US$10 millones inyectados a esa fallida candidatura.

Según pudo confirmar Sudaca, la Fiscalía y la defensa de Bertini ya sostuvieron una reunión con el objetivo de que el empresario se someta a un proceso de colaboración eficaz. Esta primera cita ocurrió días antes de su llegada al Perú, el jueves pasado, procedente de Italia. Allí permanecía prófugo desde el 2018.

Bertini quiere acogerse al proceso de entrega de información a cambio de beneficios, pero aún sus abogados no han solicitado esto de manera formal ante el Ministerio Público. En tanto, él permanece detenido. El pasado 4 de febrero, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso el internamiento de Bertini en un centro penitenciario del país, para que cumpla con la orden de prisión preventiva que se le dictó en octubre de 2018. De acuerdo a la resolución, la medida terminaría el 3 de febrero de 2025. La colaboración eficaz podría dejarlo libre antes de esa fecha.

¿Pero, qué es lo que podría aportar Bertini sobre la trama de lavado de activos presuntamente liderada por Keiko Fujimori? En la acusación fiscal, José Domingo Pérez sostiene que antes de que acabe la campaña del 2011, en junio, Jorge Yoshiyama habría ido a la casa de su tío Jaime para informarle del reclutamiento de Bertini en la simulación de aportes. Aquella vez, tío y sobrino fueron a una habitación donde se ubicaba la caja fuerte, y este recibió US$100.000.

“Yoshiyama Sasaki se constituyó al domicilio de Jaime Yoshiyama Tanaka en un promedio de seis o siete oportunidades con el objetivo de que Yoshiyama Tanaka provea de activo ilícito a Sasaki, efectivo que iba a ser materia de ingresos a las cuentas del partido Fuerza 2011 (blanqueamiento de activos)”, se  lee en la acusación. Jorge recibió de Jaime Yoshiyama un monto total de US$480 mil.

El testimonio del sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka ha sido clave para el caso que tiene a su cargo el fiscal José Domingo Pérez. Sin embargo, la información que aporte Bertini robustecerá la acusación fiscal contra Keiko Fujimori en sus puntos claves, pues fue este quien ‘pitufeó’ el dinero a través de falsos aportantes, incluida su esposa.

Cabe recordar que la Fiscalía sostiene que Keiko Fujimori conocía sobre la operación de lavado de activos. “Tanto Jaime Yoshiyama como Keiko Fujimori sabían que sí había dinero donado por la empresa Odebrecht a Fuerza 2011 para la campaña electoral. Y es que en una visita familiar que hice a la casa de Jaime Yoshiyama, él me informa que ha hablado con Keiko Fujimori y que ella le dijo: ‘Jaime, por si acaso, debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros’”, dijo Yoshiyama en su declaración.

También afirmó que Fujimori fue quien le pidió buscar falsos aportantes para Fuerza Popular en la campaña electoral de 2016. “Ella me pide buscar falsos aportantes para el partido Fuerza Popular, me manifiesta que lo haga como lo hice en el año 2011”, señaló.

El testimonio de Giancarlo Bertini también servirá para corroborar lo dicho por su esposa, Patrizia Coppero del Valle, quien firmó un acuerdo de colaboración el 17 de diciembre de 2020. Coppero declaró ante la Fiscalía que su pareja le presentó recibos impresos de donación para Fuerza 2011 y le pidió que los firme hasta en tres oportunidades. En total, fueron cinco o seis recibos que sumaban alrededor de S/80.000, aseguró. Bertini, según su esposa, le contó que esa era su contribución a la campaña de Keiko Fujimori.

Y esa es, precisamente, la modalidad conocida como ‘pitufeo’. Una que,  aplicada a gran escala -con más aportantes fantasma-, habría servido para camuflar todo el dinero ilícito en la campaña fujimorista. «Luego me enteré que también mi esposo Giancarlo Bertini le solicitó a otras personas que le hagan el mismo favor de firmar los recibos como aportantes a favor de la campaña electoral. Es decir, que presten su nombre a fin de realizar depósitos de dinero a la cuenta del partido Fuerza 2011 como aportantes a la campaña, por encargo del señor Jorge Yoshiyama», declaró la mujer.

“En otra oportunidad fui testigo de una llamada que recibió Jorge Yoshiyama estando en mi oficina, que era [la llamada] de Keiko Fujimori, quien le hablaba acerca de cómo iba la campaña. Luego colgó y [Yoshiyama] nos contó que le había llamado Keiko para señalarle que estaba preocupada por la campaña y que había que seguir apoyándola”, agregó Coppero.

El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko Fujimori por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Además ha acusado a otros 39 imputados.

 

 

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Giancarlo Bertini, Jorge Yoshiyama, Keiko Fujimori

Enrique Ocrospoma Pella es investigado por presunto lavado de activos desde julio del año pasado. Un informe policial enviado al Ministerio Público indica que el exalcalde de Jesús María habría diseñado una estrategia para desviar dinero de ese municipio, originado mediante corrupción, con el que luego compró una serie de propiedades. A partir de dicho documento, la Fiscalía decidió iniciar la pesquisa. 

Pese a ello, hoy Ocrospoma pretende regresar a la alcaldía de Jesús María con Avanza País. Hace tres semanas, la página de Facebook de ese partido publicó una foto donde se le ve junto a otros políticos que asumirán candidaturas municipales. Entre ellos están Carlos Bruce (Surco), Juan Carlos Zurek (La Molina) y Luis Molina (Lima Metropolitana). «Reunión avancista para afinar los próximos eventos partidarios», dice la leyenda de la imagen. 

Pre candidatos Vanza Pais

El fiscal que dispuso abrir la investigación preliminar a Ocrospoma es Richard Rojas Gómez, quien también está a cargo de la carpeta sobre los aportes de campaña de Perú Libre. Para el fiscal, el caso de Ocrospoma es complejo y corresponde que sea investigado por ocho meses. Este plazo finalizará en marzo, que es cuando decidirá si formaliza la indagación o la archiva.

 

Esta no es la primera vez que el exalcalde está metido en líos judiciales. En el 2014 afrontó un juicio tras haber sido acusado de peculado doloso por hechos ocurridos durante su mandato. Sin embargo, poco antes de conocerse la sentencia, la Fiscalía decidió apartarlo de la acusación y el Poder Judicial aceptó el pedido.

 

PRESUNTO DESVÍO DE FONDOS

Sudaca revisó la disposición fiscal, emitida el 5 de julio del 2021, con la que se da inicio al caso. Esta dice que, cuando estuvo en la municipalidad de Jesús María, en los periodos 2007-2010 y 2011-2014, Enrique Ocrospoma habría diseñado una estrategia ilícita con la finalidad de desviar dinero para adquirir bienes muebles e inmuebles por un valor total de US$400.000 y S/300.000. Según la información policial, estos montos «no se condicen con sus ingresos durante [ambos] periodos de su gestión como alcalde», que alcanzaron apenas «un total de S/374.400».

En el caso también aparece implicada Rossana Montero Cancino, esposa de Ocrospoma, de quien se presume habría adquirido inmuebles para «facilitar el traspaso e insertación de los activos de capital ilícito en el sector empresarial y/o económico formal, con el fin de eliminarse toda fuente de procedencia ilícita de tales activos». Es decir, lavar el dinero. 

La Fiscalía sostiene que ella es propietaria -junto con Ocrospoma- del inmueble ubicado en la Calle Islas Alautianas N°397-399, La Portada de la Planicie-La Molina, el mismo que fue comprado por US$400.000 y luego transferido en anticipo de herencia a sus dos hijos en el 2011.

En el esquema que plantea el fiscal Rojas aparecen tres personas jurídicas (Raggazzi EIRL, Instituto Seguridad y Convivencia, y Milec Servicios Educativos SAC) que habrían sido creadas para darle la apariencia de legalidad a la plata. Según los documentos, se trata de «empresas presuntamente constituidas con el fin de dar un aparente origen lícito al dinero proveniente de actividades ilegales (corrupción de funcionarios) con la adquisición de bienes muebles e inmuebles, todos adquiridos durante el periodo ejercido ejercido como burgomaestre en el distrito de Jesús María».

La Fiscalía dice también que, en general, el modus operandi en el delito de lavado de activos tiene como punto de partida la creación de empresas, supuestamente formales, que puedan efectuar rápidamente la conversión o transferencia de los activos ilícitos.

 

CIFRAS Y BIENES

La investigación fiscal tiene su origen en el informe policial N 115-2021-DIRILA-PNP/DIVILAPCO-DMINA, remitido por la División de Investigación de Lavado de Activos provenientes del Crimen Organizado.

Cuado nº1

El informe policial señala que como alcalde de Jesús María, Ocrospoma recibió un ingreso mensual de S/7.800, lo que significa que durante todo su periodo le depositaron un total de apenas S/374.400. Eso «no le habría permitido la adquisición de bienes por un monto de US$400.000,00 y S/300.000,00», apuntan.

Además, dicen que Ocrospoma habría formado las empresas ya mencionadas para usarlas como fachada en la adquisición de propiedades. La Fiscalía considera que, ante todos los indicios, «resulta importante investigar si la constitución de dichas empresas guardan relación con el dinero maculado apropiado por el investigado proveniente del delito de corrupción de funcionarios, y perteneciente a la comuna de Jesús María». 

La Policía informó que, en total, habrían sido 14 los bienes muebles e inmuebles adquiridos con el presunto desvío de dinero.

Cuadto nº 3

Y la misma institución también recordó que Enrique Ocrospoma y su esposa ya han sido investigados por presunto delito en contra de la administración pública, en la modalidad de concusión, por la 54° Fiscalía Provincial Penal de Lima.

En el 2018, Ocrospoma postuló sin éxito la alcaldía de Lima, por el partido Perú Nación. Su historial partidario incluye a agrupaciones como el Partido Popular Cristiano (PPC), Solidaridad Nacional y Somos Perú. Sudaca se comunicó con él para que brinde su descargo. Sin embargo, al ser consultado por la investigación fiscal, cortó nuestra llamada indicando que se encontraba en una reunión de trabajo. No volvió a contestar nuestros mensajes.

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Avanza Pais, Lavado de activos

Una de las consecuencias de las últimas movilizaciones ha sido el retorno del debate sobre una nueva Constitución, como parte de las reformas que el Perú necesita de cara al bicentenario de su independencia. Si se requiere una modificación total o parcial de la Carta Magna, las vías más idóneas para lograrlo y los puntos específicos que demandan un cambio urgente son hoy –con más fuerza que en los últimos veinte años– parte de la discusión pública.

Y no es coincidencia que esto haya crecido con el descontento de los jóvenes, reflejado luego en las protestas a nivel nacional. Una semana antes de que el Congreso decida vacar al expresidente Martín Vizcarra, una encuesta de Datum reveló que el 56% de los peruanos estaba a favor de tener una nueva Constitución. Otro 27% dijo estar en contra. Entre quienes apostaban por el cambio, el 31% respondió que la principal razón es incrementar los castigos a los corruptos y el 25% señaló que no podíamos continuar con la Constitución concebida luego del autogolpe de Alberto Fujimori. Un 20% consideró que se deberían incluir mayores sanciones para los delincuentes.

La opinión ciudadana –que el lector puede juzgar justa, acertada, errada o extraviada– está sobre la mesa. A la par, se ha creado una nueva bancada en el Congreso que tiene un nombre bastante explícito, Nueva Constitución, y que se suma a similares pedidos –por ejemplo– del Frente Amplio. Así, es oportuno evaluar lo más conveniente para el país. ¿Qué camino es el más viable para los cambios que la Constitución requiere? ¿Cuáles son esas reformas urgentes? ¿Es necesario el cambio total o una reforma parcial?

Las vías 

El abogado constitucionalista Luciano López recuerda a Sudaca que existen dos caminos para las modificaciones a la Constitución. El primero es a través del Congreso de la República: el artículo 206 contempla la posibilidad de que se puedan hacer reformas parciales. “Pero no soy partidario, los congresos nos han demostrado que son de visiones cortoplacistas, que se llevan por intereses de coyuntura, no han sido capaces de llevar una reforma política,el próximo parlamento que venga va a ser tan igual que este o el disuelto”, opina.

El especialista precisa que el otro camino es el referéndum: una consulta promovida por la ciudadanía. “La única posibilidad de hacer una reforma total con la Constitución actual es llamando a un referéndum. O que la presión ciudadana desemboque en una herramienta legal como el referéndum. La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a convocar a referéndum”, señala.

López plantea que en esa convocatoria se consulte a la población si quiere una Asamblea Constituyente o quiere a una comisión que se encargue solo de reformas parciales. Él es partidario de la creación de una convención nacional que vea cambios específicos. “Un órgano que se dedique solo y exclusivamente a ver las reformas, terminan su trabajo y se van, plantean reformas hacia el futuro. Un Congreso no te va a ver algo así, al menos ya nos lo han demostrado”, dijo.

Su propuesta tiene un elemento clave: que el proceso no quede atrapado en el sistema político y partidario que nos llevó a la crisis. O, en otras palabras, que no sean los mismos políticos que han generado el caos del último mes los que redacten las reformas. Buscar independientes para que hagan el trabajo es un método que también podría aplicarse en caso se optara por redactar toda una nueva Constitución.

“Propongo que la convención se forme por voto popular con listas independientes para participar. De esa manera no te pones en manos de los partidos. Es más o menos lo que se hace en Chile, las elecciones para elegir a los miembros de su Asamblea Constituyente se van a hacer el mismo día que las elecciones generales en Perú, y ellos han elegido una fórmula en la que van a participar miembros de los partidos y listas independientes. Creo que podríamos buscar gente que no le interese estar en partidos pero le interese participar en una reforma estructural”, explica.

El constitucionalista dice que “lo rescatable del último quinquenio es que nos ha demostrado que el sistema político tiene una serie de fallas, no tiene como desahogar, por ejemplo, las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo. Tenemos un sistema demasiado parlamentarizado”.

El economista y exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Juan José Marthans, por su parte, tampoco le cierra las puertas a un referéndum como primera vía para una nueva Constitución. “Primero hay que definir qué se necesita modificar de la Constitución y en el caso extremo ponerlos a consideración de un referéndum, para que se defina si hay cambios o no, en qué espacios, en qué temas, y sobre eso se trabajen a nivel del gobierno o de Asamblea Constituyente las reformas del caso”, añade.

“Hay que propiciar el cambio de la Constitución con ciertos lineamientos. La que tenemos ahora lamentablemente se ha dado al amparo de uno de los gobierno más corruptos en la historia del Perú, eso no es una buena distinción para un peruano que tenga un mínimo de vergüenza democrática en el país”, asegura. El centro del debate pasa, entonces, del cómo –mediante cambios puntuales o un nuevo texto– al qué.

Principales reformas

¿Qué es exactamente lo que se debe cambiar de la Constitución? López considera que lo más conveniente es un cambio parcial, donde el tema prioritario son los capítulos vinculados a la estructura del Estado. “Ahí está la gran reforma, ahí sí hay que cambiar todo, requiere una profunda reforma”, dice.

“Al capítulo económico no le haría mayor modificación. La experiencia nos ha demostrado que el gran problema que tiene el Perú es la informalidad, entonces una buena estrategia puede ser establecer cambios constitucionales pero para incentivar del Estado una serie de obligaciones destinadas a la formalización de la economía”, agrega. En el capítulo 2, relacionado a derechos sociales y políticos, podrían hacerse ajustes vinculados al derecho a la salud, la seguridad social y las pensiones.

Marthans considera que la prioridad entre las modificaciones que necesita la Carta Magna está en el terreno político, pero no niega la posibilidad de que se cambie el capítulo económico. “La Constitución ha sido sistemáticamente violentada en todos sus capítulos, incluyendo el económico”.

Marthans hace un llamado sensato a los empresarios: “oponerse a una reforma va a ser un gran problema, ello podría exacerbar los ánimos, hay que ser inteligente”. “Lo ideal –matiza– es que en este último ambiente [el económico] se genere una reforma sin mellar los pilares básicos y el alcance de la definición de subsidiaridad del Estado. Creo que es esencial que se mantengan esos pilares a efectos de evitar un retroceso”.

Como primer punto a modificar propone la necesidad de reforzar los mecanismos que permitan evitar “niveles de concentración extremos” en mercados. Para eso hay que darle un rango constitucional a Indecopi, el ente regulador encargado de velar por la libre competencia, agrega. También afinar medidas para que el capítulo económico sea respetado por todos los agentes económicos, así como remarcar que el Parlamento no tiene posibilidad de iniciativa de gasto.

“Si es que se evalúa la posibilidad de una nueva Constitución, tiene que hacerse con mucho cuidado porque si se abre la posibilidad del capítulo económico y se afecta negativamente el rol subsidiario del Estado y la autonomía de ciertas instituciones con carácter institucional, entonces vamos a dar un paso atrás inmenso”, insiste.

Tanto López como Marthans son partidarios, en primera instancia, de hacer reformas puntuales al texto constitucional. Pero ninguno de los dos se horroriza con la posibilidad de redactar una nueva Carta Magna, incluso si esta decisión parte del voto popular. El debate, tanto en las calles como en la clase política, está abierto. Toca abordarlo y no huir de él.

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