Después del partido de la selección peruana contra Ecuador, el pasado 1 de febrero, el exprocurador Daniel Soria se enteró que había sido retirado del cargo. Pero esa fue apenas la última de una serie de movidas del Ejecutivo en su contra. En conversación con Sudaca Soria revela que, tras la denuncia que hizo contra Pedro Castillo por el caso Puente Tarata III, sufrió varios actos de hostilización antes de ser finalmente expectorado de su despacho. Uno fue que le mocharon el sueldo.

Soria indica que hubo modificaciones a su contrato como procurador que significaron una reducción del salario que recibía. Además, no se hizo la renovación de contrato que le correspondía. «Sí, definitivamente [son actos de hostilización], la línea de tiempo sobre el contrato, lo acredita», señala.

Entre febrero de 2020 y febrero de 2021, Soria laboró bajo un un contrato FAG (Fondo de Apoyo Gerencial) y, en marzo de 2021, firmó el contrato PAC (Personal Altamente Calificado) para el periodo marzo 2021-agosto 2021.

Uno de los criterios para contratar a personal PAC es que el puesto que vaya a ocupar sea de un nivel superior de responsabilidad. Existe, además, un procedimiento de selección de candidatos. La contraprestación va desde los S/16.000 hasta los S/25.000. Soria ganaba el tope máximo de esta escala.

«En la segunda quincena de noviembre, ya con el nuevo gobierno, se dio pase a la adenda [del contrato] respectiva, para el periodo setiembre-diciembre 2021. Si dieron la adenda es porque cumplía con los requisitos [del cargo]», argumenta Soria.

Cuando el exprocurador hizo la denuncia contra el presidente Castillo, en diciembre, se venían tramitando las renovaciones de los contratos PAC para el 2022. Estos entrarían en vigencia el 1 de enero. Sin embargo, en su caso, tal renovación nunca llegó.

Soria ingresó en enero a un régimen de contrato CAS de la propia Procuraduría General del Estado, con un sueldo de S/15.600. Esto implicaba una reducción de 36% en su salario. A fines de ese mes, le dijeron que retornaría al régimen FAG. «Preguntaba oralmente, luego envié oficios. Recién el día 26 de enero el secretario general del Ministerio de Justicia me manda un oficio diciendo que, como había una acción de control sobre el tema de que no cumplía con el requisito, no se dio pase al contrato PAC y me dijeron que me mantenga en el contrato FAG, ordinario», expresó.

El Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) está destinado a compensar el asesoramiento calificado que se brinda al Estado, y permite financiar los gastos del personal que presta servicios técnicos y profesionales de carácter temporal. No se trata de un régimen laboral. En el caso de los contratos FAG, de acuerdo a la norma, el tope de ingreso mensual no podrá ser mayor al de seis Unidades de Ingreso del Sector Público. Es decir, unos S/15,600.

Un oficio suscrito por el gerente general de la Procuraduría General del Estado, Martin Mijichich Loli, con fecha 18 de enero, da cuenta de las solicitudes de Soria para la renovación del contrato PAC. En el documento, dirigido a Carlos Cavagnaro Pizarro, secretario general del Minjus, se sostiene que “es preciso mencionar que mediante documentos g) y h) de la referencia, de fecha 10 de diciembre de 2021, se solicitaron las renovaciones de los contratos del Procurador General del Estado y del Gerente General de la Procuraduría General del Estado, los cuales fueron formalizados en el marco del Decreto Supremo N° 412-2020-EF y de la Ley N° 29806, sin embargo, hasta la fecha no se tuvo respuesta”.

Cavagnaro responde al oficio indicando que la evaluación del contrato de Soria se dará después de la revisión al cumplimiento de los requisitos del perfil, a cargo de la Contraloría.

El exprocurador fue finalmente removido del cargo el 1 de febrero. Solo un día antes de su destitución, un informe del Órgano de Control Interno del Ministerio de Justicia se refería a la designación del procurador general del Estado y advertía que «se han advertido indicios de irregularidad», por supuestamente no tener experiencia en defensa jurídica del Estado. Todo esto mientras Soria sustentaba su posición de que el jefe de Estado debía ser investigado.

Previo a este informe del Minjus, Eduardo Pachas, abogado del presidente Castillo había cuestionado el nombramiento de Soria públicamente. El letrado también tuvo una reunión con Aníbal Torres. Tras ello, empezaron las objeciones a la permanencia de Soria. Con su destitución, un ambiente de inestabilidad se instaló entre el resto de procuradores, que incluso ya habían firmado un comunicado en rechazo a la injerencia del gobierno.

En entrevista con Sudaca, Soria también dice tener información sobre una fuerte presión desde el Minjus para que se presente una denuncia en su contra por la supuesta irregularidad en su designación. “Esa presión viene de la gestión de Aníbal Torres y está continuando”, dice.

Soria ha venido defendiéndose del Ejecutivo. Esta semana el Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo que interpuso el exprocurador, con la que busca ser restituido al cargo del que fue retirado por Torres. Soria señala que “más allá de un puesto de trabajo, lo que busco es que un juez confirme a través de una sentencia que esto ha sido ilegal”.

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de la jueza Elizabeth Salas Fuentes, dispuso que la demanda sea debatida recién el jueves 5 de mayo.

Sudaca buscó al ministro Aníbal Torres, pero no contestó nuestros mensajes.

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