A la fecha, el caso continúa en investigación preparatoria y Kuczynski ya no está bajo arresto domiciliario (la medida se revocó en abril). El plazo para el fin de la investigación termina en agosto próximo, pero el Ministerio Público podría solicitar algunos meses más para finalizar con las pesquisas.

El caso es que Pérez y Kuczynski dialogaron, pero finalmente el expresidente desestimó la idea de convertirse en colaborador. Estos procesos implican necesariamente que los procesados reconozcan la comisión de delitos, reciban una condena por ello, y entreguen información valiosa que permita avanzar en las investigaciones. Nada de esto ocurrió en el caso de PPK. No hubo admisión de culpabilidad, ni tampoco entrega de información.

Según confirmaron las fuentes a Sudaca, el expresidente se negó a reconocer responsabilidad, con excepción de la estructura que creó para que sus bienes inmuebles pasen a estar a nombre de sus empresas. Kuczynski señaló que había sido inducido a error por sus abogados. 

Al finalizar la reunión, el fiscal Pérez leyó las condiciones de un proceso de colaboración eficaz, pero todo quedó ahí. Y tras aquella visita la defensa no ha vuelto a tener un acercamiento con el Ministerio Público. 

En declaraciones a Sudaca, Julio Midolo, abogado de PPK, sostuvo que “no hubo un requerimiento formal” para que el exmandatario se acoja a un proceso de colaboración eficaz, pero que es una posibilidad dentro de un proceso judicial. “No ha habido un planteamiento, la tesis de la defensa del presidente es sobre la inocencia”, insistió.

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Fiscalía, PPK

Patricia Benavides tomó una fuerte posición contra Pedro Chávarry a fines de 2019, cuando el ahora destituido Fiscal de la Nación dispuso la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, cabezas más visibles del equipo especial Lava Jato.

A través de un comunicado, Benavides se dirigió a Chavarry y dijo que su renuncia  podría permitir “una salida democrática” a la crisis que atravesaba esa institución.

“Frente a los riesgos de anomia generalizada, invocamos al actual Fiscal de la Nación, tome conciencia del impacto de sus decisiones y, anteponiendo los intereses institucionales, por el progreso de nuestro país y la tranquilidad de nuestros compatriotas, dé un paso al costado y de esta manera permita una salida democrática, siempre dentro de los cánones de la constitucionalidad y legalidad”, expresó en aquella oportunidad.

Tres años después, ahora desde el puesto más alto del Ministerio Público, Benavides enfrenta el reto de asegurar que las indagaciones prosigan y se conviertan en sólidas acusaciones.

 

 

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Fiscal de la Nación

La investigación fiscal recoge la declaración del investigado Miguel Atala Herrera. En ella se señala que este se comunicaba previamente por teléfono con García para concretar las entregas de dinero. Atala se desempeñó como vicepresidente de Petroperú durante la gestión de García y, según la fiscalía, era pieza clave en la triangulación de las presuntas coimas a favor del entonces jefe de Estado.

La sala de apelaciones que resolvió a favor del Ministerio Público sostuvo que “debe indicarse también que la versión de Atala Herrera se presenta como un elemento trascendente, pues afirma situaciones que tendrían contenido penal y que, en definitiva, posibilitan al Ministerio Público investigar». Además, destaca que la medida solicitada por el fiscal «resulta idónea para lograr la finalidad” de las pesquisas.

La fiscalía investiga la transferencia de US$1,3 millones de origen ilegal por parte de la offshore Klienfeld −creada por Odebrecht− hacia la empresa Ammaring, representada por Miguel Atala. En su declaración del 26 de abril de 2019, Atala señaló que el dinero recibido en las cuentas de Ammaring Investment, en la banca privada de Andorra, era de propiedad de Alan García.

 

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Alan García Pérez, Fiscalía

Tejada fue detenida en febrero de 2017 para cumplir con una orden de prisión preventiva, en medio de los escandalosos destapes del caso Lava Jato. Logró su excarcelación en el 2019, después de presentar un recurso ante el Poder Judicial. A Cuba, su expareja, también se le impuso comparecencia con restricciones. El equipo especial Lava Jato considera que Cuba, junto con otros funcionarios del gobierno aprista son parte de “un tercer grupo de personas que han colaborado con la organización criminal” que tenía al expresidente Alan García Pérez en la jefatura. Pronto se conocerá si esta acusación se sostiene ante el tribunal.

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Jessica Tejada, Metro de Lima, Odebrecht

Las pesquisas fiscales abarcan la transferencia de US$1,3 millones de origen ilegal por parte de la offshore Klienfeld −creada por la empresa Odebrecht− hacia la empresa Ammaring, representada por Miguel Atala Herrera. Este manifestó en su declaración del 26 de abril de 2019 que el dinero recibido en las cuentas de Ammaring Investment, en la banca privada de Andorra, era de propiedad de Alan García.

La sala de apelaciones que le dio la razón al Ministerio Público señala que “debe indicarse también que la versión de Atala Herrera se presenta como un elemento trascendente, pues afirma situaciones que tendrían contenido penal y que, en definitiva, posibilitan al Ministerio Público investigar». La resolución judicial recalca que la investigación contra los otros exfuncionarios continúa y «por tanto, la medida solicitada por el Ministerio Público resulta idónea para lograr la finalidad” de las pesquisas.

En declaraciones a Sudaca, Erasmo Reyna, abogado de la familia de García, señaló que solicitarán que la Sala establezca el mecanismo de control para hacer efectivo que solo se extraiga información vinculada a la investigación.

 

 

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Alan García Pérez, Fiscalía

«Considero que existe peligro que mi persona o familia podamos sufrir alguna agresión física ante la reiterada ocurrencia de hechos similares en mi domicilio, ocasionando temor en mi familia, así como un riesgo latente de sustracción de información reservada que manejo», expresó el fiscal en el documento.

La fiscal Paulina Roque considera que, además de estos antecedentes, otra forma de amedrentamiento son las distintas denuncias que se han formulado en su contra ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, en medio del proceso contra Keiko Fujimori. En su caso, se trata de cuatro quejas, pero en el caso del fiscal Pérez, son incontables. Fuentes del Equipo Especial señalan que todas han sido archivadas. “Este es un patrón que se ha venido realizando con el transcurso del tiempo y ahora me ha tocado a mí”, dice Roque a Sudaca.

 

 

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Fiscalía, Keiko Fujimori

“Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan. Tengan la seguridad de que si alguien es culpable o inocente lo diré, pero eso será ante un juez o un fiscal. Creo que un ser humano tiene su límite y yo llegué al mío”, dijo en el video. Desde aquella vez, sin embargo, no se le ha vuelto a ver.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

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Bruno Pacheco, Pedro Castillo

Ante esta denuncia, Enel respondió a Sudaca que «cuenta con procedimientos rigurosos para el contrato y control de proveedores». «El sistema de scoring financiero, Sentinel, calificaba a Electrowerke como un proveedor de “riesgo mínimo” a la fecha de celebración del referido contrato», dijeron.

Enel sostiene que, si bien el contrato firmado con Electrowerke permitía subcontratar a terceros que apoyen la ejecución de la obra, «no establecía ninguna obligación por parte de Enel frente a estos u otros proveedores subcontratados». «Tal como se explicó, debemos aclarar que Enel no puede responsabilizarse de las deudas que mantiene Electrowerke con sus subcontratistas», precisan.

Fotoportada: Darlen Leonardo

 

 

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Denuncias, ENEL

 

Después del partido de la selección peruana contra Ecuador, el pasado 1 de febrero, el exprocurador Daniel Soria se enteró que había sido retirado del cargo. Pero esa fue apenas la última de una serie de movidas del Ejecutivo en su contra. En conversación con Sudaca Soria revela que, tras la denuncia que hizo contra Pedro Castillo por el caso Puente Tarata III, sufrió varios actos de hostilización antes de ser finalmente expectorado de su despacho. Uno fue que le mocharon el sueldo.

Soria indica que hubo modificaciones a su contrato como procurador que significaron una reducción del salario que recibía. Además, no se hizo la renovación de contrato que le correspondía. «Sí, definitivamente [son actos de hostilización], la línea de tiempo sobre el contrato, lo acredita», señala.

Entre febrero de 2020 y febrero de 2021, Soria laboró bajo un un contrato FAG (Fondo de Apoyo Gerencial) y, en marzo de 2021, firmó el contrato PAC (Personal Altamente Calificado) para el periodo marzo 2021-agosto 2021.

Uno de los criterios para contratar a personal PAC es que el puesto que vaya a ocupar sea de un nivel superior de responsabilidad. Existe, además, un procedimiento de selección de candidatos. La contraprestación va desde los S/16.000 hasta los S/25.000. Soria ganaba el tope máximo de esta escala.

«En la segunda quincena de noviembre, ya con el nuevo gobierno, se dio pase a la adenda [del contrato] respectiva, para el periodo setiembre-diciembre 2021. Si dieron la adenda es porque cumplía con los requisitos [del cargo]», argumenta Soria.

Cuando el exprocurador hizo la denuncia contra el presidente Castillo, en diciembre, se venían tramitando las renovaciones de los contratos PAC para el 2022. Estos entrarían en vigencia el 1 de enero. Sin embargo, en su caso, tal renovación nunca llegó.

Soria ingresó en enero a un régimen de contrato CAS de la propia Procuraduría General del Estado, con un sueldo de S/15.600. Esto implicaba una reducción de 36% en su salario. A fines de ese mes, le dijeron que retornaría al régimen FAG. «Preguntaba oralmente, luego envié oficios. Recién el día 26 de enero el secretario general del Ministerio de Justicia me manda un oficio diciendo que, como había una acción de control sobre el tema de que no cumplía con el requisito, no se dio pase al contrato PAC y me dijeron que me mantenga en el contrato FAG, ordinario», expresó.

El Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) está destinado a compensar el asesoramiento calificado que se brinda al Estado, y permite financiar los gastos del personal que presta servicios técnicos y profesionales de carácter temporal. No se trata de un régimen laboral. En el caso de los contratos FAG, de acuerdo a la norma, el tope de ingreso mensual no podrá ser mayor al de seis Unidades de Ingreso del Sector Público. Es decir, unos S/15,600.

Un oficio suscrito por el gerente general de la Procuraduría General del Estado, Martin Mijichich Loli, con fecha 18 de enero, da cuenta de las solicitudes de Soria para la renovación del contrato PAC. En el documento, dirigido a Carlos Cavagnaro Pizarro, secretario general del Minjus, se sostiene que “es preciso mencionar que mediante documentos g) y h) de la referencia, de fecha 10 de diciembre de 2021, se solicitaron las renovaciones de los contratos del Procurador General del Estado y del Gerente General de la Procuraduría General del Estado, los cuales fueron formalizados en el marco del Decreto Supremo N° 412-2020-EF y de la Ley N° 29806, sin embargo, hasta la fecha no se tuvo respuesta”.

Cavagnaro responde al oficio indicando que la evaluación del contrato de Soria se dará después de la revisión al cumplimiento de los requisitos del perfil, a cargo de la Contraloría.

El exprocurador fue finalmente removido del cargo el 1 de febrero. Solo un día antes de su destitución, un informe del Órgano de Control Interno del Ministerio de Justicia se refería a la designación del procurador general del Estado y advertía que «se han advertido indicios de irregularidad», por supuestamente no tener experiencia en defensa jurídica del Estado. Todo esto mientras Soria sustentaba su posición de que el jefe de Estado debía ser investigado.

Previo a este informe del Minjus, Eduardo Pachas, abogado del presidente Castillo había cuestionado el nombramiento de Soria públicamente. El letrado también tuvo una reunión con Aníbal Torres. Tras ello, empezaron las objeciones a la permanencia de Soria. Con su destitución, un ambiente de inestabilidad se instaló entre el resto de procuradores, que incluso ya habían firmado un comunicado en rechazo a la injerencia del gobierno.

En entrevista con Sudaca, Soria también dice tener información sobre una fuerte presión desde el Minjus para que se presente una denuncia en su contra por la supuesta irregularidad en su designación. “Esa presión viene de la gestión de Aníbal Torres y está continuando”, dice.

Soria ha venido defendiéndose del Ejecutivo. Esta semana el Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo que interpuso el exprocurador, con la que busca ser restituido al cargo del que fue retirado por Torres. Soria señala que “más allá de un puesto de trabajo, lo que busco es que un juez confirme a través de una sentencia que esto ha sido ilegal”.

El Segundo Juzgado Constitucional de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de la jueza Elizabeth Salas Fuentes, dispuso que la demanda sea debatida recién el jueves 5 de mayo.

Sudaca buscó al ministro Aníbal Torres, pero no contestó nuestros mensajes.

 

 

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anibal torres
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