Pandemia

Los primeros días de la tercera ola han estado marcados por la búsqueda masiva de pruebas Covid-19. A pesar de que el Ministerio de Salud implementó 222 puntos de detección gratuita en Lima y Callao, la demanda fue más alta y el resultado ha sido el caos. En las colas se juntaron personas con síntomas, los que necesitaban un resultado para justificar su inasistencia al trabajo y quienes no tenían los S/ 250 que, en promedio, están cobrando los laboratorios y las clínicas privadas.

De los dos tipos de pruebas a disposición, las moleculares son las más confiables porque detectan el material genético del virus. Sin embargo, requieren de un laboratorio para obtener el resultado, lo que hoy puede tardar varios días. Las pruebas antigénicas, en cambio, dan resultados en menos de 30 minutos. No requieren ningún laboratorio, pero su precisión es menor porque no detectan el material genético, sino las proteínas generadas en la parte externa del virus.

LA CAPACIDAD DEL SECTOR PÚBLICO

Por la alta demanda, los resultados de las pruebas moleculares que el INS procesa -que antes tomaban máximo 48 horas- empezaron a demorar más de cinco días con el arranque de la tercera ola. Según Óscar Escalante, director ejecutivo de Enfermedades Transmisibles, hasta la última semana de diciembre el instituto recibía unas 3.500 a 4.000 muestras diarias. Sin embargo, la variante ómicron superó cualquier cálculo previo. 

“La primera semana de enero hemos tenido picos de 15.000 y eso ha provocado estos retrasos en los primeros días”, indicó a Canal N, respecto a las muestras que reciben únicamente los laboratorios del INS. A nivel nacional -si se le agregan los laboratorios de regiones, de EsSalud y las FFAA- la capacidad de procesamiento total alcanza las 20.000. 

“Los laboratorios públicos, es decir, los laboratorios de las regiones más el INS, pueden llegar a procesar 20.000 pruebas moleculares; mientras que los laboratorios privados han reportado tener una capacidad para procesar hasta 50.000”, detalla el INS a Sudaca.

Precisamente, el jueves 13 de enero se inauguró en Lima Este un nuevo laboratorio del INS para procesar estas pruebas. Es el número 123 de los autorizados a la fecha. De ellos, 63 laboratorios son públicos y 60 privados.

El INS también comunicó para este informe que se está coordinando la habilitación de ambientes adicionales y el incremento de recurso humano para que la capacidad de procesamiento de muestras crezca. “Sin embargo, es importante tener en cuenta que se aplican diversas estrategias […], como principalmente pruebas antigénicas para los sintomáticos y las moleculares para asintomáticos con factor de riesgo”, indicaron.

Esto último tiene que ver con un anuncio del Minsa del 10 de enero. Para hacer más eficiente el diagnóstico, se ha dispuesto priorizar la toma de pruebas moleculares para personas con comorbilidades y adultos mayores de 60 años, mientras que las pruebas antigénicas se aplicarán al resto de personas con síntomas de Covid-19, quienes también deberán pasar por consulta médica. De esta manera se busca afrontar la alta demanda, mientras se amplía la capacidad de procesamiento.

LOS PRECIOS POR LAS NUBES DEL SECTOR PRIVADO

Según los últimos reportes de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), a diciembre más de 100 establecimientos ofrecían el servicio de toma de muestras para pruebas moleculares en Lima. Estas luego son enviadas a los laboratorios para su procesamiento. Los precios van desde S/90 hasta S/467. El promedio se sitúa en S/250, pero varía conforme se incrementa la demanda. Este sistema también ha colapsado y los resultados están demorando más de 48 horas. 

Por ejemplo, Luis Dasso, un joven abogado, estuvo recorriendo varios laboratorios de Miraflores el día lunes y muchos ya tenían las citas copadas. Pero en uno de estos, Expertta Salud, lo recibieron y le prometieron darle los resultados entre 12 y 24 horas. Pagó S/210. “Pasaron 48 horas y no me atendían el teléfono, ni el WhatsApp, ni correos. El miércoles tuve que ir hasta el mismo local, ya con algunos síntomas, para que me den mis resultados y ahí recién me los entregaron”, comentó. 

El caso de su novia, Carla Vega, fue más complicado. Desde el miércoles que se enteraron de los resultados, ella solicitó un descarte a domicilio con Rímac, un seguro privado que tiene a través de su empleador. Al día siguiente le pidieron que haga el pago por el servicio (un deducible de S/ 50) y, por más que insistió, nunca fueron a tomarle la muestra. Con la aparición de los primeros síntomas, volvió a llamar para pedir un médico a domicilio. Lo único que obtuvo es que distintas personas la llamaran para repreguntarle los síntomas una y otra vez, sin asegurarle fecha y hora para su atención.

“La última vez que el médico se comunicó conmigo quedaron en venir sábado en la mañana, pero no vino nadie. Llamé al médico, al seguro y me cortaban la llamada. Por redes también me quejé, dejé mis datos y nada”, asegura. Al cierre de esta nota, un cuarto médico le había ofrecido cumplir con la consulta a domicilio, a tres días de reportado el caso. 

Sobre los altos costos de las pruebas, Guillermo Alva, gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), dice que en los costos se incluye los insumos que se utilizan, el personal capacitado que se moviliza para realizar la toma de muestra, la implementación de laboratorios de análisis, y el soporte administrativo y logístico necesario para la compra de los insumos. 

“Se necesita contar con más proveedores [de insumos]. Esto pasa también por los permisos de importación que tienen las droguerías. Para los mismos hospitales públicos, para que puedan conseguir sus insumos, también sería importante. No es lo mismo tener una sola marca que veinte”, comenta.

Actualmente, solo las droguerías que se encuentran en el Registro Nacional de Establecimientos Farmacéuticos de Digemid tienen permiso para comercializar insumos para pruebas Covid-19, y únicamente pueden venderlos a los establecimientos y laboratorios autorizados.

Alva dice que la causa de los altos precios es la demanda global. “Los proveedores de los insumos también tienen que salir a comprar al exterior, importar y se tiene que considerar el incremento de los fletes. Son factores externos que los laboratorios no manejan”, agrega. En su último reporte de inflación de diciembre, el Banco Central de Reserva (BCR) da cuenta de un aumento persistente en el precio del transporte de productos entre países.

“El costo de transporte de productos plásticos, textiles, químicos y papeles se ha más que duplicado en el tercer trimestre frente al mismo periodo del año anterior [2020]”, anotan. En el caso de productos químicos, el incremento ha sido de 116,5% en el tercer trimestre.

Mientras, hay pacientes que han preferido buscar los autotest para hacerse ellos mismos las pruebas antigénicas, mediante el método del hisopado. El Minsa autorizó desde noviembre la importación de estas pruebas para su venta al público. Según pudimos comprobar, en los catálogos virtuales de las principales cadenas de farmacias el producto “SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal” de Roche aparece en situación de agotado hace varios días. El producto comprende un kit de cinco pruebas a un precio de S/215.

 

¿Y LOS BIÓLOGOS?

En la toma de la muestra, la cadena de custodia, el procesamiento y la interpretación de los resultados, los biólogos tienen un importante papel. Tanto en el sector público como en el privado.

Según Gardenia Jiménez, decana nacional del Colegio de Biólogos del Perú, en el sector público son más de 4.000 biólogos que están trabajando en laboratorios al diagnóstico de Covid-19. En el sector privado, se cuentan entre 2.500 y 3.000.

Si bien la contratación de estos profesionales debería ser mayor ante la tercera ola, Jiménez advierte que el año pasado, con la Ley 31125 que declaró en emergencia el sistema nacional de salud y plantea su reforma al 2024, se establecieron beneficios que no alcanzan a los biólogos.

La ley dispone que el Ejecutivo brinde un seguro de vida a los profesionales de la salud de diferentes regímenes laborales (incluyendo al régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios-CAS) y prohíbe la contratación de técnicos o auxiliares bajo locación de servicios. Sin embargo, se exceptúa a algunas especialidades que sí podrían contratarse bajo servicio de terceros, sin incluir a los biólogos.

“Esperemos que esto se supere y se trabaje desde ese enfoque si queremos lograr resultados favorables en nuestra población que es lo más importante. Ya se ha presentado el Proyecto de Ley 921-2021, en la Comisión de Salud del Congreso, para corregir este error. No solo pedimos por los biólogos, sino por los químico-farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales que han sido excluidos de esta norma”, precisa.

Para el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, el déficit de profesionales de salud es a todo nivel y por ello habían planteado que puedan trabajar en dos instituciones a la vez. “El ministro de Salud ha hablado con el Parlamento, pero solamente para Covid-19 y el problema no es solo Covid”, asegura.

A todo ello se agrega que las contrataciones CAS-Covid -que son las contrataciones temporales que se habilitaron para atender la emergencia sanitaria- se renuevan por dos o tres meses. Eso desincentiva el trabajo en el sector público, que es donde se atiende la mayoría de la población. 

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La capacidad de ahorro de los hogares peruanos incrementó durante el segundo año de la pandemia, indicó la jefe de Producto de Caja Piura, Liliana Lescano. “Con la pandemia, los peruanos aprendieron que es mejor contar con un fondo de respaldo para cualquier emergencia, y buscan soluciones rentables y seguras con tasas preferenciales como los depósitos a plazo fijo”, comentó la ejecutiva.

Si bien miles de hogares están logrando consolidar una cultura de ahorro, aún hay un largo camino por recorrer. David Laurent, economista conductual, explicó a Sudaca que a muchas personas les cuesta ahorrar porque viven en el presente. “Valoramos más el presente que el  futuro porque preferimos maximizar el placer inmediato”, indicó.

Además, se le suma el creer que ahorrar depende de la fuerza de voluntad. “La voluntad es la fuerza bruta más débil. Confiar en ella es un error, porque el día que llega el pago, se prefiere el disfrute del dinero, el disfrute del presente”, explica Laurent.

Errores comunes

El economista conductual recomienda prepararse para el ahorro y empezar a evitar todo lo que nos aleja de ello. “Un gran error es no dividir las cuentas principales. Si tienes una cuenta de haberes y crees que en ella estás ahorrando, estás equivocado. Este dinero está muy disponible. Hay que separarlo en diferentes cuentas bancarias”, recomienda.

Otro error es considerar las suscripciones como gastos fijos. “Si uno se da cuenta de la cantidad de cosas que está suscrito, puede ver la gran cantidad de dinero que se va. Pueden ser el gimnasio, Netflix, Spotify, Amazon y tantas otras suscripciones que se debitan de forma automática”, recuerda.

El hábito del ahorro

Laurent recomienda automatizar el ahorro. “Recordemos: no hay que confiar en la fuerza de voluntad. Lo mejor es crear un débito automático destinado al ahorro. Ahora casi todos los bancos tienen esta opción. De esta manera, cada día que paguen, un monto irá automáticamente a la cuenta de ahorros”, explica.

Otra opción es llevar el dinero que se desea ahorrar a un producto que no permita disponer inmediatamente de este, como por ejemplo una cuenta de plazo fijo. “Desde  la aplicación del banco se puede transferir grandes cantidades de dinero con un solo clic. En cambio, si abrimos un plazo fijo, será más complicado disponer de este ahorro porque no puede ser retirado en cualquier momento”, indica.

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En apenas cinco meses el gobierno del Presidente Pedro Castillo ha tenido que sortear varias olas. No obstante, la que se avecina, producto de la peste que se niega a dejarnos y que más bien arremete con la variante omicron, puede ser la más devastadora en términos de políticos, económicos y de salud. Más que el torpe intento de la vacancia esta será su prueba de fuego. Como ya se ha hecho costumbre el panorama se presenta sombrío. Nos vuelve a encontrar poco preparados, a pesar del gran avance en la vacunación, sin las suficientes pruebas de descarte, los hospitales abarrotados, las camas UCI insuficientes, los ciudadanos y los empresarios poco dispuestos a aceptar más restricciones y una inestabilidad política que sólo contribuye al caos.

Con un gobierno enclenque y una oposición agazapada y lista para irle a la yugular al menor desatino, el Presidente y quienes lo acompañan deberán demostrar de qué están hechos. Si todo se maneja con prudencia, buena gestión, celeridad y se toman las medidas necesarias, por impopulares que estás sean, con la finalidad de que los estragos de la tercera ola no resulten tan catastróficos como los de las dos anteriores, el gobierno encontrará una oportunidad de oro -tal vez la última- para recuperar la sintonía con el pueblo y tomar el aliento necesario para realizar las reformas prometidas.

Conjurado el intento de vacancia y sabiendo que ésta se mantiene como la espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza, el Presidente tendría que hacer un llamado a la unidad nacional para afrontar esta tercera ola. Recoger la valiosa experiencia y lo aprendido en las dos primeras para no cometer los mismos errores. Hacer un parte aguas entre los que verdaderamente se comprometen a poner todos sus esfuerzos para vencer al enemigo común que es la pandemia y aquellos que quieren aprovechar políticamente la muerte inminente de cientos de compatriotas para sus propios y mezquinos intereses políticos o de grupo.

Deponer las diferencias ideológicas es imprescindible, pues ante un enemigo común sólo Caben soluciones en común. Mezquinar los grandes y rápidos avances que este gobierno ha logrado en la vacunación sería miserable. De igual manera, se debe tomar la experiencia y permitir que sean los expertos quienes, con la orientación política brindada por el gobierno, sean quienes hagan su trabajo. Fue un acierto del gobierno, por ejemplo, no ceder a las voces que exigían la privatización de las vacunas y hoy vemos los resultados con las grandes mayorías populares vacunados con las dosis completas.

Esta tercera ola puede servir también para mostrar que, especialmente en temas de salud, educación y seguridad, no todo puede dejarse librado al mercado sin ningún tipo de regulación. Es momento que el Estado asuma su papel y tome las riendas para garantizar la atención de los más vulnerables, de aquellos que históricamente han sido olvidados por un modelo de bonanza sólo para unos pocos y que nos condenó a tener el peor sistema de salud de la región.

No es causal que la cifra de muertos en el Perú sea una de las más altas del mundo. Eso se debe al abandono histórico de la salud pública en el país. Tampoco es casual que aún no hayamos sido capaces de garantizar el retorno de nuestros niños de los colegios. Eso también se debe al abandono histórico de la educación pública. En cinco meses no se pueden resolver esos temas, pero sí se puede tener la clara decisión de hacerlo y empujar todos los esfuerzos en lograrlo. Una agenda mínima de no más de cinco puntos en los que todos nos comprometamos a trabajar en conjunto y en unidad sería un gran logro después de tanta confrontación.

La pandemia también ha dejado en el Perú una de las tasas de huérfanos más alta del planeta. Más de 93 mil niños se han quedado sin padres o cuidadores. Toda una generación marcada por la desgracia de la muerte y el abandono por parte del Estado. Por ello, desde aquí hacemos un llamado al Congreso de la República para que apruebe el proyecto de ley presentado por la Ministra de la Mujer, Anahí Durand, para que más de 80 mil nuños puedan acceder a una pensión de orfandad. Esa es la política de un gobierno que mira con atención a los más necesitados y vulnerables. Este proyecto aguada su aprobación desde hace más de un mes. Un mes en que nuestros niños habrían podido tener alguna ayuda para paliar la terrible situación en la que se encuentran. Ad portas de la tercera ola esta ayuda se hace imprescindible. Ojalá que el Congreso entienda que no hay nada más importante que los niños y permita en esta legislatura que esa pensión se haga realidad. Esa podría ser la muestra de que para todos lo primero es la defensa de la vida.

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Poco antes de iniciar lo que será el tercer año de la pandemia, el psicólogo social Jorge Yamamoto, que también es fundador de un grupo de investigación en bienestar, cultura y desarrollo en la Pontificia Universidad católica del Perú (PUCP), nos explica las lecciones que nos ha dejado el 2021.

En entrevista con Sudaca.pe, considera que, nos encontramos en una situación de emergencia cívica de salud mental y productividad, donde los que han dejado de esperar un “retorno a la normalidad” y han empezado a aprovechar lo que la pandemia trajo, son los que mejores resultados han tenido hasta el momento.

-En el 2021 tuvimos una segunda ola del virus, pero también fue el año de la vacunación, ¿hay más optimismo de entrar al tercer año de la pandemia?

El optimismo es una característica personal sumamente importante y no es vinculada a lo que uno le pasa, sino a cómo enfrenta lo que le ocurre. El optimismo no es un producto de lo que nos ocurrió, sino producto de lo que vamos sembrando en los niños, cultivando de jóvenes y lo que consolidamos de adultos. Este año que acaba de terminar ha sido un año que parecieron 200 por la enorme cantidad de cosas. (…) Vemos que el nivel de preocupación va aumentando. Ha sido una coyuntura muy negativa. Tiene que sacarnos el mejor de los optimismos, pero no ese optimismo suicida en el que decimos el COVID-19 no me va a agarrar. Es un optimismo razonable, estratégico, que analiza las consecuencias de las conductas para sacar lo mejor de cada momento.

¿Qué significa la nueva normalidad para los peruanos?

La palabra clave no es nueva normalidad, sino adaptación productiva y optimista, estar siendo flexibles sobre lo que nos ocurre que no podemos cambiar y sacar lo mejor de cada situación. La pandemia, el pandemonio político, son situaciones terribles, pero muchas personas han sacado provecho de ello. (…) Los cambios los estamos viendo en la curva de rendimiento. Normalmente, teníamos un grupo grande de personas que estaba en la media de rendimiento, un grupo pequeño con elevado rendimiento y un grupo pequeño con mal rendimiento. Tanto el rendimiento como el bienestar y la salud mental se están reduciendo en el grupo de gente muy productiva y con mucho bienestar, pero esas personas están alcanzando niveles muy altos. Son pocos, pero son. El grupo que está mal de salud mental, bienestar y rendimiento crece y la media se está aplanando.

Por el lado económico, se perdió mucho empleo y ahora -por ejemplo- hay muchas más ollas comunes, ¿la economía también afectará el estado anímico de los peruanos en el 2022?

Creo que el peruano siempre ha estado preocupado por la economía, pero con el crecimiento económico, la reducción de la clase baja y el incremento de la clase media, esa preocupación económica se trasladó a un mayor consumo material, consumo de alimentos en restaurantes antes que en la alimentación básica y lo que ahora estamos viendo es un regreso a estas necesidades de corte básico, pero no es tan fácil, porque cuando uno se baña a diario en agua fría no siente el agua fría, pero después de haberse bañado en agua caliente, el agua fría se siente helada.

Por el lado político, ¿nos hemos acostumbrado a la crisis o cambiar de ministros en cuestión de días, es un nuevo nivel de crisis para nosotros?

Acostumbrado técnicamente no, porque recién está ocurriendo. El problema es el efecto psicológico que tiene este cambio de ministros turboalimentado en los últimos meses, pero que es solo la punta del iceberg (…) ¿cuáles con estas posibles reacciones? Ir cargando más un polvorín que genere más polarización y violencia. El otro camino es desarrollar un elevado nivel de cinismo. La gente ya no cree en nadie y solo busca su pequeño beneficio, que ya existía antes de 2020, pero podía llegar a un nivel espeluznante. Todo eso genera el caldo de cultivo para dos cosas.

¿Cuáles?

La más probable es que los próximos gobernantes sean aún más alucinantes. Después de Merino decíamos que habíamos tocado fondo, pero nos equivocamos. El otro caso, poco probable, es que, la gente que puede sacar adelante este país, no el político que busca la posición por narcisismo, intereses personales o una combinación de ambos, vaya cediendo paso a un grupo de héroes que se inmolen, que armen una propuesta que sea debidamente transmitida y ejecutada. Son dos escenarios que pueden ocurrir y hay que prender 2022 velas para que ocurra lo segundo, pero si fueran apuestas, iría a lo primero.

¿Algo podemos mejorar de la experiencia del 2021?

Yo era un abanderado de que la mejor inversión para el Perú eran los valores. Impulsar por décadas tres valores fundamentales en los cuales todos los peruanos nos pongamos de acuerdo y sigo manteniendo esa idea, pero la emergencia cívica de salud mental y de productividad me lleva a un paso previo que es el de la conciencia. No puede ser una persona consciente la que está enterrando a su familiar fallecido por COVID-19 sin máscara y tomando del pico (de la botella), para circularlo con todos los familiares. No es posible que estemos frente a antivacunas con argumentos alucinados. Lo que hay que fomentar es la conciencia, la capacidad de salir de nuestras reacciones emocionales inmediatas.

¿Hay algo positivo que se pueda rescatar?

Si hay que cerrar con algo positivo, es que este año ha sacado a relucir la fortaleza, la resistencia mental que tenemos los peruanos. Muchos han caído y se han levantado, muchos se han mantenido fuertes, muchos hemos estado por momentos tratando de salir adelante y hemos podido encontrar el camino y sacar provecho de estas tremendas oportunidades. Entonces, creo que debe ser una fiesta de la resiliencia de aquellos peruanos que van marcando con sus actitudes, con su conciencia, y sus valores, el camino a seguir.

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Luego de estar cerradas por 16 meses, el 12 de julio las salas de cine volvieron a funcionar. Primero lo hicieron los Multicines Cinestar y Movietime y luego de varias negociaciones las demás cadenas como Cinemark y Cineplanet el 5 de agosto. 

Las pérdidas que el sector cinematográfico ha tenido como producto de la pandemia, superan los US $300 millones. Hoy con la reactivación económica, la producción cinematográfica también ha regresado y así como las salas de cine, esperan alimentar mejores cifras para su continuidad. 

La pandemia también afectó el estreno del film nacional Canción sin nombre. Cinta que venía cosechando múltiples premios en festivales alrededor del mundo y que no pudo llegar a las salas. Situación que la empujó a ser la primera película peruana en ser estrenada en Netflix. Su presentación el 15 de enero en la plataforma de streaming recogió aún más críticas favorables por su realización. Una historia desgarradora que en medio de una época de conflictos sociales como fueron los años 80,revela la vulnerabilidad de una mujer del campo al denunciar el robo de su hija. 

Algo similar sucedió con la película Contactado de Marité Ugaz y producida por Mariana Rondón, que decidió por una exhibición alternativa y se mostró de manera itinerante, así que tampoco llegó a las salas comerciales. Todos los estrenos previstos para el 2020, pasaron para este 2021 y otros en el camino decidieron por las plataformas de streaming. Pero aquellos que llegaron a las salas comerciales, se enfrentaron al problema de la escasa asistencia, quizás por temor al contagio. Sin embargo, los blockbuster como Eternals, permitieron que el público pierda el miedo de regresar al cine. 

Una película de Tondero fue la encargada de abrir el calendario nacional de estrenos: Raúl con Soledad. Dirigida por Bruno Ascenso y grabada con equipo mínimo dentro de la pandemia. Otra de Tondero vendría después: Doble embarazada. Apostando ambas por la comedia ligera. En octubre llegó a las salas también La Cantera del director arequipeño Miguel Barreda. Actualmente también ha sido incorporada a la plataforma de Netflix. 

El 28 de octubre se estrenó Ainbo. El proyecto de animación más grande de la historia del cine nacional. Los hermanos Zelada, a través de su empresa El Tunche, lograron importantes contratos de distribución en todo el mundo que también se vieron perjudicados por la escasa asistencia del público a las salas, debido a la pandemia. 

Las mejores familias de Javier Fuentes-León, luego de su paso por el Festival de Cine de Lima, llegó a las salas de cine comerciales el 04 de noviembre. Un retrato social de nuestra Lima clasista y prejuiciosa de impecable manufactura, pero con grandes contradicciones en su desenlace. Sobrevivió 3 semanas en cartelera. 

El 11 de noviembre se estrenó Un mundo para Julius de la directora Rossana Díaz Costa. La obra de Alfredo Brice Echenique llevada a la pantalla con total libertad en su adaptación supera ya el mes en cartelera, con más de 40,000 espectadores. Importante cifra para un film nacional, en medio de cintas americanas de gran taquilla internacional. El retrato también de desigualdad social, tiene un componente especial en esta adaptación que es importante destacar. No lo hace desde el sentido irónico sino más bien dramático. Lo que no solo es válido, sino también permite una mirada más femenina a esta historia. Un film peruano de exportación.   

Medias hermanas, comedia de Tondero otra vez, alcanzó los 19,000 espectadores en su primer fin de semana. Su apuesta por figuras conocidas como Gianella Neyra y Magdyel Ugaz le ha dado buenos resultados a la empresa de cine más importante del país. Se estrenó el 19 de noviembre. 

El camino que Palito Ortega y Oscar Catacora abrieron para el cine regional ha empezado a dar sus frutos con películas como La Cantera, pero también con El viaje macho del huancaíno Luis Basurto. Un road movie desarrollado en el ande peruano, en el llamado “tren macho” y que llegó a las salas el 25 de noviembre. 

Manco Cápac fue el último estreno nacional del año a cargo del director puneño Henry Vallejo. Cinta seleccionada para los premios Oscar, que no terminó de pasar los filtros que la llevarían a una nominación. La historia de la llegada del joven Elisban a la ciudad de Puno, enfrentando la hostilidad que la pobreza provoca en una sociedad mercantil, también ha recibido las mejores críticas nacionales e internacionales. Esta es sin duda una de las propuestas más particulares y honestas que se han presentado. Se exhibe en las salas comerciales desde el 09 de diciembre.

Mientras la taquilla mundial, le sonríe a producciones hollywoodense como Spider-Man:No way home, en el Perú por primera vez, la producción independiente ha tenido más exposición y presencia en la cartelera local. Aún tenemos que descentralizar la exhibición, para que al hablar de cine regional, no solo nos referiremos al que llega a las salas limeñas, sino al cine que se realice en cualquier lugar del país y se vea en todos los rincones. 

El 2021 que se va, fue el año en que se reabrieron las salas, a pesar de continuar en la pandemia. Con nuevas medidas sanitarias y nuevas normalidades, volvimos a hacer colas para ver una película en pantalla gigante. La apuesta por este tipo de proyección, es todavía, la elección principal del expectador. 

salas de cine 2021

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El Perú registra un Índice Global del Hambre (IGH)  de 17 puntos, lo que significa que ha regresado al estado crítico del 2014, informaron las organizaciones miembros de la red Alliance2015, en el último informe de IGH. Esta situación implica un retroceso de siete años en la lucha contra el hambre, que además puso en evidencia que los departamentos costeros son los que tuvieron un mayor impacto negativo que aquellos ubicados en la sierra y la selva.

Las restricciones de transporte, impuestas debido a la pandemia, generaron la tendencia a la baja en la costa y la sierra, ya que buena parte de la economía familiar se sustenta en la pluriactividad, que implica desplazamientos de gran magnitud. En tanto, la resiliencia de la región amazónica se debe a la continuidad de la comercialización de cultivos agroindustriales como la palma aceitera, el café, y cacao.

Los departamentos de Apurímac, Huancavelica, Ucayali, Loreto, Huánuco, Ayacucho y Cusco fueron fuertemente golpeados por la pandemia perdiendo los avances conseguidos por varios años en materia alimentaria.

“El informe resalta que los programas sociales, tanto alimentarios como no alimentarios han contribuido a mejorar las condiciones de vida de muchas poblaciones desfavorecidas.  Sin embargo, es necesario implementar medidas complementarias y sistemas de protección social con dominios más universales y que tengan un mayor alcance”, afirmó Binolia Porcel, vocera de la red Alliance2015 y representante de HELVETAS Perú.

William Campbell, Director de la Fundación Ayuda en Acción, presentó algunas propuestas y retos pendientes que ayudarían a reducir el hambre en el Perú:

Políticas públicas

La crisis sanitaria acentuó problemas que comprenden tanto a los territorios más alejados y los de mayor desarrollo. A los efectos más severos de la pandemia, se suman la crisis política nacional y el contexto internacional para remecer nuevamente la estructura económica, poniendo en riesgo la recuperación y la seguridad alimentaria de la población.

Estos problemas complejos necesitan de respuestas complejas que trascienden la esfera local. Entre éstas, el replanteamiento de los sistemas alimentarios. “Es indispensable abordar la salud, la seguridad alimentaria y nutricional considerando la salud humana, animal y ambiental, así como las relaciones comerciales equitativas con enfoque holístico”, indicó Campbell.

Programas sociales

Los programas sociales alimentarios y no alimentarios han conseguido importantes mejoras en la capacidad de agencia de muchas poblaciones desfavorecidas. No obstante, sus diseños no han logrado cubrir los múltiples problemas sociales. “La creación de sistemas de protección social con dominios más universales, con participación de gobiernos, se plantea como una medida complementaria e integradora de los esfuerzos individuales y con alcances más prolongados”, propuso.

Trabajo sinérgico multiactor

Los avances dependen de esfuerzos locales, de la participación de la sociedad civil, los gobiernos y, la participación activa de la comunidad y los pueblos originarios como los principales agentes de cambio de sus entornos territoriales y culturales que conlleven a sociedades más justas, desarrolladas y responsables del medio ambiente. “El sector privado es de vital importancia en este proceso para complementar, potenciar o mejorar la acción pública en favor del bienestar social”, añadió.

Foto: Andina.

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Hambre en el Perú, Pandemia

El año pasado, durante los momentos más críticos de la pandemia, en el Colegio Médico de Lima Metropolitana se desató una serie de irregularidades financieras y administrativas. Así lo revela una auditoría de mediados de este año a la que Sudaca accedió y que pone en la picota al exdecano de esta sede, el epidemiólogo Juan Astuvilca Cupe, y a la tesorera Julisa Caballero Amado. Y es que no todos los esfuerzos del gremio se centraron, precisamente, en combatir al coronavirus. 

El 15 de octubre del año pasado, el Colegio Médico del Perú (CMP) encargó a la empresa de auditores Jerí Ramón & Asociados una evaluación sobre el manejo administrativo del Consejo Regional III Lima, más conocido como el Colegio Médico de Lima Metropolitana. Los especialistas pusieron el foco entre enero y setiembre de aquel 2020, advertidos de presuntos malos manejos que apuntaban a la cabeza.

En noviembre de aquel año, Astuvilca y Caballero fueron separados de sus cargos hasta que concluyan las indagaciones. Luego de algunos meses de trabajo, los auditores señalaron que el decano Astuvilca y su tesorera Caballero habían autorizado bonos sin justificación e incluso se beneficiaron de préstamos sin autorización de la Junta Directiva, la máxima instancia que aprueba este tipo de desembolsos.

Uno de los hallazgos más importantes es que existieron operaciones financieras “fantasma”. En total fueron más de 125 transacciones sin respaldo documentario. “No fueron ubicados los documentos que respaldan operaciones hasta por S/315.668,58”, asegura el informe. La mayoría de estos desembolsos fueron pagos de AFP’s y servicios básicos, pero también pagos de dietas a directivos, como la propia Caballero.

A inicios de este año, además, las autoridades que reemplazaron a Astuvilca en el cargo le dijeron a los auditores que la tesorera no había entregado los documentos contables que sustentan los desembolsos. “Existe una variedad de documentos que faltan, porque lastimosamente la Dra. Julisa Caballero no ha realizado la entrega de cargo correspondiente sobre el acervo documentario administrativo y contable, a pesar de las cartas notariales que la Junta Directiva le solicitó, lo cual perjudica notablemente a la institución en su funcionamiento, incumpliendo totalmente las funciones a la que fue asignada como Tesorera”, contó en enero pasado Gerardo Campos Siccha, el tesorero que sucedió en el cargo a Caballero.

Los auditores dieron cuenta de que también faltaban 773 comprobantes de pago, entre notas de crédito, boletas de venta y facturas. Y encontraron que, entre febrero y mayo de ese año, se autorizaron préstamos a directivos por S/78.400 saltándose los procesos.

El 7 de febrero del 2020, por ejemplo, el entonces decano Astuvilca recibió S/54.000, mientras que la tesorera obtuvo S/9.400 en mayo por ese concepto, dice el informe. Estas transferencias no se dieron en “un proceso regular debido a que la Junta Directiva desconocía dicha solicitud”, dijo Campos Siccha.

Los préstamos que Astuvilca y Caballero autorizaron para ellos mismos, según el informe de auditoría.

Campos agregó que Astuvilca devolvió parte del dinero recién en junio de este año, es decir, cuando el proceso administrativo en su contra estaba en curso. También señaló que Caballero, como tesorera, aprobó su propio préstamo directamente a su cuenta bancaria “el cual no contaba con la documentación, aprobación y conocimiento de la Junta Directiva”.

Pero hay más. Tanto Astuvilca como Caballero habrían acordado realizar otros desembolsos durante el pico más alto de la pandemia. Por ejemplo, el decano recibió S/14.080 entre bonos de movilidad sin aparente justificación, según la auditoría.

Los pagos, que se dieron entre marzo y junio del 2020, se aprobaron “por un aparente acuerdo entre Caballero como jefa de tesorería y Astuvilca como decano” y sin haber hecho la solicitud correspondiente, de acuerdo a lo señalado en el informe por el ya mencionado Campos Siccha. Estos “bonos” no tendrían justificación porque “ya habían sido pagados en el mismo periodo”, se lee en el documento. Astuvilca, como con los préstamos anteriores, devolvió los importes más de 90 días después.

Otros desembolsos coordinados entre Astuvilca y Caballero fueron la entrega de “bonos extraordinarios” a ciertos trabajadores de la institución, en mayo del año pasado. La auditoría identificó que, sin ningún sustento, salieron S/31.300 de tres cuentas bancarias de la institución y fueron a parar a manos de algunos suertudos. “No se evidencia acuerdo del Consejo Regional III – Lima ni del Consejo Nacional que apruebe las Entregas a Rendir ni de Bono Extraordinario a favor de los mencionados trabajadores”, dice el informe.

Fue tal el desconcierto respecto a estos “bonos extraordinarios” que los trabajadores beneficiados devolvieron el dinero. Una de ellas, la contadora Rocío Villegas Huapaya, dirigió una carta al decano señalando que devolvía los S/2.000 que le depositaron porque “no se justifica que un grupo de trabajadores reciban un bono extraordinario y no la totalidad del personal”. Un gesto de honestidad en medio de este presunto faenón.

Un premio económico muy similar se dio bajo el concepto “pago de escolaridad”. En febrero del año pasado, solo un mes después de que la gestión Astuvilca tomara las riendas del colegiado de Lima, se repartieron S/16.138 entre 14 trabajadores por este concepto. Pero había un detalle: algunos no tenían hijos en edad escolar. “Se observó que de los trabajadores beneficiarios del pago de escolaridad están considerados algunos que no evidenciaron tener hijos en edad escolar”, dicen los auditores. Campos Siccha señaló que no tenía conocimiento de ningún acta de consejo donde se haya acordado este desembolso, señala el informe.

Debido a este festín de bonos y repartija de dinero, Astuvilca y Caballero se encuentran separados temporalmente de sus funciones desde noviembre del año pasado. Los auditores recomendaron al final de su trabajo que el decano nacional, Palacios Celi, elevara su informe al Comité Ejecutivo Nacional para determinar acciones y se establezcan sanciones en su contra.

El área de prensa del CMP le dijo a Sudaca que el proceso disciplinario es reservado y que “no pueden pronunciarse por ahora”, conforme a su reglamento interno. Todo queda en casa.

Astuvilca, con quien este medio intentó comunicarse en reiteradas oportunidades, se limitó a señalar en su Facebook que las acusaciones en su contra son “falsas especulaciones que atentan contra su reputación”. La publicación es del día en que anunciaron su separación y cuando no se conocían los detalles que consignamos en este informe. También buscamos la versión de Caballero, pero no tuvimos éxito. 

 

Objetivo decanato

Tanto Astuvilca como Caballero llegaron a sus puestos para el periodo 2020-2022 gracias a la agrupación ‘Integridad Médica’. Este movimiento tiene como coordinadores nacionales a las actuales cabezas del gremio: Miguel Palacios Celi, decano nacional, y Ciro Maguiña Vargas, vicedecano. El primero de ellos es el llamado a elevar el informe de auditoría al Comité Ejecutivo Nacional, como ya hemos mencionado.

Maguiña, por su parte, es recordado por haber formado parte del escándalo del “Vacunagate”, en el que 487 personas se vacunaron de manera irregular contra la Covid-19.

El decano y el vicedecano son cercanos a Astuvilca y Caballero, como se puede ver en publicaciones y fotos en redes sociales.

Para el periodo 2022-2024, Integridad Médica intentará mantener el timón del Colegio Médico del Perú y de la sede de Lima. Como cabeza de lista, la agrupación propone al doctor Raúl Urquizo Aréstegui para el decanato nacional. Urquizo, actual director del Servicio Médico Familiar del colegio (SEMEFA), es un viejo conocido de Astuvilca y también es mencionado en el informe de auditoría.

El candidato de Integridad Médica fue decano de Lima entre los años 2018 y 2020. En ese mismo periodo Astuvilca fue su secretario general. Como parte de su informe de gestión, Urquizo señaló que “con mucho esfuerzo” lograron concluir una obra que estaba estancada desde el 2012. Se trataba de 18 bungalows para el Club Tumi I de Chaclacayo, un centro de recreación administrado por el Colegio Médico de Lima que ofrece sus servicios a los colegiados de todo el país.

Sin embargo, el informe de auditoría señala que actualmente solo un bungalow ha sido terminado y la construcción del resto se encuentra suspendida debido a clamorosas deficiencias técnicas. “La paralización se refiere a 17 bungalows que quedaron semiconstruidos en casco, habiéndose construido un bungalow en su totalidad y un primer nivel correspondiente al estacionamiento vehicular que ha sido totalmente rehabilitado y reforzado con columnas y vigas para soportar la estructura”, dice el documento. 

Las fisuras (en blanco) que observaron los auditores en el estacionamiento del centro recreacional Tumi I.

Según verificó Jerí Ramón & Asociados al visitar el club, el estacionamiento –que soporta el peso de los 18 bungalows– tiene fisuras en su interior. La obra, que comenzó en el 2019 con Urquizo y debía concluir en la gestión de Astuvilca, ya le ha costado al Colegio Médico más de S/2 millones. 

Consultado por Sudaca respecto a estos hechos, el doctor Urquizo descartó tener responsabilidad directa. “Se está utilizando ese elemento para atacar mi candidatura. Esa obra fue entregada en noviembre del 2019. Obviamente el mantenimiento es responsabilidad de la actual gestión [Astuvilca y sus sucesores luego de ser separado], pero nosotros dejamos operativo todo”, aseguró.

En las elecciones de este domingo 28 de noviembre, donde compiten con otras tres listas, Integridad Médica buscará extender su reinado en el colegio al menos por dos años más. Están advertidos.

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Desde el 16 de marzo de 2020, las universidades públicas y privadas permanecen cerradas. La suspensión de clases presenciales fue una medida decretada por el gobierno para contrarrestar la expansión del Covid19. A punto de terminar el segundo semestre académico, en la mayoría de universidades de las 94 universidades licenciadas del país, es importante conocer el impacto de la pandemia en el quehacer universitario. Dos documentos, de publicación reciente, permiten tener una idea más o menos aproximada del nuevo escenario y de los desafíos que supone en el corto y mediano plazo para la comunidad universitaria.   

El primero, “La Educación Superior Universitaria en el Perú post-pandemia”, elaborado por Rodolfo Benítez en abril del año en curso, analiza la educación superior universitaria en el país, discute sus características principales, propone cursos de acción y recomendaciones de política pública para su desarrollo en el lustro siguiente. El autor identifica cuatro aspectos centrales de la educación universitaria: 1. Tendencia a la masificación y privatización de la educación; 2. Participación desigual a la educación universitaria; 3. Bajos niveles de empleabilidad e investigación en la educación universitaria; y 4. La reforma universitaria y sus principales apuestas: regulación y gobernanza. Asimismo, analiza el tránsito de la educación presencial a virtual;  los impactos en el financiamiento de la educación; y los impactos en la matrícula y la deserción. 

El impacto de la pandemia se registra en diferentes niveles del quehacer universitario y plantea a las universidades un desafío sin igual para enfrentarlo. Por eso, se prestará atención, siguiendo al autor, solo en dos de esos desafíos. Así, de un lado, el paso de la educación presencial a la virtual tuvo que lidiar con algunos desafíos como la pobreza digital en la que se encuentran estudiantes en situación de vulnerabilidad y muchos docentes. Es decir, la carencia de medios tecnológicos y también la ausencia de habilidades para interactuar “en un entorno virtual con fines académicos”. O el que se relaciona con “las condiciones del entorno”. Si se cuenta o no con espacios adecuados para llevar a cabo las actividades de enseñanza y aprendizaje durante largos períodos de tiempo, los distractores presentes en el hogar de los estudiantes y las responsabilidades que ellos asumen en los mismos. Finalmente, otro desafío guarda correspondencia con la casi imposibilidad de interactuar con sus pares y docentes la que fomenta “la motivación, la confianza interpersonal” o de realización de actividades que “ayudan a establecer redes académicas y profesionales que perduran en el tiempo”. 

Por otro lado, los impactos en la matrícula y en la deserción. Para aproximarse a la deserción estudiantil, el autor la comparó entre los semestres 2019-II y 2020-I y encontró una diferencia de 293 mil 769 estudiantes. Sería interesante comparar los semestres 2020-II y el 2021-I para tener una idea si se mantuvo o disminuyó. Otra cifra más, según Minedu, en el 2020 el número de estudiantes universitarios matriculados fue de 1´007,766. En comparación con el 2019 disminuyó en 310,522 estudiantes. “Esta caída representa un 24.01% con respecto al 2019 y se observan importantes diferencias entre las universidades públicas (9.96%) y privadas (26.72%)”. 

El segundo documento, “Salud mental en universitarios del consorcio de universidades durante la pandemia”, publicado en noviembre, da cuenta del impacto de la pandemia en la salud mental de los estudiantes de pregrado de la PUCP, la Universidad de Lima y la Universidad Pacífico. Mediante una encuesta anónima en línea, aplicada el año pasado, se investigó como se expresaba la crisis sanitaria “en sus hábitos de estudio y de alimentación, en su organización del tiempo para el estudio y el descanso, y en los diversos estados emocionales a los que la educación virtual [los] había empujado”. 

Los resultados permiten un acercamiento inicial a los problemas que afectaron y siguen afectando a los estudiantes universitarios en su potencial de aprendizaje y desempeño académico. Así, los niveles de motivación por el estudio son muy bajos. El 56% de los  encuestados presentó “sensación de fatiga o poca energía, dolor de espalda, dificultad para dormir y dolor de cabeza”. Asimismo, se encontró una disminución de sus hábitos de salud relacionados con la alimentación, el sueño y la actividad física. De igual modo, presentaron estrés (32%), ansiedad (39%) y depresión (39%). “Entre los participantes, el 19.1% ha pensado en el suicidio; el 6.3% ha planeado quitarse la vida”. 

Evidencias categóricas que la salud mental de los estudiantes encuestados se ha visto afectada. Con los resultados a la vista, es perentorio que cada universidad realice sus propias investigaciones para aproximarse al impacto socioemocional de la pandemia no solo en sus estudiantes sino también en los otros miembros de sus comunidades académicas como sus docentes y personal administrativo. Solo así se podrán diseñar e implementar políticas que lo mitiguen.

Ambas investigaciones bosquejan el escenario en el cual las universidades desarrollan sus actividades. Como se ha visto, los desafíos son enormes y se espera que sean vistos como oportunidades para seguir mejorando la calidad de la prestación del servicio educativo y teniendo muy presente el cuidado y bienestar de sus comunidades respectivas.  

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