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[La columna deca(n)dente] En La Ternura, la obra teatral de Alfredo Sanzol, muy bien dirigida por Alfonso Santisteban y estupendamente interpretada por Magali Bolívar, Amaranta Kun, Dánitza Montero, Renato Rueda, Roberto Ruíz y Gabriel González, una reina decide huir del imperio para salvar a sus hijas del destino impuesto por los hombres del poder. No confía en la diplomacia ni en la obediencia: confía en su propia magia, en su conocimiento secreto, en su capacidad de desobedecer. Con ese poder, hunde la Armada Invencible. Es un gesto de amor materno, pero también de rebelión.

La obra, situada en el siglo XVI, nos habla, en realidad, del presente: de mujeres que escapan del patriarcado, de ser “monedas de cambio”, de hombres que huyen del miedo al afecto, de estereotipos que nos separan y de emociones que nos pueden reunir. La ternura que da título a la obra no es pasividad ni sumisión; es una forma de inteligencia emocional que desarma y transforma. Es el lugar desde donde cada uno de los personajes comienza a ver al otro no como amenaza, sino como posibilidad.

En el Perú de hoy no necesitamos magia. Necesitamos coraje afectivo, política comunitaria, liderazgo que abrace y acompañe. Necesitamos una ternura que hable fuerte, que interpele al poder, que organice el cuidado como forma de resistencia. Porque vivimos en un país donde cuidar —la vida y los vínculos— se ha vuelto un acto extraordinario; donde las organizaciones criminales han infiltrado las instituciones; y donde los ciudadanos y ciudadanas parecen atrapados entre el hartazgo y el miedo.

Frente a ello, la ternura como política no es ingenuidad: es lucidez, como nos recuerda bell hooks (con minúsculas, como prefería escribir su nombre). Para ella, el amor —y con él, la ternura— es una fuerza ética y política capaz de desmantelar las estructuras de dominación. En un mundo que normaliza la violencia, hooks afirma que amar conscientemente es un acto subversivo. Enseñar, liderar, criar, resistir desde el afecto no es un retroceso: es una forma de lucha transformadora.

Así como la Reina Esmeralda protege a sus hijas con su hechizo, hoy debemos proteger a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras comunidades, con decisiones políticas que pongan la vida de cada uno, de cada una, en el centro. No basta con indignarse. No basta con resistir. No basta. Hay que sostener. Hay que imaginar otras formas de estar juntos, otras formas de vivir con dignidad y otras formas de hacer política.

Hoy, en tiempos de extorsión y asesinatos, de cinismo y frivolidad gubernamental, de la complicidad del Congreso con el crimen organizado, cuidar la vida es el acto político más radical que nos queda. Y la ternura —esa fuerza invisible que todo lo transforma sin hacer ruido— puede ser el primer paso hacia otra historia.

Al cierre de esta columna, me entero de la muerte del Papa Francisco. Se va un hombre bueno, uno de los imprescindibles —como diría Bertolt Brecht—, que hizo de la ternura una forma de liderazgo y del cuidado una forma de justicia.

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crimen organizado, Ejecutivo, legislativo, teatro

[La columna deca(n)dente] El Perú vive una de las crisis políticas, sociales y éticas más profundas de su historia contemporánea, marcada por una tensión constante entre la barbarie institucionalizada y los ideales de civilización democrática. En esta dicotomía, el país parece debatirse entre un Estado que, en lugar de encarnar el progreso y la justicia, se ha convertido en un espacio de corrupción sistémica, y una sociedad que, pese a sus múltiples fracturas, mantiene destellos de resistencia y esperanza.

La barbarie en el país no se manifiesta como un caos desorganizado, sino como un sistema perfectamente funcional para garantizar privilegios, perpetuar la desigualdad y anular cualquier intento de reformas institucionales. Desde el Congreso, controlado por los partidos que integran la llamada “coalición del mal”, los cuales representan intereses particulares y no el bienestar común, hasta las redes de poder económico, legales e ilegales, que cooptan instituciones, el Perú ha normalizado un estado de excepción permanente que profundiza la precariedad de la democracia.

La expresión más clara de esta barbarie es la criminalización de la protesta social, la represión indiscriminada y la indiferencia hacia las demandas de justicia y equidad. Las ejecuciones extrajudiciales de 49 conciudadanos durante las movilizaciones de fines de 2022 e inicios de 2023, así como la impunidad de los responsables, son una herida abierta que evidencia el divorcio entre el Estado y la ciudadanía. Estas ejecuciones, de entera responsabilidad del Ejecutivo, y la constante instrumentalización de la Constitución para justificar abusos y servir a intereses criminales, refuerzan esta tendencia hacia el autoritarismo.

Frente a esta realidad, la civilización en el caso peruano no debe entenderse como un ideal abstracto ni como un proyecto paternalista de modernización desde arriba. La idea de civilización debe ir más allá de la gestión tecnocrática o la acumulación de indicadores macroeconómicos positivos. Implica una apuesta por un Estado al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, que respete la diversidad cultural, garantice derechos fundamentales y promueva la participación activa de la ciudadanía en las decisiones públicas.

El dilema entre barbarie y civilización no es nuevo en la historia peruana. Desde el conflicto entre gamonales y campesinos en los Andes, pasando por la lucha contra el terrorismo y los proyectos extractivistas en la Amazonía, el país ha vivido múltiples momentos en los que esta dicotomía ha sido utilizada como marco interpretativo. Sin embargo, el reto actual es mayor, ya que el modelo económico neoliberal y la fragmentación política han reducido los espacios de articulación social y política, profundizando la desconfianza ciudadana en las instituciones.

El riesgo, como advierten algunos analistas, es que esta crisis no solo perpetúe la barbarie, sino que conduzca a su institucionalización definitiva. La consolidación de un «Estado fallido funcional», que sirve para la reproducción de intereses privados, incluso criminales, y no para el bienestar colectivo, amenaza con sumir al país en un círculo vicioso de autoritarismo, descomposición social y desinstitucionalización.

Para evitar la perpetuación de la barbarie, es necesario construir un nuevo consenso social que trascienda los intereses partidarios. Este consenso debe partir del reconocimiento de las deudas históricas con las regiones excluidas, la apuesta por un sistema educativo y de salud de calidad, y el fortalecimiento de instituciones transparentes y eficaces. La civilización, entendida como proyecto colectivo, es posible solo si se priorizan los derechos humanos, la justicia, la equidad y la participación ciudadana como ejes fundamentales del desarrollo.

El Perú enfrenta una encrucijada. La barbarie, en su versión institucional y cotidiana, amenaza con anular cualquier posibilidad de transformación. La civilización, en cambio, exige un esfuerzo colectivo y sostenido para superar los ciclos de violencia y exclusión que han marcado la historia del país. ¿Qué camino tomaremos? Esa es la pregunta que definirá el destino de nuestro país.

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barbarie, Democracia, Ejecutivo, legislativo, organizaciones criminales

[La columna deca(n)dente] En un Estado democrático, el Ejecutivo y el Legislativo tienen la misión de representar a la ciudadanía y trabajar por el bienestar común. Sin embargo, en ciertos contextos, estas instituciones pueden ser capturadas por organizaciones criminales que operan en su interior, transformándolas en herramientas de saqueo, corrupción y protección de intereses particulares. Esta dinámica, conocida como captura del Estado, constituye una de las amenazas más graves para la democracia y el Estado de derecho.

Un Ejecutivo y un Legislativo infiltrados por redes criminales no solo distorsionan la función pública, sino que la pervierten por completo. Estas estructuras capturadas gobiernan para las “élites” que las controlan, adoptando decisiones que aseguran beneficios privados mientras despojan a las instituciones de su legitimidad. En este escenario, el interés público queda subordinado a una agenda oculta dominada por la corrupción, la impunidad y la acumulación ilícita de poder.

Las decisiones y leyes emanadas de estas instituciones, aunque presentadas como legales, son en realidad herramientas diseñadas para proteger intereses criminales. Ejemplo de ello son normativas que reducen sanciones por corrupción o leyes que bloquean investigaciones contra funcionarios. La corrupción deja de ser un fenómeno aislado para convertirse en el eje del funcionamiento del Estado, donde los recursos públicos son desviados hacia redes clientelistas o utilizados para el enriquecimiento ilícito de operadores del sistema.

Además, los sistemas judiciales y de control son cooptados para garantizar la impunidad, generando un círculo de protección que perpetúa el poder de estas redes. Las decisiones gubernamentales se alinean con los intereses de estas estructuras, priorizando normativas y programas que favorecen sus actividades ilícitas, como la flexibilización de regulaciones clave.

Cuando el crimen organizado se instala en las instituciones públicas, las bases de la democracia se erosionan rápidamente. La ciudadanía pierde confianza en sus representantes, alimentando discursos populistas y autoritarios que prometen un «borrón y cuenta nueva». Al mismo tiempo, la manipulación de las leyes restringe derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la igualdad ante la ley, consolidando un abuso sistemático del poder.

En este contexto, los partidos políticos emergentes tienen una oportunidad histórica de marcar la diferencia. Para ello, deben cimentarse sobre principios éticos sólidos, mostrando un compromiso inquebrantable con la transparencia y la rendición de cuentas. Es fundamental evitar replicar prácticas corruptas y priorizar la construcción de estructuras internas democráticas y participativas que inspiren confianza en los ciudadanos y ciudadanas. 

Estos nuevos partidos deben forjar alianzas amplias con actores democráticos y organizaciones de la sociedad civil para impulsar reformas que fortalezcan las instituciones y prevengan la infiltración de redes ilícitas. Asimismo, deben promover una narrativa política centrada en propuestas claras y viables que respondan a las demandas sociales. Prepararse con propuestas creíbles y éticas será clave para recuperar el poder político y revertir el daño institucional causado por las mafias en el poder.

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Ejecutivo, Estado capturado, legislativo, organizaciones criminales

Tampoco levantó sospechas durante su vida pasada, por lo menos hasta el año 2016. De 1976 a 2004 fue profesora de religión en una escuela secundaria de Maguncia (Renania-Palatinado), por encargo de la Iglesia Evangélica de Hessen-Nassau hasta 1992, y de ahí en adelante como funcionaria del estado federado de Renania-Palatinado. Su doctorado lo obtuvo en 1997 en la Universidad de Heidelberg y su habilitación como docente universitaria de Teología Práctica en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, donde dictó dos cursos entre los años 2002 y 2003 pero nunca estuvo de manera oficial en la plana docente de este centro universitario. Durante todo ese tiempo no hubo nada que llamara la atención o que justificara la intervención de las autoridades. Absolutamente nada. Ninguna queja, ningún problema, ninguna conducta llamativa.

Sin embargo, algo debe haber sucedido en su vida ya iniciado el siglo XXI, algo que incubaría la radicalización de esta mujer que se presentaba a sí misma como “párroca, teóloga evangélica, autora, mediadora, directora de estudios” en los libros sobre temas pedagógicos que publicaba. Se sabe que la antigua casa donde vivía en Wiesbaden, de propiedad de la familia, tuvo que ser vendida coactivamente en el año 2005. Al año siguiente, 2006, se jubilaría de manera anticipada. Por esta época debe haberse mudado a Sajonia, y en algún momento pone punto final a su antigua vida y comienza a figurar en el ambiente de los “Ciudadanos del Reich”.

El posterior actuar de Elisabeth Roth no pasa inadvertido para las autoridades, quienes a partir de 2016 comienzan a formarse una imagen negativa de la maestra evangélica. Pues los libros, escritos y “cartas abiertas” que escribe y publica —parte de manera impresa, parte en Internet— presentan contenidos claramente contrarios a la constitución. No se trata de ideas originales, sino de la retórica habitual de los “Ciudadanos del Reich”: defensa agresiva de la subsistencia del Imperio alemán; el término “República Federal de Alemana” designa sólo a una empresa sin legitimidad estatal en un territorio ocupado militarmente; las Naciones Unidas serían una incubadora de saqueos; y junto a todo esto antisemitismo, teorías de la conspiración, insultos y amenazas. A esto se añadiría la pandemia de coronavirus, durante la cual los textos de Elisabeth Roth se vuelven cada vez más extremos, apoyando el activismo antimascarillas y antivacunas.

En octubre de 2018 el estado de Renania-Palatinado abre un proceso administrativo para privar a Elisabeth Roth de su pensión como funcionaria estatal, debido a que la lealtad al Estado de derecho también se mantiene para los jubilados, y en sus libros —donde decía que la República Federal de Alemania simulaba fraudulentamente la legitimidad de leyes y un gobierno a través de elecciones inválidas— se atentaba contra esa lealtad. La anciana teóloga apeló, pero en marzo de 2020 el Tribunal Administrativo de Trieste confirmó la decisión. Había violado su deber de lealtad “bajo la forma de descrédito y difamación del Estado y sus instituciones” y, por lo tanto, debía contentarse con una pensión normal y mucho más modesta.

Si bien Elisabeth Roth no ha participado en acciones violentas —como atentados, por ejemplo—, sus actividades clandestinas podrían ser designadas como terroristas. Pues en Alemania todaactividad política tiene límites, y éstos se hallan en los valores democráticos que defiende su texto constitucional.

A fin de garantizar esto, existe la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (Bundesamt für Verfassungsschutz), un servicio de inteligencia que reúne informaciones sobre actividades de grupos y personas sospechosas de infringir la constitución y atentar contra el orden democrático libre, es decir, contra los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Esa información es suministrada, de ser necesario, a las fuerzas policiales y a las autoridades políticas para que tomen las medidas necesarias, entre ellas, por ejemplo, la detención de sospechosos o la prohibición de una organización o partido. Los “Ciudadanos del Reich” se hallan bajo observación de esta oficina desde el año 2016.

El caso de Elisabeth Roth muestra que ser una persona con formación académica, un currículo inobjetable, una trayectoria profesional impecable, una fe religiosa de orientación cristiana, una ideología derechista, no son obstáculo para terminar comprometiéndose con actividades calificadas de terroristas por atentar contra derechos fundamentales de las personas y contra el orden democrático que garantiza esos derechos.

Hay opciones y decisiones en el campo de la política que una democracia no debe tolerar, pues atentan contra su misma esencia y, a la larga, terminan destruyéndola. Y en el Perú eso no parecen haberlo aprendido aún quienes lideran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, amenazando con llevar de esta manera al país hacia una debacle de la democracia y hacia el caos.

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Alemania, legislativo

Pocas veces en nuestra historia republicana hemos estado en esta tesitura tan devastadora de tener a los dos principales poderes del Estado en plan de autodestrucción y de nimiedad corrosiva. Felizmente, el Ministerio Público y el Poder Judicial parecen estar en buenas manos y permiten cierto aliento respecto del porvenir institucional del país. Pero respecto de la dupla Ejecutivo-Legislativo no parece ya haber esperanza alguna.

Solo nos queda el páramo político y guardar la esperanza -por lo menos desde el centro y la derecha- que surja un candidato capaz de resolver, primero, la fragmentación existente en el sector, y, segundo, que sea capaz de armar una plataforma ideológica y programática lo suficientemente poderosa y disruptiva para hacerle frente a los ánimos antiestablishment y el predominio del rencor que después de cuatro años más de desgobierno absoluto que vamos a tener, van a crecer indudablemente.

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destruccion, Ejecutivo, Estado, legislativo

Ayer se pintó de cuerpo entero el ministro de Educación, Carlos Gallardo. En medio de la controversia surgida por la denuncia propalada en el programa de Milagros Leiva, respecto de la participación de una colaboradora eficaz que denunció que una congresista oficialista, de la mano de la hija del ministro, habían sido los autores del filtrado de la prueba docente, en lugar de aclarar las dudas sobre el tema, se dedicó a zaherir gratuitamente al gremio mayoritario del magisterio, el Sutep, en claro afán distractor.

Totalmente descaminado, sin perspectiva de gestion, guiado por sus odios personales o respondiendo a encargaturas presidenciales, sin ningún desvelo por los problemas principales del sector, así es el titular de Educación que nos ha tocado en suerte.

La moción de censura, presentada el 17 de diciembre, cuestiona precisamente la idoneidad de Gallardo para el cargo; su evidente vinculación con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), gremio promovido por el presidente Pedro Castillo y vinculado al Movadef; su presunta participación en eventos con miembros del citado movimiento filosenderista; su rol en la contrarreforma magisterial; su falta de compromiso con el reinicio de las clases escolares presenciales; las cuestionables designaciones en su sector; y las mencionadas irregularidades en el desarrollo de la prueba única nacional del concurso de nombramiento docente del 2021, respecto de la difusión o filtración de preguntas y el cuestionario.

Un rosario de dislates y barbaridades cometidas en el portafolio de Educación que, al parecer, el presidente Castillo está dispuesto a tolerar, sin ningún empacho por la falta de probidad intelectual, ideológica o moral del citado ministro. Dado ese escenario, le corresponde al Congreso, en ejercicio de sus facultades, proceder a su fiscalización y, en caso extremo, como aparenta serlo el de Carlos Gallardo, censurarlo y sacarlo del gabinete ministerial.

Es un tema de dignidad institucional el que le corresponde zanjar al Legislativo. Si no es capaz de censurar a un ministro absolutamente incompetente, que está destruyendo el sector Educación -uno de los sectores esenciales en la marcha del Estado peruano-, sería un baldón que desprestigiaría aún más al Parlamento. Si consigue los votos y lo saca del poder, en cambio, dignificaría su propia institucionalidad.

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