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Pocas veces en nuestra historia republicana hemos estado en esta tesitura tan devastadora de tener a los dos principales poderes del Estado en plan de autodestrucción y de nimiedad corrosiva. Felizmente, el Ministerio Público y el Poder Judicial parecen estar en buenas manos y permiten cierto aliento respecto del porvenir institucional del país. Pero respecto de la dupla Ejecutivo-Legislativo no parece ya haber esperanza alguna.

Solo nos queda el páramo político y guardar la esperanza -por lo menos desde el centro y la derecha- que surja un candidato capaz de resolver, primero, la fragmentación existente en el sector, y, segundo, que sea capaz de armar una plataforma ideológica y programática lo suficientemente poderosa y disruptiva para hacerle frente a los ánimos antiestablishment y el predominio del rencor que después de cuatro años más de desgobierno absoluto que vamos a tener, van a crecer indudablemente.

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Ayer se pintó de cuerpo entero el ministro de Educación, Carlos Gallardo. En medio de la controversia surgida por la denuncia propalada en el programa de Milagros Leiva, respecto de la participación de una colaboradora eficaz que denunció que una congresista oficialista, de la mano de la hija del ministro, habían sido los autores del filtrado de la prueba docente, en lugar de aclarar las dudas sobre el tema, se dedicó a zaherir gratuitamente al gremio mayoritario del magisterio, el Sutep, en claro afán distractor.

Totalmente descaminado, sin perspectiva de gestion, guiado por sus odios personales o respondiendo a encargaturas presidenciales, sin ningún desvelo por los problemas principales del sector, así es el titular de Educación que nos ha tocado en suerte.

La moción de censura, presentada el 17 de diciembre, cuestiona precisamente la idoneidad de Gallardo para el cargo; su evidente vinculación con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), gremio promovido por el presidente Pedro Castillo y vinculado al Movadef; su presunta participación en eventos con miembros del citado movimiento filosenderista; su rol en la contrarreforma magisterial; su falta de compromiso con el reinicio de las clases escolares presenciales; las cuestionables designaciones en su sector; y las mencionadas irregularidades en el desarrollo de la prueba única nacional del concurso de nombramiento docente del 2021, respecto de la difusión o filtración de preguntas y el cuestionario.

Un rosario de dislates y barbaridades cometidas en el portafolio de Educación que, al parecer, el presidente Castillo está dispuesto a tolerar, sin ningún empacho por la falta de probidad intelectual, ideológica o moral del citado ministro. Dado ese escenario, le corresponde al Congreso, en ejercicio de sus facultades, proceder a su fiscalización y, en caso extremo, como aparenta serlo el de Carlos Gallardo, censurarlo y sacarlo del gabinete ministerial.

Es un tema de dignidad institucional el que le corresponde zanjar al Legislativo. Si no es capaz de censurar a un ministro absolutamente incompetente, que está destruyendo el sector Educación -uno de los sectores esenciales en la marcha del Estado peruano-, sería un baldón que desprestigiaría aún más al Parlamento. Si consigue los votos y lo saca del poder, en cambio, dignificaría su propia institucionalidad.

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