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[Agenda País] Las elecciones presidenciales y parlamentarias del Ecuador que se realizaron el pasado 9 de febrero en su primera vuelta, arrojaron resultados sorpresivos que muy bien podrían aplicarse a las futuras elecciones en el Perú del 2026.

Con una diáspora de 16 candidatos, se esperaba que, en primera vuelta, el elector ecuatoriano dirigiera su voto por aquel candidato con el cual sentía una mayor identificación. Normalmente, el voto en la primera vuelta se caracteriza por su dispersión justamente porque se vota por la auténtica preferencia política y ya en segunda vuelta, la mayoría vota por el mal menor.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales del Perú en el 2021, Pedro Castillo salió victorioso con apenas 15.38% de los votos emitidos, seguido por Keiko Fujimori con 10.9%, Rafael Lopez-Aliaga con 9.55%, Hernando de Soto con 9.45%, Johnny Lescano con 7.37% y varios como Verónica Mendoza, Forsyth, Acuña y Urresti entre 4.6% y 6.4%. Es decir, un voto muy dividido.

En el Ecuador, los ciudadanos cambiaron su forma de votar. En vez de dirigir su voto a aquel candidato de su verdadera preferencia, optó por el voto estratégico dirigiéndose principalmente a dos candidatos : el actual presidente Daniel Noboa ( 44.16%) y la candidata del correísmo, Luisa Gonzales ( 43.99% ) configurando un empate técnico donde ambos candidatos agruparon más del 88% de los votos. Muy lejos quedó Leonidas Iza con poco más de 5% y luego Andrea Gonzales con un escaso 2.69%. 

¿Para qué votar por mi candidato en primera vuelta si no va a salir?, habrá reflexionado el elector ecuatoriano.

Esta característica también se reflejó en el voto parlamentario donde la asamblea está compuesta por 151 asambleístas, dejando al partido de gobierno con 66 escaños y a la oposición correísta con 67. Aunque ninguno obtuvo la mayoría absoluta de 76, ambos tendrán que coquetear con Leandro Iza que obtuvo 9 y/o el Partido Social Cristiano con 5 para obtener una mayoría para gobernar, y hasta probablemente aglutinar también, a las otras 3 agrupaciones que poseen 4 escaños.

El Perú se enfrenta en el 2026 a una elección presidencial con un potencial de 50 candidatos, 3 veces más de los que compitieron en las recientes elecciones ecuatorianas. ¿Se podría dar el mismo efecto del voto útil o voto estratégico?

Recordemos que en el Perú se pueden publicar encuestas hasta una semana antes de las elecciones y es muy posible, que, en el desarrollo de las mismas, veamos una dispersión del voto 3 o 4 meses antes de las elecciones y a medida que nos acerquemos al 12 de abril de 2026, ese mismo voto vaya dirigiéndose al candidato útil. Sí, aquel que puede representar mejor a la derecha conservadora, aquella que se erige como la líder de la izquierda y/o aquel que pueda encarnar el amplio espectro de la derecha liberal.

Aunque no vislumbro un escenario bipartidista como el ecuatoriano, es altamente posible que más del 80% de los votos se concentre en 3 o 4 candidatos y que de esta manera tengamos un parlamento con no más de 6 bancadas. Así, de 50 partidos políticos solo quedarían 6, salvo que hayan tenido la inteligencia y el desprendimiento de ir en alianzas electorales para evitar la defenestración de sus inscripciones como organizaciones políticas.

Esperemos que esta experiencia ecuatoriana haga reflexionar a nuestros dirigentes políticos y precandidatos presidenciales en la necesidad de formar consensos que lleven a alianzas electorales, no solamente para la elección presidencial sino también para la parlamentaria. 

Un escenario sin alianzas o lo que puede ser peor, alianzas para el voto presidencial y cada partido independiente para el voto parlamentario, sería un desastre para el futuro de nuestro país.

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[La columna deca(n)dente] A más corrupción, más oración

«Y yo les pido con profunda humildad que oren, que recen por todas las autoridades para que no flaqueemos, para que no seamos tentados a robar», fueron las palabras de Hania Pérez de Cuéllar, hasta ayer ministra de Vivienda, quien, en un arranque de sinceridad, ha revelado la estrategia para erradicar la corrupción en el gobierno y en el parlamento: la oración. Rezar por las autoridades para que no sucumban a la tentación de robar.

Por fin, después de años de lucha contra la corrupción, de leyes y regulaciones, de comités y comisiones, se ha encontrado la solución definitiva. Ya no se necesita más transparencia, ni rendición de cuentas, ni control ciudadano. Solo es necesario cerrar los ojos, unir las manos y pedir a Dios que guíe a las autoridades electas y a los congresistas por el sendero de la honestidad.

Pérez de Cuéllar ha descubierto que la corrupción no es un problema de estructuras, incentivos, poder o dinero. No, es simplemente un problema de falta de fe. Y la fe, como todos sabemos, mueve montañas… y también fondos públicos.

Con esta innovadora estrategia gubernamental, podemos olvidarnos de la necesidad de reformas políticas y económicas. No necesitamos más educación cívica ni participación ciudadana. Solo más iglesias y templos, y más ciudadanos que recen con devoción para proteger las conciencias de nuestras autoridades y parlamentarios.

La implementación de este plan espiritual seguramente transformará la manera en que entendemos la gestión pública. Los auditores serán reemplazados por sacerdotes y las investigaciones, por plegarias. Olvidemos las tediosas denuncias judiciales y los informes de transparencia: basta con multiplicar las misas para mantener a raya la corrupción. ¡Vade retro, corrupción!

Así, las comisiones de ética podrían ser reconfiguradas como grupos de oración parlamentaria. Los debates en el Congreso ya no serán sobre leyes complicadas o reformas técnicas, sino sobre la mejor manera de orar colectivamente para expiar los pecados de nuestros congresistas.

En este nuevo y espiritual escenario, la verdadera responsabilidad recae sobre todos nosotros. Si en algún momento un funcionario público cayera en la tentación, no sería su culpa, sino nuestra. Quizás no oramos lo suficiente o no lo hicimos con la convicción necesaria. Al final, la corrupción ya no será vista como un fracaso del sistema, sino como una prueba de fe que todos debemos enfrentar juntos. Amén.

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Ni siquiera el Parlamento claramente obstruccionista y saboteador, de la mayoría aprofujimorista, en contra de Kuczynski, primero, y Vizcarra, después, llegó a los niveles de descrédito del Parlamento actual. Si sus actuales integrantes no son capaces de leer la realidad ciudadana detrás de esas cifras, el porvenir político del país se mostrará aún más sombrío de lo que ya lo es.

El Congreso tiene que encaramarse sobre su propia medianía, hacer un upgrade político radical, una reconversión casi psicoanalítica, para poderse mirar desde arriba y percatarse de lo diminuto de su proceder y lo extraordinario de lo que le corresponde hacer para superar el escollo profundo en el que se halla.

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Ayer se pintó de cuerpo entero el ministro de Educación, Carlos Gallardo. En medio de la controversia surgida por la denuncia propalada en el programa de Milagros Leiva, respecto de la participación de una colaboradora eficaz que denunció que una congresista oficialista, de la mano de la hija del ministro, habían sido los autores del filtrado de la prueba docente, en lugar de aclarar las dudas sobre el tema, se dedicó a zaherir gratuitamente al gremio mayoritario del magisterio, el Sutep, en claro afán distractor.

Totalmente descaminado, sin perspectiva de gestion, guiado por sus odios personales o respondiendo a encargaturas presidenciales, sin ningún desvelo por los problemas principales del sector, así es el titular de Educación que nos ha tocado en suerte.

La moción de censura, presentada el 17 de diciembre, cuestiona precisamente la idoneidad de Gallardo para el cargo; su evidente vinculación con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), gremio promovido por el presidente Pedro Castillo y vinculado al Movadef; su presunta participación en eventos con miembros del citado movimiento filosenderista; su rol en la contrarreforma magisterial; su falta de compromiso con el reinicio de las clases escolares presenciales; las cuestionables designaciones en su sector; y las mencionadas irregularidades en el desarrollo de la prueba única nacional del concurso de nombramiento docente del 2021, respecto de la difusión o filtración de preguntas y el cuestionario.

Un rosario de dislates y barbaridades cometidas en el portafolio de Educación que, al parecer, el presidente Castillo está dispuesto a tolerar, sin ningún empacho por la falta de probidad intelectual, ideológica o moral del citado ministro. Dado ese escenario, le corresponde al Congreso, en ejercicio de sus facultades, proceder a su fiscalización y, en caso extremo, como aparenta serlo el de Carlos Gallardo, censurarlo y sacarlo del gabinete ministerial.

Es un tema de dignidad institucional el que le corresponde zanjar al Legislativo. Si no es capaz de censurar a un ministro absolutamente incompetente, que está destruyendo el sector Educación -uno de los sectores esenciales en la marcha del Estado peruano-, sería un baldón que desprestigiaría aún más al Parlamento. Si consigue los votos y lo saca del poder, en cambio, dignificaría su propia institucionalidad.

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