Ejecutivo

La jerarquía católica suele andar muy descaminada cuando se mete en asuntos terrenales o cuando se abstiene de hacerlo (véase nomás el vergonzoso silencio del papa Francisco respecto de lo que sucede en Nicaragua). El comunicado reciente de los obispos peruanos no hace sino corroborarlo.

La del estribo: imperdible la exposición Memoria [en] femenino Antológica, de Ana de Orbegoso, que se presenta en el ICPNA de Miraflores. Va hasta el 18 de setiembre. Igual, hay que acudir al MAC y ver con especial atención la exposición de Elena Damiani, Ensayos de lo sólido. Va hasta el 2 de octubre.

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El tener entonces un congresista con un alterno y electos por distrito electoral unipersonal, permitirá que el trabajo parlamentario no se interrumpa cuando el congresista asuma una función ministerial o embajada, a la cual podrá dedicarle tiempo completo sin incurrir en posible conflicto de interés. El alterno entonces, asume plenamente las funciones parlamentarias de esa circunscripción hasta que el congresista termine la función de confianza encomendada y retome su curul.

Finalmente, la elección por distritos electorales uninominales de 150 mil electores cada uno facilitará no solamente la implementación de la figura de un congresista con un alterno y la actualización del número de congresistas por crecimiento poblacional, sino que también, permitirá que los electores de esa circunscripción específica sepan a quien pedirle cuentas y evaluar una reelección congresal, que esperamos también, sea pronto reestablecida.

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Bicameralidad, Congreso de la República, Ejecutivo

Si el Congreso actual hiciese estas cuatro tareas pasaría a la historia como uno de los mejores Parlamentos de nuestra vida republicana. Supondría hacer cambios estructurales relevantes y salir de la minucia en la que se regodea, en espejo de la mediocridad del Ejecutivo.

 

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Congreso, Ejecutivo, Gobierno

 

Al cabo del tiempo, este lustro va a ser recordado como el periodo del retroceso, aquel en que el Estado peruano involucionó, se paralizaron reformas importantes y se desperdició la oportunidad de crecimiento económico.

Y en ese empeño, son cómplices el Ejecutivo y el Congreso. Desde el gobierno central se está perpetrando el mayor latrocinio burocrático de los últimos tiempos, al desmantelar los núcleos de excelencia que funcionaban relativamente bien en algunos sectores del Estado. El copamiento partidario de cuanta entidad sea factible de infiltrar ya está produciendo el colapso de la gestión pública.

 

 

Y desde el Congreso, el fujicerronismo se ha empeñado en tirarse abajo no solo reformas importantes, como las de educación y transporte, sino que ahora enfilan baterías contra uno de los pocos baluartes institucionales que nos ha permitido sobrellevar la crisis producida por el develamiento del escandaloso grado de inmoralidad vigente durante la transición post Fujimori: la lucha anticorrupción y el equipo de fiscales y jueces que lo ha permitido.

Tumbarse la legislación vinculada a la colaboración eficaz, no obedece a un intento de fortalecer el sistema anticorrupción, sino al propósito no santo de debilitarlo y favorecer tanto a los corruptos del pasado como, sobre todo, a los venideros. A los fujimoristas o seguidores de Luna se les ve con claridad el fustán de sus torvos afanes y a ellos se suman los congresistas oficialistas que se están curando en salud o queriendo proteger aliados circunstanciales: Dinámicos del centro, lobistas de Sarratea, etc.

Son tal para cual este Ejecutivo y el Congreso. Ninguno de los dos poderes del Estado actúa a la altura de sus responsabilidades históricas, que van más allá de la infeliz coincidencia de este desastre con el Bicentenario, sino con la encrucijada histórica en la que nos hallábamos, con una transición democrática agotada y devaluada, que merecía una superación cualitativa, política, económica y social.

 

 

No se avizoraba un buen destino, al cabo de tener que elegir en la segunda vuelta, entre los dos peores candidatos tanto de la izquierda como de la derecha. La conformación consecuente del Congreso no podía ser indemne al descalabro que ello auguraba, pero abrigábamos la leve esperanza de que los tiempos forjasen el carácter de sus protagonistas y los hiciera elevarse sobre su estatura mínima de arranque. No ha sucedido, lamentablemente, y salvo un milagro político, tendremos que resignarnos a soportar a Castillo y al Congreso actual, por cinco años completos.

 

 

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Congreso, Ejecutivo, Gobierno

Con bombos y platillos, el presidente Pedro Castillo encabezó la ceremonia de creación de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales el pasado 20 de diciembre. La institución, que pretende capacitar a los trabajadores en temas relacionados a derechos laborales, es un calco de la experiencia boliviana bajo los gobiernos del MAS, el partido de Evo Morales. A la cita asistieron la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, y congresistas de izquierda como Isabel Cortez y Guillermo Bermejo. El problema es que las ausencias fueron más relevantes.

Los secretarios generales de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), que representan ante el Ejecutivo a los principales sindicatos del país, también habían sido invitados. Pero decidieron no asistir.

Las cuatro centrales consideran que la medida es una intromisión del gobierno a la autonomía sindical. El mismo día de la ceremonia, publicaron un comunicado conjunto dirigido a la ministra Chávez donde manifestaban su disconformidad. “Consideramos que no corresponde al gobierno unilateralmente realizar este tipo de iniciativas, ya que la formación sindical corresponde exclusivamente a la autonomía de las organizaciones sindicales”, dice el documento.

Para las centrales, a través de esta escuela se abre la posibilidad de que el gobierno se entrometa en su organización interna y oriente la lucha sindical a intereses políticos particulares. Todo bajo la excusa de la formación en derechos laborales. “Puede servir para someter a los movimientos sindicales a los caprichos del gobierno de turno”, considera Rolando Torres, secretario general de la CATP. 

Y este no es –vale agregar– el primer desencuentro entre el Ejecutivo y los gremios proletarios. En agosto, Sudaca ya había advertido que el presidente sindicalista estaba teniendo problemas para conectar políticamente con distintos sindicatos. Con la nueva ministra de Trabajo, sin embargo, la relación parece haberse roto definitivamente. 

 

Ministra con anticuerpos

“Pareciera que para la ministra no hay formación de dirigentes a través de las mismas organizaciones sindicales […] ¿O prefieren llamar a los empresarios para que den charlas de cómo hacer sindicalismo?”, pregunta con ironía Gerónimo López, secretario general de la CGTP.

La relación de las centrales con Betssy Chávez se ha resquebrajado en el último mes. La titular de Trabajo dio positivo a Covid-19 el 9 de diciembre y se reincorporó a sus funciones presencialmente pocos días antes del lanzamiento de la escuela sindical. Su retorno y la fecha de la ceremonia hacen dudar a los dirigentes sobre si la decisión ya estaba tomada antes de que enfermara, sin que ellos tuvieran idea.

“Perdimos contacto con ella durante 15 días. Cuando se reincorpora, sale la escuela sindical. A todos nos sorprendió [el lanzamiento]. Veíamos que era una mujer muy proactiva, tuvimos una reunión cordial antes. Hasta ahí estábamos bien, pero su enfermedad, más las fiestas, causaron un vacío”, reconoce Rolando Torres, de la CATP. 

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, durante la ceremonia de lanzamiento de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales. Foto: Ministerio de Trabajo.

Chávez ya no es vista con buenos ojos por los dirigentes de las centrales. Sus invitaciones a eventos son consideradas tribunas para mejorar su imagen. “A nosotros como CUT no nos parece cómo se han venido haciendo las cosas. Estamos siendo convocados a actividades que sirven para la publicidad, pero sin un verdadero compromiso al respeto de la libertad sindical. Son meros actos de manipulación y demagogia”, denuncia Julio César Bazán, secretario general de la CUT.

Cansados de la ministra, las cuatro centrales enviaron una carta al presidente Pedro Castillo solicitando una reunión urgente el pasado miércoles 22. Buscan pedirle que posponga el inicio de las clases en la escuela de formación sindical hasta tener claridad de su implementación. A la fecha, siguen sin una respuesta.

 

SIN PREVIO AVISO

Pero el problema no solo es que la escuela sindical es de total desagrado de las centrales. De acuerdo a los dirigentes de dichos gremios consultados por Sudaca, ellos no tenían la más remota idea de que la iniciativa estaba en los planes del gobierno.

El llamado del Ministerio de Trabajo (MTPE) los tomó por sorpresa. El aviso no fue para pedirles su opinión, sino para informarles que la decisión ya estaba tomada. Uno por uno empezaron a ser convocados el fin de semana previo a la ceremonia por funcionarios de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo. Cuando pidieron mayores detalles sobre la escuela sindical, los emisarios no supieron qué responderles, señalan.

“La señora [Betssy Chávez] unilateralmente, de la noche a la mañana, convoca a los sindicatos sin escuchar nuestra opinión. Si hubiese sido así, le hubiésemos manifestado nuestro punto de vista en desacuerdo, pero no fue el caso”, explica Gerónimo López, de la CGTP.

La poca claridad respecto a la escuela sindical hace creer a las centrales que la ministra no conoce realmente su sector. De acuerdo a Russell Gonzales, secretario general de juventudes de la CTP, la formación “jurídico laboral” que brindará la casa de estudios ya existe dentro de los gremios. “No se ve bien que el gobierno insinúe [que va a] dictar los temas de formación de los cuadros sindicales. La formación ya la hacemos nosotros. Ahí hay una intromisión. Lo rechazamos rotundamente”, condena.

También consideran que existen necesidades más urgentes que una casa de estudios sindicales actualmente. “Contratos desnaturalizados, ceses colectivos fraudulentos, tercerizaciones que atentan contra el derecho al trabajo, desconocimiento de convenios colectivos, hostilizaciones permanentes. Hay necesidad de resolver muchos problemas que están encauzados en la autoridad de trabajo”, asegura Julio César Bazán, de la CUT.

Además, poco ha dicho públicamente el MTPE respecto a cómo se dictarán las clases en la escuela sindicalista. Solo adelantaron, en una nota de prensa publicada el mismo día de la ceremonia, que las lecciones serán virtuales, comenzarán en enero y los profesores serán profesionales de las “áreas especializadas” del ministerio, así como de otras “entidades públicas y privadas”. Detalles insuficientes que no calman a las centrales. 

En respuesta a Sudaca, el ministerio aseguró que las clases comenzarán el 18 de enero del 2022 y que se dictarán dos cursos en el año. El primero, especializado en legislación laboral, será piloto, tendrá 32 horas lectivas y podrían participar cerca de 150 dirigentes. También manifestaron que recién “a partir del segundo curso se tiene previsto recoger las sugerencias de las organizaciones sindicales” para mejorar la metodología. 

 

AL ESTILO BOLIVIANO

Las centrales sindicales también quieren reunirse con Castillo porque ven posible que la escuela que acaba de lanzar el MTPE sea una réplica del modelo boliviano. Y señalan que eso sería un error porque la situación de ambos países es distinta.

De hecho, el propio ministerio dice a Sudaca, a través de su área de prensa, que “se ha revisado la experiencia boliviana”. Y reconocen que no pueden hacer un calco, pues allá tienen “una sola central sindical y con bases sólidas».

Se refieren a la Central Obrera Boliviana (COB), la institución dominante entre los sindicatos del país vecino. Esta ha sido aliada de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS). Incluso Morales llegó a encabezar marchas del movimiento en el 2019, poco antes de dejar el poder.

Bajo la gestión de Morales también se creó la Escuela de Formación Política Sindical, en el 2015, de la que el MTPE se ha inspirado.

Y si la similitud no es ya suficientemente clara en los objetivos y en nombre, vale revisar la nómina de invitados de lujo en la ceremonia del 20 de diciembre en Palacio de Gobierno. A la cita asistió, vía Zoom, Verónica Navia, la ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia. También estuvieron algunos ex dirigentes de las centrales y actuales dirigentes de pequeños sindicatos, pero a título personal.

El mismo día, la cuenta oficial de este ministerio boliviano compartió un tuit felicitando a su homóloga peruana. “La Escuela de Formación Sindical del Ministerio de Trabajo trascendió fronteras”, agrega el mensaje, que va acompañado de una foto de la ministra Navia escuchando la ceremonia.

La sensación de orgullo fue replicada por la ministra boliviana en la reunión. “Acompañamos y aplaudimos la decisión de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, y el presidente Pedro Castillo por brindar este espacio de reflexión colectiva a los trabajadores, más aún en la etapa histórica que está viviendo el Perú”, afirmó la ministra de Bolivia, de acuerdo al medio boliviano ‘Ahora El Pueblo’.

Gerónimo López, dirigente de la CGTP, dice que, a pesar de las diferencias, la fundación del colegio boliviano sí fue acordada con la COB. “Ellos han consensuado. Tienen un convenio para instalar la escuela sindical. No están al margen como acá, donde el Estado aparece como empleador, juez y parte para proteger sus intereses”, compara el dirigente.

Lo que dice López ocurre desde la reapertura de la escuela sindical por la ministra Navia. Esta estuvo cerrada por decisión de la presidenta Jeanine Áñez, en el régimen anterior al de Luis Arce. Pero solo a comienzos de este mes, la ministra boliviana anunció que 800 trabajadores terminaron su capacitación.

Más allá de los cursos, sin embargo, el gran miedo de las centrales sindicales peruanas es que el gobierno del lápiz esté buscando tener una COB peruana a sus pies. “Es algo peligroso. Pedro Castillo está buscando una división. Han creado organizaciones cascarón que les rinden pleitesía para dividir el movimiento sindical, como ocurre con el Sutep y el Fenate. Intentar tener una central única como allá [Bolivia] es lapidar la libertad sindical”, concluye Russell Gonzales, de la CTP. 

 

*Fotoportada por Darlen Leonardo

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A poco de cumplirse los 100 días de gobierno Pedro Castillo, podemos dar a conocer el carácter que asumiría su mandato, caracterizado por la poca capacidad de orientar al país y a sus ministros y funcionarios públicos hacia los grandes temas de política exterior para sitiar al Perú en el contexto internacional, aprovechando el buen costo del precio del cobre y del litio por muy buen tiempo. Se caracteriza también por su poca capacidad para orientar su gobierno hacia la unidad que requerimos políticamente para salir de esta situación crítica en la que se encuentra el país económicamente.  

Claro, hay razones para entender ese proceder. Castillo, que obedece a una agenda orientada al socialismo del siglo XXI que sus aliados les exigen que cumpla, se ha propuesto copar las instituciones del Estado para el objetivo que tiene en mente que es la Asamblea Constituyente. Allí tenemos al nuevo directorio que preside Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, en la que no tiene mayoría. Podemos apreciar también a Palacín en Indecopi y a Barranzuela y Gallardo en el ministerio del Interior y Educación respectivamente para solo poner algunos ejemplos. 

Si nos detenemos a pensar en esos cambios en el interior de estas instituciones claves para el Estado, podemos sostener que hay tácticas bien utilizadas -dentro de una estrategia que tienen que es generar las condiciones desde diversos frentes- para cambiar ciertos procedimientos administrativos que permitan a sus aliados (léase el senderismo vinculado al narcotráfico y al Conare por ejemplo) seguir operando sin ningún problema, así como generar presupuesto para más gasto social. 

La oposición política debe tomar conciencia de esta situación. Ya lo expresé en reiteradas oportunidades: vivimos una situación de atmósfera de confrontación que -desde un inicio- el Ejecutivo lo generó. La oposición y la prensa deben, para ello, fiscalizar responsablemente los trabajos que se vienen realizando desde los ministerios y otras entidades públicas. 

Las bombas de tiempo que va dejando este gobierno, si es que sale mal las estrategias para el objetivo de la Asamblea Constituyente, son los que se debe identificar para evitar cualquier tipo de amenaza al Estado de derecho.

No caigamos en la ingenuidad de la moderación de grupos leninistas en el poder. Desde mi paso por San Marcos hasta mis diversos trabajos por regiones -por estos tiempos- como sociólogo, puedo advertir que generar confusión en el oponente es forma de jugar a la política. Puedo advertir también que tienen en mente siempre esta premisa: “salvo el poder, todo es ilusión”. 

¡Advertidos estamos!  

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Asamblea Constituyente, Ejecutivo, Oposición, Pedro Castillo
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