Ejecutivo

Ternura rebelde

Por: 22.04.2025

[La columna deca(n)dente] En La Ternura, la obra teatral de Alfredo Sanzol, muy bien dirigida por Alfonso Santisteban y estupendamente interpretada por Magali Bolívar, Amaranta Kun, Dánitza Montero, Renato Rueda, Roberto Ruíz y Gabriel González, una reina decide huir del imperio para salvar a sus hijas del destino impuesto por los hombres del poder. No confía en la diplomacia ni en la obediencia: confía en su propia magia, en su conocimiento secreto, en su capacidad de desobedecer. Con ese poder, hunde la Armada Invencible. Es un gesto de amor materno, pero también de rebelión.

La obra, situada en el siglo XVI, nos habla, en realidad, del presente: de mujeres que escapan del patriarcado, de ser “monedas de cambio”, de hombres que huyen del miedo al afecto, de estereotipos que nos separan y de emociones que nos pueden reunir. La ternura que da título a la obra no es pasividad ni sumisión; es una forma de inteligencia emocional que desarma y transforma. Es el lugar desde donde cada uno de los personajes comienza a ver al otro no como amenaza, sino como posibilidad.

En el Perú de hoy no necesitamos magia. Necesitamos coraje afectivo, política comunitaria, liderazgo que abrace y acompañe. Necesitamos una ternura que hable fuerte, que interpele al poder, que organice el cuidado como forma de resistencia. Porque vivimos en un país donde cuidar —la vida y los vínculos— se ha vuelto un acto extraordinario; donde las organizaciones criminales han infiltrado las instituciones; y donde los ciudadanos y ciudadanas parecen atrapados entre el hartazgo y el miedo.

Frente a ello, la ternura como política no es ingenuidad: es lucidez, como nos recuerda bell hooks (con minúsculas, como prefería escribir su nombre). Para ella, el amor —y con él, la ternura— es una fuerza ética y política capaz de desmantelar las estructuras de dominación. En un mundo que normaliza la violencia, hooks afirma que amar conscientemente es un acto subversivo. Enseñar, liderar, criar, resistir desde el afecto no es un retroceso: es una forma de lucha transformadora.

Así como la Reina Esmeralda protege a sus hijas con su hechizo, hoy debemos proteger a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras comunidades, con decisiones políticas que pongan la vida de cada uno, de cada una, en el centro. No basta con indignarse. No basta con resistir. No basta. Hay que sostener. Hay que imaginar otras formas de estar juntos, otras formas de vivir con dignidad y otras formas de hacer política.

Hoy, en tiempos de extorsión y asesinatos, de cinismo y frivolidad gubernamental, de la complicidad del Congreso con el crimen organizado, cuidar la vida es el acto político más radical que nos queda. Y la ternura —esa fuerza invisible que todo lo transforma sin hacer ruido— puede ser el primer paso hacia otra historia.

Al cierre de esta columna, me entero de la muerte del Papa Francisco. Se va un hombre bueno, uno de los imprescindibles —como diría Bertolt Brecht—, que hizo de la ternura una forma de liderazgo y del cuidado una forma de justicia.

Tags:

crimen organizado, Ejecutivo, legislativo, teatro

Barbarie o civilización

Por: 20.01.2025

[La columna deca(n)dente] El Perú vive una de las crisis políticas, sociales y éticas más profundas de su historia contemporánea, marcada por una tensión constante entre la barbarie institucionalizada y los ideales de civilización democrática. En esta dicotomía, el país parece debatirse entre un Estado que, en lugar de encarnar el progreso y la justicia, se ha convertido en un espacio de corrupción sistémica, y una sociedad que, pese a sus múltiples fracturas, mantiene destellos de resistencia y esperanza.

La barbarie en el país no se manifiesta como un caos desorganizado, sino como un sistema perfectamente funcional para garantizar privilegios, perpetuar la desigualdad y anular cualquier intento de reformas institucionales. Desde el Congreso, controlado por los partidos que integran la llamada “coalición del mal”, los cuales representan intereses particulares y no el bienestar común, hasta las redes de poder económico, legales e ilegales, que cooptan instituciones, el Perú ha normalizado un estado de excepción permanente que profundiza la precariedad de la democracia.

La expresión más clara de esta barbarie es la criminalización de la protesta social, la represión indiscriminada y la indiferencia hacia las demandas de justicia y equidad. Las ejecuciones extrajudiciales de 49 conciudadanos durante las movilizaciones de fines de 2022 e inicios de 2023, así como la impunidad de los responsables, son una herida abierta que evidencia el divorcio entre el Estado y la ciudadanía. Estas ejecuciones, de entera responsabilidad del Ejecutivo, y la constante instrumentalización de la Constitución para justificar abusos y servir a intereses criminales, refuerzan esta tendencia hacia el autoritarismo.

Frente a esta realidad, la civilización en el caso peruano no debe entenderse como un ideal abstracto ni como un proyecto paternalista de modernización desde arriba. La idea de civilización debe ir más allá de la gestión tecnocrática o la acumulación de indicadores macroeconómicos positivos. Implica una apuesta por un Estado al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, que respete la diversidad cultural, garantice derechos fundamentales y promueva la participación activa de la ciudadanía en las decisiones públicas.

El dilema entre barbarie y civilización no es nuevo en la historia peruana. Desde el conflicto entre gamonales y campesinos en los Andes, pasando por la lucha contra el terrorismo y los proyectos extractivistas en la Amazonía, el país ha vivido múltiples momentos en los que esta dicotomía ha sido utilizada como marco interpretativo. Sin embargo, el reto actual es mayor, ya que el modelo económico neoliberal y la fragmentación política han reducido los espacios de articulación social y política, profundizando la desconfianza ciudadana en las instituciones.

El riesgo, como advierten algunos analistas, es que esta crisis no solo perpetúe la barbarie, sino que conduzca a su institucionalización definitiva. La consolidación de un «Estado fallido funcional», que sirve para la reproducción de intereses privados, incluso criminales, y no para el bienestar colectivo, amenaza con sumir al país en un círculo vicioso de autoritarismo, descomposición social y desinstitucionalización.

Para evitar la perpetuación de la barbarie, es necesario construir un nuevo consenso social que trascienda los intereses partidarios. Este consenso debe partir del reconocimiento de las deudas históricas con las regiones excluidas, la apuesta por un sistema educativo y de salud de calidad, y el fortalecimiento de instituciones transparentes y eficaces. La civilización, entendida como proyecto colectivo, es posible solo si se priorizan los derechos humanos, la justicia, la equidad y la participación ciudadana como ejes fundamentales del desarrollo.

El Perú enfrenta una encrucijada. La barbarie, en su versión institucional y cotidiana, amenaza con anular cualquier posibilidad de transformación. La civilización, en cambio, exige un esfuerzo colectivo y sostenido para superar los ciclos de violencia y exclusión que han marcado la historia del país. ¿Qué camino tomaremos? Esa es la pregunta que definirá el destino de nuestro país.

Tags:

barbarie, Democracia, Ejecutivo, legislativo, organizaciones criminales

Estado capturado

Por: 13.01.2025

[La columna deca(n)dente] En un Estado democrático, el Ejecutivo y el Legislativo tienen la misión de representar a la ciudadanía y trabajar por el bienestar común. Sin embargo, en ciertos contextos, estas instituciones pueden ser capturadas por organizaciones criminales que operan en su interior, transformándolas en herramientas de saqueo, corrupción y protección de intereses particulares. Esta dinámica, conocida como captura del Estado, constituye una de las amenazas más graves para la democracia y el Estado de derecho.

Un Ejecutivo y un Legislativo infiltrados por redes criminales no solo distorsionan la función pública, sino que la pervierten por completo. Estas estructuras capturadas gobiernan para las “élites” que las controlan, adoptando decisiones que aseguran beneficios privados mientras despojan a las instituciones de su legitimidad. En este escenario, el interés público queda subordinado a una agenda oculta dominada por la corrupción, la impunidad y la acumulación ilícita de poder.

Las decisiones y leyes emanadas de estas instituciones, aunque presentadas como legales, son en realidad herramientas diseñadas para proteger intereses criminales. Ejemplo de ello son normativas que reducen sanciones por corrupción o leyes que bloquean investigaciones contra funcionarios. La corrupción deja de ser un fenómeno aislado para convertirse en el eje del funcionamiento del Estado, donde los recursos públicos son desviados hacia redes clientelistas o utilizados para el enriquecimiento ilícito de operadores del sistema.

Además, los sistemas judiciales y de control son cooptados para garantizar la impunidad, generando un círculo de protección que perpetúa el poder de estas redes. Las decisiones gubernamentales se alinean con los intereses de estas estructuras, priorizando normativas y programas que favorecen sus actividades ilícitas, como la flexibilización de regulaciones clave.

Cuando el crimen organizado se instala en las instituciones públicas, las bases de la democracia se erosionan rápidamente. La ciudadanía pierde confianza en sus representantes, alimentando discursos populistas y autoritarios que prometen un «borrón y cuenta nueva». Al mismo tiempo, la manipulación de las leyes restringe derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la igualdad ante la ley, consolidando un abuso sistemático del poder.

En este contexto, los partidos políticos emergentes tienen una oportunidad histórica de marcar la diferencia. Para ello, deben cimentarse sobre principios éticos sólidos, mostrando un compromiso inquebrantable con la transparencia y la rendición de cuentas. Es fundamental evitar replicar prácticas corruptas y priorizar la construcción de estructuras internas democráticas y participativas que inspiren confianza en los ciudadanos y ciudadanas. 

Estos nuevos partidos deben forjar alianzas amplias con actores democráticos y organizaciones de la sociedad civil para impulsar reformas que fortalezcan las instituciones y prevengan la infiltración de redes ilícitas. Asimismo, deben promover una narrativa política centrada en propuestas claras y viables que respondan a las demandas sociales. Prepararse con propuestas creíbles y éticas será clave para recuperar el poder político y revertir el daño institucional causado por las mafias en el poder.

Tags:

Ejecutivo, Estado capturado, legislativo, organizaciones criminales

Estabilidad para Promperú

Por: 24.10.2024

[Agenda País] La Comisión para la Promoción de las Exportaciones y el Turismo – PROMPERU, es un organismo técnico especializado que se encuentra adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR.

Promperú se ha caracterizado por contar con profesionales capacitados, con muchos años en la institución, y que conocen muy bien tanto a los sectores que representan como a las herramientas necesarias para una efectiva promoción.

En los últimos años, y especialmente, con la llegada del gobierno de Pedro Castillo y el nombramiento de Roberto Sánchez como titular del Mincetur, Promperú ha sufrido una infinidad de cambios en la alta dirección e incluso, en su plana de gerencia intermedia, que le ha ido quitando efectividad y consistencia a las estrategias y acciones que devienen de las políticas que se emanan del Mincetur.

Si bien Roberto Sánchez mantuvo a Amora Carbajal como presidenta ejecutiva de Promperú, nombrada por su antecesora, Claudia Cornejo, la presión política hizo que personas sin conocimiento técnico del sector, empezaron a ubicarse en puestos de alta dirección y otros en puestos CAS, que, ante los alcances de la nueva ley, no pueden ser removidos salvo por falta muy grave.

Con la llegada de la presidenta Dina Boluarte y el nombramiento de Luis Helguero a la cabeza del Mincetur, nuevos aires trajeron, de nuevo, profesionales conocedores del sector, tanto al Mincetur como a Promperú. Es loable que después de 3 ministros posteriores a Helguero, los viceministerios de comercio exterior y de turismo, continúan siendo liderados por las mismas personas que él nombró.

Sin embargo, en Promperú, pasa lo contrario.

Ante la renuncia de Amora Carbajal como presidenta ejecutiva de Promperú, se nombró a Walter Vizarreta en febrero del 2023, que, por razones que desconocemos, solo permaneció en el cargo un mes. El puesto quedó encargado por varios meses hasta que el flamante ministro del Mincetur, Juan Carlos Mattheus, nombró a Angélica Matsuda en esa posición en julio del mismo año.

Con Matsuda empezó una nueva era, con la experiencia adquirida en otras posiciones del sector público, como, por ejemplo, de directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Competitividad, se intentó mejorar la organización interna y relanzar a las oficinas comerciales en el exterior (OCEX), pero, lamentablemente, las barreras administrativas burocráticas demoraron estas importantes acciones.

Con la intempestiva salida de Mattheus, la nueva ministra, Elizabeth Galdo, destituye a Matsuda cortando un proceso de nueve meses y nombra a Claricia Tirado como presidenta ejecutiva de Promperú. Tirado, de una importante trayectoria pública principalmente en el sector turismo, asume con responsabilidad y entusiasmo el encargo, pero ante el reciente cambio ministerial en el Mincetur, donde ingresa Desilú León, es invitada a renunciar con menos de seis meses de gestión. En menos de dos años vamos a tener cinco presidentes ejecutivos en Promperú.

Nuevamente Promperú ha encargado la presidencia ejecutiva a Ricardo Limo, funcionario con amplia experiencia en el sector y apreciado por el gremio exportador, y hasta la fecha, luego de casi dos semanas, no se oyen voces ni rumores de la designación de quien ocupe ese importante cargo. Esperemos que esta demora no refleje el runrún que corría en los whatsapps y en algunos medios que se iba a desaparecer el cargo de presidencia ejecutiva, algo que, confiamos, sea solo una especulación.

Promperú tiene que desligarse de los vaivenes políticos del Mincetur. Es un organismo técnico, no hace política, más bien transforma las políticas públicas en estrategias y acciones para incrementar nuestras exportaciones no tradicionales, atraer más turistas y captar inversión extranjera.

Los cambios constantes a la cabeza de esa institución no ayudan a una planeación y ejecución de mediano y largo plazo, e incentiva tanto la salida de buenos profesionales, como la entrada de personas sin conocimiento del sector.

Lograr que Promperú sea considerado un organismo autónomo ayudaría, no completamente, a que se respete la meritocracia y le permita actuar con mayor rapidez sin candados burocráticos o políticos. Si esta propuesta parece una utopía, entonces el camino de adhesión a la ley Servir debe tener el énfasis necesario para que la definición del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) y sus respectivos perfiles, que se han debido presentar el pasado mes de mayo a Servir, sean realmente meritocráticos.

En Promperú, según el Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP, publicado por Resolución Jefatural el 26 de enero de 2024, existen 675 puestos de los cuales 50 son de confianza ( un 7.4%) que excede el 5% de personal de confianza establecido por Servir. De estos 50, 28 son los Consejeros Económico-Comerciales en el exterior, que ingresaron por concurso público y que no deberían ser catalogados de confianza. 

Finalmente, un perfil clave es justamente el del/la presidente ejecutivo/a. Este debería ser designado previo concurso público ante un jurado compuesto por el consejo directivo de Promperú, al cual se le puede agregar al presidente de la comisión de comercio exterior y turismo del congreso, solo para este efecto. El funcionario elegido, debería ser nombrado por resolución suprema por 5 años y sus causas de cese, así como de una posible renovación, explícitamente detalladas. Sería un primer gran paso para darle continuidad a Promperú.

Tags:

autonomía, continuidad, Ejecutivo, estabilidad, Gestión, Gobierno, MINCETUR, presidencia ejecutiva, Promperú, transparencia, trasciende

Por una reforma integral del ejecutivo

Por: 14.09.2024

[Agenda País] Hasta el cierre de esta edición, los ciudadanos y la clase política continúan esperando la propuesta de fusión de “dos pares de ministerios”, a lo que se suma la incertidumbre creada por la renuncia de todo el directorio de PetroPerú.

Si bien estas ideas de fusionar ministerios y juntar en una sola institución toda la inversión en infraestructura no son nuevas, la pregunta que nace es si no sería mejor preparar un proyecto integral de la reforma del ejecutivo, que este gobierno deje como legado para la próxima contienda electoral.

Por otro lado, fusionar ministerios a menos de dos años que la presidenta termine su mandato, no parece una idea que atraiga confianza y más bien, distrae al propio ejecutivo cuando en estos últimos meses debería dedicarse a cumplir pocos, pero decisivos objetivos. Uno de ellos debería ser la reducción de la pobreza multidimensional, lo cual sería, eso sí, un gran legado de la presidenta Dina Boluarte que ya ha mostrado su emoción al expresar que es la pobreza lo que más le preocupa.

Es por ello que una propuesta para entregar a la presidenta y a su consejo de ministros es que tomen el fondo de la idea de fusionar ministerios, en un trabajo transversal que culmine con una propuesta de reforma integral del ejecutivo.

Este trascendental proyecto lo puede liderar el CEPLAN que es, y cito, ‘ … un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país”.

El Perú de ahora no será el mismo de aquí a 10 o 20 años. La cuarta revolución industrial, aquella que mezcla técnicas de producción avanzadas con sistemas inteligentes que se integran con las organizaciones y las personas, está cambiando nuestra manera de interactuar e incluso, nuestras prioridades de vida.

El estado tiene la necesidad, e incluso la responsabilidad, de percibir estos cambios, tener la visión de hacia dónde está yendo la sociedad y organizarse para otorgar los servicios en común que esta nueva sociedad está requiriendo.

El CEPLAN junto a representantes de la academia, sociedad civil organizada, partidos políticos, gobierno y personalidades invitadas, tiene el conocimiento como para traer desde el futuro la visión de hacia dónde vamos y proponer una estructura ministerial, con sus respectivas instituciones, que se adapten a estos tiempos y por los próximos 20 años.

De esta manera también, el ejecutivo se concentra en dar resultados tangibles en la lucha contra la inseguridad, y mejorar ostensiblemente los servicios de educación y salud, componentes del índice de pobreza multidimensional.

Imagine Usted presidenta Boluarte, terminar su mandato reduciendo la pobreza multidimensional porque su gabinete se enfocó en dar resultados, y en paralelo, dejar a la ciudadanía el proyecto de reforma del ejecutivo con visión 2040 donde prevalezca la meritocracia, que articule al Estado, pero al mismo tiempo, que evite duplicaciones y que se enfoque en el servicio al ciudadano.

Dos grandes legados que nadie le podrá negar.

Tags:

Ceplan, Ejecutivo, Estado, fusión, Futuro, Gabinete, Gobierno, ministerios, Reforma

¿Dictadura Congresal? Ja, ja…

Por: 20.06.2024

[AGENDA PAÍS] En el Perú estamos viviendo un ataque diario a la poca institucionalidad que nos queda. 

Por un lado, nuestro menú diario, de restaurante de lujo con 3 estrellas Michelin, se compone de una entradita de denuncias constitucionales con acusaciones cruzadas, una sopita de cacicazgos electorales, un segundo bien “taipá” de ministros cuestionados por sus competencias o por sus declaraciones, copiosamente acompañado de guarniciones de congresistas que deberían asistir a los plenos en traje a raya y esposados, y de postre, periodistas politizados y agremiados en cofradías de intereses económicos. 

Por el otro lado, los ciudadanos, con menúes menos opulentos a los cuales incluso, les es difícil de acceder, observan impávidos cómo se pasan los años, tan callando, sin poder ver una luz al final del túnel y maldiciendo a ese Dios peruano del que tanto se habla pero que poco o nunca aparece.

A ese copioso menú, maloliente e indigesto, se le ha sumado una serie de declaraciones, aparentemente coordinadas, para tildar al congreso de dictador, como si el congreso fuera una sola persona, un Nicolás Maduro, que a sola mano dicta acciones sin consulta ni voto parlamentario alguno.

La señora Patricia del Río, periodista de RPP, que hace un par de años viralizó un audio donde soltaba suspiros por Vizcarra, a la vez que reconocía una relación cercana y aceptaba lo corrupto que era ese individuo, ha dicho en una entrevista con su amigo Jaime Chincha, y muy suelta de huesos, que en el Perú vivimos una dictadura congresal.

El exgobernador Mesías Guevara, aquel que junto a otros personajes se infiltraron en Acción Popular, partido al cual casi destruyen, inaugura su flamante cargo de directivo del Partido Morado para también unirse al cargamontón diciendo que “nos están llevando a una dictadura congresal”.

El recién autodenominado candidato presidencial, el rector de la UNI Alfonso López Chau, ha sido más creativo, uniéndose a la manada e instituyendo un nuevo vocablo, el de la “tiranía electiva”.

Caray, lo que pueden hacer 130 congresistas dictadores es impresionante, ¡130! ¡Record Guiness para Perú! Aplausos por favor.

¿Cuántas veces hemos reclamado al ejecutivo y al legislativo que trabajen en conjunto para lograr un mínimo de gobernabilidad para poder generar confianza y un entorno favorable a la inversión pública y privada?

Recordemos que en la época del presidente Kuczynski (PPK) con Keiko Fujimori y sus 73 congresistas, a gritos pedíamos que se pongan de acuerdo y que trabajen en conjunto por el país. Gobernabilidad pedíamos y no pasó nada. 

Bueno, sí pasó… Renunció PPK, entró Vizcarra, vacaron a Vizcarra, entró Merino, renunció Merino, entró Sagasti, llegó Castillo y se vacó solito, dejando a Dina Boluarte en la Presidencia. Entre todo este laberinto, por no haber buscado gobernabilidad y estar pensando en intereses particulares y no en el país, hemos tenido 6 presidentes en 6 años. 

Ahora parece que queremos mantener el record de 1 presidente por año vacando a Boluarte, con lo que al 2026 tendríamos 8 presidentes en 8 años. ¡Otro record Guiness! ¡Vamos Perú!

Dejemos de atacar nuestra propia institucionalidad. Hay congresistas pésimos, sí y un montón. Algunos de ellos tienen más perfil para Piedras Gordas que para la Plaza Bolívar, también. Que el ejecutivo ha demostrado ineficiencia, poca coordinación e indiferencia ante los graves problemas por los que atraviesa el país, sin duda.

Pero por ellos votamos, y si nos equivocamos, no podemos ser tan caras duras de vociferar “dictadura congresal” cuando los parlamentarios y el ejecutivo encuentran consensos que no nos gustan y por el otro, criticarlos cuando no se ponen de acuerdo porque atenta contra la gobernabilidad. 

Solo espero que la campaña presidencial del 2026, que ya está empezando, enfoque a los políticos y a la prensa en los temas de estado que deberían importarnos para luchar contra la pobreza y la anemia, para pensar en nuevas políticas públicas que aseguren una educación y una atención de salud humanas y de excelencia, para que podamos pasear por nuestras bellas ciudades y encantadores pueblos originarios con la tranquilidad de vivir en seguridad, y para así lograr un clima de paz social que es la base para el desarrollo sostenible de nuestro país.

Tags:

Boluarte, Castillo, Congreso, dictadura, Ejecutivo, Gobierno, lópez chau, Merino, Mesías Guevara, Patricia del Rio, Perú, PPK, Sagasti, tiranía electiva, Vizcarra

El cuento de la marioneta gobernante

Por: 21.05.2024

En un mundo absurdamente paralelo, donde la frivolidad y la corrupción reinan con desparpajo, la política peruana se ha convertido en una telenovela de lujo digna de un Oscar. La protagonista de este drama, la presidenta DB, más que una lideresa, parece una figura decorativa exquisitamente adornada con joyas, movida por los hilos invisibles de su titiritera principal, K. Mientras tanto, la democracia, esa paciente en cuidados intensivos, agoniza bajo los estragos de un Congreso que actúa como el villano principal de esta tragicomedia, con la complicidad silente de un público que parece disfrutar del espectáculo.

Desde su malhadado ascenso al poder, DB ha dejado claro que sus prioridades brillan tanto como sus diamantes. ¿Cientos de miles de peruanos víctimas de delitos durante su mandato? Para ella, son simples números que no alteran su ostentoso estilo de vida, más parecido al de una reina de la farándula que al de una mandataria. Lo verdaderamente importante es la liberación de N, el primer hermano de la nación, celebrada con un entusiasmo que roza la histeria por DB y sus allegados. Porque, al fin y al cabo, ¿qué es el bienestar de un país comparado con el bienestar de la familia presidencial y su séquito de aduladores?

DB parece tener un don especial para utilizar el poder del Estado con un propósito verdaderamente noble: mantener a su familia lejos de las garras de la justicia. La dedicación a su familia es inquebrantable, al igual que su descaro para obstruir la justicia. Desde intentar sobornar a coroneles probos hasta desmantelar equipos policiales anticorrupción, su compromiso con la impunidad es realmente admirable.

Dedicación inquebrantable que brilla por su ausencia a la hora de gobernar. Si alguna vez hubo un gobierno más desorientado que el de DB, es difícil de imaginar. Su administración, incapaz de abordar los problemas más sentidos del país, parece estar más interesada en salvar su propio pellejo y enriquecerse a costa de “préstamos” oportunos de joyas, relojes y diamentes. La delincuencia y la pobreza son apenas detalles menores cuando hay que asegurarse de que los familiares y socios políticos estén bien protegidos y cómodos. Y si de pobreza se trata, se puede intentar evitar que el INEI publique cifras de pobreza, porque, claro, son malas noticias que podrían arruinar la falsa atmósfera de prosperidad que pretende mostrar. Nada mejor que un poco de censura para mantener las apariencias de que el país anda estable rumbo a la OCDE, mientras la pobreza aumenta sostenidamente. 

En medio de este teatro del absurdo, los partidos políticos democráticos, los que no forman parte de la coalición corrupta que sostiene a DB, deberían actuar con más decisión, o al menos fingir que lo hacen. Es urgente que ofrezcan alternativas, cursos de acción posibles, no solo para mantener las apariencias, sino para rescatar al país del marasmo en el que se encuentra. La descarada manipulación de las instituciones por parte de DB y su séquito, de sus aliados congresales, no puede pasar desapercibida. Es hora de que los partidos demuestren que están aquí para algo más que ser meros «vientres de alquiler».

Así que, estimados partidos, este es su momento de brillar, o al menos de intentar hacerlo. Demuestren que son mucho más y están a la altura de las circunstancias que demanda el país, o al menos que pueden fingir que lo están. Tracen una hoja de ruta clara y viable que nos saque de este lío, o al menos que parezca que lo están haciendo. La renuncia de DB, seguida de una transición bien organizada, podría ser el primer paso, pero no el único. ¡Vamos, sorpréndannos con su capacidad para liderar y construir un futuro mejor para el Perú!

El reloj sigue avanzando, y con él, la necesidad de acciones decisivas, o al menos de fingir que se toman. Porque, después de todo, si no es ahora, ¿cuándo? ¡Tic, tac, partidos políticos el tiempo corre! ¡No nos defrauden!

Tags:

Congreso, corrupción, Ejecutivo, frivolidad, Partidos políticos

La politización de la política

Por: 25.04.2024

Así de ridículo suena y así de grave es la situación de nuestro país.

En la historia reciente del Perú, desde que regresamos a la democracia en 1980 e incluso un poco antes con la Constituyente del ‘78/’79, el ejercicio de la política estaba limitado a los partidos políticos y a sus representantes tanto en el poder ejecutivo como en los gobiernos locales y a la academia.

En ese entonces, los medios se limitaban en sus noticieros a informar sobre los acontecimientos nacionales y mundiales, incluyendo en su programación espacios políticos, deportivos, de espectáculos y las siempre vistas telenovelas. El poder judicial, siempre con sus cuestionamientos de probidad, aplicaba la ley sin hacer notar una preferencia política, al menos, de manera pública. De los fiscales y procuradores, ni sabíamos quiénes eran.

Cuando Alberto Fujimori se convierte en presidente del Perú en 1990 y para, desde su punto de vista, combatir al terrorismo y la hiperinflación, y luego, mantenerse en el poder, es que comienza la politización de la política, que como bien lo define la Real Academia de la Lengua Española significa, en su primera acepción, es :  “ Dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo tienen.”

En la década de los 90’s la política entró en el Ministerio Público con aquella vocecita casi imperceptible y celestial de la fiscal Blanca Nélida Colán que terminó presa, el recién formado Tribunal Constitucional que se armó a la medida del régimen fujimorista y con Vladimiro Montesinos que cerró el círculo comprando al poder judicial y a los medios de comunicación. 

Han pasado más de 23 años desde que renuncia Fujimori y llega Toledo luego de la transición con Paniagua, y la verdad, estamos peor que antes.

La política está ahora en todas partes, incluso en aquellos lugares e instituciones donde no debería estar.

Los fiscales son ahora vedettes que salen a declarar a medios afines y se despachan a diestra y siniestra sin ninguna vergüenza ni ética profesional de guardar reserva en sus investigaciones. Ya no tienen sangre en la cara para expresar condenas a colegas o incluso dejar entrever sus preferencias políticas. La guerra del trono actual por el control de la fiscalía es un claro ejemplo de ello.

La Junta Nacional de Justica, creada políticamente por Martín Vizcarra, tiene el desparpajo de emitir opiniones ex ante como en el caso de la fiscal Zoraida Avalos y de establecer un procedimiento ad-hoc para destituir a la fiscal de la nación Patricia Benavides, con cronometrada coordinación con cierta prensa cómplice.

Tenemos jueces que dan cautelares como el árbitro argentino Javier Castrilli sacaba tarjetas rojas, permitiendo el enfrentamiento de competencias entre instituciones cuando el Tribunal Constitucional ya tiene este tema oleado y sacramentado.

Que los medios tengan sus programas políticos, por supuesto, y que sus conductores tengan afinidad con ciertas ideologías está bien, para eso son programas políticos. Pero cuando la ideología o los intereses de los propietarios de esos medios son también llevados al resto de su programación como noticieros y espectáculos, se está dando contenido político a entornos que no deberían tenerlos. Politizando la política.

La política debería estar concentrada, primariamente, en aquellas instituciones donde los funcionarios son electos por voto popular y a esto me refiero a partidos políticos, poder ejecutivo, gobiernos locales y congreso. Como ciudadanos, ya sea de manera colegiada o individual, también podemos y debemos ejercer política constructiva que sea alimento de los partidos políticos y de los funcionarios electos.

Pero el resto de las instituciones deben regresar a su esencia y trabajar no en función de intereses mercantilistas o ideológicos, sino en función del bienestar de los ciudadanos. 

Basta de fiscales vedettes y magistrados en la televisión, basta de periodistas que fungen de voceros de fiscales en base a posiciones ideológicas, basta de noticieros que chancan día a día y sistemáticamente la labor del congreso cuando deberían individualizar responsabilidades. Basta de doble raseros fiscales como el allanamiento a Juan Carlos Tafur que dignamente responde de inmediato a las preguntas mientras que cuando se allana a Gorriti, éste agarra el celular y llama al fiscal Pablo Sánchez para que le paren el procedimiento.

Si no detenemos esta vorágine de abusos y de enfrentamientos sin pensar en el bien común, y siendo laxos con amenazas latentes como la de Antauro Humala, ya atenuada por algunos periodistas que dicen que será controlado por el congreso o por políticos como Marisol Perez-Tello que ante un escenario Keiko-Antauro en la segunda vuelta votaría en blanco, pues vamos directo hacia la autodestrucción.

Tags:

Congreso, Ejecutivo, Fiscalía, Medios, Perú, Poder Judicial, Política, Politización, Regiones

Los medicamentos genéricos entran a la campaña electoral

Por: 18.03.2024

Cuando aún faltan dos años para el recambio constitucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo, un twitter de Keiko Fujimori sitúa la lucha por el sillón presidencial -entre otras- en la respuesta a la pregunta: “¿No les ha pasado que cuando van a una farmacia a comprar un medicamento les dicen que no hay o que está descontinuado, e inmediatamente le ofrecen otro?”.

Bueno, pues, porque con esa pregunta aparentemente ingenua, la señora Fujimori apareció en sus redes sociales emplazando a las autoridades respectivas a corregir una supuesta infracción a las leyes del mercado vigiladas por nuestra Constitución.

Así, en otro twitter del pasado 2 de marzo, Fujimori dice: “Nosotros siempre estaremos a favor de la inversión privada y de lo que esta genera, pero de ninguna manera permitiremos o estaremos de acuerdo con los abusos o excesos que ellas cometan en contra de la población más vulnerable y que se ve afectada en los temas de medicamentos; es por eso que la bancada de Fuerza Popular está promoviendo una serie de iniciativas para proteger al paciente, evitar los abusos y mejorar la competencia, la oferta y los precios”. Termina el enérgico tweet diciendo: ¡Nadie tiene derecho a obligarte a gastar más por tus medicinas!

 Más allá del hecho de haber obligado a las organizaciones a la derecha y a la izquierda de Fuerza Popular a pronunciarse muy temprano en un tema que no tenían pensado, Keiko Fujimori se convierte en abanderada de todos aquellos que entienden qué es monopolio, qué es oligopolio y qué es posición dominante en el mercado y cómo ellos pueden hacernos la vida más difícil.

Pero el verdadero efecto conseguido con esos dos twitter es, a saber, la dación del decreto de urgencia 005-2024 que obliga a las farmacias y a las boticas a proveer la totalidad de los medicamentos genéricos. Es decir, con dos tuits bien colocados, Keiko Fujimori sitúa la lucha por lograr el primer lugar en las preferencias ciudadanas en poner el énfasis en las necesidades primarias de los peruanos.

Desde mediados de la década pasada, la industria farmacéutica produce más de mil millones de dólares anuales de beneficios netos, siendo una industria en expansión, aunque sus lobbistas se quejan porque cada año la industria pierde millones de dólares en ingresos al convertirse cientos de marcas registradas en genéricos de uso libre.

 

¿Por qué se da el decreto de urgencia?

El Gobierno emitió en la fecha un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias a fin de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los medicamentos genéricos, tras haber vencido una norma dictada en el mismo sentido hasta febrero próximo pasado.

El documento obliga a boticas y farmacias a mantener un stock de 30 por ciento de la oferta total de medicinas priorizadas.

“Dicha obligatoriedad se circunscribe a aquellos medicamentos que formen parte de la oferta de medicamentos de marca, no implicando la obligación de ampliar dicha oferta, precisa el Decreto de Urgencia 005-2024.

Se señala, además, que el incumplimiento de dichas disposiciones constituye infracción administrativa, sancionada con multa de hasta dos unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 10,300 soles durante el presente ejercicio tributario.

El defensor del Pueblo Josue Gutiérrez dijo que la medida dada en la fecha por el Poder Ejecutivo responde “a un momento, a un contexto”, pero quien debe asumir la responsabilidad es el Congreso a través de la aprobación de una ley que defina la política sobre estos medicamentos.

«Saludamos cuando de manera rápida se busca dar solución a estos problemas centrales […] (pero) lo que buscamos y pretendemos siempre es que esta discusión pase por donde tiene que pasar y, disculpe, esta norma debe ser ley, no decreto de urgencia», dijo. 

«Entonces hay una responsabilidad directa del Congreso de la República y por lo menos el reto en los próximos días para que pueda abordarse esto con suma rapidez y tener una legislación un poco más integral», agregó. 

El defensor del Pueblo dijo que desde su institución se está estableciendo «el nivel de coordinación a través de la Comisión de Salud» del Parlamento «a efectos de que empecemos a tratar mucho más en serio este tema de acceso a la salud».

El exministro de Salud Víctor Zamora, calificó el DU sobre los medicamentos genéricos de confuso, porque, no especifica si también están incluidas las grandes cadenas de farmacias y boticas. 

«Es un problema de forma que puede tener un impacto en el fondo. Es la redacción, puede ser entendida que no son todos. O que puede ser entendida que está restringido solo a las farmacias y boticas y no así a las cadenas de boticas. Bastaba decir que era de obligatorio cumplimiento por todos los establecimientos, farmacias y boticas del sector privado», señaló. 

Además, criticó que el DU extienda un plazo de 10 días para determinar la lista de medicamentos genéricos incluidos en la norma.

«Una lista cuya composición, en términos de medicamentos, desde mi punto de vista, debería ser mínimamente lo que ya existía o mejorar, pero no retroceder», señaló. 

Zamora también indicó que el titular de Salud, César Vásquez tenía una ley preparada y que seguro necesita los meses del DU para preparara la normativa. 

«El ministro (de Salud, César Vásquez) dijo que tenía preparada una ley, luego cambió la versión de un decreto de urgencia. Sospecho que no tiene una norma preparada y este es el lapso de tiempo para preparar una norma, un proyecto de ley para enviar al Congreso», afirmó. 

El exministro también sugirió la posibilidad que el nuevo decreto de urgencia solo sirva para dentro del periodo de vigencia «nos olvidemos del asunto» y finalmente se derogue la norma de acceso a medicamentos genéricos.

Las legislaciones que regulan las ventas de los productos farmacéuticos y la conversión de muchos de ellos en genéricos contienen una serie de medidas que han llevado a dos países de nuestra región de tener medicamentos baratísimos a tener los más caros del área. Esos países son Chile y la Argentina, en el primer caso el estallido social y las secuelas de la pandemia y en el segundo la subida incontrolable del precio de los insumos los convirtió de baratos en caros. Asimismo, en ambos países y en el Brasil sucede un fenómeno singular al ingresar millones de dólares de ciertas industrias ilegales al mercado farmacéutico, generando distorsiones en los precios de los medicamentos. De igual manera, en Colombia y en el Perú se suscitan fenómenos parecidos, colocando a las industrias de ambos países en productoras de fármacos de bajos costos. Sin embargo, pese a tener insumos baratos, capital de trabajo de poco costo y regulaciones estatales, los precios de venta se mantienen altos, creando malestares y convirtiendo dichos malestares en temas de campaña electoral.

Tags:

Ejecutivo, Keiko Fujimori, Medicamentos genéricos
Página 1 de 3 1 2 3
x