Ejecutivo

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] Durante el 2023, la deslegitimación del poder ejecutivo y del poder legislativo fue notoria. Tanto la presidenta Boluarte como los congresistas han perdido el respaldo y la aceptación de la población, lo que lleva a una falta de confianza en su capacidad para gobernar y legislar de manera justa y efectiva. Esta pérdida de legitimidad se relaciona con varios factores, como la ausencia o debilidad de los partidos políticos, los abusos de poder, la violación de derechos humanos, la recesión económica, la corrupción, entre otros más.

En cuanto al poder ejecutivo, la falta de un partido político propio fue un gran obstáculo para la gestión de la presidenta Boluarte. Sin un respaldo orgánico, Boluarte tuvo que depender de los partidos políticos presentes en el legislativo. Esto la llevó a establecer relaciones estrechas con aquellos partidos, los cuales, guiados por sus propios y particulares intereses, colocaban sus temas en la agenda legislativa sin mayor objeción del ejecutivo. Las relaciones con los mismos debilitaron la autoridad de Boluarte. Al depender de ellos para aprobar sus leyes, Boluarte se vio obligada a ceder a sus demandas. Esto le dio a los partidos políticos un gran poder sobre el gobierno, lo que erosionó la autoridad presidencial.

Además, la ausencia de un partido propio y la necesidad de negociar constantemente para obtener apoyo dificultaron el diseño e implementación de políticas a largo plazo. Por eso mismo, la atención presidencial se centró más en mantener alianzas políticas inmediatas que en la planificación estratégica a largo plazo.

En relación con el poder legislativo, una de las causas de su pérdida de legitimidad fueron los escándalos de corrupción en los cuales se vieron envueltos muchos congresistas, como en el caso de “Los Niños”. Gracias al “operativo Valkiria”, se cuenta con indicios razonables de que la presunta organización criminal, liderada por la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría ofrecido impunidad a los congresistas a cambio de sus votos para inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos, designar al Defensor del Pueblo e investigar y destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

La deslegitimación del poder ejecutivo y del poder legislativo ha tenido un impacto negativo en el país. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus gobernantes, es más difícil para ellos tomar decisiones y alcanzar consensos. Esto puede conducir a una gestión pública lenta e ineficaz. Asimismo, pierden la confianza en la democracia en general. Esto puede conducir a un aumento de la polarización política y de la desilusión con la democracia. De igual modo, es más probable que surjan movimientos populistas o autoritarios que puedan amenazar la democracia.

La deslegitimación del poder ejecutivo y del legislativo, así como sus efectos negativos en la confianza ciudadana y en la estabilidad democrática, requiere medidas como el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, y el fortalecimiento de los partidos políticos. Sin embargo, ni el ejecutivo ni el legislativo tienen incentivos para implementar estas medidas, pues consideran que el país ha logrado estabilidad al finalizar el 2023, tal como afirmó el premier Otárola.

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Gran responsabilidad en el estado de parálisis social y política en el que se halla el país, la tiene la oposición y no solo un Ejecutivo mediocre y pusilánime.

Ya sabemos de las enormes carencias del régimen y no se le puede pedir peras al olmo, eso no va a cambiar, la presidenta Boluarte o el premier Otárola no van a ser iluminados y hacer un upgrade político de un día para otro. Son lo que son y así van a transitar los años que les restan de mandato.

Pero bajo tales circunstancias, lo que cabría esperar es que si en el Congreso se ha conformado, mal que bien, una coalición mayoritaria, ésta, lejos de fungir de comparsa silente del gobierno, lo ajuste y le marque la agenda.

No se libra la oposición fuera del Congreso también de su cuota de responsabilidad en ello. No se les escucha un planteamiento integral y contundente a los líderes de las nuevas agrupaciones respecto de los temas que más preocupan a los ciudadanos: la inseguridad, la corrupción y la crisis económica.

En términos normales, la decepción que un gobierno produce se palía, en los márgenes políticos democráticos, cuando la oposición ofrece alternativas que hagan saber a los ciudadanos que sufren los problemas mencionados, que hay luz al final del túnel y que pronto ello empezará a mejorar.

Pero si la oposición actual -congresal o extraparlamentaria- guarda silencio, estamos fritos. Bajo la presunción errada de que hay que guardar perfil bajo hasta pocos meses antes de la elección del 2026, la oposición le hace el juego a este gobierno mediocre e indolente que nos asola.

Una oposición que se respete ya no solo marcaría la cancha sino que conformaría gabinetes en la sombra, con equipos técnicos que vayan demostrando diariamente los errores de un gobierno que parece no tener la más remota idea de cómo afrontar los problemas que le corresponde resolver.

Hoy la oposición se reduce a la izquierda venal que apapachó a Pedro Castillo y que solo sabe producir eslóganes efectistas, pero inconducentes, como plantear la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, la convocatoria a una Constituyente y hasta la tozuda solicitud de que liberen al expresidente chotano, y tramita sus anhelos con iniciativas fallidas en el Congreso o con inocuas “tomas de Lima”.

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Ejecutivo, Oposición, Parálisis política, Responsabilidad política

Si se reacciona morosamente, la tranquilidad relativa de la que se goza volverá a llevarnos a tiempos de agitación y entonces será tarde para preguntarnos por qué pasó ello. Nadie tendrá autoridad moral para darse por sorprendido.

Hay tiempo suficiente hasta el 2026 para retomar el rumbo de las reformas, algunas de ellas, la política y electoral, la macroeconómica, la regionalización, la policial, que hagan que la expectativa del futuro que tienen los peruanos cambie de la valencia negativa que hoy tiene a una positiva, que destierre la desazón que, a pesar de habernos librado de la terrible gestión de Pedro castillo, subsiste. La calma chicha referida debe dar paso a la inestabilidad reformista.

La del estribo: maravilloso reencuentro cinéfilo con clásicos del cine: ¿Quién teme a Virginia Wolf?, con Richard Burton y Elizabeth Taylor, ¿Qué pasó con Baby Jane?, con las extraordinarias Bette Davis y Joan Crawford (feliz coincidencia: en Star Plus dan una serie documental sobre esta película, protagonizada por Susan Sarandon y Jessica Lange, que grafica el odio legendario entre Davis y Crawford), Lo que el viento se llevó, con Vivian Leigh y Clark Gable, Rebelde sin causa, con James Dean y Natalie Wood, Charada, con Audrey Hepburn y Cary Grant, han servido de compensación a la rala emisión de películas que mi proveedor calificado ha tenido. Todo por HBO Max Clásicos.

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centro político, Congreso de la República, derecha peruana, Dina Boluarte, Ejecutivo, inestabilidad política, izquierda peruana

Pocas veces en nuestra historia republicana hemos estado en esta tesitura tan devastadora de tener a los dos principales poderes del Estado en plan de autodestrucción y de nimiedad corrosiva. Felizmente, el Ministerio Público y el Poder Judicial parecen estar en buenas manos y permiten cierto aliento respecto del porvenir institucional del país. Pero respecto de la dupla Ejecutivo-Legislativo no parece ya haber esperanza alguna.

Solo nos queda el páramo político y guardar la esperanza -por lo menos desde el centro y la derecha- que surja un candidato capaz de resolver, primero, la fragmentación existente en el sector, y, segundo, que sea capaz de armar una plataforma ideológica y programática lo suficientemente poderosa y disruptiva para hacerle frente a los ánimos antiestablishment y el predominio del rencor que después de cuatro años más de desgobierno absoluto que vamos a tener, van a crecer indudablemente.

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La jerarquía católica suele andar muy descaminada cuando se mete en asuntos terrenales o cuando se abstiene de hacerlo (véase nomás el vergonzoso silencio del papa Francisco respecto de lo que sucede en Nicaragua). El comunicado reciente de los obispos peruanos no hace sino corroborarlo.

La del estribo: imperdible la exposición Memoria [en] femenino Antológica, de Ana de Orbegoso, que se presenta en el ICPNA de Miraflores. Va hasta el 18 de setiembre. Igual, hay que acudir al MAC y ver con especial atención la exposición de Elena Damiani, Ensayos de lo sólido. Va hasta el 2 de octubre.

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Ejecutivo, Iglesia, obispos del Perú, Palacio de Gobierno

El tener entonces un congresista con un alterno y electos por distrito electoral unipersonal, permitirá que el trabajo parlamentario no se interrumpa cuando el congresista asuma una función ministerial o embajada, a la cual podrá dedicarle tiempo completo sin incurrir en posible conflicto de interés. El alterno entonces, asume plenamente las funciones parlamentarias de esa circunscripción hasta que el congresista termine la función de confianza encomendada y retome su curul.

Finalmente, la elección por distritos electorales uninominales de 150 mil electores cada uno facilitará no solamente la implementación de la figura de un congresista con un alterno y la actualización del número de congresistas por crecimiento poblacional, sino que también, permitirá que los electores de esa circunscripción específica sepan a quien pedirle cuentas y evaluar una reelección congresal, que esperamos también, sea pronto reestablecida.

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Bicameralidad, Congreso de la República, Ejecutivo

Si el Congreso actual hiciese estas cuatro tareas pasaría a la historia como uno de los mejores Parlamentos de nuestra vida republicana. Supondría hacer cambios estructurales relevantes y salir de la minucia en la que se regodea, en espejo de la mediocridad del Ejecutivo.

 

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