Ejecutivo

Si el Congreso actual hiciese estas cuatro tareas pasaría a la historia como uno de los mejores Parlamentos de nuestra vida republicana. Supondría hacer cambios estructurales relevantes y salir de la minucia en la que se regodea, en espejo de la mediocridad del Ejecutivo.

 

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Al cabo del tiempo, este lustro va a ser recordado como el periodo del retroceso, aquel en que el Estado peruano involucionó, se paralizaron reformas importantes y se desperdició la oportunidad de crecimiento económico.

Y en ese empeño, son cómplices el Ejecutivo y el Congreso. Desde el gobierno central se está perpetrando el mayor latrocinio burocrático de los últimos tiempos, al desmantelar los núcleos de excelencia que funcionaban relativamente bien en algunos sectores del Estado. El copamiento partidario de cuanta entidad sea factible de infiltrar ya está produciendo el colapso de la gestión pública.

 

 

Y desde el Congreso, el fujicerronismo se ha empeñado en tirarse abajo no solo reformas importantes, como las de educación y transporte, sino que ahora enfilan baterías contra uno de los pocos baluartes institucionales que nos ha permitido sobrellevar la crisis producida por el develamiento del escandaloso grado de inmoralidad vigente durante la transición post Fujimori: la lucha anticorrupción y el equipo de fiscales y jueces que lo ha permitido.

Tumbarse la legislación vinculada a la colaboración eficaz, no obedece a un intento de fortalecer el sistema anticorrupción, sino al propósito no santo de debilitarlo y favorecer tanto a los corruptos del pasado como, sobre todo, a los venideros. A los fujimoristas o seguidores de Luna se les ve con claridad el fustán de sus torvos afanes y a ellos se suman los congresistas oficialistas que se están curando en salud o queriendo proteger aliados circunstanciales: Dinámicos del centro, lobistas de Sarratea, etc.

Son tal para cual este Ejecutivo y el Congreso. Ninguno de los dos poderes del Estado actúa a la altura de sus responsabilidades históricas, que van más allá de la infeliz coincidencia de este desastre con el Bicentenario, sino con la encrucijada histórica en la que nos hallábamos, con una transición democrática agotada y devaluada, que merecía una superación cualitativa, política, económica y social.

 

 

No se avizoraba un buen destino, al cabo de tener que elegir en la segunda vuelta, entre los dos peores candidatos tanto de la izquierda como de la derecha. La conformación consecuente del Congreso no podía ser indemne al descalabro que ello auguraba, pero abrigábamos la leve esperanza de que los tiempos forjasen el carácter de sus protagonistas y los hiciera elevarse sobre su estatura mínima de arranque. No ha sucedido, lamentablemente, y salvo un milagro político, tendremos que resignarnos a soportar a Castillo y al Congreso actual, por cinco años completos.

 

 

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Con bombos y platillos, el presidente Pedro Castillo encabezó la ceremonia de creación de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales el pasado 20 de diciembre. La institución, que pretende capacitar a los trabajadores en temas relacionados a derechos laborales, es un calco de la experiencia boliviana bajo los gobiernos del MAS, el partido de Evo Morales. A la cita asistieron la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, y congresistas de izquierda como Isabel Cortez y Guillermo Bermejo. El problema es que las ausencias fueron más relevantes.

Los secretarios generales de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), que representan ante el Ejecutivo a los principales sindicatos del país, también habían sido invitados. Pero decidieron no asistir.

Las cuatro centrales consideran que la medida es una intromisión del gobierno a la autonomía sindical. El mismo día de la ceremonia, publicaron un comunicado conjunto dirigido a la ministra Chávez donde manifestaban su disconformidad. “Consideramos que no corresponde al gobierno unilateralmente realizar este tipo de iniciativas, ya que la formación sindical corresponde exclusivamente a la autonomía de las organizaciones sindicales”, dice el documento.

Para las centrales, a través de esta escuela se abre la posibilidad de que el gobierno se entrometa en su organización interna y oriente la lucha sindical a intereses políticos particulares. Todo bajo la excusa de la formación en derechos laborales. “Puede servir para someter a los movimientos sindicales a los caprichos del gobierno de turno”, considera Rolando Torres, secretario general de la CATP. 

Y este no es –vale agregar– el primer desencuentro entre el Ejecutivo y los gremios proletarios. En agosto, Sudaca ya había advertido que el presidente sindicalista estaba teniendo problemas para conectar políticamente con distintos sindicatos. Con la nueva ministra de Trabajo, sin embargo, la relación parece haberse roto definitivamente. 

 

Ministra con anticuerpos

“Pareciera que para la ministra no hay formación de dirigentes a través de las mismas organizaciones sindicales […] ¿O prefieren llamar a los empresarios para que den charlas de cómo hacer sindicalismo?”, pregunta con ironía Gerónimo López, secretario general de la CGTP.

La relación de las centrales con Betssy Chávez se ha resquebrajado en el último mes. La titular de Trabajo dio positivo a Covid-19 el 9 de diciembre y se reincorporó a sus funciones presencialmente pocos días antes del lanzamiento de la escuela sindical. Su retorno y la fecha de la ceremonia hacen dudar a los dirigentes sobre si la decisión ya estaba tomada antes de que enfermara, sin que ellos tuvieran idea.

“Perdimos contacto con ella durante 15 días. Cuando se reincorpora, sale la escuela sindical. A todos nos sorprendió [el lanzamiento]. Veíamos que era una mujer muy proactiva, tuvimos una reunión cordial antes. Hasta ahí estábamos bien, pero su enfermedad, más las fiestas, causaron un vacío”, reconoce Rolando Torres, de la CATP. 

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, durante la ceremonia de lanzamiento de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales. Foto: Ministerio de Trabajo.

Chávez ya no es vista con buenos ojos por los dirigentes de las centrales. Sus invitaciones a eventos son consideradas tribunas para mejorar su imagen. “A nosotros como CUT no nos parece cómo se han venido haciendo las cosas. Estamos siendo convocados a actividades que sirven para la publicidad, pero sin un verdadero compromiso al respeto de la libertad sindical. Son meros actos de manipulación y demagogia”, denuncia Julio César Bazán, secretario general de la CUT.

Cansados de la ministra, las cuatro centrales enviaron una carta al presidente Pedro Castillo solicitando una reunión urgente el pasado miércoles 22. Buscan pedirle que posponga el inicio de las clases en la escuela de formación sindical hasta tener claridad de su implementación. A la fecha, siguen sin una respuesta.

 

SIN PREVIO AVISO

Pero el problema no solo es que la escuela sindical es de total desagrado de las centrales. De acuerdo a los dirigentes de dichos gremios consultados por Sudaca, ellos no tenían la más remota idea de que la iniciativa estaba en los planes del gobierno.

El llamado del Ministerio de Trabajo (MTPE) los tomó por sorpresa. El aviso no fue para pedirles su opinión, sino para informarles que la decisión ya estaba tomada. Uno por uno empezaron a ser convocados el fin de semana previo a la ceremonia por funcionarios de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo. Cuando pidieron mayores detalles sobre la escuela sindical, los emisarios no supieron qué responderles, señalan.

“La señora [Betssy Chávez] unilateralmente, de la noche a la mañana, convoca a los sindicatos sin escuchar nuestra opinión. Si hubiese sido así, le hubiésemos manifestado nuestro punto de vista en desacuerdo, pero no fue el caso”, explica Gerónimo López, de la CGTP.

La poca claridad respecto a la escuela sindical hace creer a las centrales que la ministra no conoce realmente su sector. De acuerdo a Russell Gonzales, secretario general de juventudes de la CTP, la formación “jurídico laboral” que brindará la casa de estudios ya existe dentro de los gremios. “No se ve bien que el gobierno insinúe [que va a] dictar los temas de formación de los cuadros sindicales. La formación ya la hacemos nosotros. Ahí hay una intromisión. Lo rechazamos rotundamente”, condena.

También consideran que existen necesidades más urgentes que una casa de estudios sindicales actualmente. “Contratos desnaturalizados, ceses colectivos fraudulentos, tercerizaciones que atentan contra el derecho al trabajo, desconocimiento de convenios colectivos, hostilizaciones permanentes. Hay necesidad de resolver muchos problemas que están encauzados en la autoridad de trabajo”, asegura Julio César Bazán, de la CUT.

Además, poco ha dicho públicamente el MTPE respecto a cómo se dictarán las clases en la escuela sindicalista. Solo adelantaron, en una nota de prensa publicada el mismo día de la ceremonia, que las lecciones serán virtuales, comenzarán en enero y los profesores serán profesionales de las “áreas especializadas” del ministerio, así como de otras “entidades públicas y privadas”. Detalles insuficientes que no calman a las centrales. 

En respuesta a Sudaca, el ministerio aseguró que las clases comenzarán el 18 de enero del 2022 y que se dictarán dos cursos en el año. El primero, especializado en legislación laboral, será piloto, tendrá 32 horas lectivas y podrían participar cerca de 150 dirigentes. También manifestaron que recién “a partir del segundo curso se tiene previsto recoger las sugerencias de las organizaciones sindicales” para mejorar la metodología. 

 

AL ESTILO BOLIVIANO

Las centrales sindicales también quieren reunirse con Castillo porque ven posible que la escuela que acaba de lanzar el MTPE sea una réplica del modelo boliviano. Y señalan que eso sería un error porque la situación de ambos países es distinta.

De hecho, el propio ministerio dice a Sudaca, a través de su área de prensa, que “se ha revisado la experiencia boliviana”. Y reconocen que no pueden hacer un calco, pues allá tienen “una sola central sindical y con bases sólidas».

Se refieren a la Central Obrera Boliviana (COB), la institución dominante entre los sindicatos del país vecino. Esta ha sido aliada de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS). Incluso Morales llegó a encabezar marchas del movimiento en el 2019, poco antes de dejar el poder.

Bajo la gestión de Morales también se creó la Escuela de Formación Política Sindical, en el 2015, de la que el MTPE se ha inspirado.

Y si la similitud no es ya suficientemente clara en los objetivos y en nombre, vale revisar la nómina de invitados de lujo en la ceremonia del 20 de diciembre en Palacio de Gobierno. A la cita asistió, vía Zoom, Verónica Navia, la ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia. También estuvieron algunos ex dirigentes de las centrales y actuales dirigentes de pequeños sindicatos, pero a título personal.

El mismo día, la cuenta oficial de este ministerio boliviano compartió un tuit felicitando a su homóloga peruana. “La Escuela de Formación Sindical del Ministerio de Trabajo trascendió fronteras”, agrega el mensaje, que va acompañado de una foto de la ministra Navia escuchando la ceremonia.

La sensación de orgullo fue replicada por la ministra boliviana en la reunión. “Acompañamos y aplaudimos la decisión de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, y el presidente Pedro Castillo por brindar este espacio de reflexión colectiva a los trabajadores, más aún en la etapa histórica que está viviendo el Perú”, afirmó la ministra de Bolivia, de acuerdo al medio boliviano ‘Ahora El Pueblo’.

Gerónimo López, dirigente de la CGTP, dice que, a pesar de las diferencias, la fundación del colegio boliviano sí fue acordada con la COB. “Ellos han consensuado. Tienen un convenio para instalar la escuela sindical. No están al margen como acá, donde el Estado aparece como empleador, juez y parte para proteger sus intereses”, compara el dirigente.

Lo que dice López ocurre desde la reapertura de la escuela sindical por la ministra Navia. Esta estuvo cerrada por decisión de la presidenta Jeanine Áñez, en el régimen anterior al de Luis Arce. Pero solo a comienzos de este mes, la ministra boliviana anunció que 800 trabajadores terminaron su capacitación.

Más allá de los cursos, sin embargo, el gran miedo de las centrales sindicales peruanas es que el gobierno del lápiz esté buscando tener una COB peruana a sus pies. “Es algo peligroso. Pedro Castillo está buscando una división. Han creado organizaciones cascarón que les rinden pleitesía para dividir el movimiento sindical, como ocurre con el Sutep y el Fenate. Intentar tener una central única como allá [Bolivia] es lapidar la libertad sindical”, concluye Russell Gonzales, de la CTP. 

 

*Fotoportada por Darlen Leonardo

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Betssy Chávez, Centrales Sindicales, Ejecutivo, Presidente Castillo

A poco de cumplirse los 100 días de gobierno Pedro Castillo, podemos dar a conocer el carácter que asumiría su mandato, caracterizado por la poca capacidad de orientar al país y a sus ministros y funcionarios públicos hacia los grandes temas de política exterior para sitiar al Perú en el contexto internacional, aprovechando el buen costo del precio del cobre y del litio por muy buen tiempo. Se caracteriza también por su poca capacidad para orientar su gobierno hacia la unidad que requerimos políticamente para salir de esta situación crítica en la que se encuentra el país económicamente.  

Claro, hay razones para entender ese proceder. Castillo, que obedece a una agenda orientada al socialismo del siglo XXI que sus aliados les exigen que cumpla, se ha propuesto copar las instituciones del Estado para el objetivo que tiene en mente que es la Asamblea Constituyente. Allí tenemos al nuevo directorio que preside Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, en la que no tiene mayoría. Podemos apreciar también a Palacín en Indecopi y a Barranzuela y Gallardo en el ministerio del Interior y Educación respectivamente para solo poner algunos ejemplos. 

Si nos detenemos a pensar en esos cambios en el interior de estas instituciones claves para el Estado, podemos sostener que hay tácticas bien utilizadas -dentro de una estrategia que tienen que es generar las condiciones desde diversos frentes- para cambiar ciertos procedimientos administrativos que permitan a sus aliados (léase el senderismo vinculado al narcotráfico y al Conare por ejemplo) seguir operando sin ningún problema, así como generar presupuesto para más gasto social. 

La oposición política debe tomar conciencia de esta situación. Ya lo expresé en reiteradas oportunidades: vivimos una situación de atmósfera de confrontación que -desde un inicio- el Ejecutivo lo generó. La oposición y la prensa deben, para ello, fiscalizar responsablemente los trabajos que se vienen realizando desde los ministerios y otras entidades públicas. 

Las bombas de tiempo que va dejando este gobierno, si es que sale mal las estrategias para el objetivo de la Asamblea Constituyente, son los que se debe identificar para evitar cualquier tipo de amenaza al Estado de derecho.

No caigamos en la ingenuidad de la moderación de grupos leninistas en el poder. Desde mi paso por San Marcos hasta mis diversos trabajos por regiones -por estos tiempos- como sociólogo, puedo advertir que generar confusión en el oponente es forma de jugar a la política. Puedo advertir también que tienen en mente siempre esta premisa: “salvo el poder, todo es ilusión”. 

¡Advertidos estamos!  

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Asamblea Constituyente, Ejecutivo, Oposición, Pedro Castillo

Ha hecho bien el Congreso en limitar, mediante ley, la cuestión de confianza. Su carácter absoluto, aplicable a cualquier tema que se le ocurriese al Ejecutivo, era una espada de Damocles permanente y generaba un desequilibrio de poderes enorme, ya que era sumamente fácil deshacerse de un Congreso opositor.

El gobierno ha anunciado que irá al Tribunal Constitucional. Dada la actual composición del tribunal supremo en la materia va a ser muy difícil que declare la inconstitucionalidad de la norma, de modo tal que lo más probable es que la ley mantenga vigencia hasta que, de repente, se constituya un nuevo TC en marzo del próximo año y éste decida acometer el tema.

Entre tanto, se equilibra la balanza y, contrariamente a lo que algunos analistas piensan, lejos de ser el primer peldaño hacia un proceso de vacancia, termina por alejar también ese peligro político del horizonte. Como estaban dadas las cosas, solo la amenaza de una disolución del Congreso hubiera podido movilizar los 87 votos necesarios para vacar a Castillo (si pretendía disolver caprichosamente el Congreso bien merecida hubiera tenido la vacancia, por cierto).

Lo que corresponde a mediano plazo es reformar la Constitución en ambos puntos: limitar la cuestión de confianza en dos legislaturas, de modo de blindar cualquier modificación legislativa futura o su declaratoria de inconstitucionalidad de un futuro TC, y reemplazar las causales de vacancia moral, ajustándolas a un proceso de juicio político, en lugar del mamarracho que existe hoy y que, a su vez, también permite zafarse de un gobernante por la sola sumatoria de los votos, sin que importen las razones de fondo.

Lo cierto es que, en lo inmediato, va a ser saludable para la gobernabilidad que el Ejecutivo tenga rienda corta. No se aprecia hasta el momento un proyecto revolucionario, marxista leninista, en ejecución, ni un plan en ese sentido, pero la cercanía de elementos políticos que se declaran abiertamente leninistas o maoístas no deja de generar incertidumbre, sobre todo si se tiene en cuenta un Primer Mandatario tan volátil como el que hoy nos gobierna.

El parteaguas es el tema de la Asamblea Constituyente y la única vía que el Ejecutivo tenía parar lograr convocarla, pasaba por disolver el Congreso. Hoy, gracias a la ley congresal, esa eventualidad ha sido acotada a su mínima expresión.

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Asamblea Constituyente, Congreso de la República, Ejecutivo

Recientes propuestas de reformas al sistema de gobierno han llamado la atención, pues parecen no centrarse en atacar el problema de raíz, sino en respuestas a situaciones coyunturales. El proceso de reforma constitucional tiene un gran impacto y, por lo tanto, no debe tomarse a la ligera.

Una constitución es un texto que recoge los principios y valores, las reglas de convivencia, de una sociedad. En ese sentido, no es propósito del texto constitucional desarrollar cada aspecto de nuestro quehacer cotidiano. En cambio, a partir de la norma suprema, se aprueban leyes y reglamentos específicos para cada sector y actividad que amerite regulación, siempre en armonía con los principios constitucionales.

Esta norma, al reflejar los valores de la sociedad, tiene vocación de permanencia en el tiempo que nos dé predictibilidad y seguridad. Esto no significa de ningún modo que nuestras reglas de convivencia no puedan evolucionar y adaptarse a los cambios sociales. La Constitución puede ser interpretada de manera dinámica por el Tribunal Constitucional, de tal forma que sus disposiciones se apliquen de acuerdo al contexto actual. 

Sin embargo, ante cambios sociales que lo ameriten, la propia Constitución contempla la regulación para introducir reformas que permitan ajustarla a la realidad nacional. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando se reconoció el derecho al voto a nuestras Fuerzas Armadas, en el año 2005, o cuando se prohibió la reelección presidencial inmediata, según nuestra tradición constitucional.

Cualquier reforma constitucional debe ser evaluada con detenimiento y con particular enfoque en su impacto en el resto del texto constitucional. Es imprescindible mantener la armonía y consistencia de la norma suprema, de forma que el cambio en una disposición no entorpezca o vuelva inviable la aplicación de otra.

En este contexto, preocupa la reciente tendencia a la presentación de proyectos que buscan reformar la interacción de los poderes del Estado, pues no parecen derivar de un estudio profundo del problema que se busca solucionar y sus causas, sino más bien aparentan ser reacciones a situaciones a las que se ha enfrentado el país recientemente. Es el caso, por ejemplo, de la propuesta de interpretación de la cuestión de confianza, así como de las propuestas de modificación de la vacancia presidencial, o la llamada muerte cruzada, cuya aplicación derivaría en la disolución automática del Congreso.

No cabe duda que la relación ejecutivo legislativo es uno de los aspectos de la Constitución que mayor atención ha atraído, en particular a raíz de la interacción entre estos poderes en los últimos cinco años. En tal sentido, es necesario implementar cambios al sistema de balance de poderes. Sin embargo, estos cambios deben partir por evaluaciones profundas de expertos, seguidas por propuestas que ataquen el problema de raíz y de manera integral, en lugar de a cada figura de manera aislada. Finalmente, estas propuestas deben ser analizadas, reflexionadas y debatidas por los legisladores en búsqueda de la mejor alternativa. Es responsabilidad del legislador generar propuestas de calidad, debidamente sustentadas y evaluadas.

Urge regular adecuadamente un mecanismo real de control político al Ejecutivo, como el juicio político, así como el alcance de la cuestión de confianza. Pero la única manera de evitar futuras crisis políticas que nos paralicen de la forma en la que ha ocurrido en el pasado, es mediante una mirada integral y poniendo por delante el interés del país. Mucho bien nos haría retornar al sistema bicameral, entre otras razones porque las propuestas legislativas ameritan una reflexión más profunda.

 

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