La historia detrás del impresionante ascenso en la carrera de Juan Carrasco Millones y las irregularidades y polémicas que lo acompañaron.
La sorpresiva llegada de Pedro Castillo a la presidencia tras las elecciones del año 2021 también significó la llegada de nuevos personajes a la escena política nacional y entre ellos se encontraba el ministro Juan Manuel Carrasco Millones, quien estuvo al frente de los ministerios del Interior y Defensa.
Este abogado oriundo de Lambayeque había adquirido notoriedad en 2014 cuando estuvo al frente de un caso que terminó con la detención del entonces alcalde de Chiclayo y cerca de treinta funcionarios de su gestión que eran acusados de estar involucrados en lavado de activos.
Sin embargo, lo que ocurrió en los meses posteriores con este caso y muchos otros que involucraban directamente al fiscal Juan Carrasco Millones terminaron por sembrar un manto de dudas sobre las verdaderas intenciones del exministro castillista al ordenar las detenciones y coordinar operativos de gran impacto mediático.
INTERMIABLES IRREGULARIDADES
Si bien la detención de Roberto Torres, alcalde de Chiclayo, y los que habían sido involucrados con el caso “Los Limpios de la Corrupción” había sido tomada por la opinión pública como un golpe a la corrupción y hasta había logrado que la imagen de Carrasco Millones tome relevancia a nivel nacional al punto de pasar de ser un fiscal adjunto a un invitado de diversos programas de televisión, la realidad de este célebre caso escondía un sinnúmero de irregularidades que llevaron a que, años después, se ponga en duda lo que realmente se escondía detrás del operativo.
Uno de los primeros indicios de las irregularidades que habían ocurrido lo dio un funcionario cuyas declaraciones no sólo habían sido tomadas como las de un colaborador eficaz sino que, además, habían sido manipuladas. Jorge Matallana Peralta, quien trabajaba en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, relató que, usando como amenaza la posibilidad de terminar en prisión, fue forzado a firmar documentos con preguntas que no se le habían formulado.
Pero este no fue un caso aislado. Juan Manuel Valdivia Goycochea fue otro de los funcionarios acusados de pertenecer a la organización criminal y, como a muchos otros, pasó un largo periodo con prisión preventiva. Sin embargo, casi una décadas después, Juan Valdivia no ha sido acusado, aunque eso no cambia que debió pasar cerca de tres años de su vida tras las rejas.
Cuando el propio Valdivia decidió investigar lo que había ocurrido con este caso que le costó su libertad sin estar involucrado encontró una serie de situaciones extrañas en los informes de inteligencia que habían sustentado las detenciones de funcionarios. “Nos llegó la información que quienes estaban haciendo las escuchas legales estaban de vacaciones y no podían hacerlas”, cuenta Juan Valdivia.
El mayor Romel Agustín Díaz Paz y el teniente Víctor Javier Chafloque Oliden habían sido, supuestamente, los responsables de dichas escuchas. Pero, acorde a la información que brindó la propia OFINTERPOL de Chiclayo, el día que emiten el oficio dirigido al fiscal adjunto Carrasco Millones que permitió gestionar la detención preliminar, Díaz y Chafloque no figuraban en la lista de personas que estaban de servicio.
A ello se le suma una declaración que data del año 2019 y corresponde a Luis Enrique Farfán Silva, quien en 2014 se desempeñaba como jefe de la OFINTERPOL.Farfán dijo desconocer el trámite del cuestionado informe de Chafloque y Díaz, y agregó que ellos no se encontraban bajo su mando.
No obstante, el informe en cuestión incluía el sello y forma de Farfán Silva. Aunque el detalle que ha llamado la atención es la innegable diferencia entre las firmas del entonces coronel Farfán Silva en otros documentos del mismo año 2014 y aquel que afirma desconocer. El sello usado aquel 29 de septiembre también muestra diferencias de aquel que había usado en otros documentos debido a que omite su segundo nombre y agrega un “JEFE OFINTERPOL – CHICLAYO”.
OTRO CASO EMBLEMÁTICO BAJO SOSPECHA
Otra de las irregularidades en las que se vio involucrado Carrasco Millones se encontró en el caso que derivó con la detención delexalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y un gran número de funcionarios de su gestión. Uno de estos funcionario era Nilton César Monje Sampen, quien se había desempeñado en varios cargos de confianza en la Municipalidad Provincial de Chiclayo tras la llegada de Cornejo a la alcaldía.
Tras su detención, Monje Sampen brindó una declaración que pocos esperaban. El 22 de diciembre del 2018, el exfuncionario reveló que, en una visita a la casa del alcalde, el propio Cornejo Chinguel le había contado que tenía un amigo en la policía que le advertía de los operativos hacia la municipalidad.
Pero , Monje no sólo expuso la existencia de este infiltrado sino que lo identificó como el comandante Romel Díaz y hasta que este aliado del alcalde incluso le había advertido que se estaban monitoreando sus llamadas y se jactaban, como de un gran logro, de haber frustrado un operativo a la Gerencia de Transportes gracias a la colaboración de este policía.
Este caso daría un giro inesperado el 28 de enero, cuando Nilton Monje Sampen realizó una extraña ampliación de declaración en la cual negó que Romel Díaz haya sido el nombre del policía que filtraba información. Monje alegaba que, debido a un cuadro de diabetes emotiva, se refirió a Romel Díaz sólo porque fue un nombre que había surgido en comentarios y, además, afirmó que no conoció a Díaz en persona e ignoraba el rango que ostentaba.
Si bien estos fueron los casos que llevaron a que la carrera de Carrasco Millones como fiscal tome mayor relevancia, los pormenores que salieron a la luz con el paso de los años demostraron que no sólo ocurrieron irregularidades sino que estas trataron de ser escondidas y que la motivación detrás de estos operativos no habría sido la lucha contra la corrupción.
Cualquiera que haya visto el espectáculo brindado por el fiscal José Domingo Pérez en la primera audiencia del juicio por el caso cocteles o haya leído la reveladora entrevista a Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep, a quien el Ministerio Público viene sometiendo a un calvario abusivo e irracional, debe concluir que algo se pudre en el organismo de la avenida Abancay.
La Fiscalía se ha vuelto -salvo honrosas excepciones- en una máquina moledora de carne de los adversarios, políticos o mediáticos, y que aprovecha cualquier resquicio absurdo de la ley para provocar acusaciones, detenciones preliminares, prisiones preventivas, allanamientos y cuanta parafernalia punitiva exista en su arsenal de instrumentos coercitivos.
Y el eje interpretativo más pertinente es el político. No guía a los fiscales el derecho penal sino el interés político, como cada vez se demuestra con mayor claridad. Hemos sido engañados, todos estos años, por una aparente lucha radical anticorrupción de parte de la Fiscalía, cuando lo que ha habido es una trama de intereses ideológicos y políticos puestos en marcha para aplastar a los adversarios.
El Poder Judicial, felizmente, no está tan contaminado como el Ministerio Público y ya veremos cómo sabrá poner orden en los casos que la Fiscalía amaña, pero entre tanto, se hizo pasar a personas inocentes por años de zozobra, gastos abogadiles, incertidumbre vital y enorme daño reputacional. ¿Quién les va a devolver eso? ¿Quién nos va a devolver eso?
Al respecto, tiene enorme responsabilidad la Junta Nacional de Justicia que en sus varios años de existencia no ha sabido corregir los malos rumbos que el Ministerio Público ha seguido y le ha permitido actuar con impunidad absoluta, sin siquiera una amonestación.
Una de las tareas fundamentales del gobierno que ingrese el 2026 es emprender una reforma profunda del Ministerio Público. Bien meditada, no puede ser al caballazo -la historia reciente nos demuestra que esas reformas apuradas, a nada bueno conducen-, para volver a colocar la institución en el sitial de prestancia y neutralidad penal que corresponde a un Estado de Derecho.
La historia detrás del extraño error en un operativo que involucraba al fiscal Juan Carrasco Millones y facilitó la fuga de un importante integrante de una red criminal.
Desde sus inicios como fiscal, Juan Carrasco Millones se había caracterizado por los espectaculares operativos que tenía a cargo en los cuales no escatimaba al momento de solicitar prisión preventiva para cuanta persona fuese posible, incluso cuando el tiempo ha demostrado que en estas solicitudes se cometieron excesos e irregularidades,
Sin embargo, entre todos los casos que involucran al hoy exministro, existió uno en el que se cometió un misterioso error que significó una oportunidad inmejorable para que uno de los integrantes más importantes de la red criminal conocida como“La Gran Familia” pudiese escapar.
EL “ERROR”
Esta historia se remonta a octubre del 2016, cuando el periodista Carlos Cabrejosrecibe una llamada de su amigo Rafael Ángeles Yauri ante lo que relata en su libro “El falso Sheriff” como una muy violenta entrada de la policía a la casa de la familia de Ángeles Yauri en la cual habían agredido a sus familiares y causado daños materiales a la vivienda.
La razón de este agresivo y desconcertante ingreso por parte de la policía era la búsqueda de Orlando Charles Palomino Bravo, quien también era conocido como “Chacho Palomino”y estaba estrechamente vinculado con la red criminal llamada “La Gran Familia” y con el “Viejo Paco”, quien la lideraba.
Cabrejos explica que, tras consultar investigar el tema, supo que este violento ingreso a la vivienda no respondía a algún tipo de pista que involucre a esta familia con “Chacho Palomino” sino que se debía a un error y que la casa a la que debían ingresar era otra que correspondía a los padres de Palomino Bravo.
Pero este error no parecía ser sin intención. Según información que el propio Carlos Cabrejos pudo recabar,la magistrada Yolanda Gil Ludeña, quien emite la orden judicial para el ingreso a la vivienda en cuestión, sí había colocado la dirección de los padres de “Chacho Palomino” y no la que correspondía a la familia Vásquez Quispe.
Las sospechas aumentaron cuando, como cuenta en su libro, Cabrejo recordó que el abogado de “Chacho Palomino”era un personaje cercano a Carrasco Millones. A ello se le sumó que la magistrada Gil Ludeña le revelaría a este periodista que la información que Carrasco Millones brindó sí correspondía a la casa del prófugo, una situación que sólo genera más dudas sobre el insólito error que se cometería posteriormente y terminaría por poner en alerta a “Chacho Palomino” y facilitar que escape del cerco policial.
GUERRA INTERNA
El extraño y hasta sospechoso accionar de Carrasco Millones llevó a que existan tensiones entre quienes, en teoría, debían estar en un mismo bando en la lucha contra las mafias y la delincuencia y, acorde la información que se ha expuesto, esta discordia estaba más que justificada.
Luis Guerrero Balladares, jefe de la Divincri Chiclayo, reveló que Juan Carrasco Millones permitía que la DIGIMIN Chiclayo perjudique el trabajo de la Divincri. Tal como se expone en “El falso Sheriff”,el coronel Guerrero Balladares creía que uno de los hermanos Sánchez Coronel, que eran investigados por el caso “La Hermandad del Norte”, era informante de Carrasco Millones y, por ello, este intentaba protegerlos.
Incluso existirían pruebas, más precisamente material gráfico, en las que se observaría a personal de DIGIMIN llevando a uno de los hermanos Sánchez Coronel a una reunión con Carrasco Millones. Este vínculo que involucraba al ex fiscal quedaría más expuesto años más tarde cuando se supo que integrantes de la organización criminal conocida como “Los Ñatos”, que tenía como líder a Santos Hermes Sánchez Coronel, fueron liberados con intervención del propio Carrasco Millones y un grupo de abogados de Chiclayo.
Las revelaciones sobre estos casos sólo expondrían, una vez más, las irregularidades y sombras en el historial de Carrasco Millones y, posteriormente, llevarían a que en esta zona del país se tome con gran sorpresa que este fiscal llegue a ser nombrado ministro durante el gobierno de Pedro Castillo.
El exministro Juan Carrasco Millones sería investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sudaca accedió a la información que sustenta esta denuncia penal.
A lo largo de su trayectoria como fiscal, el nombre de Juan Carrasco Millones ha estado vinculado a un sinnúmero de críticas e interrogantes sin resolver sobre su accionar en los casos emblemáticos que, en su momento, lo ayudaron a pasar de ser un fiscal provincial en Lambayeque a un personaje conocido a nivel nacional con el rótulo de luchador contra la corrupción.
Los cuestionamientos al abuso del recurso de la prisión preventiva, los numerosos casos de personas que permanecieron por largos periodos en prisión sin haber cometido un delito, las irregularidades en los informes de inteligencia que utilizaba y hasta los testimonios que involucraban a sus aliados más cercanos como cómplices de políticos corruptos llevaron a que Juan Carrasco no tarde en convertirse en un nombre que despertaba dudas.
Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido una denuncia penal que lo involucra y que agrega, a los cuestionamientos previamente mencionados, una nueva acusación. Sudaca accedió a este documento que consta de noventa y dos páginas en las que expone un posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
ECONOMÍA SOSPECHOSA
Esta denuncia se centra en los extraños movimientos que ha tenido la economía del exministro a lo largo de más de una década y entre los hechos que se incluyen se hace mención a la declaración de ingresos y bienes presentada por Carrasco Millones. En ella destaca que, cuando asumió el cargo de fiscal adjunto en 2010, el valor de sus bienes ascendía a S/ 174,000.00 y esto se mantenía para el año siguiente.
Lo extraño de esta historia empieza en 2012, cuando la declaración del entonces fiscal muestra una disminución de sus bienes que quedaron en S/ 121,050.00. Esta cifra llama la atención debido a que en junio del año anterior había adquirido un inmueble por el monto de S/ 36,000.00 y que, apenas veintiún días después, vende por la cifra de S/100,000.00.
A estas sospechas se le suma que, en diciembre del 2011, un préstamo correspondiente a una hipoteca por la propiedad adquirida por Carrasco Millones alcanzaba los S/ 156,600.00 despertando las dudas sobre el insólito aumento en la valoración de una propiedad que, supuestamente, sólo había costado S/ 36,000.00. Además, pese al crédito que recibió el exministro por S/ 88,200.00, el valor de sus bienes no se modificó de 2012 a 2013.
Sin embargo, entre 2014 y 2015, el patrimonio de Juan Manuel Carrasco Millones sí registró dos cambios considerables. En el primer año llegó a los S/ 200,000.00 y, para el año 2015, esta cantidad aumentó hasta alcanzar los S/ 300,000.00.
Otro de los movimientos irregulares que se detallan en la denuncia ocurre en el año 2018 cuando se otorga una nueva hipoteca por un préstamo de S/ 100,133.56. En los documentos se señala que el valor comercial de inmueble era de S/ 418,850.00 pese a que en las declaraciones de Carrasco sobre sus bienes estos sólo ascienden a trecientos mil soles.
Entre los años 2019 y 2020, el valor de los bienes patrimoniales de Juan Carrasco experimentan otro cambio impresionante al pasar de S/ 300,000.00 a S/ 736,000.00. Para el año 2021, los bienes patrimoniales llegaron a S/ 1’036,000.00, una cifra que nuevamente llama la atención al tener en cuenta que los ingresos netos anuales del fiscal sólo ascendieron a S/ 150,000.00.
EL VEHÍCULO DEL PODER
En estos documentos que Sudaca pudo revisar también se hace mención a un episodio muy particular relacionado a la compra de un vehículo. Según se ha corroborado, en mayo del 2022, Juan Carrasco compró un automóvil marca Honda por diez mil dólares. Esto no tendría nada de sospechoso de no ser porque, casualmente, este vehículo pertenecía a Javier Alonso Pacheco Palacios, quien ocupó el cargo de Procurador General del Estado Peruano y esto significa que fue dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el que trabajaba Carrasco Millones.
Pero, además, Pacheco Palacios fue propietario de este vehículo tan sólo durante cuatro meses tras comprárselo, por once mil dólares a Amado Daniel Enco Tirado, quien también había sido Procurador General del Estado Peruano. Enco Tirado, a su vez, había comprado el vehículo en agosto del 2020 por trece mil quinientos dólares y sólo fue su propietario durante un año y cinco meses.
Los inusualmente cortos periodos que este automóvil permaneció con sus dos últimos propietarios antes de ser adquirido por Carrasco Millones así como la ausencia de signos de deterioro que se expone en la denuncia han llevado a que se presuma que el valor comercial de Honda Accord sería distinto al que se declara.
Según lo que se señala en el Código Penal, el incremento ilícito del patrimonio de un funcionario o servidor público llevaría a que la pena privativa de libertad se encuentre entre cinco y diez años. Pero, cuando se trata de una persona que ocupó cargos de alta dirección, la pena privativa de libertad puede llegar hasta los quince años.
Si bien serán las investigaciones las que determinarán si al exministro le corresponde pasar un periodo en prisión, los hechos mencionados en la denuncia a Juan Carrasco confirman que se trata de un personaje que, durante su trayectoria, ha sabido acumular millones de sospechas sobre su proceder.
La insólita estrategia que se habría usado para ocultar la doble vara en los casos seguidos por Carrasco Millones.
En el último tiempo han quedado expuestas una serie de irregularidades en los casos que estuvo involucrado el exministro Carrasco Millones. Sin embargo, pese a que durante un largo periodo gozó de un poder incuestionable, sus cuestionables acciones no estuvieron exentas de cabos sueltos que lo pusieron en riesgo a él y sus intereses en más de una oportunidad.
Misteriosas cortinas de humo y venganzas contra quienes cumplían su trabajo sin excepciones habrían sido parte de la estrategia del fiscal para evitar que la carrera que había forjado y su fama ganada se vean bajo amenaza y los pormenores de estas historias han sido revelados por Carlos Cabrejos, uno de los periodistas que siguió de cerca sus acciones.
OPERATIVO HOSTIGAMIENTO
Aunque Carrasco Millones pretendía instalarse como un fiscal implacable, el paso de los años parecía haber expuesto, al menos entre los que seguían de cerca su accionar, que su interés por terminar con las agrupaciones criminales no aplicaba a todas ellas y a algunas las ignoraba pese a la existencia de evidencia contundente.
Según expone el periodista Carlos Cabrejos, existían redes criminales, como sería el caso de “Los Malditos del Azucar”, cuyos ataques armados contra la policía eran ignorados y las denuncias contra sus integrantes eran derivadas a fiscalías corporativas. Ni los informes policiales de la DIVIAC ni las declaraciones de colaboradores eficaces habían logrado que Carrasco Millones, por entonces coordinador de la FECOR Chiclayo, concluya la investigación contra la red criminal.
Pero el problema no sólo radicaba en las demoras y el aparente desinterés. Aquellos que no se amoldaban a esta línea de trabajo corrían el riesgo de sufrir las consecuencias. Esta historia ha sido detallada en el libro “El falso Sheriff”, el cual da cuenta que desde la propia fiscalía se había empezado a hostigar al policía responsable de impulsar la investigación. Este lamentable operativo había llegado a tal punto que el policía en cuestión manifestó su temor de ser ´sembrado´ como castigo.
EL “ROBO”
Pero, como se ha expuesto previamente, este no es el único caso con irregularidades en el que el exminsitro Carrasco se ha visto involucrado. Tal como lo reportó Sudaca, tras el operativo para capturar a varios funcionarios del exalcalde David Cornejo Chinguel, se conoció que uno de los detenidos, identificado como Nilton Monje, señaló que el burgomaestre contaba con la complicidad de un policía mano derecha de Carrasco Millones que lo mantenía alerta de los operativos que podían perjudicar las actividades de su gestión.
Si bien esto parecía ser un caso muy grave, esto pasó a un segundo plano debido a que, coincidentemente, el mismo día que la prensa informó sobre este testimonio que involucraba a uno de los personajes más cercanos a Carrasco se conoció que la casa del fiscal había sufrido un intento de robos a manos de delincuentes contratados por redes criminales investigadas por Carrasco.
Por supuesto esta historia no sólo colaboraba con el objetivo de Carrasco Millones de crear una imagen de justiciero sino que, además, desviaba la atención con respecto a un testimonio que podía abrir la puerta a que la opinión pública empiece a dudar sobre el trabajo que venía realizando.
Pero esta historia toma un tinte más turbio por lo que se cuenta en el libro de Carlos Cabrejos sobre lo que habría sido el detrás de escena de ese misterioso intento de robo. Según una declaración que pudo recoger el propio periodista, este sospechoso robo habría sido hecho a pedido de un policíaque pidió simular un robo a cambio de tres mil soles.
Aunque días después esta noticia quedaría en el olvido debido a que agentes de la DIVINCRI de Chiclayo determinaron que los supuestos delincuentes no habían logrado entrar a la casa y un video de la cámara de seguridad de su vecino respaldaría esta versión, el objetivo era desviar la atención del testimonio de Nilton Monje sí se había logrado.
Cabe señalar que este no es el primer cuestionamiento al proceder de Juan Carrasco Millones a lo largo de su trayectoria. Según pudo conocer Sudaca, incluso por testimonio directo de las personas afectadas, sus decisiones como fiscal parecen haber estado motivadas principalmente por el deseo de construir poder y no por el deseo de convertirse en un fiscal incorruptible, como intentó mostrarse ante la opinión pública.
Así de ridículo suena y así de grave es la situación de nuestro país.
En la historia reciente del Perú, desde que regresamos a la democracia en 1980 e incluso un poco antes con la Constituyente del ‘78/’79, el ejercicio de la política estaba limitado a los partidos políticos y a sus representantes tanto en el poder ejecutivo como en los gobiernos locales y a la academia.
En ese entonces, los medios se limitaban en sus noticieros a informar sobre los acontecimientos nacionales y mundiales, incluyendo en su programación espacios políticos, deportivos, de espectáculos y las siempre vistas telenovelas. El poder judicial, siempre con sus cuestionamientos de probidad, aplicaba la ley sin hacer notar una preferencia política, al menos, de manera pública. De los fiscales y procuradores, ni sabíamos quiénes eran.
Cuando Alberto Fujimori se convierte en presidente del Perú en 1990 y para, desde su punto de vista, combatir al terrorismo y la hiperinflación, y luego, mantenerse en el poder, es que comienza la politización de la política, que como bien lo define la Real Academia de la Lengua Española significa, en su primera acepción, es :“ Dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo tienen.”
En la década de los 90’s la política entró en el Ministerio Público con aquella vocecita casi imperceptible y celestial de la fiscal Blanca Nélida Colán que terminó presa, el recién formado Tribunal Constitucional que se armó a la medida del régimen fujimorista y con Vladimiro Montesinos que cerró el círculo comprando al poder judicial y a los medios de comunicación.
Han pasado más de 23 años desde que renuncia Fujimori y llega Toledo luego de la transición con Paniagua, y la verdad, estamos peor que antes.
La política está ahora en todas partes, incluso en aquellos lugares e instituciones donde no debería estar.
Los fiscales son ahora vedettes que salen a declarar a medios afines y se despachan a diestra y siniestra sin ninguna vergüenza ni ética profesional de guardar reserva en sus investigaciones. Ya no tienen sangre en la cara para expresar condenas a colegas o incluso dejar entrever sus preferencias políticas. La guerra del trono actual por el control de la fiscalía es un claro ejemplo de ello.
La Junta Nacional de Justica, creada políticamente por Martín Vizcarra, tiene el desparpajo de emitir opiniones ex ante como en el caso de la fiscal Zoraida Avalos y de establecer un procedimiento ad-hoc para destituir a la fiscal de la nación Patricia Benavides, con cronometrada coordinación con cierta prensa cómplice.
Tenemos jueces que dan cautelares como el árbitro argentino Javier Castrilli sacaba tarjetas rojas, permitiendo el enfrentamiento de competencias entre instituciones cuando el Tribunal Constitucional ya tiene este tema oleado y sacramentado.
Que los medios tengan sus programas políticos, por supuesto, y que sus conductores tengan afinidad con ciertas ideologías está bien, para eso son programas políticos. Pero cuando la ideología o los intereses de los propietarios de esos medios son también llevados al resto de su programación como noticieros y espectáculos, se está dando contenido político a entornos que no deberían tenerlos. Politizando la política.
La política debería estar concentrada, primariamente, en aquellas instituciones donde los funcionarios son electos por voto popular y a esto me refiero a partidos políticos, poder ejecutivo, gobiernos locales y congreso. Como ciudadanos, ya sea de manera colegiada o individual, también podemos y debemos ejercer política constructiva que sea alimento de los partidos políticos y de los funcionarios electos.
Pero el resto de las instituciones deben regresar a su esencia y trabajar no en función de intereses mercantilistas o ideológicos, sino en función del bienestar de los ciudadanos.
Basta de fiscales vedettes y magistrados en la televisión, basta de periodistas que fungen de voceros de fiscales en base a posiciones ideológicas, basta de noticieros que chancan día a día y sistemáticamente la labor del congreso cuando deberían individualizar responsabilidades. Basta de doble raseros fiscales como el allanamiento a Juan Carlos Tafur que dignamente responde de inmediato a las preguntas mientras que cuando se allana a Gorriti, éste agarra el celular y llama al fiscal Pablo Sánchez para que le paren el procedimiento.
Si no detenemos esta vorágine de abusos y de enfrentamientos sin pensar en el bien común, y siendo laxos con amenazas latentes como la de Antauro Humala, ya atenuada por algunos periodistas que dicen que será controlado por el congreso o por políticos como Marisol Perez-Tello que ante un escenario Keiko-Antauro en la segunda vuelta votaría en blanco, pues vamos directo hacia la autodestrucción.
[INFORMES] Dicho comunicado viene a negar lo sostenido por el periodista César Romero Calle en diversos artículos y primeras páginas (impresas y digitales) que se ha publicado desde el 28 de diciembre del 2023 hasta el día de hoy en el diario “La República” y en que ha probado hasta el extremo la veracidad de la orden de videovigilancias y seguimientos que impartió por escrito el Fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez en la disposición Fiscal N° 1 del 05 de abril del 2023 en la que decide abrir una investigación secreta por 120 días “contra los que resulten responsables”.
La Fiscalía en su comunicado busca negar la existencia Carpeta Fiscal N° 87-2023
Es gravísimo que la Fiscalía quiera negar la existencia de la Carpeta Fiscal N° 87-2023 y de cuya disposición de archivo hemos sido notificados formalmente por el propio Ministerio Público el periodista César Romero y yo a fines de noviembre del 2023; y lo ridículo es que para ocultar su existencia y contenido se quiera hacer referencia a un proceso penal completamente distinto (la del abogado Castillo Alva), que está en la etapa de investigación preparatoria, y que en el caso de la investigación secreta a periodistas (CF N° 87-2023) no ha pasado de las diligencias preliminares.
La única manera que la Fiscalía pueda negar o afirmar si hubo seguimientos o videovigilancias a periodistas no es aludiendo a un proceso penal que se encuentra judicializado en donde se menciona a los periodistas César Romero y a mí, sino remitiéndose a la carpeta Fiscal número 87-2023 que obra en poder del Ministerio Público y en la que efectivamente se han ordenado videovigilancias y seguimientos a periodistas.
El Ministerio Público para emitir su comunicado ha buscado donde sabe perfectamente que no va encontrar nada de videovigilancias y seguimientos a periodistas, debido a que, según nuestras fuentes, en el proceso penal que se le sigue al abogado Castillo Alva (carpeta Fiscal 09-2019) en más de 4 años de investigación no se ha ordenado videovigilancia o seguimiento alguno.
Para opinar sobre el tema la Fiscalía de la Nación y el área de prensa del Ministerio Público deberían haber leído la primera plana del diario la República de ayer que expresamente alude a la Carpeta Fiscal 87-2023 que se encuentra en el Tercer despacho del Caso “Cuellos Blancos”.
El Ministerio Público, en el colmo de lo hilarante y bochornoso, quiere negar los documentos (disposiciones y videovigilancias) que ha obtenido oficialmente César Romero de la Carpeta Fiscal 87-2023 y que publica ayer en la primera plana el diario “la República” con el título “Ministerio Público: la carpeta 87-2023 revela sus secretos”.
Lo que oculta deliberadamente el comunicado del Ministerio Público es que el inicio de la investigación secreta contra las periodistas que emprende la Fiscalía por 120 días se debe a dos artículos publicados, uno por Sudaca, el 27 de marzo del 202 titulado “ESCÁNDALO EN EL MINISTERIO PÚBLICO: FISCALES DEL CASO CUELLOS BLANCOS SE CONVIERTEN EN ABOGADOS DEFENSORES DE WALTER RÍOS” y el otro artículo publicado por el diario la República el 30 de marzo del 2022 titulado “FISCALES AD HOC PRESIONAN A SUS COLEGAS PARA FAVORECER A REO”.
Las tres primeras páginas (de las 10 páginas) que forman parte de la disposición fiscal del 5 de abril del 2023 por las que se inicia la investigación secreta a los periodistas justamente abundan en detalles y resaltan las publicaciones realizadas por la República y por Sudaca. No hay duda alguna que sin los artículos publicados por César Romero y yo en la República y Sudaca no habría tenido sentido abrir la investigación fiscal secreta el 5 de abril del 2023 en la que se ordenó las videovigilancias.
La Carpeta Fiscal de la investigación secreta a los periodistas del diario la República, de Sudaca y la Carpeta Fiscal del abogado Castillo Alva son distintas
El Ministerio Público en su comunicado pretende hacer creer de manera temeraria e inexplicable a la opinión pública que la Quinta Sala de Apelaciones Nacional ordenó en el caso de la prisión preventiva del abogado José Luis Castillo Alva que se habría encontrado peligro de obstaculización por parte de dicho abogado por haber influido en las publicaciones del diario “La República” y el portal “Sudaca”. Las publicaciones a los que se refiere la Sala Superior datan del 16 de abril del 2023, es decir, son 11 días después de iniciada la investigación secreta iniciada por la Fiscalía de los Cuellos Blancos del Puerto. Mejor dicho, lo que la Fiscalía quiere traer en su defensa es en realidad un boomerang que les estalla en la cara: lo que la sala alude, más allá de su abierta falsedad, son noticias periodísticas publicadas tiempo después por La República y Sudaca al inicio de las diligencias secretas ordenadas por Andy Rodríguez.
La Fiscalía miente en citar la resolución de la Quinta Sala de Apelaciones Nacional como única referencia a las publicaciones de La República y Sudaca cuando, en realidad, el caso del abogado Castillo Alva es un caso completamente distinto y autónomo de la investigación secreta a los periodistas por cuatro razones. En primer lugar, la investigación al abogado Castillo Alva se encuentra en la carpeta Fiscal con número 09-2019 (de la que deriva la prisión provisional que se le solicitó) y la investigación a los periodistas es la Carpeta Fiscal número 87-2023, es decir, entre una carpeta y otra hay una diferencia de casi 4 años. En segundo lugar, la Carpeta Fiscal con número 09-2019 siempre ha permanecido en el Primer despacho del caso “Cuellos Blancos” y la Carpeta secreta a periodistas número 87-2023 ha deambulado en todos los despachos del caso Cuellos Blancos para terminar en el Tercer despacho; los fiscales a cargo de los despachos fiscales son distintos. En tercer lugar, los periodistas César Romero y yo hemos sido citados a declarar como testigos expertos en la carpeta número 09-2019 en diciembre del 2023; mientras que en la Carpeta Fiscal número 87-2023 nunca hemos sido citados a declarar y menos hemos sido escuchados. En cuarto lugar, según nuestras fuentes, la Carpeta 09-2019 sigue abierta desde el año 2019 y el plazo de la investigación se ha determinado en 3 años; mientras que la Carpeta Fiscal 87-2023 se abrió el 5 de abril del 2023 y se cerró el 23 de noviembre del 2023.
Nunca se pidió un Informe sobre la Carpeta Fiscal 87-2023 para saber si existe o no orden de videovigilar o seguir a periodistas
La causa de semejante exabrupto y la desinformación en la que incurre el Ministerio Público en su comunicado, reside en que nunca ha pedido, según nuestras fuentes, alguna información por vía oficial o informalmente al Tercer despacho del caso Cuellos Blancos quien dirige y conduce la Carpeta Fiscal número 87-2023.
La disposición fiscal del 5 de abril del 2023 que inicia la investigación secreta y ordena la videovigilancia y seguimientos a periodistas se encuentra en una Carpeta Fiscal concreta y específica (87-2023); de tal manera que se podía simplemente preguntar al despacho a cargo sobre si se había ordenado en su momento la videovigilancia y seguimientos a periodistas para que la Fiscalía de la Nación y su área de prensa del Ministerio Público salga de cualquier duda y de esta manera no mienta en su comunicado.
Cualquier estudiante de derecho, y más aún el Fiscal de la Nación, sabe que la única manera de poder obtener la “verdad” sobre el contenido de una Carpeta Fiscal es preguntándole a quien la tiene a cargo sobre los hechos que se pretende comunicar e informar a la opinión pública; o se debe pedir un informe escrito al respecto, pero lo que no se puede hacer, bajo ningún sentido, es afirmar algo sin un conocimiento mínimo de la Carpeta Fiscal, sin pedir acceso o sin solicitar que se haga un informe al respecto.
Si nunca se pregunta a quien se debe; nunca se podrá saber la verdad de los hechos y menos se podrá conocer sobre el contenido de una Carpeta Fiscal. La Fiscalía de la Nación no puede estar desconectada de los fiscales provinciales, adjuntos o auxiliares que dirigen una determinada Carpeta Fiscal.
La fuente del “error” del Comunicado de la Fiscalía
El punto 3 del Comunicado del Ministerio Público “De acuerdo a lo informado por la Coordinación del Equipo Especial de Fiscales abocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” no existe medidas de seguimiento, videovigilancia, ni interceptación telefónica a periodistas”.
El Comunicado de la Fiscalía toma como base para desmentir las medidas de seguimiento y videovigilancias a periodistas lo informado por la actual Coordinadora del Caso Cuellos Blancos, Magaly Quiroz Caballero. Sin embargo, lo extraño y lo raro es que el caso del seguimiento y videovigilancias a periodistas no se encuentra en la Coordinación del Equipo Especial, sino en el tercer despacho de la Fiscalía provincial del caso Cuellos Blancos. Se ha consultado con fuentes del Ministerio Público y se nos señala que nunca la Fiscal Coordinadora Magaly Quiroz Caballero, ha pedido un informe escrito al respecto, ni ha llamado a algún personal del despacho para que se le informe al respecto.
La afirmación que realiza el Comunicado del Ministerio Público no solo es falsa, sino que es desmentida por la propia disposición fiscal del 5 de abril del 2023 suscrita por el Fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez. Veamos:
Lamentablemente, y tal como lo ha resaltado La República, la investigación secreta se dirige de manera cobarde utilizando un paraguas legal “contra los que resulten responsables”, pero del contenido de la disposición fiscal que se declara secreta es indiscutible que el centro del interés del Fiscal Andy Junior Rodríguez eran los periodistas César Romero Calle y Juan Carlos Tafur. La explicación que ha dado el fiscal Andy Junior en su carta notarial dirigida a algunos medios de comunicación de que la persona investigada en la Carpeta reservada era el abogado José Luis Castillo Alva es absolutamente falsa ya que si fuera cierto no se entiende por qué no colocó expresamente su nombre. También debe tomarse en cuenta para demostrar la falsedad de lo dicho que Castillo Alva ya se encontraba investigado, por el propio despacho de Rodríguez, por organización criminal en la Carpeta Fiscal 09-2019 y como cualquier persona lecto escrita lo sabe ningún ciudadano puede ser investigado dos veces o de manera simultánea por los mismos hechos.
Asimismo, el mismo Andy Rodríguez y el Fiscal Superior Jorge Díaz Cabello comentaron, como lo relata también el periodista César Romero, a sus allegados más cercanos que se iba a allanar los domicilios de César Romero y el mío como las oficinas de Sudaca y La República.
Tan cierto es que los objetivos de la investigación secreta eran periodistas que criticaban a los fiscales que Andy Rodríguez lejos de enviarnos una carta de rectificación, denunciarnos al Consejo de la Prensa Peruana o querellarnos decidió en el colmo de la barbarie jurídica investigarnos él mismo y pidió a los despachos del caso Cuellos Blancos Informes sobre si habían sido objetos de ataque por La República o Sudaca. Solo basta leer la parte final de la Disposición fiscal N° 01 del 5 de abril del 2023 para darse cuenta de ello.
Para qué la Fiscalía va a ordenar recabar “información de búsqueda de fuentes abiertas (publicaciones Sudaca, La República, entre otros medios), relacionados al ataque sufrido por diversos magistrados del equipo especial de fiscales que conocen o han conocido los procesos de la OC, “Los Cuellos Blancos del Puerto”” si es que efectivamente no se va investigar e indagar a los periodistas que habían osado criticar su actuación funcional de los Fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro Huamán.
Lamentablemente, la Fiscalía de la Nación y su área de prensa ha sido inducida a error por la Fiscal Magaly Quiroz, coordinadora del equipo especial Cuellos Blancos, debido a que ella ordenó el 28 de septiembre del 2023 la acumulación del caso reservado que se seguía a los oficiales de la Policía, a la Dra. Rocío Sánchez (y que tenía como objetivo principal al Coronel Harvey Colchado Huamní) con la Carpeta reservada que investigaba a periodistas. Por tanto, a ella le interesa sobremanera que no se conozca la verdad y que es una e indiscutible: Magaly Quiroz también participó en el caso de la investigación secreta a los periodistas y lo que es más grave, el 13 de septiembre del 2023 había ordenado un plazo de 8 meses de investigación secreta y que culminaba el 13 de mayo del 2024. Magaly Quiroz hizo algo peor que el Fiscal Andy Junior, pues no solo continuó con la investigación abierta el 5 de abril del 2023 desde que recibió la Carpeta Fiscal del Fiscal Andy Junior el 11 de mayo del 2023, sino que acumuló la investigación secreta a otra investigación en el que se había mandado realizar videovigilancias y seguimientos por ocho meses más, antes de derivar el caso al Tercer despacho del Equipo Especial del Caso Cuellos Blancos. Veamos:
Magaly Quiroz sabía muy bien acerca de la investigación secreta que inició Andy Rodríguez el 5 de abril, ya que luego que le derivaron la Carpeta Fiscal contra los periodistas la tuvo en su poder 5 meses 17 días, tiempo en el que si lo consideraba adecuado podía haber archivado el caso; sin embargo, pese a que los 120 días de la investigación secreta vencieron el 5 de agosto del 2023 consideró luego de casi dos meses acumular las investigaciones secretas derivándolas a otro despacho Fiscal. Incluso, la Fiscal coordinó la marcha de dichas carpetas con el ex Coronel Martín Gonzáles Sánchez quien mostraba un especial interés en el caso.
Es indiscutible, y no hay espacio para la duda, luego de leer la disposición Fiscal del 5 de abril del 2023, que el Fiscal Superior Andy Rodríguez ordenó efectivamente no solo realizar videovigilancias y seguimientos a periodistas, sino expresamente se ordenó también recabar información de búsqueda de publicaciones de Sudaca y La República para saber de ataques contra los fiscales del equipo especial que conocen o han conocido los procesos de la OC, “Los Cuellos Blancos del Puerto. La orden fiscal se dio formalmente y ha quedado registrada por escrito en una disposición fiscal que cualquier persona con dos dedos de frente y sin perjuicio ni miopía puede leer sin problemas.
También como prueba de ello es que los periodistas César Romero Calle y mí persona fuimos notificados de la resolución de archivo fiscal del 23 de noviembre del 2023 de la Carpeta Fiscal 87-2023. ¿Si no fuimos los objetivos de la disposición fiscal que ordenó videovigilancias por qué tendrían que habernos notificado formalmente con la disposición de archivo?.
La Fiscal Magaly Quiroz en su condición de Fiscal provincial tuvo en sus manos las Carpeta Fiscal secreta que ordenaba seguir a periodistas y pese a que dejó que venciera el plazo de la investigación y a que no emitió una resolución ampliatoria antes del 5 de agosto del 2023, el 28 de septiembre del 2023 ordenó acumular la investigación secreta a los periodistas con la investigación a los policías y cuyo objetivo final era Harvey Colchado, dicha investigación secreta se habría dispuesto por 8 meses.
El Comunicado del Ministerio Público no puede negar que dos fiscales del equipo especial ordenaron realizar las videovigilancias y los seguimientos a periodistas. Por favor, la próxima vez pedimos que antes de emitir un comunicado se revise la carpeta Fiscal o, por lo menos, pidan un Informe al respecto.
Tres meses atrás, cuando concluíamos la crónica del apogeo y de la caída del estafador más grande del siglo XXI peruano, decíamos sin intentar emular a las pitonisas de la antigüedad clásica: “piensen en eso cuando aparezca el sucesor de Juan Carlos Reynoso”, refiriéndonos al timador peruano detenido en la capital de México. ¿Y qué queríamos que piensen nuestros lectores? Pues que la mejor forma de ponerle fin a una estafa piramidal era preguntándonos qué pasaría si cada uno de los treinta y tres millones de peruanos le diéramos un sol a un peruano en particular, este se convertiría en multimillonario al toque; pero este ejercicio no podría hacerse treinta y tres millones de veces, porque nadie dispone de treinta y tres millones de soles para enriquecer a igual número de compatriotas. Esa es la imposibilidad lógica para que todos los ‘afiliados’ a una pirámide puedan mejorar su situación patrimonial: no hay suficientes personas dispuestas a invertir sus ahorros en una posibilidad tan remota, toda vez que en todas esas ‘empresas’ se les pide a los inversionistas que traigan a otros inversionistas para así lograr mejores beneficios en los menores tiempos posibles. Por esa razón, creemos desde que comenzamos a investigar este tipo de estafas que las personas que llegan en primer lugar a una pirámide en particular son tan culpables como los Reynoso que las organizan, porque ellos saben que si no traen a más y más incautos no habrá dinero para que se les paguen los altísimos intereses prometidos. Reynoso, sus predecesores y sus sucesores son culpables de estafa, pero también lo fueron, lo son y lo serán los codiciosos que ‘jalan’ a las pirámides a sus parientes y amigos. Es decir, las pirámides sólo funcionan cuando los primeros ‘inversionistas’ meten a sus parientes y amigos más cercanos a esa maquinaria mafiosa, y estos, intuyendo que es imposible que la cúspide de la pirámide se sostenga si no se amplía la base, incorporan a más personas a la estafa. Sin embargo, como el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, siempre habrá pirámides e inversionistas estafados. Y, lo que es más increíble, siempre encontraremos a personas que han caído más de una vez en una estafa piramidal.
En las oficinas de Kronos se logró detener a Alonso Montes de Oca Lamas (30 años), Franco Vecco Scavino (50 años), entre otros.
El pasado lunes 17 de julio, la fiscal Nelly Millones, titular de la Cuarta Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, consiguió que un juez autorizara la detención de Alonso Montes de Oca y de Franco Vecco Scavino, los propietarios de una empresa que prometía ganancias de 30 por ciento anual a los depósitos de unos ‘inversionistas’ que sabían tanto de finanzas como algunos congresistas en ejercicio del concepto de decencia.
La historia completa de este nuevo intento por copiar el sistema piramidal perfeccionado en los años noventa por Clae, se inicia cuando Montes de Oca y Vecco Scavino inscriben en los Registros Públicos a la empresa Kronos Investments Sociedad Gestora de Fondos de Inversión con un capital inicial de 1,000 soles. Apenas inscribieron a Kronos, los socios montaron una oficina en la mejor zona comercial de Chacarilla del Estanque y, sacándoles lustre a unos apellidos que combinaban tradición y emprendedurismo venido del extranjero, comenzaron a recibir a personas que depositaban su dinero a cambio de intereses de 2.5 por ciento mensual y un bono de éxito a cada inversionista que trajera a más personas: a más personas, más grande el bono.
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En noviembre de 2022, fue constituida Kronos Investments Sociedad Gestora de Fondos de Inversión S.A.C., con un capital inicial de 1,000 soles.
Cuando el ‘negocio’ había incorporado a decenas de inversionistas y tenía que pagar los intereses y los bonos prometidos, algo comenzó a ir mal porque era imposible cumplir con las obligaciones contraídas y pagarles alrededor de 100 mil dólares mensuales a Montes de Oca y Vecco, un trabajador de la empresa que ya había excedido todos los límites impuestos por la Superintendencia del Mercado de Valores y por la Superintendencia de Banca y Seguros incluso para las empresas formales, acudió a una fiscalía con su computadora portátil donde tenía información sobre los movimientos de Kronos y se convirtió en colaborador eficaz y delato a Montes de Oca y Vecco Scavino.
La complicidad de los ‘inversionistas’
Según informaciones familiares, a comienzos de los años ochenta, cuando la economía nacional sufría una de sus crisis periódicas, coincidentemente en los años terminados en 9, se crearon en las zonas más pudientes de la capital unas reuniones más o menos formales donde las personas tomaban números ubicados en forma de pirámide en una de las paredes de la sala, pagando una cifra predeterminada y consiguiendo con ese pago una fecha para obtener la devolución de su dinero más un adicional. Ese ‘pandero’ de clases medias era una copia deformada -por la entrega de intereses difíciles de pagar -de los tradicionales panderos de barrio y de oficinas que existían en nuestro país desde épocas indeterminadas, y que, a su vez, eran imitaciones de los tanomoshi (ayuda mutua), que fue la fórmula tradicional japonesa peruanizada por los inmigrantes de esa etnia y sus descendientes para crear las peluquerías y pulperías que fueron los primeros trabajos independientes emprendidos por los miembros de una colonia que llegaron al Perú con lo puesto y se transformaron en una comunidad reputada y en constante ascenso social.
A diferencia de la gesta de los nipones y del ahorro compartido y repartido vía pandero (o ‘junta’ como se conocía en sus inicios) de los pobladores de recursos limitados, la ‘inversión’ en ese mercado de capitales falso de Montes de Oca y de Vecco Scavino proyectaba una enorme sombra de complicidad entre esos sujetos y los primeros dizque inversionistas en Kronos y sus empresas de fachada. En esas empresas, como es evidente para cualquiera que se detenga a pensar que es imposible hacerse rico en un dos por tres, existía un espíritu de estafa rondando por todo el edificio de Chacarilla donde los amigos de los dueños firmaban los contratos y al cual llevaban a los incautos que eran los estafados potenciales, quienes estaban comprometidos a llevar a su vez a incautos de reemplazo para salvarse de la estafa inminente. Es decir, para poder cobrar los intereses prometidos, los estafados potenciales tenían que contribuir con su ‘cuota de sangre’ para salvar su inversión: así, por cierto, hasta que no había más estafables por llevar al edificio de Chacarilla.
En las oficinas de Kronos se logró detener a 6 personas: Alonso Montes de Oca Lamas (Lima, 30 años), gerente financiero; Franco Vecco Scavino (Santiago de Surco, 50 años), gerente de Contabilidad; José Otárola Luna (Lima, 59 años), gerente de Desarrollo de Negocios; Sergio Noceda Ochoa, analista comercial (Santiago de Surco, 29 años); Paul Garbin Passano (San Borja, 28 años), analista de contabilidad; Amelis Núñez Janto (Chilca, Huancayo, 27 años), asistente.
La fiscalía sostiene que obtuvo la información de una fuente quien les dijo que dos personas de nacionalidad peruana y extranjera integraban una organización criminal que operaban bajo la modalidad de estafa dedicada al intercambio de divisas en el extranjero, a nivel nacional los investigados Alonso Montes de Oca Lamas y Franco Vecco Scavino son dueños de las empresas Kronos Group que fue constituida en septiembre de 2020, Kronos Invesment Group fue constituida en mayo de 2022 y en noviembre de 2022, fue constituida Kronos Investments Sociedad Gestora de Fondos de Inversión S.A.C., que movilizaban millones de dólares; y a través de las cuales se encargaban de captar dinero ofreciendo pagos mensuales por trabajar con el capital aportado de los clientes a través de brokers regularizados en el Reino Unido.
Montes de Oca era el encargado de operar el capital en los mercados reales, mientras Vecco Scavino ayudaba a enviar los dineros a los supuestos brokers de Reino Unido; Joaquín Talavera Campos es la imagen de Kronos Invesment Sociedad Gestora de Fondos de inversión a nivel nacional y en México se cuenta que la empresa TWT Advisors cuyo dueño es Teófilo Zúñiga Arredondo quien se encargaba de conectar a los inversionistas de Kronos con el bróker internacional FX Winning de Chipre, un país reconocido como paraíso fiscal.
De acuerdo con las confesiones de un colaborador eficaz que laboraba en Kronos Group, desde aproximadamente junio de este año, algunos clientes comenzaron a reclamar la devolución total de sus aportes debido a la quiebra y fuga de los dueños de FX Winning, una plataforma de inversiones en el mercado de divisas (Forex), ubicada en Chipre, con la que trabajaban Vecco y Montes de Oca. Lo que motivó a los responsables de Kronos a comenzar a destruir información con el propósito de luego desaparecer del país.
Según la investigación, los procesados hacían firmar contrato a los clientes para que estos tengan el 100 por ciento de riesgo ante cualquier coyuntura que pueda pasar. Un tipo de documento planeado para que los clientes perdieron si llegara a pasar algo y nunca denunciaran.
“El proceso de ingreso de un cliente generalmente se debe a través de un cliente activo que refería a uno potencial. Todos los meses se referían entre 10 y 12 clientes. Estos nuevos clientes ingresaban a la compañía cuando se adjuntaban los vouchers de depósito en las cuentas de los fondos en el BBVA o el Banco de Crédito del Perú, con una copia del DNI por ambos lados y un formulario de Google donde se completaba toda la información básica. (…) En un plazo de 72 horas, el cliente recibía en su bandeja de entrada del correo su contrato de suscripción de cuotas, un reglamento para su firma y la creación de su cuenta en la aplicación Kronos Capital. Ahí se visualizaba el capital invertido, la utilidad que recibiría a fin de mes, los rendimientos bursátiles diarios y podían solicitar algún retiro o dejarnos algún comentario en relación con el servicio… Franco Vecco y Alonso Montes de Oca tienen en su posesión en billeteras digitales o USB un poco más de un millón de dólares en USDT (dólares digitales). Ellos sabían perfectamente desde un inicio que el bróker FXWinning es un estafador por ser regulado y tiene sendas denuncias por demandas piramidales y esquemas Ponzi (de estafa) en diversos países de América Latina y Europa… En efecto, el pasado 12 de julio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de España, alertó sobre las actividades de FXWinning, porque no se encuentra registrada y se han recibido las advertencias internacionales correspondientes», señala el colaborador eficaz.
Alonso Montes de Oca y Franco Vecco Scavino habrían adquirido bienes inmuebles a nombre de terceras personas ya en una de las conversaciones del mes de julio del año en curso se hace referencia que tendrían que vender sus terrenos para afrontar el presente proceso, además se ha llegado a incautar vehículos de alta gama en posesión de los investigados. Por otro lado, también se ha obtenido de las conversaciones vía WhatsApp de Montes de Oca con Joaquín Talavera el 22 de junio de 2023, tratan de la posibilidad de generar otro negocio con fondos regulados utilizando como garantía los terrenos del conocido como “Chovi” que incluso se señala lo siguiente: – Vuelve a Miami hermano, cerremos Kronos de una vez y viajemos a México, para comenzar todo este nuevo capítulo.
Luego de saber que era imposible devolver el dinero a las víctimas comenzaron a hacer coordinaciones para repartirse el dinero que tenía en su poder en billeteras digitales de un monto de un millón doscientos mil dólares, para el pago de sus abogados, tener un capital e incluso crear una nueva empresa y devolver el dinero a algunos familiares como es el caso de la señora Marina que sería la novia del señor Joaquín Talavera. Montes de Oca y Vecco son los únicos que tienen las claves y los tokens de las cuentas bancarias y de las billeteras digitales donde se ha depositado los dineros captados por los investigados.
De momento se estima que el monto de la estafa alcanzaría los US$10 millones, pero según las fuentes, la cifra podría dispararse conforme se identifique a la totalidad de los inversionistas y de los implicados. El equipo especial de la División de Investigación de Estafas y otras Defraudaciones (DIVIEOD) logró encontrar una primera relación de casi 300 clientes exclusivos que había invertido su dinero
Estos serían algunos de los nombres de los posibles afectados.
Castigo para un crimen: sentencia que devuelve la fe en la justicia
En la mañana del pasado sábado 29 de julio, doce días después de la detención de Alonso Montes de Oca y de Franco Vecco Scavino, el magistrado Ubaldo Callo Deza, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, inició la lectura de la sentencia contra los inculpados de la estafa de Kronos contra miles de pretendidos inversionistas. En la audiencia virtual vimos con sorpresa que el abogado defensor de Alonso Montes de Oca era nada menos que el ex procurador, expresidente de varias oenegés de importancia nacional y abogado de fuste José Carlos Ugaz Sánchez Moreno. Este, vestido con una camiseta playera y pantalones cortos que combinaban con ella, parecía distendido y con evidente seguridad de que su argumentación libraría de la cárcel a Montes de Oca. Conforme pasaban los minutos y el alegato del juez aceptaba casi todos los elementos de convicción aportados por la fiscal Nelly Millones, titular de la Cuarta Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, el rostro del abogado Ugaz fue cambiado poco a poco de expresión hasta transformarse en una máscara inescrutable. Más aún, en un momento que pasará a la historia del anecdotario procesal, el abogado Ugaz apagó su monitor y sólo lo encendió cuando se había puesto un saco veraniego, atusado sus cabellos. Por eso, cuando el juez Callo Deza mandó a Alonso Montes de Oca a pasar 18 meses en prisión provisional, fue el primero en apelar. Desde ese momento una pregunta nos da vueltas por la cabeza: ¿a quiénes habrán afectado patrimonialmente Montes de Oca y Vecco Scavino para que José Carlos Ugaz no haya podido hacer su magia?
Si querían información de la transferencia de acciones del 2016, el fiscal Pérez tendría que haber ido a Invepar, a la que dice que quiere agregar al proceso de investigación sobre Susana Villarán, pero que aún no logra hacer. ¿Seis años se demora y no puede incluir a Invepar en este proceso y ni tampoco hacer algo contra OAS?
¿Se le pasó el tren? ¿Qué ha hecho el fiscal Pérez contra OAS? Pues nada y ahora quiere arreglar sus malos resultados con un show mediático en contra de la subsidiaria de una empresa multinacional (últimamente, como se ha comprobado con el caso Kuczynski, el fiscal de marras anda de show en show).
Resulta evidente que la Fiscalía no hizo nada en su momento contra la empresa OAS y ahora es demasiado tarde, pero en ese talante se afecta la seguridad jurídica que la inversión privada necesita en el Perú con actos desproporcionados e innecesarios.
[INFORMES]
Magaly Quiroz sabía muy bien acerca de la investigación secreta que inició Andy Rodríguez el 5 de abril, ya que luego que le derivaron la Carpeta Fiscal contra los periodistas la tuvo en su poder 5 meses 17 días, tiempo en el que si lo consideraba adecuado podía haber archivado el caso; sin embargo, pese a que los 120 días de la investigación secreta vencieron el 5 de agosto del 2023 consideró luego de casi dos meses acumular las investigaciones secretas derivándolas a otro despacho Fiscal. Incluso, la Fiscal coordinó la marcha de dichas carpetas con el ex Coronel Martín Gonzáles Sánchez quien mostraba un especial interés en el caso.
