Es tan enrevesado el camino que les quedaría por delante a Keiko Fujimori y su padre Alberto, que se torna difícil imaginarlos de protagonistas de una campaña electoral normal. A ellos solo les convendría el escenario de una centroderecha hiperfragmentada y uno o dos candidatos radicales que metan miedo a la mitad del país.
Inclusive, podría uno pensar que la estrategia de Keiko es levantar la figura del padre para volver a cosechar del albertismo, como lo hizo el 2021, a sabiendas de que el panorama judicial de su progenitor es más complicado que el suyo (el caso cocteles se va a caer en primera instancia judicial, no tiene ni pies ni cabeza). En cambio, el de su padre, con el caso Pativilca y la reciente ampliación de la extradición, además de los problemas de salud propios de su edad, navega cuesta arriba.
El fujimorismo tiene un núcleo duro de 8 o 9%, que normalmente debiera colocarlo fuera de la carrera por la segunda vuelta, pero si ya el 2021, con cinco candidatos de centroderecha, le alcanzó para pasar a la jornada definitoria, en ésta, del 2026, con veinte, le sobraría para poder hacerlo.
Ello sería una desgracia política para el país. El fujimorismo es un monstruo del pasado que no dio el paso de convertirse en un movimiento liberal popular; Keiko Fujimori conservadurizó el movimiento y generó una antipatía mayor que la de su propio padre, que ya es y era bastante grande.
Lo más probable es que una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Antauro Humala o Guido Bellido, conduzca al triunfo de la opción radical. Con tamaño antivoto keikista, la lideresa de Fuerza Popular debería repensar su candidatura y optar, más bien, por sumarse a alguno de los esfuerzos de integración multipartidaria que se están cocinando (como parte de un frente, el antikeikismo se diluiría).
Sale a la luz la historia de otra persona perjudicada por las detenciones ordenadas por el exfiscal Juan Carrasco Millones y las irregularidades del caso.
En los últimos meses, Sudaca ha reportado una serie de irregularidades que se registraron tras la detención de un gran número de funcionarios que trabajaban con David Cornejo Chinguel, el exalcalde de Chiclayo, cuando este fue detenido y acusado de liderar una organización criminal que operaba desde la misma municipalidad.
Sospechosos cambios de versiones y hasta la posible colaboración de un policía con el cuestionado alcalde llevaron a que este caso se convierta en uno de los más polémicos por lo que se iba conociendo tras la detención de la máxima autoridad de Chiclayo. Sin embargo, las principales críticas terminaron por centrarse en el trabajo del entonces fiscal Juan Carrasco Millones y las numerosas detenciones que avalaba y que, posteriormente, terminaban con los detenidos sin acusaciones y años de sus vidas desperdiciados tras las rejas.
Sudaca conoció otra de estas historias que podrían llevar a que Carrasco Millones sea querellado por abuso de autoridad y, tal como lo ha relatado el propio afectado, también incluiría la exigencia de una reparación civil.
LA DETENCIÓN INEXPLICABLE
La noche del miércoles 12 de diciembre del 2018, la familia de Miguel Ángel Nureña Sanguinetti encontró en la puerta de su vivienda a un policía cerca de la medianoche con una actitud notoriamente alterada. Este oficial le entregó a los familiares de Nureña un papel en el cual le informaban que estaba siendo citado para el día siguiente en calidad de testigo por el caso “Los temerarios del crimen”.
Miguel Nureña, quien no se encontraba en la casa de su familia, les indicó que reciban el documento sin mayor problema al tratarse de una citación en la que sólo le decían que debía brindar su declaración como testigo. No obstante, el panorama cambiaría radicalmente ese jueves 13 de diciembre.
“Al día siguiente voy y me encuentro con funcionarios y regidores de la municipalidad que también habían sido citados”, relata Miguel, aunque también advirtió que ellos se encontraban acompañados de sus respectivos abogados. Su sorpresa fue mayor cuando, media hora después, apareció en escena Juan Carrasco Millones y les anunció que todos iban a ser detenidos.
Nureña, todavía incrédulo de lo que había escuchado, le preguntó a Carrasco Millones la razón de su detención y el entonces fiscal le respondió que había un colaborador eficaz lo señaló como el testaferro del congresista Javier Velásquez Quesquén, algo que posteriormente sería catalogado como tráfico de influencias.
“Renuncié al Apra hace mucho tiempo por la manera en que Velásquez Quesquén ha manejado el partido en Lambayeque”, cuenta Miguel, quien le había pedido a Carrasco Millones, en medio de la conmoción y convencido de su inocencia, que revisen su casa y computadora a buscar si había algo que lo comprometiese con esa acusación.
“El señor Carrasco Millones y el mismo policía me decían que hable lo que sepa de Velásquez Quesquén para que salga rápido”, relató Miguel en el programa “Alto Voltaje”sobre lo que vivió durante esta detención en un calabozo que duró cerca de una semana pero marcó su vida y la de su familia durante esos días de incertidumbre.
“NO PROCEDE FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN”
Para vincular a Nureña con Velásquez Quesquén y un posible caso de tráfico de influencias se habían basado en una obra realizada en el parque Orlando Millones Guevara ubicado en el distrito de Chiclayo. La empresa a cargo de ejecutar esta obra fue JWE Ingeniería y Construcción S.A.C. y Miguel Nureña había sido contratado por el representante legal de dicha empresa para encargarse de las gestiones administrativas.
El tráfico de influencias en el que se había tratado de involucrar a Nureña supuestamente había ocurrido debido a que Miguel le habría pedido al congresista aprista que interceda en favor de la empresa para la que trabajaba y, por lo tanto, puedan ser beneficiados en el trámite de selección.
Tiempo después, la denuncia constitucional contra Velásquez Quesquén fue declarada improcedente y, por lo tanto, el supuesto tráfico de influencias que involucraba a Nureña Sanguinetti también quedó descartado en la disposición que se conoció en el mes de mayo del 2023.
Claro que este final no es precisamente un final feliz para Miguel Nureña. “Me ha hecho mucho daño. Lo voy a querellar a Carrasco Millones por abuso de autoridad y voy a pedir reparación civil”, detalló Nureña Sanguinetti, quien parece ser otra de las víctimas de las extrañas detenciones avaladas por el exfiscal que parecen más orientadas a armar un show que a buscar justicia.
[TIEMPO DE MILLENIALS] Las bolsas de plástico se han convertido en un producto habitual en nuestro día a día, pero su impacto en el medio ambiente es un problema a escala global. Esto ha llevado a que el 3 de julio de cada año se celebre el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con el objetivo de reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable por el daño que causan al medio ambiente.
La información que se maneja señala que en el mundo se utilizan 5 billones de bolsas al año, casi 10 millones de bolsas por minuto y 8 millones de toneladas de plástico se vierten a los océanos afectando al 99% de aves.
El consumo excesivo de plástico y la mala gestión de estos residuos son una amenaza para nuestra naturaleza y sus ecosistemas. Los mares y océanos son el lugar donde acaban gran parte de estos contaminantes que afectan tanto a la calidad del agua como a la supervivencia de miles de especies que habitan en estos entornos.
El Día Internacional sin Bolsas de Plástico busca reflexionar e impulsar medidas que frenen la producción y consumo irresponsable de este material tan contaminante. A través de la celebración de este día, se pretende animar a la población a replantearse sus hábitos en torno al uso que le dan a las bolsas de plástico, a la vez que son conscientes de la importancia de caminar hacia el consumo responsable.
Por lo anterior, Perú se sumó a la lucha contra la contaminación y el 20 de diciembre de 2018 entró en vigencia la Ley No. 30884,Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables que busca regular la fabricación, importación, distribución y consumo de plásticos de un solo uso (o descartables), como bolsas, cañitas, tecnopor, entre otros, con el fin de proteger el ambiente y la salud de la contaminación generada por los residuos que dejan estos productos.
[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] En las democracias de hoy en día, la consulta a los ciudadanos y ciudadanas para destituir de sus cargos a una autoridad democráticamente elegida se presenta como una herramienta esencial. La revocatoria lejos de ser una mera formalidad tiene una relevancia crucial en la dinámica política y social de los sistemas democráticos.
En primer lugar, la revocatoria es un pilar fundamental para la responsabilidad y la rendición de cuentas. Las autoridades electas, como gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores, conscientes de que su permanencia en el cargo depende de la percepción ciudadana de su desempeño, están incentivadas a cumplir con sus promesas y a actuar para lograr el bienestar ciudadano. Esta constante vigilancia ciudadana garantiza que dichas autoridades no se desvinculen de las demandas y expectativas, no solo de quienes los eligieron, sino también de aquellos que no.
Además, este mecanismo promueve la participación ciudadana. En una democracia que se precia de ser representativa, la interacción de los ciudadanos con el proceso político no debe limitarse al acto de votar cada pocos años. La posibilidad de convocar una revocatoria anima a los ciudadanos a mantenerse informados y activos en la vida pública, reforzando su sentido de responsabilidad sobre las autoridades elegidas.
Otra ventaja significativa es la corrección de errores. En ocasiones, las elecciones pueden producir resultados insatisfactorios para la mayoría del electorado, ya sea porque el candidato electo no cumple con sus promesas o porque surgen situaciones imprevistas. La revocatoria ofrece una vía democrática para rectificar estos errores sin tener que esperar al final del mandato.
Asimismo, este mecanismo actúa como un freno contra el abuso de poder. Las autoridades electas, conscientes de la posibilidad de una revocatoria, están menos inclinadas a actuar de manera autoritaria o contraria a los intereses de la ciudadanía. La amenaza de una revocatoria sirve como un recordatorio constante de que su legitimidad y permanencia en el cargo dependen de su comportamiento y desempeño.
Aunque pueda parecer paradójico, la posibilidad de una revocatoria puede contribuir a la estabilidad social y política. Cuando los ciudadanos cuentan con un canal institucional para expresar y resolver su descontento, se reducen las probabilidades de que recurran a protestas violentas o a conflictos sociales prolongados. Este mecanismo ofrece una salida pacífica y democrática para el descontento ciudadano, facilitando una gobernanza más estable y ordenada.
Todo esto ha llevado a que los ciudadanos y ciudadanas de Lima y Miraflores, por ejemplo, se organicen y promuevan las revocatorias de los alcaldes Rafael López Aliaga y Carlos Canales, de Lima y Miraflores respectivamente. Con entusiasmo, alegría y la voluntad de cambiar las cosas en sus jurisdicciones, recogen las firmas necesarias para que las revocatorias sean posibles. Este proceso no solo refleja el descontento con las actuales administraciones municipales, sino también el compromiso de la ciudadanía con la democracia participativa. La recolección de firmas ha fomentado un mayor diálogo entre los vecinos y una conciencia ciudadana sobre la importancia de la participación activa en la política local.
Lo sucedido recientemente en Bolivia debe ser una clarinada de alerta en la región respecto de los riesgos de un retorno del militarismo golpista. La insatisfacción con la democracia es tan alta, que una cúpula militar irresponsable puede pergeñar la idea de que una toma violenta del poder podría ser bien recibida por la ciudadanía.
En 1978 marcamos un récord, había catorce dictaduras simultáneas en la región. En Cuba (Fidel Castro), Nicaragua (Somoza), Paraguay (Stroessner), Guatemala (Lucas García), Argentina (Videla), Chile (Pinochet), Honduras (Junta Militar), Brasil (Junta Militar), Bolivia (Bánzer), Haití (Duvalier), Panamá (Torrijos), Uruguay (Aparicio Méndez), Ecuador (Junta Militar) y Perú (Morales Bermúdez).
El siglo XXI nos agarró en medio de una primavera democrática, solo rota por Cuba y Nicaragua, pero las democracias le han fallado a las expectativas de la ciudadanía de una manera terrible. En el caso del Perú, cuando en 1980 salimos de la dictadura militar de Velasco y Morales Bermúdez, el país respiraba optimismo y se mostraba exultante respecto del futuro. Fue, sin embargo, esa década, la peor de la historia peruana reciente, en cuanto a crisis económica y desplome del Estado por la violencia terrorista.
En los 90, llega al poder Alberto Fujimori, como síntoma de la crisis y él mismo rompe la continuidad democrática al perpetrar el autogolpe de 1992, con una enorme cuota de popularidad. Hoy las encuestas ratifican que Alberto Fujimori sigue gozando de simpatías y que mucha gente vería con solaz que se produzca un golpe militar que ponga orden en la casa democrática alborotada, consecuencia de una transición fallida en reformas estructurales necesarias.
Abortó felizmente lo de Bolivia, pero ya la semilla está plantada y no faltará algún engalonado local que crea que es su momento de gloria y que puede imponer el peso de las armas sobre los votos y el sistema de contrapeso de poderes de la democracia, ya encima muy dañado por un Congreso abusivo y mediocre que está destruyendo la endeble institucionalidad democrática del país, reconstruida a trompicones desde principios de siglo.
Hay que estar alertas. Con todos sus inmensos defectos, la democracia representativa es la mejor compañera de un sistema capitalista competitivo. Su divorcio es siempre causa de males mayores que los que su difícil convivencia puede albergar.
Una buena noticia es que la centroderecha se está moviendo. Fernando Cillóniz, Carlos Añaños (sorpresivas, en el buen sentido, sus últimas apariciones mediáticas), Keiko Fujimori, Roberto Chiabra, Rafael Belaunde, Hernando de Soto, etc., empiezan a calentar la campaña.
Falta aún mucho trecho por recorrer y se espera que se consoliden alianzas, pero ya de por sí es alentador que veamos un panorama preelectoral en el que no se le deja la iniciativa monopólica a la izquierda radical (ojo con Bellido, que no solo Antauro es el peligroso).
El Perú tiene que ir por la ruta de la derecha, por lo menos un par de gobiernos sucesivos para aspirar a que, si lo hacen bien, encontremos una salida definitiva a la crisis económica, volvamos a los niveles de crecimiento que permitieron la reducción de la pobreza, y que esta vez se haya aprendido de los errores de la transición post Fujimori, que dejó en el abandono reformas cruciales, como las de la seguridad ciudadana, la salud y la educación públicas, la regionalización , la reforma profunda del Estado.
Si eso se logra, el país será otro, seremos nuevamente un ejemplo mundial de crecimiento y fortaleza macroeconómica, pero le habremos agregado pasos para constituirnos en nación al borde de ser desarrollada. Con diez años de dos buenos gobiernos derechistas se habrá logrado asentar las bases para que nunca más el riesgo de un candidato antisistémico reaparezca.
Eso pudo haber ocurrido cuando ganó PPK, quien, si lo hacía bien, apoyado por el keikismo, habría provocado que Keiko Fujimori le hubiera sucedido el siguiente periodo y habíamos tenido esa década sostenida de políticas promercado. Pero la mezquindad de Keiko y la frivolidad de Kuczynski tiraron por la borda lo que hubiera sido un logro histórico.
Tenemos el 2026 una nueva oportunidad, esta vez apremiante, de que así ocurra. Apremiante porque los fracasos políticos de la transición han anidado un sentimiento antiestablishment poderoso, que llevó a Castillo al poder el 2021 y podría volver a llevar a otro semejante el 2026, si la derecha y el centro no logran sumar esfuerzos y evitar la corrosiva fragmentación que hasta hoy se aprecia, pero que, al parecer, empieza a dar paso a esfuerzos de conjunción.
