Daniela Leguia

Transparencia para generar confianza: una mirada a las obras públicas a nivel local

"Analizar a profundidad esta problemática es vital, pues permite a los hacedores de políticas públicas implementar medidas basadas en evidencia que agilicen el proceso de ejecución de las obras."

Durante el primer semestre de 2022, solo el 13,8% de la población confió en las municipalidades distritales y en las provinciales (INEI, 2022)[1]. Este dato es muy revelador porque la confianza en las instituciones está marcada por su desempeño en la provisión de servicios públicos y por la actuación de sus autoridades. De acuerdo con el IEP (2016)[2], cuando esta provisión es inexistente o deficiente, la ciudadanía no solo desaprueba la gestión sino también se resiste a respetar su autoridad, afectando su legitimidad.

Pero, ¿qué significa una inexistente o deficiente provisión de servicios públicos? Atenderse en un establecimiento de salud en mal estado, transitar en una vía no pavimentada, o asistir a clases a un colegio sin acceso a los tres servicios básicos son ejemplos de una deficiente provisión de servicios. Para que esta situación mejore, algún municipio, gobierno regional o ministerio debe diseñar, evaluar, ejecutar y poner en funcionamiento un proyecto de inversión pública. Aunque parezca un proceso sencillo, la realidad muestra que existen múltiples embotellamientos, especialmente en la fase de ejecución de las obras, por lo que es necesario poner nuestra atención en dicha etapa.

De hecho, en la ejecución, que inicia con los estudios de ingeniería y termina con la liquidación física y financiera de la obra, los problemas tienen diferentes aristas: demoras en la adjudicación, deficiencias en los expedientes técnicos, demoras en la obtención de permisos municipales y expropiaciones, entre otros. Todo lo anterior se traduce en mayores costos y plazos respecto a lo planificado, que postergan el acceso a servicios, no cerrando brechas prioritarias.

Analizar a profundidad esta problemática es vital, pues permite a los hacedores de políticas públicas implementar medidas basadas en evidencia que agilicen el proceso de ejecución de las obras. No obstante, existe una barrera que impide tener más luces sobre estos temas y revela una rendición de cuentas deficiente, y es la falta de información de las entidades, por ejemplo, respecto al avance físico de las obras.

Considerando que ello es fundamental para saber si los proyectos se hacen en el precio y el tiempo adecuado, la normativa actual[3] dispone que las entidades deberían informar mensualmente sobre el avance físico. No obstante, se observa un elevado nivel de incumplimiento, especialmente a nivel subnacional. Veamos por ejemplo el caso de los 10 distritos con mayores recursos provenientes del canon y regalías para obras[4], que concentran la quinta parte del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de dicho rubro a nivel nacional (S/ 2.683 millones del total de S/12.774 millones).

 

De un análisis realizado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) respecto a los 10 principales proyectos de cada distrito —100 en total— donde ejecutaron recursos a agosto de 2022[5], se encontró que en cerca del 40% de dichos proyectos se incumple con informar sobre el avance físico. Dicho porcentaje esconde casos extremos como el de San Marcos en Áncash —distrito con S/879 millones de canon para obras, pero con el 83% de sus establecimientos de salud en mal estado—, donde el nivel de incumplimiento es del 90%. Es decir, solo ha informado el avance de uno de los 10 principales proyectos, donde ejecutó recursos a la fecha.

Lo anterior revela los bajos niveles de transparencia y rendición de cuentas de algunas autoridades, especialmente a nivel subnacional, lo cual repercute directamente sobre los niveles de confianza de los ciudadanos frente a las instituciones. En este sentido, desde el CPC se propone, entre otros, fomentar la transparencia de la información del avance físico de las obras, condicionando el pago del gasto devengado de las mismas. Transparentar indicadores como el avance físico de la obra no solo facilitará la rendición de cuentas de las autoridades y propiciará un clima de mayor confianza, sino que permitirá alertar demoras en la etapa de construcción y tomar decisiones de política pública basadas en evidencia. Esto posibilitará brindar mejores servicios públicos a todos los ciudadanos.


[1] INEI (2022). Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones”, enero – junio 2022.

[2] IEP (2016). Baja confianza en las instituciones peruanas afecta el ejercicio de su autoridad.

[3] Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Directiva N° 001-2019-EF/63.01).

[4] Las municipalidades de San Marcos (Áncash), Megantoni (Cusco), Chimbote (Áncash), Yarabamba (Arequipa), Cnel. Gregorio Albarracín (Tacna), Cerro Colorado (Arequipa), Marcona (Ica), Nuevo Chimbote (Áncash), Espinar (Cusco) y Pichari (Cusco) cuentan con S/ 2.683 millones del total de S/12.774 millones de canon y regalías para obras.

[5] Proyectos con mayor PIM de canon para 2022.

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CPC, obras públicas

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