A Dina Boluarte, la primera presidenta del país, le importa poco los derechos de las mujeres. Las brechas de desigualdad que permanecen en el tiempo parecen ser un detalle para su gobierno.

Tal como dijo Simone de Beauvoir, las estructuras de dominación que han sostenido la sumisión de las mujeres se mantienen porque existen cómplices o vigilantes de dicho orden social, entre la misma población oprimida.

Estamos ante una presidenta que no hace nada por las mujeres de este país y tampoco le importa. Por el contrario, se suma a los sectores patriarcales que promueven la precarización de nuestras vidas.

De otra forma, no se explica que solo haya hecho mención a temas relacionados con la igualdad cuando ha tratado de defenderse y colocarse como “víctima”. Más de una vez ha pretendido afirmar que se le ataca por ser mujer.

Pero, ¿qué hizo ella por las niñas Awajún, violentadas sexualmente por años? ¿Qué ha hecho por la lucha contra la violencia de género? ¿Qué ha promovido para superar las brechas de desigualdad? Nada.

Por el contrario, es en este gobierno, completamente deslegitimado, que se está preparando uno de los mayores retrocesos en materia de derechos de las mujeres e igualdad.

El escenario de la fusión o absorción, disfrazado de eficiencia en el Estado, no solo es una amenaza sino una realidad que nos retrocede tres décadas, colocando los servicios de atención a la violencia en riesgo y las políticas de género en el abandono.

Esta medida no solo afectará dramáticamente al MIMP, el cual desaparecerá, quedando cualquier remedo de programa que no podrá impulsar los cambios estructurales que se necesitan para superar la exclusión interseccional en la que viven las mujeres de diferentes edades. También afectará al MIDIS, que tendrá una responsabilidad para la que no fue creado, afianzándose el modelo asistencial que ha prevalecido en el sector.

Estamos ante el fracaso de la idea de desarrollo humano y social. Se deja atrás la prioridad de promover calidad de vida y capacidades para priorizar el asistencialismo, que finalmente favorece una cultura clientelar que le hace mucho daño al país.

El Gobierno de Boluarte no solo afectará a las mujeres, sino a todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Al desaparecer el MIMP, también se afectará el MIDIS.

Este gobierno, ya en su etapa final y con menos del 5% de aprobación, no solo no tiene la legitimidad para promover una reforma en el Estado, sino que claramente no cuenta con sustento técnico para hacerlo. Lo que están gestionando bajo la mesa no es una estrategia de eficiencia estatal, sino un acuerdo político del cual depende una alianza perversa, corrupta y clientelista.

Las repetidas recomendaciones de expertas y los comités de derechos humanos fueron fortalecer las instancias, los mecanismos y servicios para garantizar igualdad, no desaparecerlos. Erradicar lo avanzado es el peor error, el abismo al que nos lleva un gobierno cuestionado justamente por infringir los derechos humanos y por corrupción.

Los cambios que sabemos se están gestionando se manejan con extremo secretismo. Al punto que la misma titular del MIMP ha expresado que no hay nada definido y ella no tiene información sobre este proceso.

La presidenta tiene la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, por lo que debe pronunciarse con mayor claridad sobre este tema. ¿Será usted la responsable de generar el mayor retroceso en materia de igualdad de las últimas décadas? ¿Será usted la mujer que le quite a todas las mujeres el sector para defensa de sus derechos? ¿Será usted, en un país golpeado por los feminicidios, la violencia sexual, las desapariciones de niñas, la pobreza con rostro de mujer y el desempleo, quien dirija la desaparición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables?.

Presidenta, deje la falta de transparencia, responda y asuma la responsabilidad de su cargo.

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ElMIDISSeQueda, ElMIMPSeQueda, NoSinNosotras

Un nuevo ataque a los derechos de las mujeres y a la institucionalidad se viene gestando. La posible desaparición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) disfrazada de fusión con el MIDIS, para – supuestamente – “optimizar el Estado”, es un golpe directo a los principios democráticos.

Las demandas de igualdad de género, así como la exigencia de derechos incomoda a un gobierno que ha claudicado ante sectores mafiosos, fundamentalistas y corruptos. Están tomando el Estado y las resistencias no alcanzan. 

El Ministerio de la Mujer, inicialmente creado como PROMUDEH (Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano), hace 27 años, ha pasado por varios cambios y siempre estuvo bajo amenaza.

En estos años, el sector ha desempeñado un rol clave en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, con un énfasis en la atención la violencia de género que afecta a las mujeres y otras poblaciones vulnerables.  Es el ente rector de las políticas de igualdad y tiene como responsabilidad monitorear e impulsar la implementación de estas en todos los sectores del Estado. Labor nada fácil en una sociedad profundamente machista y en donde las resistencias no han cesado.

El MIMP, como otros sectores, tiene sus debilidades por lo que siempre ha sido una demanda de las organizaciones defensoras de derechos humanos y del ámbito internacional, el fortalecimiento presupuestal de esta cartera, la reforma integral de sus servicios y la mejora de las capacidades de su funcionariado. 

Sin embargo, así como tiene debilidades, tiene logros; por ejemplo: la gestión del Programa Aurora, que cuenta con Centros de Emergencia Mujer en todo el país (433), CEM Comisaría , la línea 100 y el servicio de atención rural; el registro y visibilización del feminicidio,  la Ley 30364, que es la ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, promover y monitorear el  Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ), el Programa Presupuestal Orientado a Resultados “Reducción de la Violencia contra la Mujer”, Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres Libres de Violencia, la Política Nacional de Igualdad de Género,  la creación de la Dirección General de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres; entre otras medidas y normas de relevancia y apoyo para que las mujeres del país, especialmente las más vulnerables cuenten con mejores condiciones para ejercicio de sus derechos y el acceso a la justicia. 

No es perfecto, siempre lo hemos dicho, por lo que el mandato del Estado es fortalecer las medidas para alcanzar igualdad, no desaparecer los mecanismos que hacen posible las políticas en este campo. 

Con la “fusión” se vulnera el derecho de todas las mujeres, niñas y adolescentes; pero también el de otras poblaciones vulnerables como los niños, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes. 

No solo va a debilitar la atención de la violencia contra las mujeres y desaparecer las políticas de igualdad; también se afectará los programas sociales que gestiona el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), estancando procesos y entrampando decisiones, lo que afectará a las poblaciones en pobreza o pobreza extrema. 

Estos han sido años agotadores defendiendo lo avanzado, tratando de dar un paso más frente al descaro de quienes solo ven por sus intereses. Quedará en la historia que en el gobierno de Dina Boluarte, la primera mujer presidenta del país, se dieron los más grandes retrocesos en materia de igualdad y de institucionalidad de derechos. Quienes la acompañan son cómplices. La historia se las y los recordará.

No hay democracia sin igualdad, y, no hay igualdad sin democracia.

El último mensaje presidencial de Dina Boluarte, no solo fue groseramente largo, sino vacío de real contenido.

 Uno de los hechos más saltantes es que inicio el mismo de espalda a la realidad, colocándose como la “salvadora” del país, y, culpando al anterior gobierno de todos los males que nos aquejan.

Boluarte, parece olvidar que ella fue parte del gobierno que critica. Y en realidad, todos los actores políticos, de todas las canteras, tienen su cuota de responsabilidad en la crisis política que arrastramos hace años. 

De otro lado, con una actitud indignante ignoró la demanda de justicia por los asesinatos cometidos al inicio de su gobierno, a pesar que en las calles de Lima miles de personas protestaban buscando un cambio democrático y un alto a la impunidad. Incluyendo familiares de las víctimas.

La presidenta trato de afirmarse como una “demócrata”, cuando sabemos que es en este gobierno en dónde se han dado los mayores retrocesos en materia de gobernabilidad democrática. Se ha vulnerado, por ejemplo, el principio de separación de poderes. La alianza corrupta entre el Legislativo y el Ejecutivo lo demuestra.

Por lo tanto, iniciar un mensaje presidencial con estas afirmaciones es parte del descaro político, ya histórico en nuestro país.

En materia de derechos humanos y lucha contra la discriminación los anuncios fueron casi inexistentes. Un país fuertemente golpeado por la violencia sexual hacia las mujeres, niñas y niños ameritaba un compromiso real del gobierno, anuncios contundentes en la lucha contra este flagelo social que afecta la vida de nuestra niñez.

Sino hubo un anuncio real en esta materia, mucho menos en la lucha contra otras formas de violencia de género. Queda claro que las políticas públicas orientadas a atender problemas sociales estructurales no son priorizadas por el gobierno actual.

El anuncio de fusión entre Ministerios, preocupa por la insistencia en debilitar los sectores que se hacen cargo de las políticas sociales como es el MIDIS Y EL MIMP.

No se esperaba gran cosa del mensaje presidencial, mucho menos de un gobierno violador de derechos humanos, pero el descaro con el cual se invisibiliza la realidad es angustiante.

Esperemos otros tiempos se puedan aperturar.

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MensajeALaNación, MensajePresidencial, NoMásRetrocesos

Más de una vez Dina Boluarte con el ánimo de victimizarse y buscar algo de simpatía en la ciudadanía ha señalado que “ella es la madre de todos los peruanos”. 

Por supuesto, este tipo de argumentaciones, bastante estereotipadas, no han logrado el resultado esperado, y su desaprobación, como se evidenció hace algunos meses, ha alcanzado el 91 por ciento, según la última encuesta de Datum.

La presidenta se pierde en un laberinto de escándalos de corrupción y alianzas perversas con representantes en el Congreso y otros actores políticos, en un país debilitado democráticamente y atemorizado por la inseguridad e incremento de la criminalidad organizada. En este escenario tan grave, la jefa de Estado ha mantenido silencio por meses, pero hace unos días dio una conferencia de prensa que solo nos recordó que, si es “una madre” es bastante indolente e indiferente frente a sus “hijos e hijas”. 

En la mencionada conferencia de prensa, utilizó la mayoría del tiempo para hablar de su viaje a China  (si, ese en el que quedó claro que le gusta el chifa); lo grave es que se mantuvo completamente indiferente frente a la pregunta de los periodistas sobre el accionar del gobierno frente a los casos de las niñas/niños  Awajun y Wampis, violentadas/os sexualmente durante años por personal docente  frente a indolencia de las autoridades, quienes conocen los hechos y riesgo de esta población hace mucho tiempo. 

Boluarte no solo pasó la pregunta a su Ministro de Educación, sino que no se pronunció en absoluto sobre el tema ni siquiera para indignarse o rechazar crímenes tan atroces. No mostró ni una pizca de preocupación, ni un poco de empatía o un atisbo de indignación. Por el contrario, claramente la pregunta le incomodó. 

Efectivamente, son los Ministros quienes pueden dar respuestas más precisas sobre diversos temas, pero no le costaba nada tomar la palabra para evidenciar preocupación o compromiso del gobierno con la lucha contra la violencia sexual hacia las niñas y niños, especialmente de sectores tan vulnerabilizados. Pero no se puede trasmitir lo que no se siente. 

El drama de la violencia sexual en el Perú no es reciente, tampoco es una novedad que sean  las niñas y niños de las zonas amazónicas los más vulnerables, debido  a la prevalencia de la impunidad y el abandono del Estado. Pero, si es sorprendente que una mandataria se mantenga indiferente frente a dramas horrorosos. 

Racismo, discriminación e indolencia. Puede ser. Pero creo que a la “madre de todos los peruanos” no solo la embargan estas taras, sino que además está tan molesta con el país y preocupada por mantener sus mentiras o proteger a su Waiky, que todo lo demás no le importa. 

Así, seguimos a expensas de una autonombrada madre bastante indolente y perversa. En tanto, la impunidad prevalece y la vida de niños, niñas y adolescentes siguen dañadas, sin justicia ni reparación.  Esa madre, nos odia.

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NoMásAbusoSexual, NoMásViolencia

La violencia sexual es asunto de poder. Una forma criminal de humillar, de poseer un cuerpo que se desprecia y sobre el cual se quiere reafirmar la superioridad.

Es decir, los ataques sexuales no tienen que ver con los deseos sexuales, ni con una libido irrefrenable.  Se relaciona directamente con una conducta que refleja el odio y despojo de la humanidad de la otra persona, a quien solo se le considera como un objeto de abuso, desprovisto de derechos.

Es una cruel expresión del patriarcado feroz, que invade el cuerpo y lo subyuga, vulnerando un aspecto profundamente íntimo y privado como es la sexualidad. 

Las principales víctimas de violaciones sexuales son las mujeres, especialmente las niñas, niños y adolescentes. Cuyos cuerpos vulnerables y estigmatizados son abusados. Sin embargo, el abuso sexual es también una práctica utilizada entre varones en espacios en donde se requiere reafirmar una masculinidad hegemónica, patriarcal y abusiva. 

La violación sexual es utilizada como castigo patriarcal, como forma de reafirmar poder incluso entre hombres. El origen perverso es el mismo.

Así, hechos recientemente conocidos como la denunciada violación sexual múltiple contra un estudiante en la escuela de suboficiales de la Policía Nacional del Perú -que se ha hecho pública- es indignante y lamentablemente no es una práctica aislada. 

Según la víctima, este hecho quiso justificarse como “una tradición” de quienes conforman o pretenden conformar la institución pública. La víctima no recibió un apoyo inmediato y, por el contrario, superiores trataron de persuadirle apelando a que los agresores tenían una familia detrás que se vería perjudicada y que el caso no debería volverse un “escándalo”. Lo cual es cruel e inadmisible.

Infelizmente, aunque son pocos los hechos denunciados, sumando que para los hombres hay estigmatizaciones directamente relacionadas a la masculinidad hegemónica, se sabe que estás prácticas han existido (y al parecer persisten) como rituales de iniciación en las fuerzas armadas y la Policía Nacional del Perú. 

Estos hechos deshumanizantes vulneran derechos fundamentales, dejando graves secuelas en las víctimas que, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, muchas veces pueden ser equiparables a la tortura.

Urge que estas denuncias se investiguen, se sancione a los responsables, se proteja a quien denuncia de manera inmediata y se implementen medidas para la no repetición de estos hechos, en los espacios de formación como las escuelas de oficiales y suboficiales. 

El Estado tiene que erradicar, efectivamente, estás prácticas en todas sus instituciones, incluyendo los espacios formativos de la Policía Nacional del Perú y de todas las escuelas vinculadas a las Fuerzas Armadas. Esta es una obligación ética y legal.  Al no hacerlo y mantenerse indiferente, las autoridades se convierten en cómplices de un crimen atroz.

La violencia sexual es un asunto que el Estado debe prevenir, centrando sus esfuerzos no solo en la sanción (que es sumamente relevante) sino además en la prevención. Esto último involucra un trabajo a nivel de todo el Estado y la transformación de aquellas masculinidades patriarcales hegemónicas, que tanto hace sufrir a las mujeres y también a los hombres. 

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NoMásAbusoSexual, NoMásViolencia

Imaginemos que vivimos en un país en donde se nos persigue, se nos hostiga y amedrenta. Ya sea por nuestro origen étnico, identidad de género, posiciones políticas o cualquier otra condición.

Imaginen tener que forzosamente desplazarte para poder comer, beber agua, o, simplemente no morir.

Lo inimaginable para muchos, es la penosa realidad de millones de personas alrededor del mundo. Mujeres, hombres, niños y niñas; que han dejado sus hogares buscando refugio del hambre, las dictaduras, la persecución o las guerras. 

El 20 de junio se conmemora el día mundial de las personas refugiadas, fecha instalada por las Naciones Unidas, para reconocer el valor y la fortaleza de quienes huyen de sus países de origen para buscar refugio en otro, en medio de la incertidumbre y, muchas veces, la hostilidad del país de acogida. 

Según ACNUR, más de 1,5 millones de personas venezolanas han llegado al Perú y más 532.000 han solicitado la condición de refugiado/a.  Lamentablemente la xenofobia y la consecuente criminalización de la migración, han conllevado a que muchas personas que han buscado esta protección internacional encuentren en el país, un contexto hostil y criminalizador.  

El Estado Peruano, como muchos otros alrededor del mundo, está en la obligación de garantizar y proteger los derechos de las personas que piden refugio, respetando el principio de no devolución y erradicando la criminalización de la migración. 

Esto quiere decir que, las autoridades no deben promover ni retornar a los solicitantes de asilo o refugio a las fronteras de sus países, ni expulsarlos, en la medida que esto pone en peligro la vida y la libertad de estas personas que de por sí, ya tienen una situación de vulnerabilidad. 

Así, el principio de no devolución es un aspecto fundamental de los derechos humanos y un eje central en los tratados y convenciones relacionadas con los derechos de los /as refugiados/as y la movilidad humana. 

Según la Opinión Consultiva del ACNUR sobre la aplicación extraterritorial de las obligaciones de no devolución en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967; este principio contempla excepciones cuando la persona se constituye en un riesgo o amenaza para la seguridad del país, siempre que se haya condenado y probado un delito grave. Esto quiere decir que los casos tienen que ser individualizados y no caer en la criminalización de toda la migración. 

En el Perú, tenemos mucho por reflexionar al respecto. Existe la Ley de Refugiados (Ley 27891), el Decreto Legislativo de Migraciones y compromisos internacionales que hemos aceptado y ratificado. No obstante, la población refugiada aún se siente en estado de desprotección, especialmente las mujeres quienes por temor no denuncian, por ejemplo, los hechos de violencia que padecen. 

Es tiempo de promover un país más inclusivo, en donde las políticas migratorias y sobre refugio sean gestionadas con seriedad y sin cargas de temor ni discriminación. Todos queremos un país seguro, pero eso no se logra criminalizando a los migrantes ni desprotegiendo a la población que busca refugio en el país. 

Son muchos los golpes que se le viene dando a la democracia en nuestro país. Al parecer a las autoridades actuales les interesa convertirnos en un país retrógrada en donde las libertades fundamentales son vulneradas constantemente. Un plan autoritario está en marcha, lo que terminará afectando a los más vulnerables.  

El principal responsable de estos retrocesos es el Congreso de la República, quien opera de la mano con sectores del gobierno que mantienen silencio frente al ataque y la mediocridad. Ya se ha afectado la separación de poderes, se ha incrementado la corrupción, se ha vulnerado la autonomía de la Defensoría del Pueblo y se ha retrocedido en materia de igualdad, lucha contra pobreza y no discriminación.

De igual manera como se ha procedido en países que han visto socavada su democracia como Venezuela y Nicaragua, en nuestro país se ha iniciado el proceso para censurar y poner barreras a las organizaciones de la sociedad civil, y, cuestionar la cooperación internacional para el desarrollo.  

El Congreso de la República ha aprobado un pre dictamen en la Comisión de Relaciones Exteriores, que acumula diversos proyectos legislativos que pretenden modificar la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Utilizando argumentos falaces como la falta de transparencia o de rendición de cuentas de las organizaciones de sociedad civil, esperan el aval de la ciudadanía para seguir avanzando. 

En un mundo en donde se puede inventar y difamar sin pruebas, diversos sectores vinculados a la política actual lanzan afirmaciones falsas sobre el rol de la ONGs, quienes además tienen mecanismos de auditoría y fiscalización permanentes. 

El objetivo final es censurar a quienes, en defensa de las libertades, vigilan y hacen seguimiento a la política pública. Se quiere callar a quienes ponen freno a las autoridades para que no cometan abusos y a quienes denuncian la corrupción públicamente. 

Este es un plan orquestado, que preocupa porque socava la democracia y nos pone en riesgo de convertirnos en sociedades autoritarias; en donde los derechos no se encuentran garantizados. Eso que “dicen” temer, en eso nos quieren convertir. 

Lo cierto es que en nuestro país son las ONGs de diverso tipo, las que con el apoyo de la cooperación internacional han logrado promover grandes cambios a favor de los más vulnerables. Ahí en donde el Estado ha estado ausente, las asociaciones sin fines de lucro de diverso tipo han brindado apoyo y asistencia.  Es gracias al actuar de estos actores que en la agenda pública se han posicionado temas invisibilizados históricamente como la violencia contra las mujeres, los derechos de los niños y niñas, el derecho a la salud, a la educación, la lucha contra la pobreza, los derechos de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, de las poblaciones indígenas y afrodescendientes, entre otros temas de relevancia para el bienestar social. 

Ahí donde el Estado no ha está presente y reina el olvido, son las organizaciones de sociedad civil las que han brindado ayuda permanente, recordándole a las autoridades sus obligaciones. 

Frente al abandono, la indiferencia, la pobreza y la crisis; las asociaciones nuestro país han tenido una respuesta de soporte, han sido ayuda en tiempos difíciles y voz de los que no tienen voz. Es gracias a estos espacios-  que hoy son atacados-  que muchos derechos de los que hoy goza toda la ciudadanía se han garantizado. 

No nos dejemos engañar, mucho se ha hecho, mucho se ha logrado. Todo lo avanzado está en riesgo, por el accionar de quienes, con pensamientos oscurantistas, intentan socavar toda idea de libertad. 

Se necesita defender la democracia, lo que queda, reconstruirla y defender las libertades. Esta ya no es una tarea de pocos, es una responsabilidad de todos. 

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#CooperaciónParaLaDemocracia

No es ninguna novedad que vivimos un debilitamiento absoluto de la democracia. Los actores políticos que se encuentran en el poder son los principales responsables de esta crisis que arrastramos por años. Esto impacta en el ensanchamiento de las brechas de desigualdad y en la calidad de la participación ciudadana.

Actualmente, la categoría “democracia» ha sido vaciada de contenido y se utiliza para fines corruptos y el aumento del poder de determinados sectores contrarios a lógicas de igualdad y de derechos humanos. Una paradoja de la cual debemos salir. 

Hace años Pepi Patrón, filósofa de PUPC, escribió un artículo denominado “Democracia y Sociedad Civil”, en dónde destacaba la importancia de la pluralidad de actores en la construcción de una sociedad democrática, así como de la participación de ciudadanía organizada para hacer frente a las desigualdades y la discriminación imperante en el país. 

Así, la garantía de una sociedad civil que permita el diálogo abierto y plural, y, promueva el control ciudadano sobre el Estado es fundamental para garantizar un Estado democrático en dónde los derechos de las personas puedan ser respetados y ejercidos. 

Sin embargo, en nuestro país un grupo de Congresistas de los partidos Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Perú Libre han presentado varios proyectos de ley para limitar, poner barreras y debilitar a las ONGs. Esto como una estrategia como ampliar el espacio de poder que detentan, atemorizar y buscar debilitar la pluralidad y por ende la democracia.

Ante ello diversas organizaciones de derechos humanos, ampliamente conocidas en el país y a nivel internacional, con décadas de trabajo a favor de una sociedad más justa, se han pronunciado. Buscando con ello no solo socializar con la ciudadanía está preocupación, sino alertar a los actores nacionales e internacionales con talante realmente democrático de los riesgos que enfrentamos. El avance de los sectores autoritarios no para y esto representa un grave riesgo para la paz. 

A continuación, comparto este comunicado con el afán de que el cansancio no nos gane, y, podamos actuar para defender la pluralidad y el derecho a la participación ciudadana organizada y democrática.

Liz Melendez

Un Estado democrático requiere una sociedad civil capaz de promover el diálogo, ejercer vigilancia de las políticas estatales, como mecanismo para denunciar el abuso de poder y promover la vigencia de garantías fundamentales como son los derechos humanos.

No nos dejemos arrebatar más libertades. 

Graciela y Dayana, son una pareja de mujeres peruanas, que como muchas otras decidieron formalizar su unión y casarse, y de esta manera constituir su familia. 

La diferencia es que ellas no pueden hacerlo legalmente en el país, debido a que en el Perú el derecho a contraer matrimonio es exclusivo de las personas heterosexuales. 

Por ello, lejos de su familia y sus queridos esta pareja decidió formalizar su unión en Argentina, hace un año. Con pena de no poder compartir su alegría con sus seres queridos, pero en un acto de afirmación de su identidad y derechos. En este país, desde hace varios años, se puede contraer matrimonio independientemente del sexo, orientación sexual o identidad de género de las personas contrayentes. 

Más allá del romanticismo, negarles la posibilidad de casarse en su país de origen es un hecho de discriminación directa que se ha mantenido en el tiempo y evidencia que aún estamos en un país profundamente homofóbico, lesbofóbico, bifóbico, transfóbico y machista. 

De manera persistente e histórico el movimiento LGBTIQ+ ha levantado como parte de sus demandas el reconocimiento del matrimonio igualitario, así como la necesidad de romper con la discriminación estructural y la violencia que los excluye, atemoriza y violenta cada día. La respuesta ha sido la indiferencia de parte de las autoridades. 

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, en su compromiso con la lucha contra la discriminación ha asumido el litigio de este caso, con la finalidad de lograr la inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero entre dos ciudadanas peruanas mujeres y marcar así un hito histórico para el movimiento feminista y LGTBIQ+.

Este caso emblemático busca el reconocimiento de derechos humanos fundamentales, como el derecho a formar una familia, el derecho a una vida libre de violencia y otros tantos en el marco del principio de igualdad y no discriminación. También se pretende promover que se respete el proyecto de vida de las personas, obligaciones estatales que se alinean con los estándares internacionales de derechos humanos.

Al respecto, se tienen importantes precedentes de pronunciamientos de distintos juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lima que, aunque no en última instancia, han amparado la solicitud de reconocimiento del vínculo matrimonial celebrado en el extranjero entre personas del mismo sexo, señalando que con ello se garantizan principios y derechos reconocidos en los tratados internacionales que el estado peruano ha suscrito. 

Entre estos están casos emblemáticos como el de Oscar Ugarteche Galarza y Fidel Atoche, Susel Paredes Piqué y Gracia Aljovín de Lozada, Andree Martinot Serván y Diego Urbina Fletcher y, el más reciente de junio del año pasado de Mónica Coronado e Irina Picco. En este último, se reconoció por primera vez que negar la inscripción del matrimonio entre personas del mismo sexo genera una violación masiva de sus derechos fundamentales.

Con el caso de Graciela y Dayanna se abre una nueva oportunidad para lograr una igualdad real y lograr así un país que algún día que respete y garantice los derechos de todos sus ciudadanas y ciudadanos.

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