La discriminación y violencia que afecta a las mujeres y también a la población LGBTIQ+ es uno de los principales problemas que tiene el país.  Es la otra pandemia que no hemos logrado superar y que se constituye en un gran desafío para el Estado, en la medida que la prevalencia de esta forma de exclusión atenta contra la salud y vida de millones de personas, generando a la vez pobreza y precariedad.

Siendo un problema tan álgido es obligación de los partidos políticos y sus representantes, presentar propuestas claras y no obviar esta dimensión. Es tiempo que la clase política entienda que sin igualdad no hay democracia, desarrollo social ni crecimiento económico que valga.

Desde la Campaña “Somos la Mitad, queremos paridad sin acoso”,  impulsada por el CMP Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos,  se ha realizado un análisis detallado de las propuestas de los diferentes partidos en varios ámbitos como: participación política, violencia de género, salud sexual y reproductiva, trabajo, educación, justicia y políticas de igualdad.

En este análisis se encontró que la gran mayoría de partidos tiene – al menos – una propuesta; pero si vamos al detalle de estas nos daremos cuenta que muchas no solo carecen de los enfoques adecuados, sino que además pueden plantear peligrosos retrocesos.

Entre estos se encuentra por ejemplo Acción Popular (AP), cuyo candidato es Jonhy Lescano, quién en materia de violencia contra las mujeres, lo único que plantea es la castración química para casos de violación; medida que si bien puede conectar con la indignación ciudadana no enfrenta el problema estructural, por lo que termina siendo un planteamiento populista que no ayuda en nada. No tiene otra propuesta en ninguna de las áreas mencionadas.

Los partidos Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular, Unión por el Perú cuyos candidatos son Cesar Acuña, Daniel Urresti, Rafael Lopez Aliaga y José Vega, respectivamente; plantean una peligrosa reducción, fusión y hasta eliminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en un claro intento por restar importancia a la institucionalidad de los derechos de las mujeres que tanto ha costado alcanzar. Esta propuesta atenta contra los compromisos del Estado Peruano a nivel internacional, pero además generaría un gran retroceso en materia de igualdad.

En estos partidos se detecta la falta – y en algunos casos hasta oposición- al enfoque de género, lo que se evidencia en las serias dificultades y resistencias para abordar problemáticas vinculadas a la discriminación. Por ejemplo, en el caso de Lopez Aliaga sus únicas propuestas se centran en la reducción de Ministerios y en el establecimiento de la meritocracia entre mujeres y hombres, desconociendo con ello las desigualdades que existen.

La resistencia para abordar la discriminación de forma estructural también se evidencia en la ausencia de propuestas en materia de salud sexual y salud reproductiva. Situación que se observa, tanto en los partidos mencionados como en Fuerza Popular, cuya candidata es Keiko Fujimori. Notar esto es relevante, en la medida que cada vez es más claro que no se hará frente a la discriminación sino se vinculan las políticas para garantizar el derecho a una vida sin violencia con políticas para promover y garantizar la autonomía sexual y reproductiva. Se tiene que atacar el centro del problema, el control de los cuerpos.

Sin embargo, no todo es negativo, existen partidos que no invisibilizan dimensiones claves de los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+ y que no centran sus propuestas en retrocesos. Entre estos se encuentran el Partido Morado, Juntos por el Perú, Frente Amplio por la Justicia Vida y Libertad, Somos Perú, Partido Popular Cristiano y Victoria Nacional. Aquí el link para conocer esta información: https://bit.ly/3dlrRIq

La democracia que queremos es con igualdad de género, dar nuestro voto a quiénes se preocupen por esta dimensión clave para el ejercicio de la ciudadana es un paso para contribuir al cambio. Este 11 de abril votemos pensando en la igualdad.

Lo sucedido con las #VacunasVip acaba de volvernos a la realidad, tenemos 200 años como República y aún somos un país clientelista, corrupto e indolente. Este es el resultado de un Estado patriarcal y neoliberal, que no está al servicio de la ciudadanía, muchos menos de las mujeres, sino de intereses particulares y de aquellos a los que favorece mediante argollas de privilegios.

Luego de esta última crisis ya no es una sospecha, es un hecho, todo está mal. El modelo social y económico ha llevado el individualismo a límites insospechados y crueles, el aprovechamiento y la lógica del “sálvese quién pueda” está instalada en nuestra cotidianidad, lo que lleva a que prácticas corruptas se naturalicen.

Esta semana se descubrieron los 487 sin vergüenzas que se aprovecharon de sus cargos, de su posición e incurrieron en un acto corrupto, pero además desolador.  Mientras ellos/as se protegían miles familias en las calles, en los hospitales y en sus casas luchaban contra la enfermedad, se endeudaban para conseguir atención y oxígeno, rogaban por una cama UCI y quiénes se vacunaron lo sabían.

¿Les ganó el miedo?, ¿Si hubieras tenido la oportunidad lo habrías hecho?, son algunas de las preguntas sueltas que se oyen por ahí. El problema está en que naturalizamos esas conductas y prácticas basadas en el individualismo llevado al extremo más hostil; el compromiso con el bien común se pone a prueba en escenarios de crisis, no en tiempos de tranquilidad. Más aún si eres un servidor/a público.

Los 487 aprovechados/as –  o más-  que se vacunaron a espaldas de la población se llevan nuestro rechazo y repudio, pero, ¿es suficiente?; se requiere que el gobierno promueva investigación y sanción a quiénes se vacunaron de forma irregular, pero también a los artífices de esto. ¿Quiénes aprobaron este proceso de vacunación ilegal cuando supuestamente la vacuna no estaba habilitada para nuestro país?, ¿Quiénes dijeron tú sí, tú no? Mucho por esclarecer aún.

El gobierno actual, de emergencia y transición, que navega en medio de esta tempestad, deberá promover que se llegue al fondo de este asunto y además necesita devolverle a la población la confianza en el proceso de vacunación y para ello es fundamental que la vacuna sea declarada como bien público y se fortalezca la transparencia en su gestión.

Los congresistas que piden se remueva a la Mesa Directiva del Congreso sólo ponen en evidencia sus ganas de aprovechar la situación, listos y ansiosos de generar una nueva crisis política que los beneficie y profundice el abismo en el que ya estamos. Es necesario rechazar estas actitudes oportunistas, promover que el gobierno se concentre en la atención a la pandemia y en garantizar elecciones transparentes.

A puertas del bicentenario, por encima de cualquier celebración, tendremos que plantear una reflexión seria sobre la democracia y el Estado que queremos.

Como feminista deseo una democracia real, paritaria, con igualdad de género, que tome como principio la interculturalidad crítica para construir un mundo más justo. Ello incluye cuestionar el modelo social y económico que tenemos; por ello me asusta quiénes pretenden asaltar el poder y ver estos hechos como circunstancias aisladas y no como parte de un sistema que cada vez nos empobrece más como seres humanos, que promueve caridad, pero no derechos ni bienestar, que genera privilegios, ganancias simbólicas y económicas para unos pocos, por encima de la muerte y el dolor de muchxs.

El caso #VacunasGate o #VacunasVip  es solo una muestra de lo que lamentablemente somos.  Que la indignación nos movilice, pero para sumarnos a construir una democracia real, lo que se traduce en un Estado que moviliza transformaciones sociales y garante de derechos.

Esta columna se escribe en tiempos difíciles para la humanidad, cada persona que está viviendo o sobreviviendo a la pandemia no podrá negar que el contexto que tenemos es absolutamente atípico, agotador, doloroso, desafiante y bastante incierto.  Es evidente, que, aunque el COVID-19 puede afectar a cualquier persona, no nos afecta a todos/as por igual.

La desigualdad preexistente en nuestro país ha mostrado su rostro más cruel, precarizando la vida de millones de personas, especialmente de las mujeres, niñas, niños y personas LGBTIQ+. Más adelante podremos tener acceso a estudios que revelen el real impacto que ha tenido y tendrá este contexto en la vida, salud mental y medios de subsistencia de poblaciones históricamente discriminadas y excluidas.

Por el momento, lo que tenemos claro es que las mujeres y niñas no sólo se enfrentan a la pandemia, la cual ha incrementado los trabajos de cuidado y angustias económicas, sino además a la violencia de género y a mayores barreras para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos; ampliándose las brechas de desigualdad.

En cuanto a la violencia de género, las cifras del Ministerio de la Mujer reportan que en el 2020 los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 57, 166 casos menos en relación al 2019,  a pesar que las llamadas de urgencia a la Línea 100 reportaron un incremento en más del 50% comparadas con el año anterior, concentrándose este aumento en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, los cuales coinciden con los momentos más dramáticos de la pandemia durante la primera ola.

Estos datos nos confirman que es un error cerrar o reducir la capacidad del Estado para atender la problemática, en un contexto en donde la violencia tiende a profundizarse.

En ese sentido, es un acierto que, en el actual contexto de emergencia y periodo de confinamiento, los servicios para la atención de la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar a cargo del MIMP hayan sido declarados esenciales.

Aunque fundamental esta medida no es suficiente, pues tiene que ir acompañada de una fuerte estrategia informativa que oriente a las mujeres sobre las rutas que deben tomar en la actual coyuntura, así como garantizar la atención de calidad de los/as operadores/as de servicios y el desarrollo de una estrategia paralela con la Policía Nacional del Perú. Recordemos que el 77.6% de mujeres que busca ayuda asiste a una Comisaría.

Otra de las estrategias que se tienen que apuntalar, es vincular la lucha contra la violencia de género con políticas para garantizar la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Para ello, es necesario que el MIMP trabaje de forma más coordinada con el MINSA en el contexto de pandemia, garantizando – por ejemplo- que los kits de emergencia (que incluyen la AOE) se entreguen a todas las víctimas de violencia sexual y que estas o sus tutoras/es sean informadas/os sobre lo que es el aborto terapéutico y las posibilidades de solicitar una evaluación por causal salud en los casos de embarazo producto de violación, especialmente de niñas y adolescentes.

Según datos del MINSA, durante el 2020 se entregaron a nivel nacional sólo 1325 kits de emergencia, mientras que el Programa Aurora reporta que fueron atendidos 16 618 casos de violencia sexual por los CEM y Equipos Itinerantes de Urgencia; ello nos grafica un panorama desolador. Así mismo, 1175 niñas menores de 14 años tuvieron partos, es decir fueron obligadas a continuar con embarazos producto de una violación.

La violencia contra las mujeres es esa otra pandemia que no ha sido superada y que corre el riesgo de ser minimizada sino se toman acciones concretas a corto, mediano y largo plazo para garantizar políticas integrales de prevención y atención.

El nuevo periodo de confinamiento, una creciente segunda ola y el riesgo de una tercera tal vez tan cruel como la que vivimos actualmente nos grafican un escenario incierto y doloroso, el Estado debe programarse para sobrevivir a esta tragedia en los próximos años, es claro que esta situación no acabará en los próximos 15 días, las medidas que se tomen deberán pensarse con enfoque de género y priorizando el derecho de las mujeres y niñas a vivir libre de violencia y discriminación. Gran reto.