Días oscuros para la educación y la igualdad

Por: 2.02.2022

Las autoridades una vez más demuestran el poco interés que tienen en lograr cambios favorables y sostenidos para alcanzar una educación de calidad y una sociedad más igualitaria. A puertas de cerrar la actual legislatura el Congreso de la República, mediando una perversa alianza entre la derecha más reaccionaria y la izquierda patriarcal se trajeron abajo la reforma universitaria, con la excusa de devolverle “autonomía” a las universidades, le devuelven – en realidad- la libertad a estas para hacer de la educación un negocio sin ninguna clase de ética ni fiscalización.

Pero no solo este escenario amenaza la educación, también lo hace el Proyecto Legislativo 904/2021, presentado por el congresista Edras Medina del grupo parlamentario Renovación Popular, denominado “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú”; pero que en realidad busca desconocer la autonomía del Ministerio de Educación y hacer depender a este de la opinión y conformidad de los padres y madres de familia. Tal como suena, la educación de los niños estaría definida por algunas organizaciones de padres/madres quienes podrán vetar contenidos sin mediar aquí los criterios de especialistas en temas de educación.

 

Esta propuesta, que es bien vista por los sectores más conservadores (antiderechos) del congreso, distorsiona el derecho a participar de los padres/madres de familia en el proceso educativo, que por cierto se encuentra ya establecido a través de las APAFAS y de los Consejos Educativos Institucionales (CONEI).

 

¿Què hay detrás de esta propuesta?, el interés de grupos parlamentarios vinculados a sectores fundamentalistas que se oponen al enfoque de igualdad de género y a la educación sexual integral. A estos operadores de la discriminación no les interesa la calidad educativa, les importa mantener los cimientos de una sociedad excluyente y tutelar, que reproduzca la discriminación. Utilizando discursos tendenciosos, como “la defensa de la familia” o su oposición a una supuesta “ideología de género” mal informan, generan miedo y ahora operan a nivel del ejecutivo y el legislativo para fortalecer una agenda perversa que sostenga la desigualdad..

 

Diversas instancias se han pronunciado con preocupación frente a la probable aprobación de una iniciativa legislativa contraria a los compromisos del Estado Peruano en materia de educación e igualdad. Se han manifestado la Defensoría del Pueblo, el Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, organizaciones de jóvenes y del derecho a la educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, así como instancias de la cooperación internacional.

 

Este escenario de riesgo se agrava tras la reciente designación de Kathy Ugarte, congresista de Perú Libre, como Ministra de la Mujer; la nueva titular del sector se ha opuesto públicamente al enfoque de igualdad de género y ahora lidera el ente rector de las políticas de género, una paradoja peligrosa que hace temer retrocesos que repercutirán en la vida y bienestar de millones de mujeres y niñas.

 

El escenario es adverso, a nivel del legislativo y también del ejecutivo, el presidente Pedro Castillo  ha demostrado su nulo compromiso con los derechos de las mujeres y ayer envió un mensaje claro de oposición a los avances en materia de igualdad. Se anuncian tiempos de muchos retrocesos que solo podrán ser bloqueados con una clara y contundente respuesta ciudadana.

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Congreso, SUNEDU

Mujeres desaparecidas, cifras escalofriantes y el sufrimiento de los familiares

Por: 19.01.2022

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo (DP) advierte que en el 2021 se registraron alrededor de 16 alertas de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes por día, lo que ha significado un total de 5904 casos, representando esto un 7% de incremento frente al 2020.

Más allá de las cifras que son escalofriantes, se viene llamando la atención sobre un problema que se agrava y que demanda de parte del Estado acciones intersectoriales, primero, para conocer mejor las conexiones de la desaparición de mujeres con el feminicidio y otras formas de violencia como la trata de personas; así como para reforzar los sistemas de búsqueda e investigación de los casos. 

Según el informe de la DP, de los 146 feminicidios reportados el año pasado, en 19 casos las víctimas fueron previamente desaparecidas; es decir existe una conexión entre ambos crímenes.  No se conoce el vínculo que existe entre la trata interna y externa de personas y la desaparición de mujeres, sobre todo teniendo en cuenta que dicho delito es de mucha incidencia en nuestro país y afecta fundamentalmente a niñas, adolescentes y jóvenes. 

Son muchos los desafíos alrededor de esta problemática, como, por ejemplo, la necesidad de fortalecer el Sistema de Búsqueda de personas desaparecidas para que se generen protocolos y capacidades especializadas en la búsqueda de mujeres, quienes están especialmente en riesgo de graves formas de violencia de género.

Sin embargo, otro de los desafíos (muchas veces olvidado) es promover una adecuada y diligente investigación de los casos, que permita a los familiares ejercer su derecho a la verdad con dignidad y acceder a la justicia. Definitivamente una dimensión profundamente dolorosa de esta problemática es la angustia y la incertidumbre que viven las madres, padres, hermanos/as o cualquier familiar que busca a una mujer, sin poder conocer – incluso en años- qué paso con ella. 

En muchos de los casos judicializados la búsqueda e investigación esta plagada de estereotipos de género que conllevan a la culpabilización de las mujeres por su desaparición; así mismo, pueden pasar años y los familiares ven estancarse los procesos, sin saber qué pasó, se sienten humillados por un sistema que miran con impotencia. 

Las mujeres no desaparecen, nos desaparecen, y, si bien se necesita prevenir estos hechos, fortalecer y agilizar la búsqueda en el marco de la debida diligencia, se necesita también garantizar investigaciones idóneas y respetuosas con el sentir de los familiares, quienes tienen derecho a saber qué paso, sin que esto implique su humillación y tormento. 

 

 

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cifras, desaparecidos, estadística, Lucha contra la violencia hacia las mujeres, mujeres

Feministas en ONGs, en la academia, en el activismo: nos necesitamos todas

Por: 5.01.2022

Empecé a identificarme con el feminismo hace casi dos décadas, era muy joven y había algo en mí que me hacía indignarme frente a aquello que – a los ojos de gran parte de la población – parecía natural, eso que justamente entraba en el orden de lo “normal” me sonaba muy extraño, pero también me hería de diferentes formas. 

Por indignación frente a las injusticias, por vivencias propias y ajenas me fui metiendo en un mundo de cuestionamientos, de críticas al statu quo, fui rompiendo la indiferencia frente a la desigualdad y la violencia, pero con lentes feministas. En ese camino encontré a otras “locas”, otras “brujas” como yo, con quienes me fui identificando, mujeres que veía luchar, reflexionar, debatir y cuestionar; siempre pensando en construir un sueño, una utopía. 

Se ha construido feminismo desde diferentes espacios, la reflexión colectiva e individual no se ha dado desde un solo lugar. Hemos sido y somos diversas.  Feministas en ONGs, en los centros de estudio, en las calles, activistas, mujeres con lógicas diferentes, jamás hemos sido homogéneas, pero siempre se ha tenido una construcción activa y constante de conocimiento y una gran capacidad para detonar la acción social.  

Si recorro los últimos 18 años, he observado encuentros, desencuentros, nudos, entrampamientos, duras discusiones, pero también diálogos, reflexión profunda, solidaridad, sororidad, empatía, construcción colectiva, movilización social y una fuerte visibillización de las sujetas políticas, lo que ha sido fundamental para exigir el reconocimiento de derechos.

Mi memoria vivencial solo recorre estas casi dos décadas, pero el feminismo en el Perú es mucho más antiguo y ha pasado por diferentes momentos; es un movimiento vivo, potente, en donde han existido y existirán diferencias profundas que detonarán debates, algunos nudos que habrá que ir desatando, reflejándose así nuestra fuerza y diversidad de pensamiento. 

A la par que el feminismo avanza, también lo hacen sus detractores, el patriarcado se defiende y reacciona con especial ferocidad y sanción contra quiénes se atreven a cuestionar sus mandatos; se fortalece de la mano de un modelo de desarrollo deshumanizante para mantener el orden de estatus diferenciado. En estos escenarios, de avance de los fundamentalismos y los sectores antiderechos el rol de los feminismos, de sus organizaciones, colectivas y activistas es crucial. La actitud de permanente critica contestaria, así como de análisis y reflexión interseccional es clave en tiempos donde lo que se encuentra en disputa es la idea de bienestar y de desarrollo. 

Pensar que el feminismo debe ser homogéneo es un error, creo que es clave reconocer las diferencias como parte de un todo y desde ahí construir las diversas memorias y los caminos hacia un futuro plagado de desafíos. No creo que sea imperativo ni saludable que todas estemos perfectamente coordinadas o articuladas, pero si se necesita reconocer el camino recorrido, comprender la historicidad de los procesos y sobre todo rechazar narrativas que, muchas veces, basadas en datos errados o inexactos, buscan estigmatizar o invalidar a las feministas que luchan desde uno u otro escenario.

Reconocer el aporte de todas, de las que construyen desde la teoría, desde las calles, desde las ONGs o cualquier otro espacio es clave. Recuperar las memorias, reconocer los aportes mutuos, enriquecernos con ellos, superar las divisiones es parte de lo que tiene pendiente el feminismo para seguir fortaleciéndose en su diversidad.

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feminismo, Feminismo en el Perú, mujeres

Un año contradictorio para los derechos de las mujeres

Por: 29.12.2021

El 2021 ha sido un año contradictorio para los derechos de las mujeres, por un lado, se han reflejado algunos avances normativos y en políticas; sin embargo, también se ha retrocedido en términos de paridad y ha quedado clara la tendencia a instrumentalizar la lucha contra la violencia de género en contextos de crisis y pugnas por el poder político. 

Centrándonos en lo positivo, podemos recordar que se aprobaron los “Lineamientos y la Estrategia nacional de prevención de la violencia de género contra las mujeres “Mujeres libres de violencia”; política de alcance nacional orientada a desnaturalizar la violencia de género y promover autonomía.  Así mismo, se han fortalecido las disposiciones en el contexto de pandemia para que las denuncias puedan hacerse por medios virtuales y en Plataformas Digitales, todo lo cual modifica y fortalece la ley de violencia 30364. 

A nivel del legislativo, vemos mayores avances en el primer semestre del año y un lamentable silencio en el actual congreso, lo que se debe a que la agenda del legislativo ha estado centrada en las pugnas políticas más que en los problemas que realmente aquejan al país. Salvo honradas excepciones, la producción normativa a favor de la igualdad no ha sido la esperada. Entre marzo y abril se aprobaron cuatro normas favorables a los derechos de las mujeres como por ejemplo: la ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política (Ley 31155), la ley que permite el uso de canales electrónicos para la denuncia de los casos de violencia (Ley 31156), la ley que promueve la inserción laboral de las victimas de violencia en los programas que ejecutan las entidades públicas (Ley 31153) y la ley que promueve y garantiza el manejo de la higiene menstrual en niñas, adolescentes y mujeres vulnerables (Ley 31148). 

Sin embargo, se debe destacar un hecho crucial que podría contribuir a garantizar los derechos reproductivos de las mujeres; 22 congresistas han firmado el Proyecto Legislativo 954/2021 de la Congresistas Ruth Luque, que plantea la despenalización del aborto en casos de embarazos como consecuencia de violación sexual, gran pendiente del Estado para proteger la vida y salud integral de miles de mujeres y niñas. Este PL debe ser debatido en el 2022. 

Sin negar los avances o los intentos de avanzar en el camino hacia la igualdad por parte de algunos actores, preocupa la instrumentalización de los derechos de las mujeres en el contexto político, tanto de parte de la oposición al gobierno como las tardías reacciones de parte de este para separar a personas con actitudes abiertamente machistas de los espacios de decisión gubernamental. Así mismo, indigna que el partido oficialista Perú Libre, pretenda encubrir o desestimar las denuncias de una militante victima de un ataque sexual. Claramente no existe en este, ni en otras muchas agrupaciones políticas, una convicción auténtica para la defensa de los derechos de las mujeres.

Una democracia real, transformar el modelo social de desarrollo social y económico para generar mayor bienestar debe hacerse priorizando los derechos humanos y estos incluyen los derechos de las mujeres. 

Esperemos que el 2022 sea un mejor año para avanzar en una transformación con igualdad real. Mientras tanto feliz año, la esperanza no se pierde. 

 

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2022

Una comisión de ética sin ética.

Por: 8.12.2021

Son muchas las veces que se llama la atención sobre la violencia contra las mujeres, es claro que este es uno de los principales problemas que tiene el país. Un drama que a pesar de los esfuerzos no logra erosionarse y que semana tras semana nos hace horrorizarnos con nuevos casos. 

Entre enero y octubre del 2021, el Ministerio de la Mujer ha registrado 114 casos de feminicidios, más de un centenar de mujeres que fueron asesinadas, muchos niños y niñas que quedaron sin madre; y una sociedad que se daña y se deshumaniza como consecuencia de la violencia de género. 

El feminicidio como crimen no es un hecho aislado es producto de la permanencia de otras formas de violencia, de la minimización que se hace de otros hechos de agresión, de la falta de atención a las denuncias, de medidas de protección inoperantes y de la impunidad. Muchas mujeres antes de ser asesinadas sufrieron otras formas de agresión como el acoso, la violencia psicológica, física y/o sexual. Muchas expresaron sus miedos, alertaron a sus entornos, a las autoridades, muchas buscaron ayuda y encontraron la indiferencia, muchas intentaron huir.

El feminicidio es un crimen que puede evitarse, porque la violencia contra las mujeres puede y debe prevenirse. De hecho, la obligación de prevención es parte de la debida diligencia que debe cumplir el Estado en materia de violencia contra las mujeres.  

En este escenario tan doloroso y trágico, el Congreso de la República blindó a un agresor, al congresista Luis Cordero Join Tay denunciado por acoso, violencia física y sexual por parte de su expareja. 

El martes 6 de diciembre del 2021, debemos recordarlo como el día en que la Comisión de ética del Congreso de la República protegió – con argumentos absurdos- a un agresor; convirtiéndose en un canal de impunidad y enviando – a su vez – un mensaje de permisividad y tolerancia frente a la violencia hacia las mujeres. Nada más vergonzoso. 

Luego de este proceder y de las declaraciones públicas de la presidenta de la Comisión Karol Paredes (Acción Popular) quién justificó la decisión y mandó a investigar a los medios de comunicación; es claro que el espacio se conduce sin ética, en un marco de extraños y pobres valores que ningún favor le hacen al país. 

La lucha contra la violencia hacia las mujeres es un asunto de derechos humanos y por lo tanto debe ser una prioridad ética. Al parecer, en el actual Congreso, no lo entienden así. Quedó claro que este grave problema social solo se utiliza con fines políticos, pero no existe un auténtico interés por abonar a su erradicación. Lamentable. 

Gracias a la insistencia de la Congresista Ruth Luque, una de las pocas que voto a favor de la investigación en la Comisión, se han logrado los votos para que la nefasta decisión pueda ser reconsiderada en una nueva sesión a desarrollarse este jueves 9 de diciembre, esperemos que sea oportunidad para enmendar el terrible error, aunque el daño ya está hecho. 

 

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Congreso de la República, Lucha contra la violencia hacia las mujeres, mujeres, violencia

Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres

Por: 24.11.2021

Este jueves se conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres a nivel global, fecha emblemática para la lucha contra esta otra pandemia que año a año vulnera la vida de millones de mujeres. 

El origen de la fecha se remonta a la conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal, quienes fueron ejecutadas por el dictador Rafael Trujillo en República Dominicana. Las Mariposas, como desde el feminismo se les suele nombrar, fueron víctimas del autoritarismo y la violencia exacerbada contra las mujeres en contextos dictatoriales. Por ello, en 1981 en el Primer Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe se declara el 25 de Noviembre como el Día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, fecha que fue ratificada oficialmente por las Naciones Unidas en 1999. 

¿Cómo lo vivimos en nuestro país?. 

En el Perú esta emblemática fecha no ha pasado nunca desapercibida para el movimiento feminista y de mujeres, que desde hace 40 años vienen organizando acciones públicas y movilizaciones para evidenciar que la violencia contra las mujeres es un problema público y no privado; exigiendo que el Estado despliegue esfuerzos para su atención, prevención y erradicación. 

Este año los esfuerzos de articulación de las organizaciones feministas, de mujeres, colectivas y activistas diversas se dan desde la Asamblea 25N, espacio de confluencia desde donde se ha venido organizando una movilización descentralizada para este 27 de noviembre. En Lima la movilización partirá de la Plaza San Martín a las 3:00 pm. 

La consigna de este año es “Nuestras Voces contra el Machismo y el Fascismo”. Es importante anotar que la reflexión sobre el derecho a una vida libre de violencia no se encuentra aislada de los debates sobre democracia, lucha contra los fundamentalismos, el racismo y el cuestionamiento al modelo económico imperante. Esta ha sido una de las características del feminismo, su capacidad para vincular la reflexionar y no hacer de la lucha de las mujeres una lucha aislada sino articulada a la necesidad de promover un mundo más justo e igualitario. 

 

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25 de noviembre, 25N, Contra la violencia a la mujer, violencia a la mujer

No basta con denunciar, hay que erradicar la impunidad

Por: 10.11.2021

Solo las propias víctimas y sus familiares saben el difícil camino que se emprende cuando se busca justicia en un caso de violencia de género. Una ruta plagada de barreras y de situaciones complejas que puede extenderse por años.

Y creo que es importante visibilizar esta problemática, pues cuando se difunden los casos, cuando se abordan los mismos, cuando se piensan en acciones para hacer frente a la violencia parece que el horizonte común es promover que las mujeres denuncien y punto.  Y aunque la denuncia es importante, perderá poco a poco su legitimidad si es que la respuesta final sigue siendo la indiferencia y por lo tanto la impunidad. 

Una ruta difícil para acceder a la justicia, la demora en el procesamiento de los casos, en las investigaciones y finalmente la impunidad refuerzan el estatus en el que el patriarcado a situado a las mujeres.  El mensaje que se envía es que nuestras vidas no importan, los agresores perciben la tolerancia social y se sienten ganadores, con ello se fortalece y reproduce el orden de género.  

Recordemos el caso de Solsiret Rodriguez, víctima de desaparición y feminicidio; su caso se ha topado con decenas de barreras, desde los estereotipos de género que impidieron una búsqueda rápida hasta diligencias que tardan absurdamente hasta la fecha; en tanto, sus agresores siguen con prisión preventiva sin una pena que garantice justicia. La familia de Sol ha atravesado años de sufrimiento. 

Recientemente la madre de una víctima de feminicidio se contactó con el CMP Flora Tristán buscando ayuda para exigir una respuesta adecuada de Medicina Legal, en donde le habían señalado que no se podía hacer un examen necesario para la investigación por falta de insumos y recursos. Nada más indolente.

O también el caso de DB, una joven víctima de violación sexual – hace 14 años – por un ex integrante de las Fuerza Área del Perú (FAP) quien sigue prófugo y su caso en permanente litigio. Como no recordar el caso de JH, una mujer que fue victima de tentativa de feminicidio hace más de 8 años, producto de la agresión su rostro quedó desfigurado; su vida y la de su pequeña hija cambiaron para siempre. El agresor no ha sido capturado, porque no se han desplegado los esfuerzos necesarios para lograrlo.

Para prevenir la violencia hay que erradicar la impunidad; es decir promover el acceso efectivo de las mujeres a la justicia, esta es una demanda que debe ser priorizada por el Estado.

La violencia contra las mujeres es un atentado contra la dignidad, tal como lo ha señalado el Comité de la CEDAW en su Recomendación General 35, no es un asunto individual, ni un problema de las víctimas, es un asunto colectivo y estructural por lo que el Estado tiene la obligación de desplegar los máximos esfuerzos para sancionar, prevenir y erradicar este grave atentado contra la humanidad. 

En el mes por la eliminación de la violencia contra las mujeres, seguramente se visibilizarán casos, cuando tengamos conocimiento de estos, no solo nos indignemos preguntándonos por qué las víctimas no denunciaron antes, exijamos al Estado que genere un contexto de confianza para ellas, demandemos que las víctimas accedan a la justicia por ser este un derecho humano fundamental y una condición para lograr que la violencia de género sea erradicada. 

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Fuerza Área del Perú (FAP), mujeres, Recomendación General 35

28 de septiembre, por el derecho a decidir de las mujeres

Por: 29.09.2021

El “Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe” o el “Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro”; es una fecha emblemática en el calendario feminista que convoca a la movilización de millones de mujeres por el derecho a decidir. Es un día para hablar de libertades, así como de injusticias sociales, de barreras y de exclusiones en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. 

Ayer #28S, diversas expresiones de los feminismos se volcaron a las calles y a las redes sociales para expresar su indignación frente a estados patriarcales que limitan el derecho a decidir de las mujeres; recordando que la lucha por la autonomía sexual y reproductiva ha sido y es una de las principales batallas que ha librado el movimiento feminista global en su diversidad.

Recordemos que en el Perú solo se encuentra despenalizado el aborto terapéutico, aunque acceder a este derecho no es una tarea fácil. Según un reciente Informe de la Defensoría del Pueblo¹ existen una serie de barreras como el exceso de burocratización, la estigmatización y la falta de información en el funcionariado que limitan una adecuada atención a las mujeres y niñas.

Así mismo, en nuestro país, el Estado obliga a las víctimas de violación sexual a continuar con embarazos forzados, ya que no se ha despenalizado el aborto en casos de violación o incesto. 

Según cifras del MINSA, entre el 2019 y el 2020, se registraron 2,482 niñas menores de 14 años que fueron obligadas a tener partos producto de una violación sexual. En lo que va del 2020 ya se han registrado 796 partos en niñas, de los cuales 10 fueron menores de 10 años. Es decir, el embarazo infantil forzado es uno de los principales dramas que tiene el país. 

En varias oportunidades, diversas instancias de las Naciones Unidas como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Discriminación hacia la Mujer y el Comité contra la tortura, han recomendado al Estado Peruano despenalizar el aborto por causal violación, como una medida para evitar la extensión del sufrimiento de las víctimas de crímenes sexuales. El Estado se ha mantenido indiferente frente a estas demandas. 

Desde las organizaciones y colectivas feministas se sigue trabajando por lograr la despenalización del aborto; en años anteriores se han promovido procesos ciudadanos y propuestas legislativas para – al menos- lograr la despenalización por causal violación; la respuesta ha sido siempre la indiferencia o el insulto. Es decir, se le sigue dando la espalda a las mujeres y a las niñas, se sigue perpetuando la discriminación, la injusticia social y la doble moral. 

Si bien hablar de la despenalización del aborto es un asunto de derechos humanos, también lo es de justicia social; son las mujeres y jóvenes en condiciones de pobreza las que se ven expuestas a espacios de clandestinidad que lucran con su dolor y desesperación.  La realidad es que las mujeres abortan, sólo que aquellas que tienen recursos lo pueden hacer salvaguardando su salud y las otras no. 

La siguiente consigna feminista, voceada en marchas y con mayor fuerza este 28S, clarifica las demandas pendientes que el Estado debe atender para construir una democracia real, la cual debe incluir a las mujeres y sus luchas históricas: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.  Es tiempo de avanzar. 

¹Informe sobre la supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual en establecimientos de salud. Defensoría del Pueblo, 2021. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/INFORME-DE-ATENCI%C3%93N-EMBARAZO-EN-NI%C3%91AS-Y-ADOLESCENTES-DP-UNFPA-PER%C3%9A.pdf

 

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28 de setiembre, Aborto, derecho a decidir, mujeres y niñas

¡Búscalas!

Por: 15.09.2021

Un reciente informe de Amnistía Internacional y el CMP Flora Tristán, titulado: “Las Mujeres que nos faltan” realizado en el marco de la Campaña Búscalas, vuelve a colocar en la agenda pública la preocupación por las mujeres desaparecidas. El estudio evidencia no sólo datos alarmantes, sino además testimonios de familiares que coinciden en visibilizar la indolencia de las autoridades frente a las denuncias y procesos de investigación que no cumplen con los estándares de la debida diligencia.

Entre los datos más impactantes tenemos que en el 2020 se registraron 18461 desapariciones, de estas el 63% corresponde a mujeres y el 62% fueron niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años. Llama la atención la falta de información desagregada por edad y sexo para el 2021, por lo que es necesario fortalecer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas – RENIPED, que es parte del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas que incluye, además, el Portal de Personas Desaparecidas y la Línea 114 (línea de atención telefónica).

El mencionado informe intenta visibilizar la peligrosa relación que existe entre las desapariciones de mujeres y la violencia de género. En cerca del 25% de los casos de feminicidios las víctimas fueron reportadas como desaparecidas. Del mismo modo, se alerta del vínculo que existe entre este crimen y otros como la violencia sexual y la trata de mujeres.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009 a partir de la sentencia del Caso Campo Algodonero, estableció que los Estados tienen un “deber de debida diligencia estricta” frente a los casos de mujeres desaparecidas. Esto significa que las autoridades conociendo el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres por el contexto de discriminación de género, tienen la obligación actuar de forma efectiva y rápida, ordenando medidas oportunas para dar con el paradero de la víctima, presumiendo que la persona se encuentra con vida y privada de su libertad, por lo que las medidas tomadas en las primeras horas son fundamentales.

Lamentablemente, los testimonios de los familiares y la experiencia del litigio de los casos reflejan que el Estado no cumple con su obligación de debida diligencia estricta; todo lo contrario, se encuentran serias deficiencias en su accionar lo que pone en riesgo la vida de las mujeres a la vez que expone a las familias a episodios de dolor, impotencia e indignación. La mayoría de ellas no se sienten acompañadas por el Estado, resienten la falta absoluta de empatía con sus casos, llegan a sentirse humilladas y abandonadas por un sistema que no responde a sus denuncias y a una búsqueda que – finalmente – tienen que emprender por su cuenta.

Urgen cambios para hacer frente a esta problemática, entre ellos un protocolo específico de actuación para los casos de desaparición de mujeres, la sensibilización de las autoridades (especialmente PNP y Fiscalía) y el fortalecimiento del Sistema de Búsqueda. Complementariamente a ello, se necesita establecer la desaparición de mujeres como una modalidad de violencia de género, promoviendo así su visibilización y políticas públicas integrales para hacer frente a este crimen.  “Las mujeres que nos faltan” ¡Búscalas!  es un grito para frenar la indiferencia, no dejemos de escucharlo.

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