Las medidas implementadas por el Estado como el confinamiento, el distanciamiento social, las restricciones a la movilidad, las limitaciones para reuniones, la paralización de actividades y el cierre instituciones educativas para contrarrestar la pandemia provocaron cambios radicales en la rutina de millones de personas. El impacto en su salud mental aún no se conoce con exactitud. Menos en la de niñas, niños y adolescentes.
El cierre de las instituciones educativas primarias y secundarias implicó que ellos no tuvieron acceso a educación, no interactuaron con sus pares y sus docentes, no jugaran, ni practicaran algún deporte, entre otras actividades. ¿Cómo los afecta? ¿se adaptan mejor que los adultos? ¿cómo lo enfrentan hoy en día? ¿cuán resilientes son?
En ese sentido, es de crucial importancia investigar el impacto emocional de la pandemia en las niñas, niños y adolescentes. Hasta el momento, se han realizado pocas investigaciones desde la academia. Por eso mismo, es loable el esfuerzo llevado a cabo por el Ministerio de Salud y Unicef por conocer la situación de aquellos en el país. Sus hallazgos son muy preocupantes. “Los resultados del estudio visibilizan la afectación de la salud mental en el contexto de la pandemia por la COVID-19 en las niñas, niños y adolescentes, así como de sus cuidadores. Otros estudios refieren que la pandemia es un factor de riesgo para el incremento de la incidencia de problemas de salud mental y exacerbación de quienes tenían dificultades pre existentes”.
Hace pocos días, Unicef presentó su Estado Mundial de la Infancia, “En mi mente, promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia”. Según el documento, 5 de cada 10 adolescentes de 10 a 19 años padecen ansiedad y depresión en América Latina. Asimismo, 16 de cada 100 jóvenes entre 15 y 24 años “se sienten deprimidos o tienen poco interés en realizar alguna actividad” en el Perú. Niñas, niños y adolescentes que demandan atención del Estado mediante una política pública ad hoc que mitigue la situación descrita. En su formulación el uso de evidencia es imprescindible. Como se conoce, en no pocos casos, el diseño de alguna política pública no toma en cuenta la evidencia producida. Razón por la cual, la generación y el empleo de la misma sigue siendo un desafío en la gestión pública.
Desafío que puede ser compartido con las universidades públicas y privadas. Se entiende que, luego de su licenciamiento, están en condiciones de realizar investigaciones sistemáticas y rigurosas. Ellas cuentan con investigadores, recursos y experiencia. Por eso mismo, no les sería difícil investigar el impacto de la pandemia en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes. O documentar las buenas prácticas de los 203 centros de salud mental comunitaria ubicados en el territorio nacional. Modelo de atención comunitaria a la salud mental destacado en el Estado Mundial de la Infancia. Quizás por ello la primera ministra Mirtha Vásquez, durante su presentación del Congreso, afirmó lo siguiente: “implementaremos 300 nuevos centros de salud mental comunitaria y el fortalecimiento de los 203 ya existentes con profesionales para el cuidado prioritario de la salud mental de niñas, niños y adolescentes y de mujeres sobrevivientes de violencia”.
El Estado debe convocar a las universidades para desarrollar una agenda de investigación en salud mental. Es de esperar que de tal encuentro el diseño e implementación de una política pública que mitigue el impacto de la pandemia en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes gane en efectividad y eficacia. Los tiempos apremian y la mejora de su salud mental es una condición imprescindible para su bienestar y desarrollo integral.
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