La historia detrás del extraño error en un operativo que involucraba al fiscal Juan Carrasco Millones y facilitó la fuga de un importante integrante de una red criminal.
Desde sus inicios como fiscal, Juan Carrasco Millones se había caracterizado por los espectaculares operativos que tenía a cargo en los cuales no escatimaba al momento de solicitar prisión preventiva para cuanta persona fuese posible, incluso cuando el tiempo ha demostrado que en estas solicitudes se cometieron excesos e irregularidades,
Sin embargo, entre todos los casos que involucran al hoy exministro, existió uno en el que se cometió un misterioso error que significó una oportunidad inmejorable para que uno de los integrantes más importantes de la red criminal conocida como“La Gran Familia” pudiese escapar.
EL “ERROR”
Esta historia se remonta a octubre del 2016, cuando el periodista Carlos Cabrejosrecibe una llamada de su amigo Rafael Ángeles Yauri ante lo que relata en su libro “El falso Sheriff” como una muy violenta entrada de la policía a la casa de la familia de Ángeles Yauri en la cual habían agredido a sus familiares y causado daños materiales a la vivienda.
La razón de este agresivo y desconcertante ingreso por parte de la policía era la búsqueda de Orlando Charles Palomino Bravo, quien también era conocido como “Chacho Palomino”y estaba estrechamente vinculado con la red criminal llamada “La Gran Familia” y con el “Viejo Paco”, quien la lideraba.
Cabrejos explica que, tras consultar investigar el tema, supo que este violento ingreso a la vivienda no respondía a algún tipo de pista que involucre a esta familia con “Chacho Palomino” sino que se debía a un error y que la casa a la que debían ingresar era otra que correspondía a los padres de Palomino Bravo.
Pero este error no parecía ser sin intención. Según información que el propio Carlos Cabrejos pudo recabar,la magistrada Yolanda Gil Ludeña, quien emite la orden judicial para el ingreso a la vivienda en cuestión, sí había colocado la dirección de los padres de “Chacho Palomino” y no la que correspondía a la familia Vásquez Quispe.
Las sospechas aumentaron cuando, como cuenta en su libro, Cabrejo recordó que el abogado de “Chacho Palomino”era un personaje cercano a Carrasco Millones. A ello se le sumó que la magistrada Gil Ludeña le revelaría a este periodista que la información que Carrasco Millones brindó sí correspondía a la casa del prófugo, una situación que sólo genera más dudas sobre el insólito error que se cometería posteriormente y terminaría por poner en alerta a “Chacho Palomino” y facilitar que escape del cerco policial.
GUERRA INTERNA
El extraño y hasta sospechoso accionar de Carrasco Millones llevó a que existan tensiones entre quienes, en teoría, debían estar en un mismo bando en la lucha contra las mafias y la delincuencia y, acorde la información que se ha expuesto, esta discordia estaba más que justificada.
Luis Guerrero Balladares, jefe de la Divincri Chiclayo, reveló que Juan Carrasco Millones permitía que la DIGIMIN Chiclayo perjudique el trabajo de la Divincri. Tal como se expone en “El falso Sheriff”,el coronel Guerrero Balladares creía que uno de los hermanos Sánchez Coronel, que eran investigados por el caso “La Hermandad del Norte”, era informante de Carrasco Millones y, por ello, este intentaba protegerlos.
Incluso existirían pruebas, más precisamente material gráfico, en las que se observaría a personal de DIGIMIN llevando a uno de los hermanos Sánchez Coronel a una reunión con Carrasco Millones. Este vínculo que involucraba al ex fiscal quedaría más expuesto años más tarde cuando se supo que integrantes de la organización criminal conocida como “Los Ñatos”, que tenía como líder a Santos Hermes Sánchez Coronel, fueron liberados con intervención del propio Carrasco Millones y un grupo de abogados de Chiclayo.
Las revelaciones sobre estos casos sólo expondrían, una vez más, las irregularidades y sombras en el historial de Carrasco Millones y, posteriormente, llevarían a que en esta zona del país se tome con gran sorpresa que este fiscal llegue a ser nombrado ministro durante el gobierno de Pedro Castillo.
El exministro Juan Carrasco Millones sería investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sudaca accedió a la información que sustenta esta denuncia penal.
A lo largo de su trayectoria como fiscal, el nombre de Juan Carrasco Millones ha estado vinculado a un sinnúmero de críticas e interrogantes sin resolver sobre su accionar en los casos emblemáticos que, en su momento, lo ayudaron a pasar de ser un fiscal provincial en Lambayeque a un personaje conocido a nivel nacional con el rótulo de luchador contra la corrupción.
Los cuestionamientos al abuso del recurso de la prisión preventiva, los numerosos casos de personas que permanecieron por largos periodos en prisión sin haber cometido un delito, las irregularidades en los informes de inteligencia que utilizaba y hasta los testimonios que involucraban a sus aliados más cercanos como cómplices de políticos corruptos llevaron a que Juan Carrasco no tarde en convertirse en un nombre que despertaba dudas.
Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido una denuncia penal que lo involucra y que agrega, a los cuestionamientos previamente mencionados, una nueva acusación. Sudaca accedió a este documento que consta de noventa y dos páginas en las que expone un posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
ECONOMÍA SOSPECHOSA
Esta denuncia se centra en los extraños movimientos que ha tenido la economía del exministro a lo largo de más de una década y entre los hechos que se incluyen se hace mención a la declaración de ingresos y bienes presentada por Carrasco Millones. En ella destaca que, cuando asumió el cargo de fiscal adjunto en 2010, el valor de sus bienes ascendía a S/ 174,000.00 y esto se mantenía para el año siguiente.
Lo extraño de esta historia empieza en 2012, cuando la declaración del entonces fiscal muestra una disminución de sus bienes que quedaron en S/ 121,050.00. Esta cifra llama la atención debido a que en junio del año anterior había adquirido un inmueble por el monto de S/ 36,000.00 y que, apenas veintiún días después, vende por la cifra de S/100,000.00.
A estas sospechas se le suma que, en diciembre del 2011, un préstamo correspondiente a una hipoteca por la propiedad adquirida por Carrasco Millones alcanzaba los S/ 156,600.00 despertando las dudas sobre el insólito aumento en la valoración de una propiedad que, supuestamente, sólo había costado S/ 36,000.00. Además, pese al crédito que recibió el exministro por S/ 88,200.00, el valor de sus bienes no se modificó de 2012 a 2013.
Sin embargo, entre 2014 y 2015, el patrimonio de Juan Manuel Carrasco Millones sí registró dos cambios considerables. En el primer año llegó a los S/ 200,000.00 y, para el año 2015, esta cantidad aumentó hasta alcanzar los S/ 300,000.00.
Otro de los movimientos irregulares que se detallan en la denuncia ocurre en el año 2018 cuando se otorga una nueva hipoteca por un préstamo de S/ 100,133.56. En los documentos se señala que el valor comercial de inmueble era de S/ 418,850.00 pese a que en las declaraciones de Carrasco sobre sus bienes estos sólo ascienden a trecientos mil soles.
Entre los años 2019 y 2020, el valor de los bienes patrimoniales de Juan Carrasco experimentan otro cambio impresionante al pasar de S/ 300,000.00 a S/ 736,000.00. Para el año 2021, los bienes patrimoniales llegaron a S/ 1’036,000.00, una cifra que nuevamente llama la atención al tener en cuenta que los ingresos netos anuales del fiscal sólo ascendieron a S/ 150,000.00.
EL VEHÍCULO DEL PODER
En estos documentos que Sudaca pudo revisar también se hace mención a un episodio muy particular relacionado a la compra de un vehículo. Según se ha corroborado, en mayo del 2022, Juan Carrasco compró un automóvil marca Honda por diez mil dólares. Esto no tendría nada de sospechoso de no ser porque, casualmente, este vehículo pertenecía a Javier Alonso Pacheco Palacios, quien ocupó el cargo de Procurador General del Estado Peruano y esto significa que fue dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el que trabajaba Carrasco Millones.
Pero, además, Pacheco Palacios fue propietario de este vehículo tan sólo durante cuatro meses tras comprárselo, por once mil dólares a Amado Daniel Enco Tirado, quien también había sido Procurador General del Estado Peruano. Enco Tirado, a su vez, había comprado el vehículo en agosto del 2020 por trece mil quinientos dólares y sólo fue su propietario durante un año y cinco meses.
Los inusualmente cortos periodos que este automóvil permaneció con sus dos últimos propietarios antes de ser adquirido por Carrasco Millones así como la ausencia de signos de deterioro que se expone en la denuncia han llevado a que se presuma que el valor comercial de Honda Accord sería distinto al que se declara.
Según lo que se señala en el Código Penal, el incremento ilícito del patrimonio de un funcionario o servidor público llevaría a que la pena privativa de libertad se encuentre entre cinco y diez años. Pero, cuando se trata de una persona que ocupó cargos de alta dirección, la pena privativa de libertad puede llegar hasta los quince años.
Si bien serán las investigaciones las que determinarán si al exministro le corresponde pasar un periodo en prisión, los hechos mencionados en la denuncia a Juan Carrasco confirman que se trata de un personaje que, durante su trayectoria, ha sabido acumular millones de sospechas sobre su proceder.
El conocido gimnasio Bodytech se encuentra bajo serios cuestionamientos por sus clientes luego de un inesperado cierre de sedes y problemas con la devolución de dinero. Sudaca conversó con los afectados para conocer esta historia.
Durante los últimos años se viene observando, como una tendencia mundial, que llevar un estilo de vida saludable ha cobrado especial importancia y, para lograr este objetivo, las personas optan por diferentes alternativas entre las que se encuentra el dedicarle un tiempo considerable a la actividad física. Como consecuencia, la proliferación de gimnasios se ha vuelto evidente en todo el país.
Sin embargo, pese al éxito que han logrado varios de estos negocios, no todos están brindándole el mejor trato a sus clientes. Este parece ser el caso del reconocido gimnasio Bodytech. Esta cadena de gimnasios de origen colombiano hoy se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que sus clientes denuncian engañosas maniobras de venta e irregularidades en la devolución del dinero.
PROMOCIONES ENGAÑOSAS
En diciembre del año pasado, Amparo Saucedo acudió a la sede de Bodytech ubicado en el centro comercial La Rambla para aprovechar una promoción que le ofrecía inscribirse por un año y recibir un mes gratis. Amparo se había enterado por su hermano, quien por ser cliente de este gimnasio se había enterado de esta oferta.
Sin embargo, tan sólo un mes después, Amparo se sorprendió con la noticia que Bodytech iba a cerrar la sede en la que se había inscrito. Cabe señalar que, a diferencia de otros gimnasios, en Bodytech sólo se puede asistir a la sede en la que el cliente se inscribió. Ante este panorama, Amparo optó por la devolución del dinero. “Nos hicieron llenar un formato y dijeron que se iban a comunicar con nosotros”, relató a Sudaca.
Tal como se puede observar en la imagen, la solicitud de devolución que presentó Amparo Saucedo se registró el 6 de enero. Pero, para finales de febrero, la fecha de la devolución seguía siendo una incógnita y, pese a la insistencia de Amparo, los encargados del gimnasio no le brindaban ninguna fecha en la que esto podría ocurrir.
En los últimos días de abril, Amparo recibió una nueva comunicación del gimnasio vía correo electrónico. “Hace unos días me ha llegado otro correo que indica una nota de crédito, pero nada más”, señala Amparo, pero agrega que el dinero que debían devolverle no ha sido depositado a su cuenta bancaria y que en este correo tampoco se menciona la fecha en la que podría ocurrir.
También en diciembre del año pasado, José Falcón, quien llevaba un tiempo como cliente de Bodytech, recibió un mensaje por Whatsapp en el cual lo invitaban a aprovechar una promoción para suscribirse a un plan anual. “Me dijeron que tenían una promoción especial y capaz el próximo año estaba más caro”, cuenta Falcón, quien finalmente terminó por aceptar dicha promoción.
Pero cuando José quiso hacer uso del servicio que había pagado encontró que la sede de Bodytech en La Rambla estaba cerrada. Falcón consideró la opción de trasladarse a otra sede de esta cadena de gimnasios, pero terminó por descartarla debido a que se encontraba sobrepobalada y, por ello, solicitó que de devuelvan el monto que había pagado en diciembre.
Aunque pidió el reembolso en enero, durante varios meses no obtuvo respuesta. Esto recién cambiaría a finales del último mes, cuando Bodytech le comunicó que la devolución del dinero ocurriría recién en el mes de octubre.
“Me dicen que no hay representante de Bodytech. Prácticamente la empresa está en modo fantasma y lo que han hecho es restringir los comentarios en redes sociales”, comenta Falcón, quien hasta la fecha no ha recibido una explicación razonable para que retengan su dinero durante tantos meses y tampoco encuentra a un representante del gimnasio que resuelva estas dudas.
“La membresía me la han vendido en quincena de diciembre sabiendo que la sede va a cerrar”, reclama Falcón y señala que la ausencia de un representante de Bodytech que atienda sus reclamos lo lleva a desconfiar de la fecha en que, supuestamente, le van a reembolsar el dinero que pagó porque tema que el cierre de sedes continúe y la marca abandone el país en corto plazo. “Si no se piensan quedar, menos les va a importar cumplir con sus obligaciones”, advierte.
Arturo Padilla es otro de los clientes afectados aunque, a diferencia de los anteriores, la sede de Bodytech a la que asistía se encontraba en Miraflores. Según contó a Sudaca, el gimnasio seguía ofreciendo promociones para que los clientes renueven sus suscripciones hasta días antes de anunciar el cierre del local. “Ellos anuncian el 3 de enero que el cierre de la sede era para el viernes 12. Pero ellos han estado anunciando hasta el día 29 la promoción del 2×1 por un megáfono”, comenta.
Padilla solicitó la devolución del dinero que correspondía por el tiempo que faltaba para que termine el servicio contratado, pero también se encontró con una serie de demoras y explicaciones insatisfactorias. “Envían la nota de crédito, pero no te depositan nada en tu cuenta. Me dijeron que la nota es para que sepa que mi trámite está aprobado, pero no hay fecha de devolución”, explicó Arturo.
Ante esta incertidumbre por el reembolso, Arturo Padilla se contactó mediante el sitio web LinkedIn con un ejecutivo corporativo de Bodytech, quien le indicó que, para la devolución del dinero, “sólo falta la firma de Colombia”. Sin embargo, esta información se contradice con lo manifestado con otras versiones de clientes que, al buscar respuestas en las redes sociales de Bodytech Colombia, han recibido como respuesta que ellos no tienen relación con la situación de los gimnasios en Perú.
HISTORIAL NEGATIVO
Tal como se puede observar en la nota de crédito que enviaron a algunos clientes, Inverdesa Perú S.A.C es el nombre de la empresa responsable de los gimnasios Bodytech en Perú y, al revisar su historial, parecen existir razones más que válidas para que sus clientes estén preocupados.
En 2020, Indecopi publicó un ranking con las cinco empresas que más reclamos recibieron por las dificultades que debían afrontar sus clientes al momento de desafiliarse o cancelar una suscripción y en esta lista figuraba Inverdesa Perú S.A.C en el cuarto lugar. Además, en los años posteriores, esta empresa ha seguido sumando denuncias y, entre 2020 y el 2024, Inverdesa Perú S.A.C acumuló treinta y cinco sanciones que los han llevado a recibir cincuenta y cuatro sanciones.
Sudaca conversó con Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), para conocer los pasos que podrían seguir los clientes afectados. Según Cáceres, “Si la intención del gimnasio es cerrar, lo mejor es que quede constancia con una denuncia para que la autoridad tenga más herramientas para hacer que se respeten los derechos de los consumidores”.
Además, Cáceres explica que las pruebas que estos clientes tienen en las que queda expuesto que Bodytech los incentivó a renovar o adquirir suscripciones para el gimnasio a pocos días del cierre de las sedes puede servir como agravante en la denuncia y que esta puede llegar a sancionar a la empresa hasta con 450 UIT (S/2,317,500).
En los gimnasios, las rutinas suelen usarse para que los usuarios sepan qué ejercicios realizar para alcanzar el objetivo con el que se inscribieron. Pero en las oficinas de Bodytech pareciera que existió una rutina del engaño que buscaba convencer a los clientes de aceptar ofertas que luego no iban a poder cumplir ni reembolsar en un tiempo considerable.
Si escala la denuncia de anoche del programa Cuarto Poder, respecto de beneficios insólitos a visitantes de la casa del hermano de Dina Boluarte, Nicanor, como ha sido el caso del alcalde de Nanchoc (provincia de San Miguel, en Cajamarca), Nixon Hoyos, cuyo municipio, luego de visitar el domicilio del hermanísimo, recibió la friolera de injustificados 20 millones de soles, habiendo municipios más grandes que recibieron menor suma de dinero, nos podríamos enfrentar a una situación similar a la que agobió al régimen de Castillo cuando se descubrió su despacho paralelo en el jirón Sarratea.
Ya se sabía desde hace tiempo que el hermano de la presidenta ejercía un poder político mayor al que su condición le concedía y que, inclusive, se permitía disputarle cuotas de poder al premier Alberto Otárola, con quien no se llevaría muy bien y con quien más de un encontronazo se habría generado.
Resulta increíble, por cierto, que la primera mandataria, Dina Boluarte, no parezca haber aprendido de la experiencia reciente de su antecesor y cometa el mismo error de permitir la injerencia de personajes en la sombra, fuera del organigrama del poder, en decisiones de gobierno.
¿Podría ser causal de vacancia? Si se descubren más hechos, sí. Y al Congreso no le debiera temblar la mano y a las temerosas y miopes cúpulas empresariales no debería asustarles que eventualmente se produzca un recorte precipitado del mandato y el respectivo adelanto de elecciones.
La mediocridad del régimen es galopante y está colocando los cimientos para que el 2026 aparezca un candidato radical disruptivo. Dina Boluarte no va a remontar la pendiente del descrédito y, por lo que se ve, no le interesa hacerlo.
Un adelanto de elecciones convendrá al sector que va del centro a la derecha, porque el desprestigio del gobierno -identificado por los sectores populares como una coalición derechista- drena sus posibilidades electorales. Y, además, tendría el efecto virtuoso de reducir la baraja de candidatos que se asoman en el sector (hoy, hay al menos 21 en plan de postular), permitiendo así que alguno de ellos, o dos si fuera el caso, pasen a disputar la jornada definitoria.
Si la corrupción se enseñorea de la administración Boluarte y la toca a ella directamente, es mejor cortar por lo sano, y acabar con esta agonía de un establishment que sólo está generando una agudización de la crisis política, económica y social.
A mediados del siglo pasado, cuando la función pública era asumida con mucha mayor dedicación y mucha mayor solvencia por profesionales formados por grandes maestros en ciencias y en humanidades, el Perú tuvo un magisterio de calidad, una judicatura muy destacada y una medicina con reconocimiento internacional, tanto en el ámbito administrativo como en el médico propiamente dicho. En este último rubro, las autoridades que manejaron la salud pública, ya sea en la órbita ministerial como en el sistema ideado para la atención en los hospitales para obreros y para empleados, coronada esta última con la edificación de los monumentales hospitales para unos y para otros, hoy llamados Almenara y Rebagliati; esas autoridades, repito, tuvieron una concepción modernísima para la época, inaugurando en 1945 la Asistencia Pública de Grau y unos años después la Asistencia Pública de Miraflores en la avenida Larco. Esas asistencias estuvieron destinadas a atender las emergencias médicas que no podían hacerse en las llamadas asistencias públicas distritales, las cuales se dedicaban a brindar los primeros auxilios a los afectados por accidentes domésticos y callejeros, es decir, lesionados que podían ser curados en esas postas médicas. Años después, mediante la fusión del antiguo puesto de la avenida Grau con la Asistencia Pública de Miraflores, se creó el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa (HEJCU), el cual surgió como una necesidad ante la creciente demanda de atención en la llamada asistencia pública de Lima. Con el apoyo del Club de Leones, en 1956 se inició la construcción del local que hoy ocupa el Hospital de Emergencias más grande del país. Años después, a ese local se trasladó todo el personal médico de las postas médicas de Grau y de Larco, dotándose, además, al Hospital de Emergencias de lo necesario para atender a todos los limeños afectados por eventos cardíacos, cerebro vasculares y como consecuencia de accidentes domésticos y vehiculares.
Como dicen los que saben, los hospitales del Empleado y de Emergencias Casimiro Ulloa fueron modelos a imitar por autoridades médicas de diferentes países de la región. De ahí a ahora, ha corrido mucha agua bajo los puentes de la ciudad. Ha corrido mucha agua y se han cometido cientos de desaciertos.
Magali Maita, presidenta del cuerpo médico del Hospital Casimiro Ulloa, mortificada por la falta de medicamentos que no permite atender a la población como debe ser, además de la falta de instrumental médico y de las represalias que viene sufriendo el cuerpo médico por parte de la dirección general del hospital, ha decidido hacer pública la denuncia a continuación, leamos su testimonio:
“El director actual Raúl Hinostroza Castillo ha entrado en funciones a mediados de setiembre del año pasado. Al inicio de su gestión, indicó que todos los problemas del hospital eran ‘cosas que se arrastraban de gestiones anteriores’, pero ya estamos en julio y el hospital no ha tenido ninguna mejoría; al contrario está peor porque no hay gasas ni apósitos ni esparadrapo ni nada. Es cierto que vienen y hacen inspecciones, pero igualmente no hay gasas, no hay esparadrapo, no hay medicamentos. Por ejemplo, viene un paciente con un infarto, y en ese caso es posible que requiera una trombólisis, para lo cual se necesita alteplasa, que es un medicamento que disuelve los coágulos, pero en ese momento no hay, porque la política de la actual administración es comprar ese medicamento en cantidades muy pequeñas, las cuales se acaban en una semana o menos. He conversado con el jefe de Farmacia y él me dice que hay de todo, pero me lo dice porque está cuidando su puesto. La administración no prevé la cantidad de pacientes que tiene permanentemente el hospital. Ha habido veces que llegan pacientes a la sala de operaciones y la máquina de anestesia está malograda. Traumatología también tiene equipos malogrados. En casos de tratamientos médicos también hay problemas, porque si un paciente requiere 10 medicamentos, sus familiares tienen que comprarle 8; eso incluye a los pacientes que cuentan con el seguro integral de salud, para los cuales deberíamos tener todos los medicamentos en la farmacia del hospital. A veces, en este hospital se ha llegado al extremo de que no tener detergente ni lejía para desinfectar las chatas y los papagayos.
Es difícil trabajar en esas condiciones, más aún, cuando, de la noche a la mañana, la Dirección -sin comunicarnos antes a los gremios- emite un comunicado donde informa que nos retira el lonche, sabiendo que este es un hospital de emergencias, donde hacemos guardias de doce horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche, o al revés. Doce horas de día y doce horas de noche, entonces en la guardia de día tenemos derecho a almuerzo y un lonche a las 7 de la noche, y en la guardia de noche una cena y un desayuno.
Actualmente no tenemos ecógrafo, el único en existencia tenía 11 años de antigüedad y ya no funciona. Acá me pregunto: ¿cómo es posible que un hospital de nivel 3E no tenga un ecógrafo en buenas condiciones? De igual manera, en el hospital deberían funcionar tres salas de operaciones y sólo funciona una, porque las otras dos tienen malogrados sus equipamientos. Así, hay infinidad de necesidades en todos los servicios, como, por ejemplo, en el laboratorio casi nunca hay reactivos suficientes para poder hacer los análisis, y los médicos tenemos que rezar para que cuando acudan los pacientes al hospital haya reactivos. Diariamente tenemos doscientas atenciones y eso no lo entiende el doctor Raúl Hinostroza, quien, siendo cirujano del hospital, ha traído gente de afuera, como la administradora, la de planeamiento estratégico, la de personal, quienes vienen del Hospital de Collique; esto quiere decir, sin tener que demostrar mucho, que ellos no conocen la realidad del hospital.
Por eso es que nos sentimos tan mal, porque no hacen nada por conocer las necesidades del personal y, sobre todo, las de los pacientes; sin embargo, la actual gestión dice que el Hospital es un desorden y que ha llegado para poner orden. Pero no necesitamos orden, sino, más bien, abastecimiento y equipamiento. Hay muchas irregularidades: por ejemplo, al frente del Hospital hay una casa alquilada por la nueva administración únicamente para el personal administrativo, cada funcionario de ese equipo administrativo tiene contratados dos asesores pagados por la nueva administración, entonces, cómo nos van a decir que no hay presupuesto para medicinas e instrumental médico, pero sí para más personal burocrático. Esa administración ha contratado a un ingeniero para que se ocupe de Recursos Humanos y otro únicamente para contrataciones; en una oficina administrativa hay alrededor de cuatro ingenieros. Casimiro Ulloa es un hospital pequeño con mucha demanda, pero sólo tiene 90 camas, entonces me pregunto: ¿es necesario tanto personal administrativo que no ayuda a solucionar las carencias que tenemos? Si el Ministerio tiene tanto dinero para derrocharlo en burocracia, ¿por qué no compra las medicinas y el instrumental, por qué nos quita el lonche? Nosotros, me refiero al personal médico, estamos cansados de esta situación y hemos reclamado ante la administración para que arregle los problemas; sin embargo, en lugar de escucharnos nos levantaron ‘un acta de permanencia’, diciendo que no estábamos en el Hospital, que no nos encontrábamos en nuestros puestos de servicio; posteriormente, llamaron a la Policía para que levante ‘un acta de ocurrencia’, sosteniendo que de casualidad pasaban por el frente del Hospital y ‘encontraron a médicos, enfermeras y técnicos protestando’.
Para concluir, quiero dejar bien en claro para que los advenedizos entiendan que en el Casimiro Ulloa atendemos inmediatamente a todos los pacientes que llegan, porque aquí no brindamos atención ambulatoria, aquí salvamos vidas”.
El personal médico del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa ha enviado una carta al ministro de Salud para que se tomen las medidas inmediatas para ponerle fin a esas deficiencias.
También conversamos con Jaddy Ladrón de Guevara, abogada de los médicos del Hospital Casimiro Ulloa, quien refiere que ante todo ese cúmulo de ineficiencia, de incompetencia, de discriminación al personal de carrera y de exposición de personas al peligro, el jueves pasado el personal médico del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa ha enviado una carta al Ministro de Salud, con copia a la Presidencia de la República y otras autoridades del Estado, para que se tomen las medidas inmediatas para ponerle fin a esas deficiencias.
“Nuestro estudio ha asumido la defensa legal del cuerpo médico del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, y, en representación de ese colectivo, el estudio ha presentado un memorial al Ministro de Salud, informándole sobre los problemas que enfrentan el personal médico y la infraestructura hospitalaria, los cuales no sólo afectan el derecho a la salud de los usuarios del hospital, sino también del personal médico, el cual viene sufriendo represalias por tomar acciones contra los problemas denunciados, sino también porque se están recortando derechos adquiridos. A la par de esas represalias y de esos recortes, el personal médico ha solicitado una auditoría externa para conocer por qué existe una desmedida contratación de personal administrativo, creándose la increíble situación de que en el Hospital Casimiro Ulloa existe hoy por hoy más personal administrativo que personal médico. Y, además, que la actual administración contrata médicos y auxiliares que no cumplen con los perfiles adecuados y, en el colmo de los colmos, el equipamiento del hospital es tan antiguo que las bombas de infusión de las salas de cuidados intensivos carecen de sus respectivas líneas de infusión, que los ecógrafos son obsoletos, qué no hay tomógrafos ni resonadores magnéticos. Los médicos han dirigido cartas al director del hospital manifestando sus preocupaciones por esas carencias y otras, como las condiciones de inoperatividad de dos de los tres quirófanos existentes, de las filtraciones de agua por diferentes pisos del nosocomio y de las deficiencias eléctricas.
Si a todo eso le sumamos la imperdonable carencia de bisturíes, alcohol, apósitos, vendas y todo lo que se requiere para atender emergencias médicas, que es la razón de ser del Casimiro Ulloa desde hace cuatro décadas. Si a todo eso le sumamos la falta absoluta de material de limpieza y de tratamiento de desechos orgánicos y residuos sólidos, podemos concluir que la actual administración está “gestionando” el caos más increíble en la historia de un hospital de emergencias.
De no corregirse esos problemas en un plazo perentorio, tendremos que denunciar penalmente a los responsables de esta situación por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, por omisión de funciones y por abuso de autoridad del director del hospital”.
Durante los últimos días intentamos que el director del hospital o alguna autoridad del mismo respondiera a nuestros interrogantes, pero no obtuvimos ninguna respuesta; perdón, si conseguimos que nos contestara el teléfono Christian Rubio un portavoz del hospital, quien, ante la pregunta del porqué del desabastecimiento de medicinas e instrumental médico, sólo atinó a decirnos “¡ah!”, seguido de una risotada propia de un espectador de primera fila de un circo. Apenas terminó de reír, le preguntamos por el retiro del lonche al personal médico, y nos dijo que esa medida era a nivel de todo el Ministerio de Salud, y que dudaba sobre la falta de instrumental médico, porque si no el hospital no estaría funcionando. “Te diré que desde mi posición de comunicador te diré (sic) que muchas de las cosas que tú me estás diciendo no tienen asidero, pero eso, de manera formal, te lo tendría que decir el mismo Ministerio de Salud”. En cuanto al reclamo del Sindicato Unificado de Trabajadores del Hospital Casimiro Ulloa”, el portavoz respondió que “hace poco han estado en manifestación (sic) y los había visto acá”, y reiteró que el tema del lonche es una medida sectorial del Ministerio. Para completar este informe, nos comunicamos con una funcionaria de Relaciones Públicas del Minsa, y al ser consultada sobre la decisión ministerial de recortarle el lonche al personal médico del Casimiro Ulloa, me indicó que cada hospital tiene su propia logística y el Ministerio no tiene injerencia alguna respecto a la alimentación en los hospitales. Por cierto, tanto la respuesta del portavoz del hospital como la del funcionario ministerial están grabadas.
Al tener dos versiones distintas sobre el recorte del lonche para los médicos, decidimos averiguar, en la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS Lima Centro), ante lo cual se nos informó que no había ninguna disposición sobre el hecho de dejar a los médicos sin lonche, entonces confirmamos que el portavoz del hospital, el señor Christian Rubio, nos había mentido.
El Sindicato de Trabajadores Unificado del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa presentó un reclamo solicitando se dé por terminadas las funciones de Raúl Hinostroza.
A esto se suma que, el Sindicato de Trabajadores Unificado del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, mediante el oficio N° 0034, solicita al ministro de Salud César Vásquez Sánchez que tenga a bien dar por terminadas las funciones del director del hospital Raúl Hinostroza Castillo por contratar personal no idóneo para diversos puestos, también por cometer irregularidades en los procesos de contratación pública, por las cuales fue sancionado por la Diris Lima Centro. En el documento se puede leer que el doctor Raúl Hinostroza fue jefe de Cirugía del Hospital Casimiro Ulloa en 2019, y como tal participó en el proceso de adjudicación simplificada para la adquisición de bombas de infusión de dos canalés para los quirófanos de la entidad. Dicho proceso se condujo de manera irregular con la finalidad de favorecer al postor que ganó el proceso de adjudicación simplificada.
A mediados del siglo pasado, cuando Lima tenía un poco más de 830 mil habitantes y las finanzas del país de nuestros abuelos eran positivas, el gobierno de entonces construyó varias unidades vecinales, todas las unidades escolares que hoy se llaman colegios emblemáticos, un número grande de postas médicas y los gigantescos hospitales de los empleados y de los obreros. Una década después, en Lima había 1’900, 000 personas y la infraestructura hospitalaria solamente había incorporado las asistencias públicas de Grau y de Miraflores. Veinte años después, cuando las oleadas migratorias habían convertido a la capital en residencia de tantas personas, más o menos 5 millones, como las que tenía cada uno de los países escandinavos, la única nueva institución hospitalaria de esa ciudad llena de problemas era el Hospital Casimiro Ulloa. Hoy, cuarenta y tantos años después, la ciudad edificada en medio de un desierto, húmeda como ninguna y asfixiada por la alta toxicidad de su atmósfera tiene más de 10 millones de habitantes, los mismos nosocomios de los años cincuenta, el mismo hospital de emergencias de Miraflores sin bisturíes, sin gasas, sin ecógrafos, sin quirófanos y sin soluciones a la vista. ¿Es que no hay nadie que pida el voto popular para gobernar y no para robar, para invertir todo lo que se pueda en educación, en salud y en seguridad? ¿Es que estamos condenados a vivir con miedo, sin educación y sin salud? ¿Es que en veinte años o en treinta o en cien, casi no importa cuándo, un lector curioso entre al Google de esa época y encuentre este artículo y diga: por qué hemos sido, somos y seremos tan cretinos?
