[INFORMES] El pasado 20 de julio, Sudaca advirtió a las autoridades del Ministerio de Salud que el único hospital de emergencias con el que cuenta una ciudad de más de 10 millones de habitantes tenía dos de sus tres quirófanos inoperativos, sus emergencistas no contaban con vendas, esparadrapo, algodón y gasa para tapar las heridas de los pacientes y las ingenieras que tenían el control administrativo del Hospital Casimiro Ulloa desde el ingreso del último director a fines del año pasado habían decidido quitarles el lonche a los trabajadores del nosocomio miraflorino.
Esa situación de extrema gravedad había sido denunciada por el cuerpo médico del hospital a las autoridades del sector Salud, pero, como la mayoría de las denuncias que no tienen la suerte de ser recogidas por la gran prensa capitalina, no había sido atendida por los burócratas de la cartera que peor se maneja, como había sido evidenciada durante la crisis sanitaria derivada de la epidemia de la Covid en el bienio 2020-2021.
Como los pedidos de los médicos del hospital de emergencias eran desoídos hasta la publicación de nuestro informe en julio pasado, ellos aprovecharon la luz de esperanza abierta por nuestro informe para volver a reclamar. Este es el derrotero de la segunda queja, explicado por la doctora Jaddy Ladrón de Guevara, abogada de los médicos:
“La Asociación del Cuerpo Médico del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa presentó un memorial al ministro de Salud Carlos Vásquez, con copia a las distintas entidades del Gobierno, a efectos de que se evalúe y se pongan en conocimiento las distintas precariedades del hospital, como el tema de la infraestructura deteriorada, como el tema de la contratación del personal y las demás deficiencias anotadas en sus quejas anteriores. En respuesta a ese memorial, tanto la representante del sindicato de trabajadores del hospital como el representante del cuerpo médico han recibido sendas cartas notariales, conminándolos a no emitir ningún pronunciamiento a los medios de prensa e ‘invitándolos’ a retractarse de los comunicados emitidos. Adicionalmente a esto, los funcionarios ligados a la dirección del hospital han notificado a los trabajadores sobre la obligatoriedad de ‘proteger’ la información, con la finalidad de amedrentarlos e impedir las denuncias. El cuerpo médico ya ha comunicado esa situación al ministro de Trabajo Antonio Varela Bohórquez, pidiéndole que tome acciones conducentes a ponerle coto a esa campaña de amedrentamiento”.
En paralelo, se produjeron dos hechos: el hospital Casimiro Ulloa recibió una inspección ordenada por las autoridades de Salud y el propio Casimiro Ulloa emitió un documento, sosteniendo sin el menor rubor de las ingenieras al mando de la administración del hospital que el único nosocomio encargado de atender todas las emergencias médicas de la capital está en perfectas condiciones y plenamente abastecido.
Sin embargo, como todos los tripulantes no quieren sucumbir en el naufragio, la Contraloría interna ha evacuado un informe que concluye que existen problemas de desabastecimiento de medicinas y de materiales médicos esenciales. Para ilustrar esas deficiencias, tenemos una serie de fotografías que prueban fuera de toda duda que tanto la que tanto la primera como la segunda denuncia están sustentadas en hechos no solo en palabreras. Véanlas ustedes mismos.
Por su parte, la abogada penalista que defiende los intereses del cuerpo médico del Hospital Casimiro Ulloa, doctora Gabriela Navarro nos dice:
“La inacción del director de la institución, luego de haber sido informado de la situación en la que está ‘funcionando’ el hospital, ha hecho que el cuerpo médico nos haya solicitado denunciarlo penalmente por los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El doctor Raúl Hinostroza Castillo, como director del hospital está rehusándose a dar solución a los problemas que están aquejando y que está en sus manos tomar las acciones correspondientes para darles solución, a pesar que en reiteradas oportunidades se le han puesto en su conocimiento los mismos, y que él, como médico, puede observar. Es más, el doctor Hinostroza tiene conocimiento pleno de la falta de medicamentos y de la situación calamitosa de los equipos usados para atender a los pacientes. En ese sentido, el otro delito grave en el que estaría incurriendo el doctor Raúl Hinostroza es la exposición de personas al peligro, justamente porque él tiene el dominio del hecho al conocer plenamente los peligros a la vida y a la salud de los pacientes.
Esperamos que el Ministerio Público haga una investigación diligente de todos estos hechos que están ocurriendo en este mismo momento en el hospital, que encuentre al o a los responsables y pida a una autoridad judicial que les aplique las sanciones correspondientes, pero, principalmente, que tome acciones para obligar a las autoridades hospitalarias a subsanar en el plazo más breve las carencias, las deficiencias y los severos deterioros de la infraestructura”.
Infraestructura deteriorada, camillas que se tienen que sostener con bancos para poder atender a los pacientes.
¿Por qué lo hacen?
Probablemente en ninguna capital del mundo civilizado haya un solo hospital de emergencias de las características del Casimiro Ulloa para atender a una población que se calcula en unos 10 millones de personas. Probablemente en ningún país del planeta que haya recibido cada año más y más divisas por la exportación sostenida y creciente de sus minerales, de sus productos agrícolas elaborados con el auxilio de la tecnología y de su harina y aceite de pescado de alta cotización en el mundo desarrollado, los presupuestos de salud y de educación se dediquen a la contratación de asesores, de consultores y de expositores de mil y un asuntos probablemente importantes, pero no esenciales ni vitales para las personas. Si además nos enteramos que el hospital Edgardo Rebagliati, el más grande y el mejor equipado de los hospitales de EsSalud (que tiene solamente un resonador magnético malogrado desde hace meses y que subcontrata las resonancias para los pacientes privilegiados para que se efectúen 6 y 9 meses después de ordenadas por sus médicos), fue construido por el gobierno del general Odría en los años cincuenta. Si además nos enteramos que los nombramientos de los directores de los hospitales dependientes del Ministerio de Salud -entre ellos el Casimiro Ulloa- son hechos por las burocracias enquistadas por años en el sector y que los nombramientos o designaciones son hechas a dedo por cada nuevo director, dándose el caso que los altos funcionarios del Casimiro Ulloa son ingenieras. Si sumamos todas esas causas directas o indirectas de muertes tempranas, de largas agonías y de miles de horas de personas enfermas a la espera de un turno de atención, de un medicamento o de un diagnóstico largamente esperado, entenderemos porqué los últimos gobiernos han acabado como acabaron.
A mediados del siglo pasado, cuando la función pública era asumida con mucha mayor dedicación y mucha mayor solvencia por profesionales formados por grandes maestros en ciencias y en humanidades, el Perú tuvo un magisterio de calidad, una judicatura muy destacada y una medicina con reconocimiento internacional, tanto en el ámbito administrativo como en el médico propiamente dicho. En este último rubro, las autoridades que manejaron la salud pública, ya sea en la órbita ministerial como en el sistema ideado para la atención en los hospitales para obreros y para empleados, coronada esta última con la edificación de los monumentales hospitales para unos y para otros, hoy llamados Almenara y Rebagliati; esas autoridades, repito, tuvieron una concepción modernísima para la época, inaugurando en 1945 la Asistencia Pública de Grau y unos años después la Asistencia Pública de Miraflores en la avenida Larco. Esas asistencias estuvieron destinadas a atender las emergencias médicas que no podían hacerse en las llamadas asistencias públicas distritales, las cuales se dedicaban a brindar los primeros auxilios a los afectados por accidentes domésticos y callejeros, es decir, lesionados que podían ser curados en esas postas médicas. Años después, mediante la fusión del antiguo puesto de la avenida Grau con la Asistencia Pública de Miraflores, se creó el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa (HEJCU), el cual surgió como una necesidad ante la creciente demanda de atención en la llamada asistencia pública de Lima. Con el apoyo del Club de Leones, en 1956 se inició la construcción del local que hoy ocupa el Hospital de Emergencias más grande del país. Años después, a ese local se trasladó todo el personal médico de las postas médicas de Grau y de Larco, dotándose, además, al Hospital de Emergencias de lo necesario para atender a todos los limeños afectados por eventos cardíacos, cerebro vasculares y como consecuencia de accidentes domésticos y vehiculares.
Como dicen los que saben, los hospitales del Empleado y de Emergencias Casimiro Ulloa fueron modelos a imitar por autoridades médicas de diferentes países de la región. De ahí a ahora, ha corrido mucha agua bajo los puentes de la ciudad. Ha corrido mucha agua y se han cometido cientos de desaciertos.
Magali Maita, presidenta del cuerpo médico del Hospital Casimiro Ulloa, mortificada por la falta de medicamentos que no permite atender a la población como debe ser, además de la falta de instrumental médico y de las represalias que viene sufriendo el cuerpo médico por parte de la dirección general del hospital, ha decidido hacer pública la denuncia a continuación, leamos su testimonio:
“El director actual Raúl Hinostroza Castillo ha entrado en funciones a mediados de setiembre del año pasado. Al inicio de su gestión, indicó que todos los problemas del hospital eran ‘cosas que se arrastraban de gestiones anteriores’, pero ya estamos en julio y el hospital no ha tenido ninguna mejoría; al contrario está peor porque no hay gasas ni apósitos ni esparadrapo ni nada. Es cierto que vienen y hacen inspecciones, pero igualmente no hay gasas, no hay esparadrapo, no hay medicamentos. Por ejemplo, viene un paciente con un infarto, y en ese caso es posible que requiera una trombólisis, para lo cual se necesita alteplasa, que es un medicamento que disuelve los coágulos, pero en ese momento no hay, porque la política de la actual administración es comprar ese medicamento en cantidades muy pequeñas, las cuales se acaban en una semana o menos. He conversado con el jefe de Farmacia y él me dice que hay de todo, pero me lo dice porque está cuidando su puesto. La administración no prevé la cantidad de pacientes que tiene permanentemente el hospital. Ha habido veces que llegan pacientes a la sala de operaciones y la máquina de anestesia está malograda. Traumatología también tiene equipos malogrados. En casos de tratamientos médicos también hay problemas, porque si un paciente requiere 10 medicamentos, sus familiares tienen que comprarle 8; eso incluye a los pacientes que cuentan con el seguro integral de salud, para los cuales deberíamos tener todos los medicamentos en la farmacia del hospital. A veces, en este hospital se ha llegado al extremo de que no tener detergente ni lejía para desinfectar las chatas y los papagayos.
Es difícil trabajar en esas condiciones, más aún, cuando, de la noche a la mañana, la Dirección -sin comunicarnos antes a los gremios- emite un comunicado donde informa que nos retira el lonche, sabiendo que este es un hospital de emergencias, donde hacemos guardias de doce horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche, o al revés. Doce horas de día y doce horas de noche, entonces en la guardia de día tenemos derecho a almuerzo y un lonche a las 7 de la noche, y en la guardia de noche una cena y un desayuno.
Actualmente no tenemos ecógrafo, el único en existencia tenía 11 años de antigüedad y ya no funciona. Acá me pregunto: ¿cómo es posible que un hospital de nivel 3E no tenga un ecógrafo en buenas condiciones? De igual manera, en el hospital deberían funcionar tres salas de operaciones y sólo funciona una, porque las otras dos tienen malogrados sus equipamientos. Así, hay infinidad de necesidades en todos los servicios, como, por ejemplo, en el laboratorio casi nunca hay reactivos suficientes para poder hacer los análisis, y los médicos tenemos que rezar para que cuando acudan los pacientes al hospital haya reactivos. Diariamente tenemos doscientas atenciones y eso no lo entiende el doctor Raúl Hinostroza, quien, siendo cirujano del hospital, ha traído gente de afuera, como la administradora, la de planeamiento estratégico, la de personal, quienes vienen del Hospital de Collique; esto quiere decir, sin tener que demostrar mucho, que ellos no conocen la realidad del hospital.
Por eso es que nos sentimos tan mal, porque no hacen nada por conocer las necesidades del personal y, sobre todo, las de los pacientes; sin embargo, la actual gestión dice que el Hospital es un desorden y que ha llegado para poner orden. Pero no necesitamos orden, sino, más bien, abastecimiento y equipamiento. Hay muchas irregularidades: por ejemplo, al frente del Hospital hay una casa alquilada por la nueva administración únicamente para el personal administrativo, cada funcionario de ese equipo administrativo tiene contratados dos asesores pagados por la nueva administración, entonces, cómo nos van a decir que no hay presupuesto para medicinas e instrumental médico, pero sí para más personal burocrático. Esa administración ha contratado a un ingeniero para que se ocupe de Recursos Humanos y otro únicamente para contrataciones; en una oficina administrativa hay alrededor de cuatro ingenieros. Casimiro Ulloa es un hospital pequeño con mucha demanda, pero sólo tiene 90 camas, entonces me pregunto: ¿es necesario tanto personal administrativo que no ayuda a solucionar las carencias que tenemos? Si el Ministerio tiene tanto dinero para derrocharlo en burocracia, ¿por qué no compra las medicinas y el instrumental, por qué nos quita el lonche? Nosotros, me refiero al personal médico, estamos cansados de esta situación y hemos reclamado ante la administración para que arregle los problemas; sin embargo, en lugar de escucharnos nos levantaron ‘un acta de permanencia’, diciendo que no estábamos en el Hospital, que no nos encontrábamos en nuestros puestos de servicio; posteriormente, llamaron a la Policía para que levante ‘un acta de ocurrencia’, sosteniendo que de casualidad pasaban por el frente del Hospital y ‘encontraron a médicos, enfermeras y técnicos protestando’.
Para concluir, quiero dejar bien en claro para que los advenedizos entiendan que en el Casimiro Ulloa atendemos inmediatamente a todos los pacientes que llegan, porque aquí no brindamos atención ambulatoria, aquí salvamos vidas”.
El personal médico del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa ha enviado una carta al ministro de Salud para que se tomen las medidas inmediatas para ponerle fin a esas deficiencias.
También conversamos con Jaddy Ladrón de Guevara, abogada de los médicos del Hospital Casimiro Ulloa, quien refiere que ante todo ese cúmulo de ineficiencia, de incompetencia, de discriminación al personal de carrera y de exposición de personas al peligro, el jueves pasado el personal médico del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa ha enviado una carta al Ministro de Salud, con copia a la Presidencia de la República y otras autoridades del Estado, para que se tomen las medidas inmediatas para ponerle fin a esas deficiencias.
“Nuestro estudio ha asumido la defensa legal del cuerpo médico del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, y, en representación de ese colectivo, el estudio ha presentado un memorial al Ministro de Salud, informándole sobre los problemas que enfrentan el personal médico y la infraestructura hospitalaria, los cuales no sólo afectan el derecho a la salud de los usuarios del hospital, sino también del personal médico, el cual viene sufriendo represalias por tomar acciones contra los problemas denunciados, sino también porque se están recortando derechos adquiridos. A la par de esas represalias y de esos recortes, el personal médico ha solicitado una auditoría externa para conocer por qué existe una desmedida contratación de personal administrativo, creándose la increíble situación de que en el Hospital Casimiro Ulloa existe hoy por hoy más personal administrativo que personal médico. Y, además, que la actual administración contrata médicos y auxiliares que no cumplen con los perfiles adecuados y, en el colmo de los colmos, el equipamiento del hospital es tan antiguo que las bombas de infusión de las salas de cuidados intensivos carecen de sus respectivas líneas de infusión, que los ecógrafos son obsoletos, qué no hay tomógrafos ni resonadores magnéticos. Los médicos han dirigido cartas al director del hospital manifestando sus preocupaciones por esas carencias y otras, como las condiciones de inoperatividad de dos de los tres quirófanos existentes, de las filtraciones de agua por diferentes pisos del nosocomio y de las deficiencias eléctricas.
Si a todo eso le sumamos la imperdonable carencia de bisturíes, alcohol, apósitos, vendas y todo lo que se requiere para atender emergencias médicas, que es la razón de ser del Casimiro Ulloa desde hace cuatro décadas. Si a todo eso le sumamos la falta absoluta de material de limpieza y de tratamiento de desechos orgánicos y residuos sólidos, podemos concluir que la actual administración está “gestionando” el caos más increíble en la historia de un hospital de emergencias.
De no corregirse esos problemas en un plazo perentorio, tendremos que denunciar penalmente a los responsables de esta situación por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, por omisión de funciones y por abuso de autoridad del director del hospital”.
Durante los últimos días intentamos que el director del hospital o alguna autoridad del mismo respondiera a nuestros interrogantes, pero no obtuvimos ninguna respuesta; perdón, si conseguimos que nos contestara el teléfono Christian Rubio un portavoz del hospital, quien, ante la pregunta del porqué del desabastecimiento de medicinas e instrumental médico, sólo atinó a decirnos “¡ah!”, seguido de una risotada propia de un espectador de primera fila de un circo. Apenas terminó de reír, le preguntamos por el retiro del lonche al personal médico, y nos dijo que esa medida era a nivel de todo el Ministerio de Salud, y que dudaba sobre la falta de instrumental médico, porque si no el hospital no estaría funcionando. “Te diré que desde mi posición de comunicador te diré (sic) que muchas de las cosas que tú me estás diciendo no tienen asidero, pero eso, de manera formal, te lo tendría que decir el mismo Ministerio de Salud”. En cuanto al reclamo del Sindicato Unificado de Trabajadores del Hospital Casimiro Ulloa”, el portavoz respondió que “hace poco han estado en manifestación (sic) y los había visto acá”, y reiteró que el tema del lonche es una medida sectorial del Ministerio. Para completar este informe, nos comunicamos con una funcionaria de Relaciones Públicas del Minsa, y al ser consultada sobre la decisión ministerial de recortarle el lonche al personal médico del Casimiro Ulloa, me indicó que cada hospital tiene su propia logística y el Ministerio no tiene injerencia alguna respecto a la alimentación en los hospitales. Por cierto, tanto la respuesta del portavoz del hospital como la del funcionario ministerial están grabadas.
Al tener dos versiones distintas sobre el recorte del lonche para los médicos, decidimos averiguar, en la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS Lima Centro), ante lo cual se nos informó que no había ninguna disposición sobre el hecho de dejar a los médicos sin lonche, entonces confirmamos que el portavoz del hospital, el señor Christian Rubio, nos había mentido.
El Sindicato de Trabajadores Unificado del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa presentó un reclamo solicitando se dé por terminadas las funciones de Raúl Hinostroza.
A esto se suma que, el Sindicato de Trabajadores Unificado del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, mediante el oficio N° 0034, solicita al ministro de Salud César Vásquez Sánchez que tenga a bien dar por terminadas las funciones del director del hospital Raúl Hinostroza Castillo por contratar personal no idóneo para diversos puestos, también por cometer irregularidades en los procesos de contratación pública, por las cuales fue sancionado por la Diris Lima Centro. En el documento se puede leer que el doctor Raúl Hinostroza fue jefe de Cirugía del Hospital Casimiro Ulloa en 2019, y como tal participó en el proceso de adjudicación simplificada para la adquisición de bombas de infusión de dos canalés para los quirófanos de la entidad. Dicho proceso se condujo de manera irregular con la finalidad de favorecer al postor que ganó el proceso de adjudicación simplificada.
A mediados del siglo pasado, cuando Lima tenía un poco más de 830 mil habitantes y las finanzas del país de nuestros abuelos eran positivas, el gobierno de entonces construyó varias unidades vecinales, todas las unidades escolares que hoy se llaman colegios emblemáticos, un número grande de postas médicas y los gigantescos hospitales de los empleados y de los obreros. Una década después, en Lima había 1’900, 000 personas y la infraestructura hospitalaria solamente había incorporado las asistencias públicas de Grau y de Miraflores. Veinte años después, cuando las oleadas migratorias habían convertido a la capital en residencia de tantas personas, más o menos 5 millones, como las que tenía cada uno de los países escandinavos, la única nueva institución hospitalaria de esa ciudad llena de problemas era el Hospital Casimiro Ulloa. Hoy, cuarenta y tantos años después, la ciudad edificada en medio de un desierto, húmeda como ninguna y asfixiada por la alta toxicidad de su atmósfera tiene más de 10 millones de habitantes, los mismos nosocomios de los años cincuenta, el mismo hospital de emergencias de Miraflores sin bisturíes, sin gasas, sin ecógrafos, sin quirófanos y sin soluciones a la vista. ¿Es que no hay nadie que pida el voto popular para gobernar y no para robar, para invertir todo lo que se pueda en educación, en salud y en seguridad? ¿Es que estamos condenados a vivir con miedo, sin educación y sin salud? ¿Es que en veinte años o en treinta o en cien, casi no importa cuándo, un lector curioso entre al Google de esa época y encuentre este artículo y diga: por qué hemos sido, somos y seremos tan cretinos?
Para Carlos Almonacid – Representante de la Adjuntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo – el Estado debe poner reglas claras para la aplicación de pruebas PCR a personas con síntomas de Covid y así reducir la demanda sobre estos insumos.
Además, indicó que es importante que los empleadores sean flexibles y permitan que su personal tome el descanso médico ante síntomas de Covid sin requerir documentos innecesarios para así evitar la propagación del virus.
A poco de que termine el 2021, a Yuliana Cruz, una madre que mantiene su hogar haciendo trabajos de limpieza, le comunicaron que en la farmacia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se había agotado una medicina indispensable para la quimioterapia de su papá, un paciente con cáncer de próstata en cuarta etapa. Tras varios días de preguntar una y otra vez, tuvo que salir con la receta a buscar el Paclitaxel fuera de la dependencia estatal. Pero no fue sencillo: Yuliana recuerda que recorrió todas las farmacias que están afuera del Hospital Loayza.
“Un señor me dijo que sí la tenían, pero que la estaban vendiendo a S/490. Le dije que me la guardara, nos fuimos a retirar el dinero y regresamos a comprar. En ese trayecto, cuando volvimos, ya no había”, cuenta. Buscando entre calles y callejones por la misma zona, finalmente dieron con el medicamento desembolsando una cifra similar. Si lo hubiesen obtenido en el INEN, no habrían tenido que pagar nada, ya que lo cubre el Seguro Integral de Salud (SIS).
El Paclitaxel es un agente antitumoral muy usado para tratar distintos tipos de cáncer en las sesiones de quimioterapia. Este proceso consiste en administrar a un paciente varios fármacos según el tipo de cáncer, el estadio de la enfermedad y las condiciones del paciente. Luego de aproximadamente 20 días, se hace un control y se programa la siguiente jornada. Las dosis son diferentes para cada persona y, en este caso, el padre de Yuliana requería 300 mililitros solo para la siguiente sesión.
Esta semana el hombre pudo hacerse su cuarta quimioterapia, pero aún le quedan seis más. Y al desabastecimiento, como hemos visto, se suman los elevados precios. Como la familia no tiene muchos recursos, una de las personas para las que trabaja Yuliana organizó una colecta en redes sociales y el dinero lo recibió a través de Yape.
“Como salgo a trabajar haciendo limpieza, no he podido agradecerles a todas las personas que me depositaron», dice.
Por las mismas fechas, una joven -a quien llamaremos Diana- también estuvo preguntando una y otra vez al teléfono de la farmacia del INEN si ya había llegado el Paclitaxel que requiere para la sexta de las ocho quimioterapias que necesita. Ella pasa por un tratamiento de cáncer de mama de grado tres que le detectaron en julio pasado. “Si espero mucho tiempo, incluso la última quimio que me hice podría ser inútil”, comenta.
Ante el temor de que la enfermedad recrudezca, buscó la medicina en farmacias y clínicas. La consiguió y logró que le hagan la quimio. Recuerda que gastó alrededor de S/400. Ahora solo le preocupa que en su siguiente consulta le digan que el esfuerzo valió la pena.
La demora en conseguir estos medicamentos puede tener consecuencias fatales. “La leucemia y los linfomas son neoplasias que de un día para otro pueden duplicar el tamaño tumoral. Entonces, si el tratamiento no se da de manera oportuna, esto puede significar que un paciente fallezca”, explica el oncólogo Diego Venegas, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.
El doctor Víctor Palacios, jefe de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, reconoce que hay un desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de cáncer. Explica que esto se debe a que los proveedores que debían entregar estos productos rescindieron sus contratos [el año pasado], alegando problemas logísticos, mayores costos de importación por la pandemia y dificultades en las plantas matrices.
“Nos hemos reunido ya con el INEN y el 14 de enero tenemos otra reunión para ver el abastecimiento continuo de los pacientes de los servicios oncológicos del Minsa. Estamos viendo proveedores internacionales que nos puedan abastecer. Vamos a lucharla semana por semana. El INEN no es el único al que tienen que ir los medicamentos oncológicos, también tenemos los hospitales en regiones. Es un tema de proveedores que nos han puesto en una situación bien delicada”, apunta.
Palacios agrega que hay contratos en marcha, pero que el espacio entre el ingreso de los productos farmacéuticos solicitados -desde que se compran hasta que llegan- lo van a seguir cubriendo con adquisiciones más pequeñas.
Mientras tanto, los pacientes tendrán que resistir. Algo similar ocurre en el seguro social. “En el Hospital Rebagliatti indican que hace dos meses están desabastecidos y están en proceso de solicitud de cotizaciones recién a proveedores. No me dan una fecha de solución de este problema, mientras mi madre que tiene un cáncer al seno debe suspender su tratamiento”, cuenta María Gabriela Navarro, que lleva días preguntando por Docetaxel, otro fármaco muy común para las quimioterapias, a través de todos los canales de atención de EsSalud.
Y luego añade indignada: “Es el colmo que ante un caso de este tipo sea el paciente quien deba estar detrás de conocer si hay o no un medicamento. Gracias a Dios mi madre nos tiene a nosotros, pero imagínese a aquellos pacientes que están solos o no cuentan con los medios o conocimientos para hacer tal labor”.
Buenas tardes, el instituto y desde el Minsa estamos trabajando para superar este problema y continuar prestando un servicio adecuado a la población
En los últimos días de diciembre, los pacientes empezaron a difundir los casos a través de redes sociales
BUROCRACIA MÉDICA
En comunicación con Sudaca, el INEN señala que la adquisición de medicamentos es financiada, en parte, con recursos que transfiere el Seguro Integral de Salud (SIS) y que otros son abastecidos directamente por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).
El doctor Venegas precisa que, en el Perú, el principal mecanismo de adquisición de medicamentos en el Minsa es la ‘compra nacional’, el cual no incluye el abastecimiento a hospitales de EsSalud y de las Fuerzas Armadas.Esto se hace a través de un petitorio y listas complementarias de medicamentos oncológicos. Y se tramita a través de Cenares. Todo este proceso está dentro del programa nacional de control y prevención del cáncer.
En caso de que alguien quiera reemplazar los medicamentos del petitorio o de la lista, el proceso se vuelve más tedioso. “Los medicamentos que no están en el petitorio o en el listado tienen que pasar por un proceso de evaluación. Para eso, existía un reglamento que establecía comités fármaco-terapéuticos en cada uno de los establecimientos, los cuales evaluaban los pedidos de los médicos para aprobar un medicamento. Una vez que este comité daba su veredicto, se pasaba al SIS para dar el financiamiento y gestionar la adquisición”, explica Venegas.
Como en los próximos días debería aprobarse el reglamento de la Ley N°31336 (la Ley Nacional del Cáncer, promulgada el año pasado), Venegas considera oportuno que se revisen todos los procedimientos y que se apunte a simplificar la adquisición de medicamentos y a descentralizar la atención oncológica.
La nueva ley faculta al Minsa a usar mecanismos diferenciados de compra para las enfermedades oncológicas. También se ha declarado de interés nacional la compra centralizada a través de Cenares, esta vez sí incluyendo a EsSalud y las FFAA.
Además de cubrir de forma gratuita todos los tipos de cáncer -y no solo los siete que vienen siendo cubiertos por el SIS-, la nueva ley también exigirá que se atienda a todo paciente oncológico sin seguro, que se realice una renovación tecnológica del equipamiento biomédico, que se mejore la infraestructura hospitalaria y que se tenga personal médico especializado en todas las regiones del país. Actualmente, fuera de Lima, la atención está centralizada en tres Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas (IREN): La Libertad, Arequipa y Junín.
Pero el tema del presupuesto es algo que les preocupa a los pacientes. Karla Ruiz de Castilla, directora de la asociación de pacientes ‘Esperantra’, comenta que la nueva ley en sí es muy buena y ha recogido varias experiencias de distintos países, pero necesita que se le acompañe con un presupuesto multianual o algún otro mecanismo de financiamiento que garantice su implementación.
“Creo que es una magnífica ley, tiene oportunidades de mejora por supuesto. Pero sin dinero, sin presupuesto, estamos en nada. Será letra muerta como pasó con las enfermedades raras, cuyo reglamento se publicó hace dos años y los pacientes aún no se pueden atender porque no se ha definido el umbral de alto costo”, anota Ruiz de Castilla. Se refiere al tope del presupuesto para la adquisición de medicinas, que en el caso de cáncer y las enfermedades raras debería ser mayor debido al elevado costo de los fármacos.
Y ahí el problema. Al menos para este año, en el que se supone empezará a funcionar la nueva ley, los recursos del programa de Prevención y Control de Cáncer se redujeron en 12,4%, pasando de casi S/526 millones a poco más de S/461 millones. Esto incluye las partidas del gobierno nacional, y las de los gobiernos regionales y locales. Un sinsentido: se busca ampliar la cobertura pero se reduce el dinero.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) argumentan que parte de los recursos están programados en otra categoría de gasto, por lo que “la disminución corresponde a un ordenamiento del gasto, más no al desfinanciamiento de dicha finalidad”. Lo mismo adujeron sobre el recorte presupuestal de los programas para el VIH para una reciente nota de Sudaca. Sin embargo, también indican que durante el año, a través del SIS, tendrán que transferir recursos adicionales a las unidades ejecutoras para acciones de prevención y control de cáncer.
Víctor Palacios, director ejecutivo de Prevención y Control de Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, tiene otra explicación. Dice que la reducción de estos recursos se debe a varios factores, pero el principal está relacionado a la adquisición de productos farmacéuticos.
“Inicialmente, se hizo una estimación en el año 2021 incorporando 13 productos farmacéuticos. Eran cerca de S/30 millones, lo que se estimaba que nos costarían estos 13 productos, muchos de ellos de alto costo. Sin embargo, para 2022, varios de estos no se consideraron, dado que de los 13 solamente tres tienen una autorización de uso por parte de Digemid. Por eso cae el presupuesto”, señala.
Agrega que algunos establecimientos de salud no habían programado tantos tamizajes (método de detección del cáncer) este año porque estaban a la espera de la evolución de la pandemia para planificar esas atenciones. A esto se suma que la partida del INEN también de redujo.
Dado que este año entrará en vigor la mencionada nueva Ley Nacional de Cáncer, y que el reglamento ya está completo y en proceso de aprobación, el doctor Palacios asegura que desde el Minsa tendrán que apuntar a que el presupuesto se amplíe considerablemente, a S/1.500 millones. Un reto, dada la reducción planteada para este año. La pelota estará, nuevamente, en la cancha del MEF.
