Discriminación

[El dedo en la llaga] Salir del clóset suele ser un acto individual por el cual una persona declara abierta y voluntariamente su orientación sexual y/o identidad de género, diversa a la orientación sexual más frecuente: la orientación heterosexual. Las personas que optan por dar este paso adoptan muchas veces una postura valiente a contracorriente de opiniones prejuiciadas en las sociedades en las que viven y suelen sufrir consecuencias indeseables a raíz de esta decisión.

Sin embargo, también hay países donde ha habido avances notables en el reconocimiento de los derechos de las personas no heterosexuales. Uno de ellos es Alemania, donde se han dado incluso las salidas de clóset colectivas —ya no tanto personales— más numerosas de la historia.

El 5 de febrero de 2021 la iniciativa #ActOut publicó en el suplemento del Süddeutsche Zeitung, uno de los periódicos más importantes e influyentes de Alemania, un manifiesto que a la vez constituía una salida del clóset de 185 actores y actrices que se declaraban gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales o no binarios.

El manifiesto #ActOut comienza con una autoafirmación:

«¡Aquí estamos y somos muches!Nosotres somos actores y nos identificamos como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales y no binarios. Hasta hoy no podíamos ser totalmente transparentes sobre nuestra vida privada sin temer consecuencias en nuestra vida profesional. Muches tenemos la experiencia en la que agentes, jefes de reparto, colegas, productores, redactores, directores, entre otres, nos aconsejaron mantener nuestra orientación sexual, identidad y género en secreto para no poner así en riesgo nuestras carreras.

Esta narrativa llega a su final».El motivo principal del manifiesto son las experiencias negativas que muchos actores y actrices han tenido durante sus carreras en relación con su propia identidad u orientación sexual o con su identidad de género. Por eso el manifiesto subraya lo siguiente:

«Hasta ahora se suponía que cuando nosotres hablamos abiertamente sobre ciertas facetas de nuestra identidad, concretamente nuestra identidad sexual así como nuestra identidad de género, automáticamente perdemos la capacidad de interpretar ciertas figuras o relaciones. Como si la representación de estos roles fuese inconciliable con nuestra capacidad de personificar la complejidad y credibilidad necesaria de los mismos.

¡Esta supuesta incompatibilidad no existe!

Somos actores. No tenemos que ser las figuras que interpretamos. Nosotres actuamos, como si fuésemos esas figuras — ésa es nuestra profesión».

Los firmantes indican que no podían hablar abiertamente sobre su vida privada en el entorno laboral sin temer repercusiones profesionales. Y a eso había que ponerle punto final.

Lo que no se sabía entonces es que esta iniciativa inspiraría otra, menos numerosa pero más audaz y riesgosa. Y sorprendente, porque tuvo lugar precisamente en la Iglesia católica alemana. Se trata de la iniciativa #OutInChurch – Por una Iglesia sin miedo.

El 24 de enero de 2022, 125 personas no heterosexuales que trabajan profesionalmente o como voluntarios en la Iglesia Católica en Alemania, tanto laicos como clérigos, salieron conjuntamente del clóset y se reconocieron públicamente como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales o no binarias, con el objetivo de «contribuir a la renovación de la credibilidad y la solidaridad hacia lo humano de la Iglesia Católica». Simultáneamente, se propaló un documental en la televisión (Wie Gott uns schufComo Dios nos creó) y se abrió una petición en línea con demandas relacionadas con el derecho laboral de la Iglesia católica alemana. Al mismo tiempo, la iniciativa publicó un manifiesto detallado en 14 idiomas en Internet. Además de las 125 personas mencionadas, firmaron el manifiesto 35 asociaciones e iniciativas católicas, entre ellas el Comité Central de los Católicos Alemanes (Zentralkomitee der deutschen Katholiken – ZdK). Para mediados de febrero, más de 70 organizaciones se habían unido a la iniciativa.

El manifiesto #OutInChurch – Por una Iglesia sin miedo —a semejanza del manifiesto #ActOut—comienza con una autoafirmación:

«Nosotros, que somos empleados, voluntarios, potenciales y antiguos colaboradores de la Iglesia católica romana. Trabajamos y nos comprometemos, entre otras cosas, en la educación escolar y universitaria, en la catequesis y la educación, en el cuidado [de ancianos y enfermos] y su tratamiento, en la administración y organización, en el trabajo social y caritativo, como músicos de iglesia, en la dirección de la iglesia y en la pastoral. Nos identificamos, entre otros, como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer y no binarios. […] Todos hemos sido siempre parte de la Iglesia y hoy la modelamos y y le damos forma. La mayoría de nosotros ha tenido múltiples experiencias de discriminación y exclusión, incluso en la Iglesia».

El manifiesto menciona algunas citas homófobas de documentos oficiales de la Iglesia —los aludidos «fracasarían en cuanto a su humanidad»— y toma posición:

«Exigimos una corrección de las declaraciones doctrinales que son contrarias a los derechos humanos, especialmente en vista de la responsabilidad mundial de la iglesia hacia los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Y exigimos un cambio en el derecho laboral discriminatorio de la Iglesia, incluida la eliminación de todas las formulaciones degradantes y excluyentes en la normativa básica del servicio eclesiástico».

Se hace referencia a la normativa básica del servicio eclesiástico católico en Alemania, que menciona como contrarias a la obligación de lealtad a la doctrina y moral católicas ciertas transgresiones sexuales y permite el despido de los supuestos infractores por estos motivos. Esta normativa es la base legal para unos 90,000 empleados que trabajan para la Iglesia católica y 700,000 empleados en su organización benéfica Caritas. En total, alrededor de 1.3 millones de personas trabajan en Alemania para las iglesias cristianas y sus instituciones. El manifiesto señala al respecto:

«Hasta ahora, muchos de nosotros no pueden manifestarse abiertamente sobre su identidad de género y/o su orientación sexual en su entorno laboral o eclesiástico, sin temer consecuencias laborales que pueden llevar hasta la aniquilación de la subsistencia profesional. […] Se ha establecido así un sistema de silencio, doble moral y falta de honestidad».

Dos de las principales demandas de la iniciativa son las siguientes:

«La orientación sexual o la identidad de género, así como la declaración de la misma, o el establecimiento de una relación o matrimonio no heterosexual, nunca deben considerarse como una violación de la lealtad y, en consecuencia, como un obstáculo para la contratación o como un motivo de despido. Las personas LGBTIQ+ deben tener acceso libre a todas las profesiones pastorales. Además, la Iglesia debe expresar en sus ritos y celebraciones que las personas LGBTIQ+, ya sea que vivan solas o en pareja, son bendecidas por Dios y que su amor produce frutos diversos. Esto incluye, al menos, la bendición de parejas del mismo sexo que soliciten tal bendición».

La solidaridad es la principal motivación que guía a los firmantes del manifiesto:

«Hacemos esto por nosotros mismos y lo hacemos en solidaridad con otras personas LGBTIQ+ en la Iglesia católica romana, que todavía no tienen, o ya no tienen, la fuerza para hacerlo. También lo hacemos por la Iglesia. Porque estamos convencidos de que sólo actuando con veracidad y honestidad puede cumplir con el propósito para el cual la Iglesia debería existir: proclamar el mensaje alegre y liberador de Jesús. Una Iglesia que en su núcleo lleva la discriminación y la exclusión de minorías sexuales y de género, debe preguntarse si realmente puede considerarse fundamentada en Jesucristo».

El manifiesto termina con un llamado a las autoridades eclesiásticas:

«Con este manifiesto, defendemos una convivencia y colaboración libres y basadas en el reconocimiento de la dignidad de todos en nuestra Iglesia. Por eso invitamos a todos, especialmente a los responsables y líderes de la Iglesia, a apoyar este manifiesto».

Los firmantes del manifiesto eran conscientes de que corrían el riesgo de ser despedidos o separados de sus funciones. Sin embargo, eso no ocurrió. 

A finales de enero, el Südwestrundfunk (SWR), una cadena de radio y televisión de los estados de Renania-Palatinado y Baden-Wurtemberg, contactó a los 27 obispados de Alemania para conocer su postura: 22 de ellos declararon que no considerarían tomar medidas contra los participantes de la iniciativa #OutInChurch; los obispados de Augsburgo y Colonia respondieron de manera evasiva, y 3 no respondieron. Puede afirmarse que, en general, la mayoría de los obispos alemanes manifestaron su apoyo a la iniciativa.

 
A mediados de febrero, once vicarios generales de diócesis alemanas (Berlín, Essen, Hamburgo, Hildesheim, Limburgo, Magdeburgo, Münster, Paderborn, Espira y Tréveris, así como el vicario general militar de Alemania) publicaron una carta abierta dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el obispo de Limburgo Georg Bätzing. En esta carta, exigieron que no se tomaran represalias laborales contra los empleados queer de la Iglesia Católica, incluso en ocupaciones vinculadas al anuncio del Evangelio, como el personal pastoral o los profesores de religión. Varios obispados ya habían emitido declaraciones similares o informado a sus empleados de que no tomarían medidas en su contra. Otros obispados anunciaron que, en el futuro, no despedirían a empleados debido a su identidad de género u orientación sexual o en caso de volverse a casar tras un divorcio. Estas declaraciones no se quedaron solamente en palabras, sino que llevaron a una reforma del derecho laboral de la Iglesia católica alemana aprobada con voto mayoritario en la asamblea del episcopado alemán y hecha oficial el 22 de noviembre de 2022. La causal de despido de empleados católicos debido a un matrimonio tras un divorcio o una relación entre personas del mismo sexo quedó eliminada. El «núcleo de la vida privada, especialmente la vida en pareja y la esfera íntima» ya no serán objeto de evaluación legal respecto al orden laboral.

El 1 de enero de 2023 entró en vigor la versión liberalizada de la normativa básica en el derecho laboral eclesiástico en 21 de los 27 obispados. Los otros 6 obispados anunciaron que adoptarían la nueva normativa básica durante el primer trimestre de 2023.

Mientras tanto, la iniciativa #OutInChurch ha seguido creciendo y reúne actualmente a más de 650 miembros. Hasta ahora los logros son parciales, pues no se ha conseguido que la Iglesia católica inicie un proceso para reformar su moral sexual y la adapte a las exigencias que se desprenden de los conocimientos científicos, psicológicos y sociológicos, y de los derechos humanos que deben ser respetados en toda persona. Y probablemente no se avance nada en este campo, pues la moral sexual católica, tal como está planteada hoy, sigue sirviendo de instrumento para mantener dominadas las conciencias de los fieles.

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Esta sensación es falsa e ilusoria, pero muy poderosa. Nos hace creer que somos superiores a los demás y que, por tanto, tenemos derecho a tratarlos con desprecio y desdén. Nos hace olvidar que todos somos seres humanos, con los mismos derechos y dignidad, independientemente de nuestra raza, religión o nacionalidad.

Por eso, la lucha contra la xenofobia es una lucha por la justicia y la igualdad. Es una lucha por el respeto a la diversidad y por la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria.

Solo cuando seamos capaces de reconocer la humanidad en los demás, de respetar su dignidad y su derecho a ser tratados con igualdad y justicia, podremos superar la desgracia de la xenofobia y construir un mundo mejor para todos.

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Chile, Discriminación, diversidad, migrantes venezolanos, venezolanos, xenofobia

Un denominador común encontrado es que las autoridades no aceptan la denuncia de forma inmediata, priman una serie de estereotipos como que: “las mujeres mienten”, “seguro se cansó de criar” o “esta con amigos”. Estas afirmaciones que son producto de una cultura que discrimina, condena a mujeres, niñas y adolescentes a la violencia y la muerte.

Son muchos los familiares que día a día se sobreponen al dolor de la incertidumbre, y, siguen buscando a sus hijas y hermanas con la esperanza de encontrarlas, reclamando su derecho a la verdad y a la justicia.

Aunque hay casos aislados en donde las desapariciones responden a otros hechos, como problemas de salud mental; la realidad es que existe un contexto de violencia de género innegable y sobre el cual se tiene que actuar de forma inmediata. Las investigaciones tienen que darse sin re victimización, sin replicar estereotipos o negar la violencia de género. Cada minuto cuenta, porque la vida de todas las mujeres importa.

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Discriminación, mujeres, violencia a la mujer

El 5 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Mujer Indígena. Es una fecha que reconoce la lucha de las mujeres de pueblos originarios por la igualdad y su constante contribución a nuestro país. Sin embargo, lo que obtuvo más relevancia fueron comunicados de mujeres feministas, académicas, funcionarias públicas y de ONGs exigiendo una agenda de género y cambios en el gabinete. A la vez en los últimos días el terruqueo ha llegado a su clímax con la muerte de Abimael Guzmán. La derecha se ha posicionado como la única víctima del conflicto armado exigiendo más sangre y criminalización, sorprendentemente apoyados por algunos grupos considerados progresistas. En estas discusiones no se ha escuchado la voz de las mujeres andinas o amazónicas tanto en las demandas feministas o en relación a A. Guzmán, a pesar que fueron las mujeres indígenas y sus comunidades los más violentados por el terrorismo de Estado y Sendero Luminoso. Una de esas voces silenciadas es Maria Sumire, mujer quechua, ex-congresista y autora de la Ley N. 29735 que regula el uso, preservación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú.

Para las mujeres quechuas no existen oportunidades para contar sus experiencias sobre racismo y violencia económica. Sus experiencias son invisibilizadas por las experiencias de las mujeres privilegiadas. Parte de sus vidas transcurren en la organización colectiva, largas jornadas laborales en el campo e intentar vender sus productos a un precio justo. Sus voces no dominan la vida académica de universidades privadas ni se escuchan en intercambios de exposiciones en conferencias de alto nivel ni en los medios de comunicación. Para la derecha macartista, la voz de mujeres como Maria Sumire tampoco importa. Vivimos en un país que cuando la gente privilegiada se victimiza cuenta con los recursos para convertir su causa en parte de la agenda nacional y escoger al perpetrador según la pertinencia de su narrativa.

Maria es hija del legendario líder campesino Eduardo Sumire Qqelcca, el Tayta Awqatinku, quien fundó la Federación Departamental de Campesinos del Cusco (FDCC) y movilizó a miles de campesinos para recuperar sus tierras en los 60s y 70s. Eduardo Sumire permanece injustamente excluido de nuestra historia oficial pero su lucha sigue vigente en las comunidades campesinas. Maria lleva en la sangre y en la vida el ejemplo de su padre. Una organizadora por naturaleza. De muy joven fue trabajadora del hogar en casas en Cusco y expuesta, como la mayoría de trabajadoras de ese sector, a distintas formas de discriminacion y explotación. Con el valor que siempre la ha caracterizado agrupó a otras trabajadoras y fundó el primer Sindicato de Domésticas.

Las mujeres de nuestros pueblos originarios viven desde hace mucho tiempo las feroces consecuencias del terruqueo. A mediados de los 80s, Maria Sumire enfrentó un hecho que le cambió la vida. El alcalde del distrito de Pomacanchi, quien era un abusivo descendiente de terratenientes, había convocado a la comunidad de Huáscar para hacer una faena para el mantenimiento de una carretera. Fayna o faena es un trabajo comunal para el bien común. Como es costumbre los alcaldes dan refrigerio que consiste en hojas de coca, chicha y pan para sostener la dura jornada laboral. El alcalde se negó, y los faneantes decidieron paralizar la obra para tener una asamblea e informar que no recibirían el refrigerio. En plena asamblea aparecieron policías de la Guardia Civil encapuchados para detener a los dirigentes campesinos. “No sabíamos quienes eran, pero nos enteramos que el alcalde había denunciado diciendo que los campesinos estaban haciendo una asamblea para arrasar el pueblo de Pomacanchi y que eran terroristas”, recuerda Maria. Al contactar a grupos de derechos humanos le dijeron que no tenían tiempo para ayudarla. Cuando reclamó por sus derechos, la policía le dijo “para los indios no hay derechos humanos”. La impotencia ante la injusticia y ver como una mujer campesina yacia inconsciente llena de sangre por un aborto provocado por la policia, le hizo tomar la decisión de estudiar derecho.

Ingresó a la Universidad San Antonio de Abad en la ciudad del Cusco. Maria dice “me costó muchísimo terminar mi carrera. A veces no podía asistir a clases por mi trabajo de campo en el fondo rotativo de papa, comedores infantiles, alfabetización a mis hermanas de las comunidades que asesoraba como los Comités de Mujeres, Club de Madres en la provincia de Anta y en Quispicanchis. El viaje desde Sicuani a la universidad tomaba casi tres horas”.

Esa valentía de Maria Sumire y compromiso con su comunidad la llevó a ser congresista del 2006-2011 propuesta por las comunidades y no escogida a dedo. En 2006 Maria Sumire juramentó en su lengua materna. Por ejercer su derecho al idioma, Maria fue degradada públicamente por la entonces congresista fujimorista Martha Hildebrandt, lingüista y furibunda racista. “Aunque te saquen las tripas nunca llores delante del enemigo”, le había dicho su padre. La valentía y dignidad de Maria demostró la fuerza de la mujer andina en el mismo centro del poder político colonial. Se enfrentó a Hildebrandt y le encaró su racismo. Un par de congresistas mujeres le demostraron solidaridad pero la mayoría le criticó por “levantarle la voz” a la famosa lingüista. Una muestra de la hipocresía de mujeres privilegiadas que sistemáticamente han tratado de silenciar otras voces para mantener el orden social y económico, porque en el Perú las mujeres de pueblos originarios no tienen derecho al reclamo o la indignación.

Debido a que el feminismo es eminentemente urbano y centralizado en Lima, continúa siendo una vía limitada para la liberación de todas las mujeres. La cuota de género sigue siendo una demanda de mujeres de clase media. En un país donde la educación es un privilegio y los estereotipos racistas excluyen a mujeres profesionales en polleras y con trenzas, la cuota no resuelve desigualdades ni avanza los derechos de las mujeres de pueblos originarios. “Las mujeres campesinas a pesar de ser profesionales no somos consideradas por el racismo y la discriminacion. Nosotras no somos parte de los gobiernos” dice Maria. “Nuestra lucha es por la supervivencia, nuestra identidad cultural, acceso a derechos como la salud y educación, al territorio, seguridad alimentaria y mejorar nuestra economía local como la artesanía y el trabajo en el campo. Mujeres y hombres somos explotados en el campo. Nuestra lucha como mujeres debe empezar allí. Hay que trabajar para acabar con el machismo que también hay en nuestra comunidad pero sin silenciar la violencia racial y de clase.”

Después de hablar con Maria Sumire me queda más claro que el feminismo debe transformarse e incluirse en un movimiento anti-capitalista y antirracista de mujeres y hombres. Solo así empezaremos a desmantelar el patriarcado. Tupananchiskama o hasta que la vida nos vuelva a encontrar, Maria!

 

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Discriminación, mujer indígena, Oportunidades, Perú, Racismo

Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 2. Patricia conversó con Rafo León sobre el racismo que vemos en ambos lados de la política y sociedad peruana. Desde aquellos que critican al Presidente Castillo por sus raíces humildes, hasta los personajes que estando en el gobierno venden la idea de representar al Perú pero que en realidad solo se representan a sí mismos.

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Discriminación, Perú, Rafo León
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