Silva no registra propiedades en Registros Públicos. En su ficha Reniec se consigna como vivienda una dirección en la avenida Primavera, en Zapallal, Puente Piedra.
Silva también declaró, en el 2015, ser dueño de un terreno en Ancón, a la altura del kilómetro 50 de la Panamericana Norte. Según un parte policial, Silva fue identificado como integrante de la asociación de vivienda Los Huertos de la Planicie de Ancón. Él y otra persona habían colocado módulos de vivienda en un terreno descampado para prevenir que “otras personas traten de invadir esos terrenos”. Los policías les pidieron que abandonen el lugar. No se sabe si lo han buscado ahí.
2015. Parte policial consigna que Juan Silva invadió un terreno en Ancón asegurando ser poseedor de un terreno, junto con otras personas. En un audio Bruno Pacheco llamó al exministro como “comerciantes de tierras”.
Además, en su calidad de poderoso ministro de Transportes del gobierno, Silva alquiló dos departamentos como centros de operaciones. Uno en la cuadra uno del jirón Pablo Bermúdez, en el límite de Jesús María y Cercado de Lima. Y otro en la calle León Velarde, en Lince. El piso 11 del primer inmueble fue escenario del famoso encuentro con Villaverde el 4 de noviembre, según la transcripción de un audio. En el diálogo Villaverde dice darle a Silva “cien grandes”. Según el empresario, se trataba de un “pequeño presente” de la constructora española Tableros y Puentes, que ganó dentro de un consorcio la licitación para construir el puente Tarata.
LA PNP BAJO SOSPECHA
La fuga de Silva renueva las dudas sobre la Policía Nacional, que ya antes ha dejado escapar con facilidad a Bruno Pacheco, exsecretario general del despacho presidencial y a Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente, pese a tener ambos videovigilancia.
En un comunicado, la PNP dijo que el Ministerio Público pidió apoyo para seguir a Silva a la Dirección de Inteligencia de la Policía, a cargo del general Luis Legua Egocheaga. A su vez, esta unidad debería tener el apoyo de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP, con el general Fredy López Mendoza al mando. Legua llegó en febrero del 2022.
En anteriores gobiernos la vigilancia a personajes con alto perfil político recaía en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Sin embargo, esta unidad fue debilitada por el gobierno de Pedro Castillo. El poder lo tiene ahora la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).
La inteligencia policial ha sido manoseada por este gobierno ante el constante cambio de cabezas en la Digimin. Y la Dirección Contra la Corrupción no tiene la experiencia en el seguimiento a ‘peces gordos’. “Esa unidad no es especializada en videovigilancia. Los integrantes de la dirección no tienen la experiencia en esas lides”, dice una fuente policial.
Resulta llamativo ahora que el jefe de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía, el general Fredy López, dijera en marzo pasado que se crearía un “equipo especial” para capturar a los prófugos del caso puente Tarata, entre ellos Pacheco y Fray Vásquez.
“Actualmente la Policía ha conformado un equipo especial para poder dar cumplimiento al mandato judicial de requisitoria y que se está abocando a nivel nacional a la ubicación y posterior captura de las personas que aún no están ubicadas”, dijo López en aquella oportunidad.
La captura de Silva sería un golpe a la línea de flotación del gobierno, pues se trata de una persona que gozó de mucha protección por parte del presidente cuando se desempeñó como titular del MTC.
El presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes descienden del avión en Los Ángeles, Estados Unidos, para participar en la Cumbre de las Américas. La crisis interna se agudiza en el país con la fuga del exministro de Transportes, Juan Silva. Fuente: Presidencia.
De acuerdo con la declaración de un colaborador eficaz, entre agosto y septiembre del 2021, Silva llamó a Villaverde “para solicitarle la suma de S/30,000” y decirle que “ese dinero era para el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones”.
Ahora, el Ministerio del Interior ofrece cincuenta mil soles de recompensa para quien ayude a dar con el paradero de Juan Silva. Su captura podría estar cerca, o tal vez no. Depende de la Policía.
Y así llegamos al famoso 4 de noviembre del 2021. En la mañana de aquel día, Silva asistió al Congreso, junto con los otros integrantes del gabinete. A eso de las dos de la tarde fue a la sede del Ministerio de Transportes para reunirse por media hora con el chotano Carlos Cabrera Sánchez, exmilitante de Alianza Para el Progreso, de acuerdo al registro de visitas del propio MTC.
Luego volvió al Congreso para estar presente en la votación que le dio la confianza al Consejo de Ministros, liderado por Mirtha Vásquez. Luego de salir airoso en el Parlamento, Silva se dirigió a su casa. Hasta allí llegó Zamir Villaverde para conversar con “Juancito” o “don Juan”, según la transcripción del archivo mp4, decodificado como “JS–4 de noviembre 2021”.
“Cuando usted quiera carros, me avisa”, le dice a Silva el hombre que prestó autos a los sobrinos del presidente.
De la conversación, se desprende que Villaverde tiene acceso a documentos de Silva y que manipulaba su celular. La transcripción contiene un pasaje en el que interviene la hija de Silva para pedir una contraseña de iCloud, un servicio de almacenamiento de datos en la nube, que al parece Villaverde instaló en el teléfono del por entonces ministro.
El exprotegido de Castillo fue parco en sus respuestas, pero le dio un consejo a su interlocutor: “Ten cuidado. Así no voy a ver tu nombre por todas partes”. A la luz de lo que ha ocurrido desde entonces, Villaverde hizo caso omiso a la recomendación.
El abogado del extitular del MTC, Alfredo Yalán, niega que su patrocinado se haya reunido con Villaverde. “Él [Silva] me dice que quiere una pericia fonética para aclararle al país que esas cosas son infundadas”, dice Yalán. Y agrega: “quieren hacer un golpe de Estado disfrazado de legalidad”.
El caso del puente Tarata arrincona cada vez más a Silva. El Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida para él ante un pedido del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
“Amigos hay muchos, pero amigos verdaderos muy pocos”, escribió Silva en su cuenta de Facebook hace cinco años. Hoy, acorralado por las investigaciones y sin nadie que lo defienda, la frase debe estar resonando en su cabeza, por lo premonitoria.
Al margen de las opiniones técnicas, sin embargo, hay un asunto que no podemos perder de vista y sobre el que la exviceministra de Transportes, Fabiola Caballero, pide la intervención del Congreso y la Contraloría. “El Congreso debería fiscalizar cómo se dio la negociación [entre el MTC y LAP]. La Contraloría también, porque nadie sabe cómo se dieron esos acuerdos”, apunta.
Caballero cuenta, por ejemplo, que, mientras estuvo en el cargo de viceministra, recibió una serie de llamadas que ella interpreta como presiones. «Me llamaban desde LAP, los del MEF, me llamaban de Cancillería… Había mucha presión porque era obvio que LAP se había paseado con todos ellos y había tenido exposiciones, etc. Ellos intentaban vender esa propuesta de LAP», dice. Y luego añade:“Ni mi despacho ni la DGAC nos dejamos llevar por esas voces interesadas. Antes bien, optamos por la calma y ponderación técnica que nos ayude a defender al Estado peruano y a sus ciudadanos y usuarios de nuestro primer terminal aéreo”.
En LAP reconocen que tomaron contacto con varios funcionarios, pero niegan alguna intención oscura. “Lo hemos hecho así con todas las contrapartes para comunicar bien de qué se trata la propuesta”, dice Rocío Espinoza.
Como fuese, luego de conocer el acta de acuerdos entre LAP y el MTC de fines de abril, diversos gremios aeroportuarios expresaron su desacuerdo en un comunicado. Reclamaban que no se haya tomado en cuenta los informes técnicos donde la DGAC señalaba que el concesionario no pudo demostrar que su propuesta de dos terminales fuera beneficiosa y que no se haya respetado lo que establecía el contrato de concesión.
La expresidenta de Ositran, Patricia Benavente, sostiene que lo mínimo que debió ocurrir es que “LAP sustente técnicamente que su propuesta no va a tener un impacto negativo para los usuarios, pero no existe ese sustento”.
El proceso de negociación -el ya mencionado Trato Directo entre la empresa y el Estado- fue largo. Lo que inicialmente debía durar 45 días, se extendió por varios meses. Estas conversaciones se llevaron a cabo con mucha reserva y, según los gremios aeroportuarios, no se les permitió dar su opinión, por lo que solicitaron que se transparenten los acuerdos.
Lo que más llamó la atención fue la exclusión de la DGAC, órgano que no aprobó los cambios propuestos por LAP, del proceso. Inicialmente, el 16 de diciembre, convocaron a esta dirección para participar de las negociaciones. Un par de meses después, en febrero de 2022, intentaron remover al director de este organismo de manera irregular. Esto originó la renuncia de la entonces viceministra de Transportes, Fabiola Caballero, quien en una carta denunció “copamiento laboral” en el sector y hasta la tildó de “agencia de empleos”.
Al final no pudieron sacar al jefe de la DGAC porque su cargo duraba cuatro años y sólo podía culminar si es que renunciaba, era vacado (en caso de muerte o incapacidad legal) o una resolución suprema debidamente motivada.
Pero dos semanas después, el 7 de marzo, a la DGAC le llegó un memorando donde sus pares de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) -la misma que los había invitado a las negociaciones en diciembre- les comunicaba que, sólo de ser necesario, requerirían su participación. Esto no ocurrió.
¿Qué pasó entre diciembre, que se invitó a las negociaciones a la DGAC, y marzo, en que se la excluyó? Todo apunta a la aparición de un abogado en escena, emisario de las más altas esferas del MTC, según nuestras fuentes: Álex Starost Gutierrez.
Álex Starost, hoy abogado del exministro Juan Silva, fue encomendado por el mismo Silva para asesorar en el Trato Directo. Bajo su asesoramiento, la DGAC -organismo técnico que se oponía a la propuesta de LAP- fue excluida del proceso.
En enero de este año, Juan Silva contrató a Starost como asesor en el MTC. “Ni bien entra al ministerio, una de las misiones que le dio Juan Silva, así lo dijo textualmente en reuniones, era apoyar en el Trato Directo con LAP”, dice Fabiola Caballero. “En alguna de las reuniones, entró el señor Starost diciendo que él venía por encargo de la alta dirección. Cuando él aparece, la DGAC deja de ser convocada”, dice un funcionario que nos pide la reserva de su identidad.
Starost no era alguien desconocido para el gobierno de Pedro Castillo. A inicios de diciembre del año pasado, antes de que arranquen estas negociaciones con LAP, visitó seis veces Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe de Estado. En dos de esas reuniones estuvo presente el entonces titular del MTC, Juan Silva, de acuerdo al registro de visitas del Estado. Según el mismo Starost, esas reuniones fueron a solicitud del propio Castillo para recibir una opinión técnica sobre mecanismos anticorrupción. Además, en varias apariciones públicas ha defendido a capa y espada al presidente de la República.
Ya fuera del ministerio, su última aparición pública fue hace unos días, como abogado del cuestionable Juan Silva, quien este miércoles se presentó ante la comisión de fiscalización del Congreso. A Silva se le investiga por integrar una presunta organización criminal que repartía obras del MTC.
Starost dice que su único “aporte” fue asesorar a las dos direcciones del MTC que integraban el equipo negociador. “Dentro del ministerio había una discusión de quién era el competente, en nombre del Estado, para el tratamiento directo con LAP. En ese momento la DGAC reconoció que era la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) la que debía pronunciarse. Que lo haya hecho bien o mal, ese es otro tema. Pero ese ha sido mi aporte, porque tengo que proteger la legalidad del proceso”, señala.
La norma, en efecto, establece que la DGPPT es la responsable de conducir las negociaciones. Pero eso no excluye que la Dirección de Aeronáutica Civil pueda participar del proceso. Por eso, invitarla y luego retirarla del mismo fue algo que llamó mucho la atención. “Sacaron a un importante negociador como lo era la DGAC […] Me llamó mucho la atención esta salida abrupta porque se supone que el Estado se debe a los usuarios y la calidad no debemos negociarla. La posición de este organismo era clara: no aprobaba la modificación propuesta por LAP. Eran una piedra en el zapato y se deshicieron de ellos”, sostiene Fabiola Caballero. En el Jorge Chávez, la polémica sigue alzando vuelo.
Nota del editor (14/06/2022): Luego de la publicación de este reportaje, LAP se comunicó con SUDACA para precisar lo siguiente: «En LAP en ningún momento hemos solicitado que la DGAC no participe de las reuniones con el MTC, es más, estuvieron presentes en 10 de las 14 reuniones y son ellos quienes deben pronunciarse sobre el Expediente de Diseño Conceptual entregado por LAP el viernes 27 de mayo. OSITRAN, por su parte, ha participado a solicitud de la DGAC como intérprete del Contrato de Concesión y ha definido que no hay ningún punto en él a interpretar. Deslindamos cualquier relación previa de la empresa con el señor Alex Starost, quien participó de algunas reuniones por parte del MTC y no tiene ni ha tenido ninguna relación con LAP. La empresa ha cumplido y sigue cumpliendo con todos los términos del Contrato de Concesión y con todas las normas de la ética y legalidad peruanas en beneficio de todos los peruanos».
Al respecto, creemos necesario señalar que en ninguna parte del reportaje se afirma (o siquiera se sugiere) que fue LAP la que se opuso a la presencia de la DGAC. Tampoco se señala que dicha empresa tenga o haya tenido vínculos con el abogado Alex Starost. Por el contrario, se consigna la versión del mismo señor Starost, quien afirma que participó en las reuniones como representante del MTC.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 324.
