La presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, ha señalado que le ha pedido a Lima Airport Partners, LAP, concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez, que retire los carteles inclusivos en los baños del terminal, que permiten que la gente, de acuerdo a su identidad de género, elija qué servicio emplear. Puntualmente, que una mujer trans pueda usar el baño femenino.
“Puede dar lugar a confusión porque a partir de ese anuncio podrían entrar hombres vestidos de mujeres a baños de mujeres y ese no es el sentido que se le está dando actualmente a todas esas normas y declaraciones que hemos mencionado. [Con carteles inclusivos] alguien como Arnold Schwarzenegger puede entrar al baño de damas”, ha berreado la titular del organismo supervisor.
Lo que la presidenta de Ositran pone de manifiesto es transfobia y afán violatorio de derechos consagrados en diversos documentos internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos.
Es una tragedia realmente la existencia de un espíritu conservador tan arraigado en el Perú. En todo lo que tenga que ver con lucha de derechos, salen sujetos de las cavernas a tratar de frenar todo avance y hacer que el Perú se quede encerrado en el establishment más segregacionista posible.
Así, se oponen al aborto, inclusive al terapéutico (el comunicado de la Conferencia Episcopal sobre el caso MILA es de una bestialidad brutal), al matrimonio gay, a la educación con políticas de equidad de género, a la tolerancia, en suma, a los vientos modernos que ya en otros países -muchos, inclusive, de la región- vienen recogiéndose y adoptándose.
Desde Locke y su Ensayo sobre la tolerancia, se identificó al liberalismo con ánimos respetuosos de la diversidad. En nuestro país, hay, sin embargo, “liberales” que se autodenominan conservadores, al mismo tiempo, como si fuera normal, cuando lo que en verdad son es libertarios en lo económico y conservadores en lo moral, no son liberales, y harían bien en señalarlo así y no ensuciar un término que arrastra siglos de acompañamiento a las libertades económicas, políticas y morales.
Ojalá LAP insista en su postura inicial y no haga caso de la monserga conservadora de la jefa del Ositran, cuyo nivel de indigencia intelectual nos llama la atención respecto de su idoneidad para ocupar el cargo que ocupa. La lucha por la libertad es permanente y desde todos los ámbitos que se pueda, se debe ir librando a diario.
–La del estribo: muy recomendable una joya bibliográfica recientemente publicada. Cajamarca, belleza, soledad y coraje, un libro de fotografías de la bella ciudad andina tomadas durante los tiempos de la pandemia, efectuadas por el pintor cajamarquino José Luis Chávez Tejada. Los textos son de Alonso Rabi y la calidad gráfica es de primer orden. El libro se alinea con el pedido, que compartimos, de que la UNESCO declare a Cajamarca, cuyo centro histórico es una maravilla y su historia es icónica en nuestro país, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Lo encuentran en la librería El Virrey.
Celebramos la mediocridad, nos conformamos hasta con nada. Nos interesa más el ampay de Magaly que velar por que se encauce los ríos, como ciudadanos vigilantes que deberíamos ser.
No hemos, aún, creado una conciencia cívica, aquella que genera madurez en el pensamiento ciudadano y que logra girar las prioridades de la banalidad a la necesidad, de la farándula a la solidaridad, de la eternidad a la inmediatez.
El gobierno anunció hace poco la inclusión del curso de Educación Cívica en la currícula escolar. Es un buen inicio que debemos apoyar y colaborar con nuestros aportes, para que el contenido de este curso ayude a formar ciudadanos que respeten al prójimo, que sean solidarios, que sepan priorizar sus acciones hacia el bien común y que puedan formar una sociedad de bienestar, que muchos no veremos, pero que todos soñamos.
Una de las grandes ausencias reformistas luego de la década del 90, fue la carencia de reformas de segunda generación por parte de los gobiernos de transición, que se dejaron llevar por el piloto automático y no emprendieron la tarea de construir un capitalismo competitivo, no mercantilista.
En todos los sectores económicos donde hay posturas dominantes, reina la patente de corso para abusar del consumidor. Solo el libre mercado competitivo es capaz de transformar esa situación de hecho.
El Perú es un país turístico y tiene, al respecto, mucho que cambiar: infraestructura aeroportuaria en otras regiones, sistema de migraciones fluido en el Jorge Chávez, seguridad en los destinos turísticos, mantenimiento de los atractivos monumentales, etc. Otro de esos aspectos a mejorar es el de la libre competencia y la ruptura de la posición dominante en el sector aerocomercial.
Demográficamente, durante los últimos veinte años el Perú se ha incrementado en más de siete millones de habitantes. Sin discusión alguna, el Perú debe y merece duplicar sus oportunidades en materia logística y tener el aeropuerto más moderno de la región. Un aeropuerto más grande para un país más grande.
Al margen de las opiniones técnicas, sin embargo, hay un asunto que no podemos perder de vista y sobre el que la exviceministra de Transportes, Fabiola Caballero, pide la intervención del Congreso y la Contraloría. “El Congreso debería fiscalizar cómo se dio la negociación [entre el MTC y LAP]. La Contraloría también, porque nadie sabe cómo se dieron esos acuerdos”, apunta.
Caballero cuenta, por ejemplo, que, mientras estuvo en el cargo de viceministra, recibió una serie de llamadas que ella interpreta como presiones. «Me llamaban desde LAP, los del MEF, me llamaban de Cancillería… Había mucha presión porque era obvio que LAP se había paseado con todos ellos y había tenido exposiciones, etc. Ellos intentaban vender esa propuesta de LAP», dice. Y luego añade:“Ni mi despacho ni la DGAC nos dejamos llevar por esas voces interesadas. Antes bien, optamos por la calma y ponderación técnica que nos ayude a defender al Estado peruano y a sus ciudadanos y usuarios de nuestro primer terminal aéreo”.
En LAP reconocen que tomaron contacto con varios funcionarios, pero niegan alguna intención oscura. “Lo hemos hecho así con todas las contrapartes para comunicar bien de qué se trata la propuesta”, dice Rocío Espinoza.
Como fuese, luego de conocer el acta de acuerdos entre LAP y el MTC de fines de abril, diversos gremios aeroportuarios expresaron su desacuerdo en un comunicado. Reclamaban que no se haya tomado en cuenta los informes técnicos donde la DGAC señalaba que el concesionario no pudo demostrar que su propuesta de dos terminales fuera beneficiosa y que no se haya respetado lo que establecía el contrato de concesión.
La expresidenta de Ositran, Patricia Benavente, sostiene que lo mínimo que debió ocurrir es que “LAP sustente técnicamente que su propuesta no va a tener un impacto negativo para los usuarios, pero no existe ese sustento”.
El proceso de negociación -el ya mencionado Trato Directo entre la empresa y el Estado- fue largo. Lo que inicialmente debía durar 45 días, se extendió por varios meses. Estas conversaciones se llevaron a cabo con mucha reserva y, según los gremios aeroportuarios, no se les permitió dar su opinión, por lo que solicitaron que se transparenten los acuerdos.
Lo que más llamó la atención fue la exclusión de la DGAC, órgano que no aprobó los cambios propuestos por LAP, del proceso. Inicialmente, el 16 de diciembre, convocaron a esta dirección para participar de las negociaciones. Un par de meses después, en febrero de 2022, intentaron remover al director de este organismo de manera irregular. Esto originó la renuncia de la entonces viceministra de Transportes, Fabiola Caballero, quien en una carta denunció “copamiento laboral” en el sector y hasta la tildó de “agencia de empleos”.
Al final no pudieron sacar al jefe de la DGAC porque su cargo duraba cuatro años y sólo podía culminar si es que renunciaba, era vacado (en caso de muerte o incapacidad legal) o una resolución suprema debidamente motivada.
Pero dos semanas después, el 7 de marzo, a la DGAC le llegó un memorando donde sus pares de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) -la misma que los había invitado a las negociaciones en diciembre- les comunicaba que, sólo de ser necesario, requerirían su participación. Esto no ocurrió.
¿Qué pasó entre diciembre, que se invitó a las negociaciones a la DGAC, y marzo, en que se la excluyó? Todo apunta a la aparición de un abogado en escena, emisario de las más altas esferas del MTC, según nuestras fuentes: Álex Starost Gutierrez.
En enero de este año, Juan Silva contrató a Starost como asesor en el MTC. “Ni bien entra al ministerio, una de las misiones que le dio Juan Silva, así lo dijo textualmente en reuniones, era apoyar en el Trato Directo con LAP”, dice Fabiola Caballero. “En alguna de las reuniones, entró el señor Starost diciendo que él venía por encargo de la alta dirección. Cuando él aparece, la DGAC deja de ser convocada”, dice un funcionario que nos pide la reserva de su identidad.
Starost no era alguien desconocido para el gobierno de Pedro Castillo. A inicios de diciembre del año pasado, antes de que arranquen estas negociaciones con LAP, visitó seis veces Palacio de Gobierno para reunirse con el jefe de Estado. En dos de esas reuniones estuvo presente el entonces titular del MTC, Juan Silva, de acuerdo al registro de visitas del Estado. Según el mismo Starost, esas reuniones fueron a solicitud del propio Castillo para recibir una opinión técnica sobre mecanismos anticorrupción. Además, en varias apariciones públicas ha defendido a capa y espada al presidente de la República.
Ya fuera del ministerio, su última aparición pública fue hace unos días, como abogado del cuestionable Juan Silva, quien este miércoles se presentó ante la comisión de fiscalización del Congreso. A Silva se le investiga por integrar una presunta organización criminal que repartía obras del MTC.
Starost dice que su único “aporte” fue asesorar a las dos direcciones del MTC que integraban el equipo negociador. “Dentro del ministerio había una discusión de quién era el competente, en nombre del Estado, para el tratamiento directo con LAP. En ese momento la DGAC reconoció que era la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) la que debía pronunciarse. Que lo haya hecho bien o mal, ese es otro tema. Pero ese ha sido mi aporte, porque tengo que proteger la legalidad del proceso”, señala.
La norma, en efecto, establece que la DGPPT es la responsable de conducir las negociaciones. Pero eso no excluye que la Dirección de Aeronáutica Civil pueda participar del proceso. Por eso, invitarla y luego retirarla del mismo fue algo que llamó mucho la atención. “Sacaron a un importante negociador como lo era la DGAC […] Me llamó mucho la atención esta salida abrupta porque se supone que el Estado se debe a los usuarios y la calidad no debemos negociarla. La posición de este organismo era clara: no aprobaba la modificación propuesta por LAP. Eran una piedra en el zapato y se deshicieron de ellos”, sostiene Fabiola Caballero. En el Jorge Chávez, la polémica sigue alzando vuelo.
Nota del editor (14/06/2022): Luego de la publicación de este reportaje, LAP se comunicó con SUDACA para precisar lo siguiente: «En LAP en ningún momento hemos solicitado que la DGAC no participe de las reuniones con el MTC, es más, estuvieron presentes en 10 de las 14 reuniones y son ellos quienes deben pronunciarse sobre el Expediente de Diseño Conceptual entregado por LAP el viernes 27 de mayo. OSITRAN, por su parte, ha participado a solicitud de la DGAC como intérprete del Contrato de Concesión y ha definido que no hay ningún punto en él a interpretar. Deslindamos cualquier relación previa de la empresa con el señor Alex Starost, quien participó de algunas reuniones por parte del MTC y no tiene ni ha tenido ninguna relación con LAP. La empresa ha cumplido y sigue cumpliendo con todos los términos del Contrato de Concesión y con todas las normas de la ética y legalidad peruanas en beneficio de todos los peruanos».
Al respecto, creemos necesario señalar que en ninguna parte del reportaje se afirma (o siquiera se sugiere) que fue LAP la que se opuso a la presencia de la DGAC. Tampoco se señala que dicha empresa tenga o haya tenido vínculos con el abogado Alex Starost. Por el contrario, se consigna la versión del mismo señor Starost, quien afirma que participó en las reuniones como representante del MTC.
“Planeamos revisar las rutas de vuelo”, señala Mario Pinto, como uno de los objetivos del comité técnico que ha conformado LAP y que está funcionando desde principios del 2019. No tiene, sin embargo, una fecha estimada para los cambios. El representante de LAP también comentó que vienen desarrollando programas de salud en las áreas de influencia directa, pero dentro de las especialidades no está incluido el tema la audición.
Los vecinos no solo están preocupados por los ruidos de los aviones de hoy. También por la ampliación del aeropuerto, con la cual se espera recibir hasta 60 millones de pasajeros hasta el 2035. La obra representaría una solución para los viajeros que actualmente encuentran un aeropuerto desbordado, pero genera temor en los vecinos afectados por el sonido de los aviones. Los cerca de 240 vuelos por día -entre salidas y llegadas- que se registraron hasta fines del año pasado han impactado negativamente en su calidad de vida.
M.C. llegó a Lima, desde Bogotá, el 11 de enero en la aerolínea Viva Air. Viajó con su novio y asegura que ninguno de los dos ha recibido llamadas de seguimiento del Ministerio de Salud (Minsa) para verificar que están cumpliendo con su cuarentena. Hoy miércoles es su noveno día de confinamiento. Le quedan, teóricamente, cinco más.
Con Y.D. tampoco se ha comunicado aún el personal del Minsa. Ella arribó a Lima un día antes que M.C. desde La Florida, un estado que reportó más de 30.000 infectados el segundo día del año, según informó el New York Times. La segunda ola en Estados Unidos es gigantesca: solo dos días antes de su viaje, se contabilizaron más de 300.000 nuevos contagiados en ese país.
En un intento por dimensionar cuánto puede afectar al Perú el aumento de casos en el extranjero, Sudaca pidió a la Superintendencia Nacional de Migraciones el número de pasajeros que ingresaron al país vía aérea en lo que va de enero, así como las ciudades de origen de sus vuelos. La información, sin embargo, fue negada por la oficina de prensa. ¿La excusa? Que los datos −que normalmente sí son proporcionados como información periodística− son considerados sensibles en el contexto de la pandemia.
Pero la data ya publicada es, de todos modos, reveladora: según una nota de prensa del Minsa, 121.455 viajeros arribaron al país entre el 5 de octubre −cuando se reabrieron las fronteras aéreas para vuelos comerciales− y el 9 de diciembre. En ese periodo estuvo vigente un protocolo sanitario que estipulaba que el Minsa debía monitorear la aparición de síntomas que pudieran indicar casos positivos.
De ese monitoreo, apenas tres casos de Covid-19 fueron identificados por el Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), organismo del Minsa encargado de hacer el seguimiento a la cuarentena de los pasajeros internacionales. Tres entre más de 120.000 equivale a un insignificante 0.0024%.Ese resultado es engañoso.
Los números detrás de los números
Según el Minsa, de octubre a diciembre se realizaron 186.807 llamadas al grupo de 121.455 viajeros mencionado líneas arriba. Con una división simple, eso implicaría menos de dos llamadas por pasajero a lo largo de su cuarentena, cuando el monitoreo debería ser diario. Este medio solicitó una entrevista con un vocero del Minsa sobre el tema, pero tras varios intentos no obtuvo respuesta. También pidió en numerosas oportunidades una entrevista con el director del Centro de Epidemiología (CDC), sin éxito.
¿Qué tan eficiente fue el seguimiento para afirmar que la “Reanudación de vuelos internacionales no tuvo impacto en incremento de casos COVID-19 en el país”, como tituló el Minsa la nota de prensa donde publicaba estos números? De las mencionadas 186.807 llamadas realizadas por personal del CDC del Minsa, solo el 55.37% fueron efectivas (es decir, contestadas). Así, solo se logró establecer comunicación con el 63% de los pasajeros.
Con ese porcentaje de efectividad, se identificaron apenas 610 casos sospechosos. Sin embargo, solo al 22,39% −menos de un cuarto− de ellos se le tomó alguna prueba, ya sea la molecular o la de antígenos. Al 68.36% no se le tomó muestra por “diversos motivos”. El 8.85% de los casos sospechosos no respondió el teléfono tras varios intentos. Y no hubo mucho más que hacer con ellos.
Quizá lo más preocupante son las conclusiones erróneas −como la del titular de la nota de prensa del Minsa− a las que puede llevar una metodología mal diseñada, que no contempla una recopilación diaria de los síntomas. La médico epidemióloga de la Cayetano Heredia Larissa Otero afirma que solo luego de tener a los viajeros en constante vigilancia se podría concluir que no están siendo una fuente importante de transmisión, si es que muy pocos o ninguno desarrolló la Covid-19.
¿Sigue la coladera?
Desde el 4 de enero, el gobierno peruano exige una cuarentena obligatoria de 14 días para todos los viajeros que ingresen al país. ¿Cómo se le hace seguimiento? A través de escasas llamadas telefónicas con un bajo nivel de efectividad. Lo escaso e ineficiente de este proceso puede cotejarse con los testimonios de viajeros a los que ha entrevistado Sudaca, quienes arribaron pasada esa fecha. Algunos no han recibido ninguna llamada y, los que sí, aseguran que se trató de una o −en el mejor de los casos− dos.
“Eso es muy grave. Si efectivamente eso es real, es crítico, porque otra vez volvemos al tema de la responsabilidad individual”, opina Theresa Ochoa, médica infectóloga y profesora asociada de Epidemiología en la Universidad de Texas en Houston. “De nada nos sirven estas normas [cuarentena obligatoria para los viajeros] si el individuo no va a ser consciente de que sus acciones pueden tener una repercusión en general, para infectar a otras personas”, agrega.
“Creo que monitorizar los síntomas a diario es importantísimo”, dice Larissa Otero. También apunta que, por eficiencia de recursos, eso se podría hacer a través de una web o app a la que los viajeros estén obligados a reportar sus síntomas. Luego solo se llamaría a los que no cumplen con el monitoreo o que sí presentan algún síntoma y, como refuerzo, podría haber un contacto telefónico aleatorio con parte de los que cumplen con su reporte diario. “Esto debería usarse para viajeros y para contactos cercanos”, agrega. En el protocolo de octubre se estipulaba que los pasajeros deberían realizar un ‘autotriaje’ a través de un aplicativo del Minsa. Ninguno de los viajeros consultados por Sudaca fue informado de dicho aplicativo.
Este lunes, L.L. y su familia acabaron su confinamiento. Llegaron a Lima el mismo 4 de enero, cuando empezaba a regir la cuarentena obligatoria por dos semanas para los viajeros internacionales. Ella dice simplemente no entender cómo controlan la cuarentena, pues en su casa son tres los que viajaron y solo llamaron a su esposo y a su hijo en una oportunidad a cada uno. A ella, en ninguna.
Aunque las comparaciones son odiosas, en este caso pueden ayudar. Al igual que Perú, Chile también ha normado que los viajeros que ingresen al país deben realizar una cuarentena obligatoria. La diferencia es que el seguimiento chileno sí es diario: según estipula la normativa local, los viajeros reciben cada día un correo con una encuesta sobre su estado de salud y su ubicación, a la par de tres recordatorios de que deben llenarla como parte de su declaración jurada. Sudaca pudo confirmar, de acuerdo a experiencias de viajeros chilenos, que dichos mensajes y recordatorios llegan diariamente.
Los aeropuertos, focos infecciosos
“Recuerdo el caso de dos chicas: se hicieron pruebas el viernes en Estados Unidos, con resultados negativos. Viajaron el sábado. El martes las dos tenían pruebas positivas. Se infectaron o en el aeropuerto en Estados Unidos o en el avión o al llegar, no se sabe, pero se infectaron”, apunta el médico infectólogo Eduardo Gotuzzo. Aunque es algo que las aerolíneas preferirían no decir, el especialista considera que los aeropuertos sí son focos de contagio para personas que han dado negativo a las pruebas antes de tomar sus vuelos. Por norma, estas deben realizarse hasta 72 horas antes del viaje.
M.C. cuenta, por ejemplo, que cuando partió a Colombia, a fines del año pasado, no le exigieron usar protector facial. A los aeropuertos llegan personas que viajan a diferentes destinos, cada uno con sus propios protocolos. Antes de abordar, los viajeros deben compartir colas, procesos y salas de espera. Pero para M.C. los patios de comida son los lugares más riesgosos. Los viajeros se quitan la protección para comer, cerca de otros pasajeros. No escapa a este párrafo el Jorge Chávez.
Los pacientes demoran en promedio cinco días en manifestar sus síntomas, pero pueden contagiar a otros individuos desde antes, explica la infectóloga Theresa Ochoa. Un viajero podría creer, durante todo su trayecto, que no está infectado. Mientras en realidad está, además, contagiando a otros. Para saber si se estuvo o no frente a un viajero agente de contagio, la calidad del seguimiento de su cuarentena es clave. Es la única forma de conseguir un mapeo más acertado de los posibles infectados que llegan de otros países. Pero ya vimos que la calidad del seguimiento en el Perú no es muy útil.
Geolocalización: ¿real o no?
Al ingresar al país, M.C., Y.D. y L.L. llenaron y firmaron una Declaración Jurada de Salud y Autorización de Geolocalización de su celular. La declaración y la autorización aparecen en la web de Migraciones en un solo formulario. ¿Se realiza o no esa geolocalización para controlar que los pasajeros recién llegados no estén violando su cuarentena?
Fuentes del Minsa dijeron a Sudaca que la geolocalización no se efectúa. Las personas positivas a Covid-19, hayan sido identificadas en el Jorge Chávez o luego, sí tendrían un seguimiento diario, aseguraron las mismas fuentes, que pidieron anonimato por no tratarse de voceros oficiales o autorizados. Recordemos, sin embargo, que de octubre a diciembre solo se identificaron tres positivos entre más de 120.000 viajeros.
“Ahora con los sistemas electrónicos no debería ser tan difícil [implementar una vía de seguimiento a los viajeros]. Uno lo registra con el código de pasaporte o DNI, sus datos deberían entrar a una base [de datos], se registra su celular, lo compruebas en ese momento, y registras otros celulares de back-up“, sostiene Larissa Otero.
Los viajeros entrevistados por Sudaca tampoco recuerdan que el personal sanitario que verificó su declaración jurada al ingresar al país haya comprobado su número de celular. En su cuenta de Twitter, la periodista Alejandra Cruz llamó la atención, además, sobre la obligatoriedad de proporcionar un teléfono fijo, cuando muchos ya no tienen uno. “Creo que coloqué el de mi abuela”, dijo Y.D, por ejemplo.
A la deriva
Sin una recopilación diaria y sistemática de los síntomas de los viajeros internacionales, se deja a la deriva su seguimiento epidemiológico. La necesidad del Minsa de cambiar de metodología, a una que sí sea eficiente, es clara. Pero también hay otra urgencia: “insistir en la educación sanitaria para que seamos conscientes de cómo debemos actuar”, opinó la infectóloga Theresa Ochoa. Ella lo plantea como prioridad frente a la opción de volver a cerrar fronteras, por ejemplo. “Cualquier medida es imperfecta si la gente no cumple bien”, reflexiona su colega Eduardo Gotuzzo.
“Tenemos que apelar a ese sentido de la responsabilidad, es un sentido moral. Uno no quiere contagiar a otras personas. La gente dice: no va a pasar nada, prefiero que ya me dé Covid. ¿Pero de dónde creen que se contagiaron los que han muerto?”, cuestiona Larissa Otero.
El último viernes 8 de enero la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, confirmó la primera detección de una persona portadora de la variante británica del virus. Una persona que reside en Perú. Lo más probable es que la variante haya entrado por el aeropuerto. Con un seguimiento epidemiológico más eficiente de los viajeros internacionales, un mejor rastreo de los contactos portadores de esa variante habría sido posible.