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Es una terrible injusticia histórica y política que la izquierda radical -o en cualquiera de sus variantes- reaparezca con posibilidades ciertas para el escenario del 2026.

Porque ella fue socia o cómplice del corrupto, golpista y terriblemente ineficiente régimen de Pedro Castillo, que causó en poco tiempo la ruina del país y lo hubiera destruido si no fuera porque, ajochado por las investigaciones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su sentido de culpabilidad, quisiese patear el tablero el 7 de diciembre del 2022 (si Zoraida Ávalos hubiera conducido la Fiscalía de la Nación, hasta hoy estaría Castillo y con 80 “niños” destruyendo el país).

Ese lapso de gobierno fallido debiera haber servido para curar en salud a los peruanos que lo votaron y llevarlos a una reconvención de sus principios, pero lamentablemente eso no ha ocurrido así. La centroderecha cometió el gravísimo error de sostener el mandato de Dina Boluarte hasta el 2026 y con ello le ha dado oxígeno a la izquierda para salir de cuidados intensivos y presentarse -¡oh paradoja!- como opción nueva frente al electorado.

El Congreso adefesiero que tenemos, coludido con una mediocre gestión, como la de Boluarte, percibida como una coalición derechista por las mayorías, le ha servido de pólvora a los discursos radicales de Antauro Humala, Guido Bellido o Aníbal Torres, quienes se perfilan como las más potentes cartas de esa izquierda para los venideros comicios.

Si le sumamos la manutención de las condiciones sociales que explicaron el estallido electoral de Castillo, la absoluta desigualdad en los servicios de salud, educación, seguridad, infraestructura básica que existe entre la Lima acomodada y el resto del país, se entenderá por qué puede seguir prendiendo un discurso que, llevado a la práctica, ya demostró su inviabilidad.

Si se hubiese adelantado el proceso electoral, como inicialmente aprobó el Congreso, el país se hubiera volcado masivamente por alguna opción de centroderecha sensata y moderna -claro está, sin la fragmentación suicida que hoy muestra- y el país hoy estaría reconducido por la senda de las reformas que tanto se esperan. Perdimos una oportunidad histórica que ahora nos pasa factura al resucitar una seria amenaza al orden democrático y económico hasta hoy relativamente vigente.

–La del estribo: dos recomendaciones imperdibles. La primera, la notable película La piel más temida, de Joel Calero, que como parte de la saga estrenada en La última tarde, ahonda en los grises de los rezagos del conflicto armado interno. Actuaciones sobresalientes de Juana Burga y Luis Cáceres. La segunda, Maquillage, obra de hace más de 70 años, de Jorge Eduardo Eielson, como parte de los homenajes que se están efectuando en el país, por los cien años de su nacimiento. Va en el Británico solo hasta el 5 de mayo. Es una gran comedia, brillantemente protagonizada por un elenco actoral de primera. Entradas en Joinnus.

A las múltiples reformas que le corresponderá emprender al gobierno entrante -a éste no se le puede pedir ya nada, por su mediocridad rampante-, entre ellas la reforma del Estado, la de la salud y educación públicas, del proceso de regionalización, de la trama de instituciones pro inversión privada, etc., se deberá sumar, en primer orden, la reorganización completa del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Ambos poderes -ya no me sorprenderían más represalias por esta columna- están imbuidos de una degradación institucional terrible y profunda, cruzados por conflictos internos irresolubles y agitados por lógicas políticas que han desnaturalizado el inmenso poder del que gozan, el que, dicho sea de paso, deberá ser acotado.

Se ha intentado ya con anterioridad hacer reformas semejantes y todas han fracasado. Desde fuera y desde dentro. Habrá que repensar con paciencia y reflexión el mejor camino, pero la urgencia de hacerlo es irreversible.

Se suponía que la Junta Nacional de Justicia, que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, iba a lograr ello, pero ha fracasado en el intento, sumándose a la mediocridad y politización de los dos entes a su cargo. Se deberá repensar también cómo se conforma un nuevo órgano de control.

El sistema de justicia es vital para la democracia y para el libre mercado. Es, por ello, uno de los rasgos institucionales que rebaja nuestra calificación en todas las mediciones de libertad económica y calidad de la democracia que a nivel global se llevan a cabo.

Degrada la democracia tener un Ministerio Público politizado y arbitrario, afecta la institucionalidad tener un Poder Judicial venal e ineficiente, pervierte la libertad empresarial no tener previsibilidad respecto del modo como se imparte justicia en el país.

Desde ya, las diversas agrupaciones que aspiran a ocupar el poder el 2026 deberán ser interrogadas respecto de qué piensan hacer al respecto. No podemos conformarnos con candidatos carismáticos, disruptivos o sorpresivos. Se debe exigir hondura programática, claridad ejecutiva y presencia de equipos tecnocráticos calificados. Entre ellos, un equipo de juristas de primera nota que ofrezca un cambio urgente al desmadre de corrupción y abuso que reina en las dos instituciones mencionadas, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial.

Hemos venido diciendo con terca insistencia, que si la centroderecha liberal (que debe excluir a los partidos merca mafiosos del Congreso), no se une para las elecciones del 2026, le va a regalar el triunfo a la izquierda radical.

Pero hay otro riesgo que podría ocurrir si tal cosa no sucede: permitirle a Keiko Fujimori que pase una vez más a la segunda vuelta y sea por cuarta vez derrotada en esas elecciones.

Keiko Fujimori debe tener, con el upgrade del padre indultado, un 12 o 15% ya en el bolsillo. Si no se produce un aluvión por la izquierda radical -que la lleve a meter dos candidatos a la jornada definitoria-, la candidata de Fuerza Popular tiene asegurado su pase a la segunda vuelta.

Contra escenario de alto riesgo también cabe invocar sensatez en el resto de candidatos. Anderson, Añaños, Chiabra, Belaunde, Marisol Pérez Tello, etc., son lo más potable de la oferta electoral nueva que se aprecia. Están obligados éticamente a conversar y tratar de sacar adelante un proyecto común, que impida no solo la avalancha radical sino el retorno indeseado del fujimorismo a las instancias decisivas.

El keikismo se ha convertido, ya sin ambages, en un movimiento autoritario, conservador y mercantilista. Ha colapsado el centro liberal que alguna vez su padre encarnó. Las pocas luces de Keiko Fujimori hicieron que su labor congresal contra PPK frustrara su triunfo el 2021. Su bancada congresal está volviendo a hacer lo mismo, pero esta vez para el 2026.

Se necesita una opción plenamente liberal, que nos saque del atolladero económico, social y político en el que nos encontramos. Si accede al poder una opción de ese tipo, y dado su éxito, repite la jornada el 2031, en un decenio habremos dado vuelta a la página y retornado, con mejor institucionalidad, a la espiral de crecimiento de los primeros años de este milenio.

Un buen candidato, un conglomerado de partidos, y equipos tecnocráticos bien afiatados, son la fórmula a aplicar para aspirar a tener éxito y distinguirse del aventurerismo del resto. La extrema derecha y la extrema izquierda deben ser derrotadas en las elecciones que se avecinan.

–La del estribo: tres exposiciones artísticas imperdibles en estos días. Canto abierto. Homenaje a Jorge Eduardo Eielson, en el marco del centenario del poeta, escritor y artista plástico peruano. Va en el CCPUCP hasta el 12 de mayo. Ver por contacto. Fotogramas 2014-2024, de Roberto Huarcaya, en el ICPNA (acaba de inaugurar su muestra en la Bienal de Venecia). Va hasta el 23 de junio. Y la de Alejandro Alayza en Galería Fórum, que va hasta el 4 de mayo.

Me parece bien que no se le haya inhabilitado al exPremier, Aníbal Torres. La moción consideraba tan solo sus expresiones beligerantes como razón para dicha inhabilitación, lo cual hubiera constituido un despropósito democrático tremendo.

Otra cosa sería si el Poder Judicial finalmente determina que tuvo efectiva participación -como todo lo hace pensar- en el fallido golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo. En tal caso, la inhabilitación caería por su propio peso, pero en tanto ello no suceda, solo estamos, claramente, ante un intento antidemocrático de excluir candidatos que se considera riesgosos (una última encuesta de Ipsos lo coloca en lugar expectante).

Lo mismo sucede con el manido afán de algunos congresistas de reformar la Constitución para impedir que Antauro Humala pueda postular el 2026. También es claramente antidemocrático. La razón -señalan- es que su mensaje no se condice con los valores democráticos y que la democracia se debe defender. Pregunto: ¿deben prohibirse entonces todos los partidos comunistas? Eso no ocurre en ningún país desarrollado del mundo, a pesar de que claramente dichos partidos trastocarían el orden político vigente.

O, para medir con la misma vara, entonces que el fujimorismo también sea excluido de cualquier contienda electoral ya que tiene probada solera antidemocrática y riesgo latente de reeditar el autoritarismo de los 90.

Lo peor de todo es que semejantes actos de exclusión no tendrían ningún efecto práctico, como el que desean sus promotores. ¿Creen realmente que si excluyesen a personajes como Aníbal Torres o Antauro Humala, la izquierda radical desaparecerá del escenario electoral venidero? Claramente eso no va a ocurrir. Surgirán otros en su reemplazo. Hay una pulsión antiestablishment radical en el país, asentada sobre todo en el sur andino, que se va a expresar por los mencionados o por cualquiera que asome el rostro el 2026, por más exclusiones que la derecha congresal perpetre.

A la izquierda radical se le debe desterrar del país. Es un peligro para la economía de mercado y la institucionalidad democrática, pero se la debe derrotar en las calles y las urnas, no mediante leguleyadas que, además, fácilmente podrían ser revertidas en instancias legales, nacionales o supranacionales.

Se asoma un horizonte electoral de alto riesgo, pero por culpa, sobre todo, de la irresponsabilidad política del centro y la derecha. Que no pretendan zafar responsabilidades excluyendo adversarios inconstitucionalmente y destruyendo los parámetros electorales democráticos.