A las múltiples reformas que le corresponderá emprender al gobierno entrante -a éste no se le puede pedir ya nada, por su mediocridad rampante-, entre ellas la reforma del Estado, la de la salud y educación públicas, del proceso de regionalización, de la trama de instituciones pro inversión privada, etc., se deberá sumar, en primer orden, la reorganización completa del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Ambos poderes -ya no me sorprenderían más represalias por esta columna- están imbuidos de una degradación institucional terrible y profunda, cruzados por conflictos internos irresolubles y agitados por lógicas políticas que han desnaturalizado el inmenso poder del que gozan, el que, dicho sea de paso, deberá ser acotado.
Se ha intentado ya con anterioridad hacer reformas semejantes y todas han fracasado. Desde fuera y desde dentro. Habrá que repensar con paciencia y reflexión el mejor camino, pero la urgencia de hacerlo es irreversible.
Se suponía que la Junta Nacional de Justicia, que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, iba a lograr ello, pero ha fracasado en el intento, sumándose a la mediocridad y politización de los dos entes a su cargo. Se deberá repensar también cómo se conforma un nuevo órgano de control.
El sistema de justicia es vital para la democracia y para el libre mercado. Es, por ello, uno de los rasgos institucionales que rebaja nuestra calificación en todas las mediciones de libertad económica y calidad de la democracia que a nivel global se llevan a cabo.
Degrada la democracia tener un Ministerio Público politizado y arbitrario, afecta la institucionalidad tener un Poder Judicial venal e ineficiente, pervierte la libertad empresarial no tener previsibilidad respecto del modo como se imparte justicia en el país.
Desde ya, las diversas agrupaciones que aspiran a ocupar el poder el 2026 deberán ser interrogadas respecto de qué piensan hacer al respecto. No podemos conformarnos con candidatos carismáticos, disruptivos o sorpresivos. Se debe exigir hondura programática, claridad ejecutiva y presencia de equipos tecnocráticos calificados. Entre ellos, un equipo de juristas de primera nota que ofrezca un cambio urgente al desmadre de corrupción y abuso que reina en las dos instituciones mencionadas, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial.
