Pero nada de ello excluye la legítima defensa del Estado, con las armas que le permite la ley, para reponer la tranquilidad pública y salvaguardar la propiedad pública y privada que un sector de los que protestan se ha trazado como objetivo: sembrar el caos para desestabilizar al gobierno de Dina Boluarte y propiciar su caída, generando un vacío de poder que los lleve al soñado intento de marcar un derrotero constituyente.
El Estado y la democracia –que se ha logrado mantener incólume con una perfectamente legal sucesión constitucional-, se deben defender con todas las herramientas que las normas le permiten. Algunos miles de ciudadanos azuzados por lógicas políticas extremas o, lo que es peor, por mafias ilícitas empoderadas por el régimen anterior (particularmente, la minería ilegal y el narcotráfico) no pueden poner en jaque el orden constitucional.
