Me parece bien que no se le haya inhabilitado al exPremier, Aníbal Torres. La moción consideraba tan solo sus expresiones beligerantes como razón para dicha inhabilitación, lo cual hubiera constituido un despropósito democrático tremendo.
Otra cosa sería si el Poder Judicial finalmente determina que tuvo efectiva participación -como todo lo hace pensar- en el fallido golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo. En tal caso, la inhabilitación caería por su propio peso, pero en tanto ello no suceda, solo estamos, claramente, ante un intento antidemocrático de excluir candidatos que se considera riesgosos (una última encuesta de Ipsos lo coloca en lugar expectante).
Lo mismo sucede con el manido afán de algunos congresistas de reformar la Constitución para impedir que Antauro Humala pueda postular el 2026. También es claramente antidemocrático. La razón -señalan- es que su mensaje no se condice con los valores democráticos y que la democracia se debe defender. Pregunto: ¿deben prohibirse entonces todos los partidos comunistas? Eso no ocurre en ningún país desarrollado del mundo, a pesar de que claramente dichos partidos trastocarían el orden político vigente.
O, para medir con la misma vara, entonces que el fujimorismo también sea excluido de cualquier contienda electoral ya que tiene probada solera antidemocrática y riesgo latente de reeditar el autoritarismo de los 90.
Lo peor de todo es que semejantes actos de exclusión no tendrían ningún efecto práctico, como el que desean sus promotores. ¿Creen realmente que si excluyesen a personajes como Aníbal Torres o Antauro Humala, la izquierda radical desaparecerá del escenario electoral venidero? Claramente eso no va a ocurrir. Surgirán otros en su reemplazo. Hay una pulsión antiestablishment radical en el país, asentada sobre todo en el sur andino, que se va a expresar por los mencionados o por cualquiera que asome el rostro el 2026, por más exclusiones que la derecha congresal perpetre.
A la izquierda radical se le debe desterrar del país. Es un peligro para la economía de mercado y la institucionalidad democrática, pero se la debe derrotar en las calles y las urnas, no mediante leguleyadas que, además, fácilmente podrían ser revertidas en instancias legales, nacionales o supranacionales.
Se asoma un horizonte electoral de alto riesgo, pero por culpa, sobre todo, de la irresponsabilidad política del centro y la derecha. Que no pretendan zafar responsabilidades excluyendo adversarios inconstitucionalmente y destruyendo los parámetros electorales democráticos.
