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No sé qué es peor en términos socioculturales, si la autocensura de la Pontificia Universidad Católica del Perú respecto de una obra de teatro que trataba con irreverencia la figura de la virgen María, o si la vuelta de la estatua de Pizarro a un lugar prominente en la ciudad, a despecho de la orgía de violencia y saqueo que tuvo para la población indígena de estos territorios la llegada de los conquistadores españoles.

La PUCP ha cometido un grosero error, llevada por el temor a la reacción furibunda de la derecha conservadora y les ha dado un mensaje terrible a sus propios alumnos, al hacerles saber que el arte tiene parámetros religiosos que debe cumplir si quiere estar en caja. El festival “Saliendo de la caja” ya nunca más será el mismo luego de este acto de pusilanimidad mostrado.

Y Pizarro, el iniciador de la tragedia apocalíptica que supuso para las masas indígenas la llegada de los españoles, ha vuelto por sus fueros gracias al hispanismo iletrado del alcalde de Lima, que hace suyas tesis hispanistas que por estos días la ultraderecha ha insistido también en subrayar. El mestizaje que tanto se pondera no nació de armoniosas relaciones consentidas entre blancos e indios sino que fue producto de la violación y esclavitud sexual de las indias a sus conquistadores. Ello no merece ponderación ni rescate sino superación. Es inevitable nuestra condición de país mestizo, pero deberá asumirse bajo la contrición de un pecado original que nunca debió ser reivindicado como hecho cultural positivo.

¿Es cierto que después, con la República, el indio mereció peor suerte? Sí, he allí, pues, la herencia colonial, que aun hasta nuestros días cargamos encima y que es menester superar. Y ello no se logrará con gestos simbólicos retrógrados, como devolver la estatua del iniciador del proceso de conquista a un sitial que no merece.

Felizmente, en algo compensa estos trastes, la decisión del Vaticano de disolver el Sodalicio de Vida Cristiana, una orden religiosa preñada de denuncias de abuso sexual y psicológico por parte de la mayoría de sus fundadores. Tarde ha llegado la reacción del Vaticano, pero ha llegado y solo queda confirmar que la información se haga oficial. Un duro golpe a las huestes reaccionarias del país que la justicia demandaba. Una buena noticia en medio de una semana cargada de avances culturales de la derecha ultramontana.

–La del estribo: muy placenteras y recomendables dos obras de la premio Nobel coreana, Han Kang: La vegetariana y La clase de griego. Literatura fácil en términos narrativos, pero honda en su densidad psicológica. Y sigue llegando buen teatro. A ver La Cena, obra dirigida por María Dalidou, basada en la obra de Herman Koch. Va en el entrañable teatro Ricardo Blume del 24 de enero al 2 de marzo. Entradas en Teleticket.

Estamos ante una segunda ola de criminalidad en el país. El número de ataques, extorsiones, sicariato, asaltos, etc., ha aumentado exponencialmente con el inicio del año. La diferencia respecto de la primera ola es que esta vez el gobierno ya no atina a hacer nada al respecto, rindiéndose frente al problema y dejando a los ciudadanos de a pie a merced del crimen.

Con anterioridad se decretaron inútiles estados de emergencia, se cayó en el populismo penal, se mostraron grandilocuentes gestos de inversión en el sector Interior, se plantearon reorganizaciones fallidas. Esta vez, ni eso, simplemente no hay respuesta alguna.

Mientras ello ocurre, la presidenta y el titular del Interior pierden su tiempo en frivolidades o en defenderse de las acusaciones en su contra, sin que les importe ya un pepino resolver un problema gravísimo, el mayor ataque a la seguridad nacional después del conflicto armado interno que nos enfrentó a Sendero Luminoso y el MRTA.

De por sí, ello debería bastar para que se declare la vacancia presidencial y el Congreso, aun desprestigiado como está, designe a alguien cuya única misión, además de convocar elecciones, sea afrontar con genuina preocupación el problema de la inseguridad, que nos está corroyendo la entraña ciudadana y que amenaza con distorsionar las elecciones del 2026.

El efecto de la inseguridad será como el de la pandemia. Afectará los ánimos del votante, harto de la situación y conducido a votar por opciones radicales autoritarias, así como la pandemia y el desnudamiento de la inoperancia del Estado llevó a votar por un candidato antisistema como Pedro Castillo.

Allí radica la principal responsabilidad de la mediocridad de este gobierno, seducido por los oropeles del poder, sin afán alguno por utilizarlo para mejorar la vida de los ciudadanos, y que va a dejarnos como herencia un país incendiado, desesperado, con la psicología electoral alterada, distorsionada al punto de que la moderación política será desbordada por esa situación psicosocial.

No es tarde para hacer algo. Este gobierno no lo va ni a intentar. El Congreso tiene en sus manos la posibilidad de romper esa inercia y buscar una solución, así sea solo a este problema.

Dado que es inviable que se establezcan pactos entre agrupaciones políticas de centroderecha y que se evite la fragmentación de partidos de esa laya ideológica, propongo una suerte de primarias entre todas las colectividades y de esa manera llegar al 2026 con uno o dos partidos de ese perfil.

Bastaría un acuerdo simple: que se contrate, de consenso, una encuestadora (si no les gusta o les da confianza ninguna local, que se contrate una extranjera) y que en setiembre de este año, se determine quién tiene más posibilidades y a éste lo apoyan todos, renunciando a sus propias ambiciones presidenciales.

De esta manera se empezaría desde ya con la campaña preelectoral, no se esperaría a diciembre para comenzarla, de persistir lo cual van a llegar todos a abril del 2026 con 1 o 2% de intención de voto y nadie renunciará pensando que la lotería electoral les podrá sonreír en la jornada final, cuando lo que va a suceder en ese caso, es que van pasar dos partidos de izquierda radical o, en el mejor de los casos, uno de ese perfil contra el fujimorismo.

La centroderecha no parece ser consciente de que si no establecen pactos van a llegar con porcentajes mínimos y se van a canibalizar el bolsón electoral que las encuestas le otorgan. Al final, van a perder todos.

Todo está dado para que sean dos candidatos de izquierda radical los que disputen la segunda vuelta el 2026. Si la centroderecha lo quiere evitar, tiene que realizar actos extraordinarios de desprendimiento político. Una idea es la propuesta referida, que tiene, además, una ventaja, que obligaría a los candidatos del sector a empezar ya su campaña, que el principal problema que tienen los candidatos de centroderecha actualmente es que no los conoce nadie y no tienen cerros (el único que tiene llegada a ese sector a la fecha es Rafael López Aliaga).

Serían una suerte de primarias entre los candidatos de centroderecha, que descartaría a varios de ellos y les brindaría la posibilidad de aportar cuadros parlamentarios. Consolidaría una candidatura con posibilidades reales, con respaldo de las encuestas, y permitiría construir una opción plural, potente, con cuadros políticos afiatados, para así ofrecer al electorado una opción atractiva.

El tribunal a cargo del juicio del caso Cocteles, decidió anular todo lo avanzado y dispuso retrotraer lo actuado a la etapa anterior; el control de acusación.

El Juzgado determinó que hubo irregularidades y consideró que el Ministerio Público y el juez de investigación preparatoria han viciado el juicio y “vulneraron el principio de congruencia procesal, el derecho a la defensa, el derecho a la imputación concreta y el debido proceso”.

Ya con anterioridad el juez Víctor Zúñiga advirtió al fiscal Pérez de serias inconsistencias que debía corregir y éste no lo hizo, a pesar de lo cual el juez, con poca solvencia profesional, las pasó por alto y ayer el colegiado les jaló las orejas a ambos.

El caso, en principio, no tiene ni pies ni cabeza. El núcleo de la acusación, más allá del ropaje de organización criminal con el que se ha revestido para darle mayor gravedad, es el de lavado de activos. Y salta a la vista que es imposible acusar de origen ilícito a los aportes de campaña de empresas diversas, entre ellas, Odebrecht, a la candidatura de Keiko Fujimori.

El caso se cae a pedazos, pero entre tanto, es menester que el fiscal Pérez y el juez Zúñiga sean removidos de sus puestos porque han demostrado venalidad y subordinación a sus particulares ojerizas ideológicas, antes que al debido proceso y las cautelas judiciales mínimas.

La Fiscalía ha funcionado como una máquina trituradora de honras y ha causado serios perjuicios a centenares de imputados. Véase el caso del Eficcop y, por ejemplo, la imputación en mi contra: se me incluye en una investigación por organización criminal por haber publicado tres informes, dos de ellos en contra de Marita Barreto, y ella se venga incluyéndome en un proceso que ha tenido consecuencias personales graves al perder trabajos, ver suspendidos proyectos y gastar enorme cantidad de tiempo y dinero en mi defensa, a sabiendas de que el caso se va a caer pronto porque no tiene ni pies ni cabeza (es más, el fiscal a  cargo ahora del proceso debería revisar el expediente y proceder a rectificar la imputación).

Delia Espinoza se está quedando corta con la reorganización del Ministerio Público y en algunos casos está dando pasos equivocados. Tiene que cortar de raíz el proceso de degradación institucional en el que ha caído la institución que hoy preside y que ha vuelto a saltar a la vista de la ciudadanía con lo ocurrido en el caso Cocteles.