La derecha, sobre todo, dada la aguada constitución del centro en el Perú, tiene la oportunidad de retomar el protagonismo político, aunque va a depender, en mucho, de que la gestión de López Aliaga como burgomaestre de Lima sea buena y no un desastre. Si el líder de Renovación Popular logra cumplir con un porcentaje importante de sus promesas, y él mismo no se presenta el 2026, allanará el camino para que se afiancen candidaturas derechistas más potables y con menos anticuerpos (hay que subrayar que RLA ha ganado con el porcentaje de votos más bajo de la historia electoral edil de la capital).
Otro nombre que resalta en la lista es el de Maria Payet Bedoya, nieta del fundador del PPC y actual regidora de Lima por ese partido. En 2019, Payet presidió la comisión que investigaba las concesiones de la Línea Amarilla y de Rutas de Lima, que habían hecho las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán. Los casos se vienen ventilando en el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía. “No hallaron nada. Esa comisión, prácticamente, ha sido un cero a la izquierda”, asegura el regidor Víctor Aguilar, de Podemos Perú.
Maria Payet Bedoya fue elegida como regidora este periodo con el PPC. Ahora va con Renovación Popular (foto: Facebook)
En las conclusiones del informe final, por ejemplo, la comisión atribuyó la responsabilidad en el caso de Línea Amarilla solo a los exalcaldes, cuando hay más personas involucradas. Vale la pena recordar que un ferviente defensor de la concesión de la Línea Amarilla a favor de la empresa brasileña OAS fue el mismísimo López Aliaga, cuando era regidor de Lima. De acuerdo a un acta de sesión de Concejo de junio de 2009, cinco meses antes de que se firmara el contrato, este insistió en lo beneficioso que sería que esta empresa contrate con la Municipalidad: “es una muestra de confianza muy grande a nuestro país. Estamos hablando de inversiones con recuperación de la inversión de capital al año 7-20, sin garantías auxiliares”, sostuvo en su intervención, convencido de que la actitud de la empresa era desinteresada. “Parece un trabajo honesto”, añadió.
Paradójicamente, la regidora Payet no solo siguió el caso Lava Jato desde la municipalidad; también está siendo investigada dentro del mismo. Desde hace tres meses, la Fiscalía la ha incluido en la investigación preliminar por el caso del proyecto Olmos, junto a más exfuncionarios como Yehude Simon. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, ella fue asesora legal en Proinversión, el organismo adscrito al MEF que evaluó y licitó los proyectos investigados.
“Han incluido a la mayoría de gente que ha trabajado en proyectos que ganaron estas empresas constructoras. Yo no era una persona importante, era una asesora legal más, solamente recomendaba. Si alguien ha tenido que ver, ha tenido que ser de un nivel más alto, como el presidente”, se defiende Payet cuando le consultamos por este tema.
‘LA RESISTENCIA’
Más allá de los líos judiciales y extrajudiciales, la lista de aspirantes a regidores está marcada por el ADN conservador del líder del partido. Hasta el extremo de simpatizar con grupos violentistas. La número 12 de la lista, Ahura Rocha Salazar, por ejemplo, quien fue regidora en 2003 por Solidaridad Nacional. Ella ha compartido en sus redes sociales los plantones y marchas protagonizadas por el violento grupo ‘La Resistencia’.
Una de las publicaciones compartidas por la candidata Rocha simpatizando con La Resistencia
Giuliana Calambrogio Correa, número 14 de la lista, es otra ardorosa defensora de posiciones ultraconservadoras. En sus redes sociales ha llegado a referirse sobre una mujer trans como “un hombre disfrazado y confundido” y ha compartido fake news, como la historia de un supuesto restaurante que ofrece en su menú embriones humanos. Ella ha sido vocera del colectivo ‘Padres en Acción’, presidenta de la ‘Asociación Peruana de Familias Numerosas’ e integrante del colectivo ‘Peruanos por la igualdad’, que se opone a la implementación del enfoque de género en la currícula escolar.
Dos tuits de Calambrogio en los que insiste que las personas trans son personas con ‘disforia de género
Estos son algunos de los nombres que integran la lista de Renovación Popular rumbo a los comicios municipales de este año. A juzgar por esta lista, la renovación es solo de nombre.
Una primera traba le ha aparecido a los partidos políticos en la carrera por hacerse de alcaldías y gobiernos regionales. Según el cronograma electoral, todo el que quisiera candidatear tenía hasta el 5 de enero para afiliarse a alguna agrupación. Los partidos eran responsables de tramitar las inscripciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La autoridad electoral, sin embargo, hizo un cambio en las reglas de juego el año pasado que pasó desapercibido.
El JNE dispuso, por primera vez, que las fichas de afiliados se entreguen en mesa de partes en una sola tanda y ya no en múltiples ingresos, como lo venían haciendo varias organizaciones políticas. El 26 de noviembre se publicó la resolución que lo oficializaba en El Peruano, pero varias organizaciones no advirtieron el anuncio y hoy acusan falta de publicidad. Lo cierto es que al menos 25.000 fichas de afiliación de más de 40 partidos se han quedado fuera de los comicios. El asunto ha generado rápidas reacciones en el Congreso, que ya tiene propuestas legislativas en la puerta del horno.
LAS DEVOLUCIONES
“En mesa de partes te atendían y no te decían que ya no podías entregar más, que todo debía ser en un solo momento”, indica José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral que representó a dos organizaciones políticas durante su proceso de apelación: el Movimiento Agua de Huancavelica y el Frente de la Esperanza.
En el caso del Frente de la Esperanza, se presentaron más de 6.000 fichas en un mismo día, pero en tres entregas. En su primera cita, el personero dejó dos cajas; y por la tarde, una tercera. Seis días después, el JNE informó que solo iban a aceptar la primera caja (la ‘primera entrega’) y que 4.327 fichas de afiliación iban a ser devueltas.
“La sanción [se refiere a la devolución de las fichas] que han aplicado no es razonable, se afecta la participación política de miles de ciudadanos porque un partido o movimiento presentó sus papeles en conjunto o separado, pero nunca lo hicieron fuera del plazo, que era el 5 de enero”, asegura Villalobos.
Hasta el 19 de febrero, el pleno del JNE ha declarado infundadas, en última y definitiva instancia, 14 apelaciones de los partidos respecto a este tema. A través de los fallos sobre estos casos que han sido publicados en El Peruano, Sudaca contabilizó que hasta la fecha se han devuelto al menos 25.000 fichas de afiliados.
«Fuente: Resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano por el JNE. Elaboración propia»
Uno de los partidos más afectados es Alianza para el Progreso (APP). Luis Valdez, secretario general del partido, calcula que al menos 10.000 fichas presentadas por su agrupación han sido devueltas. “Eso es antidemocrático. Son militantes de todo el Perú, de Loreto, Pasco, Puno, Ayacucho, Cusco, Moquegua y de todas las regiones”, refirió. En su opinión, el JNE está restringiendo la ley.
Villalobos asegura que varios partidos han presentado acciones de amparo. Sin embargo, para cuando estas se resuelvan, lo más probable es que ya haya pasado la etapa de verificación -que termina el 28 de febrero- y el hecho esté consumado.
En respuesta a una consulta de Sudaca, el JNE dice que el área de Servicios al Ciudadano funciona como una mesa de partes que recibe todos los documentos que presentan los ciudadanos, y que es otra unidad la que analiza si las fichas son válidas o no. Es decir, le pasa la pelota al ROP. “Corresponde a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas [ROP] evaluar la viabilidad o no de los padrones presentados”, indican.
LAS PRESIONES DEL CONGRESO
José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, asegura que al tratarse de una resolución que reglamenta el procedimiento de entrega de fichas, la medida debió ser prepublicada. “Los reglamentos electorales se prepublican para conocimiento de los ciudadanos para que envíen sus observaciones. Como especialistas también damos opiniones, pero en el caso de la resolución del JNE, no la prepublicaron”, apunta.
El tema ha desatado rápidas reacciones de los partidos con curules en el Congreso. Como principal agraviado, APP ha interpuesto una demanda constitucional para que el Poder Judicial vea el tema. Pero a través de su bancada en el Congreso también vienen planeando una salida.
Tras confirmarse la decisión del JNE negando las apelaciones, el congresista de APP Eduardo Salhuana presentó el proyecto de ley 1227/2021-CR, que propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas. En el artículo correspondiente al padrón de afiliados, se incorporaría lo siguiente: “las organizaciones políticas podrán presentar su padrón de afiliados mediante entregas totales o parciales”.
Le consultamos si esto no le parecía una ley “con nombre propio”, que beneficia directamente a su partido. “Es una manera de interpretar las cosas, pero nuestro punto de vista es que el Congreso dio una ley en octubre del año pasado y en esa ley se estableció el plazo máximo. En esa ley no se estableció ninguna exigencia adicional o requisito”, señala.
A los pocos días, el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, también presentó otra iniciativa. El proyecto de ley 1271/2021-CR apunta a interpretar el numeral 4 de la Ley N° 31357, aprobada el año pasado para regular las elecciones, bajo los siguientes términos:
“Interprétese que la presentación de los padrones de afiliados para las Elecciones Regionales y Municipales de 2022 (ERM 2022), que hayan sido presentados por las organizaciones políticas hasta el 5 de enero de 2022, aun cuando no hubiese sido en conjunto ni en un solo momento, son válidos y deben ser admitidos e inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP)”.
Ambos proyectos se estaban debatiendo en la comisión de Constitución del Congreso y fueron rechazados por los organismos electorales. Pero los congresistas han insistido. El 15 de febrero los portavoces de Alianza por el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre, Avanza País y Acción Popular firmaron un acta para exonerar el Proyecto de Ley 1271/2021 del congresista Muñante del dictamen en la comisión de Constitución, ante la proximidad del cierre de la presente legislatura, el 28 de febrero.
En sesión extraordinaria de este grupo de trabajo, realizada el viernes 11 de febrero, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, ya se había mostrado en contra de los dos proyectos. “Se pretende aprobar una ley para aplicarla a hechos o situaciones que ya han sido materia de pronunciamiento en el curso de un procedimiento regular ante el JNE”, indicó sobre el proyecto de ley de Salhuana. Agregó que se estaría vulnerando el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución, sobre el principio de la independencia en la función jurisdiccional.
Respecto al segundo proyecto de ley, el de Muñante, advirtió que este podía ir en contra de la intangibilidad del proceso electoral, el principio que impide hacer cambios en medio de la carrera. “La intangibilidad no es una intención del jurado, ni un capricho del jurado, es una norma de un rango muy alto que todos debemos conservar”, aseguró. Los titulares de la ONPE, Piero Corvetto, y de RENIEC, Carmen Velarde, también mostraron su preocupación de que las iniciativas pudieran poner en riesgo el calendario electoral previamente establecido.
“El JNE dice que estaríamos afectando su autonomía. Ellos son los que han limitado con una resolución, que es una norma de inferior categoría a una ley ordinaria, [ellos] son los que han puesto una exigencia que no existía en la ley, ellos han creado el problema”, argumenta el congresista Salhuana.
En su presentación ante el Congreso, Salas Arenas sostuvo que la resolución del JNE solamente ha ordenado el proceso con el fin de evitar demasiadas interacciones presenciales, en un momento en el que se esperaba la llegada de una tercera ola de la pandemia.
Pero para José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, la norma es un error del JNE porque no va de la mano con la realidad. Y es que, según explica, para una organización con 20.000 o 30.000 afiliados, lo más práctico es entregar los padrones de a pocos.
“Peor aún, pudiendo corregir eso cuando se dieron los casos, mantienen su postura, generando este problema. Y, sobre todo, activa al Congreso para que se meta a sacar esta norma interpretativa, que, dicho sea de paso, es una ley a la medida y ‘express’ para determinados partidos políticos”, precisa.
Agrega que es de esperar que la norma resultante se apruebe rápidamente, pues todos los partidos tienen contactos con movimientos regionales y existe el antecedente de la Ley N° 31357, aprobada en octubre del año pasado, donde todos los frentes políticos se pusieron de acuerdo muy rápido. Hasta el momento, así está ocurriendo.
Gran parte de la desastrosa provisión de servicios públicos y el pobrísimo nivel de calidad de vida que sufrimos los peruanos, se debe a la mediocre o corrupta gestión de los gobiernos regionales y, especialmente, municipales.
Los gobernadores o alcaldes llegan al poder, en una gran proporción, a enriquecerse, y distraen los ingentes recursos con los que cuentan hacia sus bolsillos y de sus allegados, dejando en segundo plano la inversión pública en infraestructura y servicios que la ciudadanía espera.
Es hora, por ello, de mejorar nuestro voto y no dejarse llevar por olas de arrastre o modas del momento. Hay que auscultar al máximo a los postulantes a los cargos públicos señalados. A esa tarea se va a abocar Sudaca, de acá hasta octubre, fecha de las elecciones, espulgando candidatos e informando al ciudadano para que vote a conciencia.
Así, hemos publicado ya sendos informes respecto de dos precandidatos ediles, uno a la alcaldía de La Molina por Renovación Popular, Diego Uceda, quien afronta una situación de incumplimiento respecto de una deuda por pensión alimenticia de una hijo extramatrimonial, y otro, el exalcalde de Jesús María, Enrique Ocrospoma, precandidato de Avanza País, quien es investigado por la Fiscalía, en base a un informe policial, por presunto lavado de activos ocurrido a raíz de su gestión como alcalde, tangible por la adquisición de inmuebles más allá de sus posibilidades contables por sus ingresos como autoridad edil.
Puntualmente, la pregunta correspondiente es si el vecino de ambos distritos puede votar con la conciencia tranquila por los candidatos mencionados. Por lo menos, alguna suspicacia mínima debiera existir respecto de las calidades morales y capacidades efectivas de los dos personajes de marras para ejercer luego, con probidad y eficacia, el cargo para el que piensan postular.
Si no toman en cuenta tales atingencias, después que los vecinos no se quejen de malas gestiones o actos de corrupción. Se necesita autoridades absolutamente inmaculadas respecto de su conducta personal o su paso por el Estado en el pasado. Ya es hora de romper las cadenas de ineficiencia e inmoralidad que campean en el organigrama estatal. Depende de nuestros votos evitar que ello se haga realidad.
El derrame de petróleo de Repsol-La Pampilla por oleaje que la Marina no advirtió. ¿Es el fin de SERVIR? ¡Y hablamos de uno de los problemas de Lima en su aniversario!
La carrera política de César Combina ha estado marcada por un verbo: abandonar. Forzadamente, a veces, como cuando lo ‘desfederaron’ en la PUCP; o por voluntad propia, como la vez que dejó el proyecto de APP con el que se pensaba que llegaría a ser gobernador regional. “No hay un caso como el de César Combina, por el que se haga tanto trabajo para que después termine en otro lugar”, dice José Miguel Álvarez, quien fue parte de esa última aventura en Junín.
Su paso por la política se caracteriza por el cambio de camisetas a granel: primero fue el PPC, luego el fujimorismo y más tarde un movimiento regional que llevaba su apellido. El 2020 llegó al Parlamento con Alianza para el Progreso (APP) y ahora ha vuelto a recalar en tienda naranja. A todo eso habría que agregarle la fundación de un partido de derecha en su época estudiantil y, según documentos y testigos, su incursión en un movimiento universitario llamado Falange Reformista.
Para este perfil Sudaca entrevistó a excompañeros y rivales políticos de Combina, quienes en los últimos 19 años han sido testigos de ese sistemático tránsito entre agrupaciones, de las que casi siempre sale peleado. El hoy precandidato de Fuerza Popular para Lima Metropolitana también responde.
LA VERDAD DE LA RENUNCIA
Combina ha dicho recientemente que la primera vez que dejó el fujimorismo lo hizo por su rechazo a Joaquín Ramírez. “Yo fui uno de los más duros que se enfrentó a él [Ramírez] a la interna y, por lo tanto, tomé la decisión de no afiliarme a Fuerza Popular, pese a la invitación de esta agrupación”, declaró sobre su salida de Fuerza Popular de hace 7 años. Había llegado como invitado. En esa época, Ramírez, embarrado por investigaciones fiscales y periodísticas, era secretario general del partido.
Los archivos y los testimonios apuntan, sin embargo, en otra dirección: Combina era mal visto por varios dirigentes fujimoristas de Junín. “Lo conocían apenas en la selva de esa región, donde tiene una casa, pero no en la capital, Huancayo”, cuenta César Merea, exalcalde fujimorista de la provincia de Satipo. “Él no vivía en Junín, venía esporádicamente”, aclara José Miguel Álvarez, actual consejero regional.
Cuando César Combina llegó allí, en el 2014, faltaba poco para las elecciones municipales. Él era la ficha para ganar el cargo de gobernador, pero quedó cuarto. “Nosotros teníamos un candidato regional y, de la noche a la mañana, el comité ejecutivo decidió que el señor Combina sea quien vaya a la gobernación. Hasta cierto punto lo veíamos con desconfianza y una actitud que yo no compartí”, dice Merea.
Luego de los comicios, quedó como coordinador regional del partido. Pero no pasó mucho tiempo para que su relación con los militantes se rompiera definitivamente. El 19 de junio del 2015, el diario ‘Primicia’ sacó una nota titulada “César Combina llamó ‘regordeta y retardada’ a Keiko Fujimori”. La nota decía: “Indignación se vive en un sector del fujimorismo en Junín tras conocerse que el excandidato a la presidencia regional calificó de regordeta y retardada a Keiko Fujimori, además de otros calificativos y cuestionamientos que aparecieron publicados en su blog de internet ‘La Combi de Combina’”.
Nota del diario Primicia del 2015, que da cuenta de las acusaciones contra César Combina de parte de un sector del fujimorismo.
“Se puede leer por ejemplo: ‘¿por qué no a la regordeta? Pues porque no está preparada y la gente que la acompaña es de la peor calaña. Imaginen a una retardada de presidente, que lo único que sabe decir es besho abasho, con un séquito de chupasangres’”, reseña el informe periodístico.
La nota cita también a Augusto Lara Pérez, entonces secretario del comité provincial de FP en Huancayo, quien detalló que los calificativos fueron publicados seis años antes, en el 2009. Dijo que la verdadera intención de Combina era “infiltrarse en el fujimorismo para promover la división y el caos partidario”.
El blog había nacido en medio de una crispada situación al interior de la Universidad Católica (PUCP), donde César Combina hizo sus pininos políticos. Y un excompañero de aulas, cuya identidad mantendremos en reserva, comenta acerca del antifujimorismo de Combina como estudiante. “Cuando inició su carrera política, tenía una postura bastante crítica al fujimorismo, lo que era natural en la universidad. Además, en esa época militaba en el PPC, que por aquellos años confrontaba al fujimorismo”, cuenta.
César Combina niega haberse referido a su lideresa en esos términos y dice que nunca se identificó como “antifujimorista”. La nota periodística ocasionó, de todos modos, que los secretarios provinciales exijan la inmediata destitución de Combina como coordinador regional.
Esa semana de junio del 2015, Correo informó de una carta firmada por el secretario provincial de Chanchamayo, Marino Aroni Calderón. “Respaldan la solicitud 5.289 firmas recolectadas en Chanchamayo. Según el documento Combina viene ‘fomentando el divisionismo y la anarquía conformando coordinaciones provinciales y distritales paralelas a las ya existentes’”, se lee en la nota del diario.
César Combina dice que detrás de aquellos esfuerzos por castigarlo estaba Joaquín Ramírez. “Las pugnas empiezan con un sector de la región Junín vinculado a Joaquín Ramírez y Alas Peruanas, que funcionaba en Huancayo. Pensaban que yo iba a ser precandidato al Congreso. Pero yo había decidido no lanzarme para permitir que los dirigentes participen en ese proceso”, se defiende Combina.
“Aroni, que era gerente municipal de Chanchamayo, presentó firmas. Pero los firmantes no eran representantes de Fuerza Popular, era un padrón de beneficiarios de la municipalidad [donde Aroni trabajaba]”, añade.
En agosto, la cúpula fujimorista le bajó el dedo y lo removió de su cargo de coordinador. Sin protagonismo y enfrascado en peleas internas, un mes después Combina anunció que no seguiría el partido. Dijo que Joaquín Ramírez había “empoderado a personajes nefastos en cargos dirigenciales en Junín”.
-¿No sabía que ya, desde el 2014, la Procuraduría tenía en la mira a Joaquín Ramírez?- le preguntamos.
-Yo acepté [ser invitado a FP] porque en la provincia de Chanchamayo, mi provincia, tres alcaldes eran de Fuerza Popular. Fueron ellos los que me invitaron. Durante toda la campaña [del 2014 al gobierno regional] no tuve contacto con Joaquín Ramírez. Sí lo tuvo el candidato de Pasco, por ejemplo.
-Pero usted no necesitaba mayor contacto para saber que Joaquín Ramírez era de la cúpula de Fujimori.
-Sí, pero no tenía mayor información sobre él. Fue recién el 2015, cuando fui coordinador, que empecé a tener reuniones orgánicas y tuvimos roces con él sobre su visión.
Combina le echa la culpa a Joaquín Ramírez de los pedidos para que lo destituyan. (Foto: Congreso de la República)
LA COMBI Y LA FALANGE
La carrera política de César Combina empezó el 2006 en la PUCP, cuando asumió la presidencia del Centro Federado de la Facultad de Letras. Iba a Antropología, estaba becado y era militante del Partido Popular Cristiano (PPC), que aquel año lanzaba como candidata presidencial a Lourdes Flores.
Quienes lo recuerdan, señalan que se ausentó de las labores del cargo por su compromiso con el partido. Entonces, fue removido por su propia mesa directiva.
En el 2007, fundó -junto a un grupo de amigos, algunos de las filas del PPC-, Unión Estudiantil (UNES), un movimiento de derecha que aún existe en la universidad. Aquel año llegó a ser Representante Estudiantil ante la Asamblea Universitaria (REA), cargo que le permite al alumnado tener voz en la máxima instancia de gobierno de la casa de estudios.
De la REA, sus opositores recuerdan a un Combina también ausente. “Ahí tu única obligación es ir a la asamblea. Yo me maté yendo un año ahí, pero él desapareció por completo. A mitad del mandato, se va de intercambio a otro país y entonces, es el segundo cargo sobre el que podría decirse que sale ‘vacado’. Primero ocurrió en Letras”, cuenta Ricardo Sifuentes, que también fue miembro de la REA. Los excompañeros de Combina en UNES, en cambio, dicen que la presión de otros grupos les impedía participar de las comisiones activamente.
De UNES, sin embargo, Combina también se alejó tras discrepancias internas. Cuando en 2009 quiso lanzarse a la presidencia de la Federación de Estudiantes (Fepuc), sus compañeros de partido se manifestaron en contra. “No era el momento y queríamos concentrarnos en otras cosas. Además, ya había diferencias sobre su forma de hacer campaña. Él tenía un estilo mucho más populista, que apelaba a la imagen de las personas más que a las protestas”, recuerda uno de ellos sobre su salida.
Combina se lanzó con una lista de “independientes”, pero perdió. Luego se dedicó a lanzar ácidas críticas a la gestión ganadora. En medio del boom de los blogs, el entonces militante del PPC tenía el que ya hemos mencionado: La Combi de Combina. “El sacó su blog y nos insultaba. Dos, tres veces a la semana. Inventaba mil situaciones estúpidas y así fue durante un año”, dice Sifuentes, quien le ganó las elecciones a la Fepuc.
Sus ataques llegaron demasiado lejos y eso le costó la expulsión del gremio estudiantil. Combina realizó falsas acusaciones sobre el proceso electoral que venía preparando la universidad a fines del 2009 y fue ‘desfederado’. “La Fepuc quiere más delegados allegados para copar la Asamblea y bloquear denuncias, acusaciones y censuras. Todo un verdadero mecanismo de defensa, al fiel estilo fujimontesinista”, escribió en su blog. Hoy no tiene problemas en posar junto a Keiko.
Combina nunca se retractó, como él mismo confirma a Sudaca. “Mi proceso de ‘desfederación’ [que le impidió asumir más cargos de gremio estudiantil] se da justamente por posiciones que tuve contra el copamiento que desarrolló el ala que luego se convirtió en Fuerza Social, de Susana Villarán”, asegura.
En medio del proceso disciplinario, su nombre apareció en una lista para la Fepuc llamada Falange Reformista Universitaria, un término que hace referencia al partido fascista español que mantuvo en el poder Francisco Franco (RAE dixit). De acuerdo al portal La Mula, en el Facebook de esta agrupación se incluían mensajes como “¡Brazo en Alto Falangistas! ¡Por una PUCP sin rojos!», «¡Camaradas, a quemar la San Marcos, el mejor comunista es el que está boca abajo!”, entre otras.
Combina niega su afiliación a Falange Reformista y dice que “fue una creación difamatoria”. “Prueba de ello es que no tenemos un certificado de inscripción. Esta es una situación que yo aguanté muchos años, una situación bastante cruel que revive cada vez que me lanzo [a algún cargo]”, agrega.
Pero Sudaca habló con dos miembros de aquella lista, quienes recuerdan el rótulo de Falange Reformista. De hecho, el arquitecto Andrés Rieckhof, amigo universitario de Combina, envió ese año una carta a la Fepuc indicando que lo habían colocado sin su autorización.
“En ese momento César era mi amigo. Era muy payasín, muy risueño, todo lo tomaba a broma, pero [la inclusión en Falange] no era así. Yo le dije que no pertenecería y que no podía estar en algo que probablemente podía explotar a la larga”, explica Rieckhof a Sudaca.
Otro examigo de Combina que integró la lista admite el nombre, pero lo matiza: “La postulación era un bluf, no era seria, nunca tuvo intención de postular realmente”. Falange Reformista no llegó a participar de los comicios.
Entre dimes y diretes, Combina terminó la universidad en el 2010. Ese año, se postuló como regidor por Lima en la lista de Lourdes Flores. Compañeros de esa época dicen que el partido no le abrió más espacios de representación, por lo que empezó a saltar de bando en bando.
Izquierda: En la lista de Falange Reformista Universitaria aparece el nombre de César Combina como «Presidente». Derecha: el pedido de uno de los integrantes de esa lista para que lo retiren de ahí, porque no dio su autorización. Esta persona corroboró la veracidad del documento.
DESLEALTADES EN JUNÍN
Luego de su paso por la universidad y de dejar su militancia en el PPC, César Combina se concentró en Junín, donde tiene familia. Encontró en el fujimorismo, al que había criticado en sus años universitarios, una vitrina importante. Y, como hemos visto, salió de ahí en medio de acusaciones de ida y vuelta el 2015. Dos años después, fundó un movimiento personalista. El nombre: ‘Combina Junín’.
Para las elecciones regionales del 2018, movimientos incipientes como el suyo debían buscar aliados. “Ese año se acerca el joven César Combina, cuyo movimiento estaba en proceso de formación. Como era joven, podía ser un buen político, una buena promesa. Así que él fue parte de Caminamos Juntos [el partido por el que postuló el 2018]”, cuenta Dimas Aliaga, quien ese año postuló a la provincia de Huancayo con el mismo partido.
Aliaga no tiene el mejor recuerdo de Combina, que encabezó la lista al gobierno regional. “Le diré que se portó extremadamente mal. Muy mal a pesar de que lo invitamos. Por ejemplo, él puso de candidatos a consejeros y al vicegobernador a su antojo, lo que no representaba el consenso del partido”, apunta.
Combina replica: “Deberían ser un poco más agradecidos con nuestro movimiento, que nos sumamos, que lo reflotamos. Yo pagué todos los gastos de ese reflote y me da pena recibir este tipo de maltratos a cambio”
Combina logró el segundo lugar, por debajo de Perú Libre. Consiguieron, además, meter a tres consejeros que siguen hasta hoy. Uno de ellos es José Miguel Álvarez, quien tampoco tiene un grato recuerdo del hoy nuevamente fujimorista.
José Miguel Álvarez (izquierda) y Dimas Aliaga. Ambos tienen pésimos recuerdos de Combina en las alianzas que hicieron con él.
“Había buenas referencias, todo indicaba que el próximo gobernador sería él”, cuenta Álvarez, que el año 2020 pasó a inscribirse en APP, ya con miras a las elecciones del 2022. Combina también se pasó al bando de los Acuña, como invitado. “El objetivo de la alianza con APP era tener la oportunidad de postular y no depender de movimientos regionales, porque siempre había problemas ahí. La intención era que Combina aguardase a postular a la región”, cuenta Álvarez.
Pero Combina se mandó por la libre. “Cuando salió [vacado] Vizcarra, le dijimos que no postulara, porque eso iba a ser un gran error e iba a poner en peligro su candidatura regional”, asegura Álvarez. Combina no escuchó. “Vimos que no tenía intención de retornar, que quería quedarse en Lima. Parece que Junín solo era una pantalla, un trampolín. La gente que lo acompañó siente que los ha utilizado como vitrina”, agrega Álvarez.
Combina niega que haya habido un acuerdo con ellos. “Si bien ellos pensaban que yo sería candidato una tercera vez, no era algo que yo había confirmado. Y él [Álvarez] tiene aspiración a gobernador regional. Así que acá no hay ninguna traición”, apunta.
-¿Cómo explica usted su salto de partido a partido, este cambio compulsivo de camisetas políticas? – le preguntamos.
-Se me puede acusar de tener cambios de camiseta, pero lo que existe es una misma línea. Yo nunca seré de izquierda. Me parece que el camino está en el centro y para mí hay puntos innegociables: si en el camino uno tiene que dejar una tienda política para mantener los principios mínimos de no ceder ante las mafias y de luchar contra la izquierda, ese ha tenido que ser mi devenir.
Las elecciones regionales y municipales de este año trae consigo una serie de análisis sobre qué discursos utilizarán los candidatos. Para este artículo me centraré en el caso limeño, bastión de la oposición al gobierno de Pedro Castillo.
José Carlos Requena en su reciente artículo señala que estas elecciones subnacionales podrían o continuar como una política vecinal a escala regional o como un plebiscito de apoyo o no al régimen (El Comercio, 06/01/22). Razón no le falta al precisar ello. Como lo señalé hace unos meses por este medio: y es que el contexto político en el que nos encontramos es de transitar entre la ideología y la improvisación del actual gobierno.
Sobre este contexto, para el caso de Lima, los actores políticos vinculados a la oposición política deben hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo para afrontar los vaivenes de Pedro Castillo que afecta severamente a la economía y estabilidad política del país.
A través de la historia del Perú, hubo momentos políticos en los que se pudo llegar a acuerdos para afrontar una elección. Uno de ellos fue el Frente Democrático del año 1945 en la que el Apra endosó apoyo a Bustamante para llegar al gobierno. El otro episodio la podemos encontrar el año 1956 en la que también el Apra endosó votos a Prado para que aperturase el escenario político. El otro la podemos encontrar en la alianza gubernamental entre Acción Popular y el Partido Popular Cristiano durante el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry. Antecedentes hay.
La situación en la que nos encontramos precisa de reconstruir la oposición política -a través de alianzas coyunturales- para que el gobierno deje de estar en ese vaiven en la que se encuentra para que pueda así otorgar certidumbre a los inversores y a la ciudadanía en general sobre las políticas de gobierno en torno a la sensatez.
Recordemos que el mundo precisa de comodities (léase cobre y litio) a precios altos que actualmente el país posee. De aprovecharse este escenario contribuiría a mejorar nuestra actual situación económica que afecta necesariamente el rumbo político y social del país.
Para terminar, es necesario también que este escenario nos genere la posibilidad también de poder debatir sobre los alcances y límites que ha tenido la descentralización en el país y sus reformas correspondientes. El contexto lo exige.
