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[CIUDADANO DE A PIE] El primer discurso del flamante Presidente de la República Federal Argentina, Javier Milei, ha abundado en los tópicos libertarios acostumbrados, pero acompañados esta vez y como era de esperarse de los argumentos, verdaderos o no, que pudieran justificar ante los ojos de su nación la aplicación de las durísimas medidas económicas que se estaban preparando. Para este efecto, y como preludio del ajuste y shock que su gobierno ha puesto ya en marcha sin ninguna “sensiblería progresista”, Milei se ha referido a una inexistente inflación anual del quince mil por ciento y a una supuesta estanflación (estancamiento económico más inflación) que la Argentina vendría padeciendo desde hace una década. Pero lo que más ha llamado la atención de su discurso, ha sido la total ausencia de la palabra que hizo su fortuna política. En efecto, a todo lo largo de sus apariciones mediáticas y mítines, Milei se presentó siempre a sí mismo como un enemigo acérrimo de la “Casta”, y al calor del estribillo ¡La Casta tiene miedo! coreado por sus fervorosos seguidores, prometió solemnemente acabar con ella. ¿Qué explica entonces esta notoria ausencia? Para responder adecuadamente a esta pregunta, analicemos primero los significados que “Casta” posee en términos políticos.

Casta a la italiana

La grave crisis mundial capitalista del año 2007 golpeaba inmisericorde a la sociedad italiana, cuando la aparición del libro “La Casta. Así es como los políticos italianos se han vuelto intocables.”, escrito por los periodistas Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella, puso los reflectores de la opinión pública sobre una corrompida clase política que, lejos de interesarse en las urgentes necesidades de los ciudadanos, disfrutaba de un escandaloso tren de vida gracias a sus turbias relaciones con los grupos de poder económico. Este título no era fortuito, pues evocaba directamente el término con el que dos intelectuales italianos de fines del siglo XIX, Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto, utilizaron para describir a los miembros de una minoría social organizada que, gracias a una supuesta superioridad moral e intelectual, estaban en condiciones de monopolizar el poder a través del ejercicio de los altos cargos del Estado y disfrutar sin límites de todos los privilegios y ventajas inherentes a su posición. Este afortunado grupo social fue bautizado entonces como “la Casta”. Un siglo después, en 1992, la operación “Manos Limpias” llevada a cabo por fiscales de Milán, y que llevó a prisión a cientos de políticos y empresarios implicados en el pago de millonarias coimas para la adjudicación de obras públicas, mostró claramente el nivel de corrupción que la clase política había alcanzado. Por desgracia, algún tiempo después, el mafioso y recientemente fallecido Silvio Berlusconi, impulsó desde el gobierno el llamado “decreto salva-ladrones”, que excluía de la pena de cárcel los delitos de soborno, fraude, abuso de poder y financiación ilegal, debilitando significativamente la lucha contra la corrupción. Rizzo y Stella no hicieron sino reavivar el profundo malestar de la sociedad frente a los privilegios y corruptelas de una clase política al servicio de turbios intereses empresariales, y a partir de ese momento “Casta” terminó incorporándose al lenguaje cotidiano.

Casta, prensa y poder judicial

¿Qué futuro tiene un país como España donde las casi 80.000 personas que forman la clase política, están envueltas en un velo informativo sobre el despilfarro de sus privilegios? Para responder a esta lacerante interrogante autoimpuesta, el periodista Daniel Montero publicó en 2010 “La casta: el increíble chollo (ganga) de ser político en España”, una adaptación del libro escrito por Rizzo y Stella a las realidades de una España que vivía su propia crisis económica bajo el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero. Como consecuencia de esta crisis, el 15 de mayo del 2011 se desató un movimiento de protestas pacíficas en toda España -conocida como “Movimiento de los indignados” o del “15-M”- que bajo el lema “Democracia real ya. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, buscaba promover una participación directa de la ciudadanía mediante un estilo asambleario. Fruto de esta movilización social surgió “Podemos”, una agrupación que, descartando la clásica división de la política en izquierda-derecha, adoptó un eje de confrontación los de arriba versus los de abajo, o como se repitió mucho entonces “la Casta contra los nadie”. Este nuevo planteamiento tuvo mucho éxito y Podemos no solo canceló el tradicional bipartidismo español PP/PSOE, del que los grupos de poder económico se habían servido por décadas para imponer sus intereses, sino llegó a formar parte del gobierno entre el 2019 y el 2023, impulsando importantes medidas de carácter social. Como era de esperarse la Casta española, definida por el politólogo Manuel Monereo como una “trama organizada de poderes económicos, políticos y mediáticos que hace de la corrupción un componente estructural del sistema político”, ha hecho uso de todos sus recursos para debilitar la agrupación, cosa que por cierto ha conseguido en buena medida, gracias a incesantes campañas periodísticas difamatorias, a las que se sumaron delirantes causas judiciales a cargo de jueces afines a la derecha y que terminan por archivarse debido a su absoluta falta de sustento.

En Argentina, “la Casta está en orden” (Roberto Caballero, periodista)

Las experiencias italiana y española han permitido caracterizar a la Casta como una organización delictiva con cuatro componentes fundamentales: el político, el económico, el mediático y el judicial, los cuales se articulan y coordinan estrechamente con la finalidad de mantener el statu quo que les es favorable, sea mediante el soborno, la manipulación, la desinformación o la coerción. ¿Coincide esta definición con el pensamiento de Milei? Preguntado al respecto semanas atrás, el entonces candidato precisó que, en su concepto, la Casta agrupaba a políticos corruptos y los profesionales cómplices (economistas, abogados…), empresarios prebendarios, sindicalistas que entregan a sus trabajadore y micrófonos (periodistas) ensobrados (sobornados) que ocultan negociados. Esta definición dada por Millei, es bastante asimilable a la que acabamos de plantear, con dos salvedades: no incluye al poder judicial -cosa que los libertarios evitan debido a los importantes nexos de la derecha argentina con este poder del Estado- e inserta en cambio a los dirigentes sindicales, lo que corresponde naturalmente a su lógica de guerra contra el Peronismo de fuerte arraigo gremialista. Esta Casta “ladrona” con la que “nunca se negociará” declaró, sería extirpada totalmente de la conducción del país pues “es imposible hacer una Argentina con los mismos de siempre.” La realidad viene siendo en este y otros aspectos muy diferente, tal y como lo ha expresado el sociólogo y periodista Ernesto Tiffenberg: “Abandonados la dolarización, la voladura del Banco Central, la ruptura con China y Brasil y el repudio a la casta, poco queda de aquellos vestidos tan mágicos como extravagantes con que supo conquistar la imaginación de tantos argentinos.” En efecto, el nuevo gobierno mileista incluye una legión de “castatarios” neoliberales, ligados al expresidente derechista Mauricio Macri, cuyo fallido gobierno, según el propio Milei, intentó “restaurar un régimen fascista donde empresarios y políticos corruptos hacían negocios a espaldas de los trabajadores.”  La lista es larga y siniestra -no en vano Macri afirmó que “La Libertad Avanza” era fácilmente infiltrable-, pero de ella cabe destacar la figura de  Luis “Toto” Caputo, nuevo ministro de economía, y artífice del ilegal, descomunal e impagable endeudamiento de la Argentina con el FMI por 44 500 millones de dólares en el año 2018, gran parte de los cuales fueron utilizados irregularmente para pagar a fondos especuladores internacionales, además de estar acusado él mismo de servirse del fondo estatal de pensiones argentino para beneficio de una de sus empresas. Ahora es fácil entender claramente porque la palabra “Casta” no podía ser pronunciada en el discurso de Milei del domingo último. ¿Qué razones pueden haber llevado al mandatario argentino a desdecir con los hechos sus categóricas afirmaciones contra la Casta? ¿Será, como dice la excandidata izquierdista Myriam Bregman, que Milei es solo un “gatito mimoso” del poder económico, o acaso un “león domesticado” según la periodista Mar Centenera? Difícil saberlo, pero en todo caso, esto nos lleva a reflexionar sobre una idea expuesta en el libro “La Caste Cannibale” de Sophie Coignard y Romain Gubert: “La Casta está compuesta de altos funcionarios y astutos empresarios especuladores… pero también de idiotas útiles.”

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[PIE DERECHO]  A días de cumplirse un año del caricaturesco golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, aún hay muchas interrogantes por resolver respecto de qué llevó al exmandatario, primero, a tomar esa decisión, y, segundo, a pensar que podía prosperar semejante exabrupto constitucional.

Respecto de lo primero, la gran duda se plantea a propósito de si fue un acto impulsivo motivado por las investigaciones fiscales que lo cercaban o acaso era parte de un plan diseñado desde que asumió el poder y que solo esperaba el momento propicio para desatarse.

Y sobre lo segundo, será menester esperar que las investigaciones en curso respecto de esa jornada del 7 de diciembre del año pasado, esclarezcan finalmente quiénes fueron partícipes y corresponsables del atentado democrático que felizmente abortó. Más de uno, sin duda, participó del hecho, hubo quienes lo alentaron y quienes le aseguraron contar con respaldos que le hubiesen permitido lograr su cometido. A todos ellos les debe caer encima el peso de la ley.

El antecedente más próximo a algo semejante -y respecto del cual casi fue calco y copia- fue el autogolpe fujimorista del 5 de abril del 92, por el cual ha habido varios que han purgado condena. En el de finales del 2021 aún falta mucha tela por cortar, mucho terreno por desbrozar.

No puede pasarse por agua tibia lo sucedido. Lo que se quiso hacer fue un delito mayúsculo y Pedro Castillo, dada su poca envergadura política, no puede haber actuado solo sino que debe haber habido, sin duda, una trama siniestra y oculta detrás.

Ojalá esta guerra civil desatada al interior del Ministerio Público no afecte las investigaciones en curso y se sepa toda la verdad de lo sucedido y que todos los responsables, directos e indirectos, terminen en la cárcel, donde les corresponde estar.

La democracia peruana es precaria y a pesar de vivir el periodo más largo, en toda su historia republicana, de sucesiones constitucionales, no ha logrado consolidarse como modelo político a seguir y no goza, por ende, de la legitimidad social que correspondería. Mayor razón para castigar a quienes la violentan o intentan hacerlo.

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Ser víctima de abuso sexual a manos de un familiar es, sin lugar a dudas, una experiencia traumática. Sin embargo, el caso de Mila, una niña de once años, demuestra que la indiferencia de las autoridades puede lograr que el padecimiento de estas víctimas sea todavía mayor. Sudaca ha conversado con la representante de la menor y su familia para conocer el presente de este impactante caso.

Meses atrás, como parte de la campaña ‘Quitémonos la venda’, Unicef reportó cifras aterradoras con respecto a los abusos sexuales a menores en Perú. Acorde a estos datos, en Perú se han reportado más de cincuenta y cuatro mil casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes entre 2017 y 2021. Para 2022, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) reportaron números que, lejos de mostrar una reducción de casos, se mantienen en aumento y, tal como se puede comprobar casi a diario en los noticieros, el 2023 no invita a creer que estos abusos estén cesando.

Sin embargo, casi tan trágico y alarmante como los abusos reportados es el tratamiento que reciben estas víctimas, menores de edad, por parte de las autoridades que, en la teoría, deberían centrar sus esfuerzos en protegerlos y que, por el contrario, han terminado por representar una traba para que los afectados encuentren justicia y contención. En este grupo de víctimas se encuentra Mila, una niña que a sus cortos once años ha vivido una traumática experiencia de abuso a manos de su padrastro y que, además, hoy padece la indiferencia de las autoridades.

UN ABUSO TRAS OTRO

Si bien el caso Mila ha tomado mayor notoriedad en las últimas semanas, su historia se remonta al año 2021. Fue en ese año cuando un familiar de la menor denunció que su padrastro le había realizado tocamientos indebidos. Sin embargo, lejos de encontrar una respuesta inmediata, teniendo en cuenta la edad de la víctima, lo único que recibieron fue indiferencia.

Lo que las autoridades, aquellos que debían proteger a Mila, no lograron advertir y frenar debido a su falta de interés, fueron los abusos que se venían cometiendo al interior de esa familia y que no sólo exponían a Mila. Fue por ello que, recientemente, Mila, en compañía de un familiar, volvió a denunciar la violencia sexual de la que era víctima.

En esta oportunidad, las autoridades sí tomaron un papel más activo, sin embargo, las decisiones que tomaron terminaron por perjudicar todavía más la dolorosa vida de la niña. Así lo ha relatado Isbelia Ruíz, abogada y coordinadora de litigio estratégico de Promsex, en declaraciones a Sudaca.

Ruíz, quien se encuentra en Iquitos dándole soporte legal a Mila y su familia, señala que, tras la nueva denuncia, el padrastro fue detenido el 3 de julio, pero fue liberado cuatro días después debido a que el juez a cargo consideró que no había pruebas suficientes para ordenar una prisión preventiva. “La responsabilidad de que esta persona esté libre es del Poder Judicial”, agregó la letrada.

“La madre ha puesto una denuncia por violencia física, psicológica y sexual (contra el padrastro de Mila)”, contó Isbelia Ruíz. Teniendo en cuenta ello no era muy difícil imaginar lo que ocurriría después: El padrastro de Mila no tardó en amedrentar a la madre de la niña. Sin que las autoridades tomen cartas en el asunto, Lucas Pezo Amaringo pudo amenazarlos sin mayor problema. “La familia de Mila está expuesta. Este señor ha amenazado de muerte a su madre”, relató Ruíz y contó que “mandó a sus hermanas a buscar a la señora pidiendo que retire la denuncia y el señor estuvo rondando por la zona donde ella vive”.

Sin embargo, esta historia de terror para Mila no terminó ahí. La reacción de las autoridades tras la segunda denuncia, en la que se mencionaba una violación y la menor se encontraba con dieciocho semanas de gestación, fue separar a Mila y sus hermanos de su madre. “Las autoridades lo que hicieron fue separar a la familia de manera violenta. Lo que hizo la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fue decir que los niños no estaban seguros con la madre”, indicó la abogada de Promsex y agregó que los hermanos de Mila fueron a diferentes albergues incluyendo a su hermana menor de cuatro meses.

“La madre no ha visto a su hija desde el 3 de julio”, denuncia la representante legal de Mila y agrega que recién este último lunes se le permitió a la madre reencontrarse con sus otros hijos. “Han sido revictimizantes contra Mila, su mamá y sus hermanos. No los han visto como un grupo que es víctima”, cuestiona Ruíz.

Pero el dramático capítulo en la vida de Mila todavía no termina de escribirse. Esto debido a que el abuso que sufrió la dejó embarazada y, pese a que la ley contempla que se puede aplicar el aborto terapéutico, este le ha sido negado. “Dijeron que, a nivel de salud mental, la niña estaba bien y no tenía un estrés postraumático grave y, a nivel de salud física, el medico dijo que la niña de once años es perfecta para que pueda continuar con el embarazo y que no hay ningún riesgo”, comentó Ruíz a Sudaca.


ANTECEDENTES DE TERROR

Lamentablemente, el caso de Mila no es la primera vez que una niña víctima de abuso sexual ve cómo sus derechos no son respetados. En 2017, Camila, una niña de trece años, descubrió con horror que se encontraba embarazada y el responsable era su padre, quien abusaba de ella desde que tenía nueve años. Esta traumática experiencia había afectado fuertemente a la menor y, ante este panorama, ella y su madre solicitaron que se aplique la interrupción del embarazo. Pero nunca obtuvieron respuesta por parte de las autoridades competentes y, tras intensos dolores abdominales, sufrió un aborto espontáneo.

Ante la indolencia por parte de las autoridades responsables, la ONU se pronunció en junio de este año y fue categórica al señalar que Perú había violado los derechos a la salud de Camila al ignorar su deseo de la interrupción de un embarazo que estaba afectando seriamente su salud mental y física.

“La justicia tarda, pero llega” es una frase muy popular en la que muchos encuentran consuelo ante las injusticias con las que tienen que lidiar. Sin embargo, el caso de Mila, como lo fue en el caso de Camila, no hay tiempo que perder y si la justicia y sus derechos les son negados e ignorados ponen en grave riesgo su salud que no solamente se vio golpeada por el abuso de un familiar sino también por la manera en que las autoridades que debían protegerla terminan siendo los autores de nuevos abusos contra estas menores.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La protesta pacífica es un derecho fundamental de las sociedades democráticas y, a lo largo de la historia, ha sido una herramienta para expresar descontento y luchar por cambios sociales significativos. Sin embargo, la imagen tradicional de una protesta ciudadana a menudo se asocia con la ira y la indignación, dejando poco espacio para otros sentimientos igualmente importantes. Es en este contexto que la expresión «con alegría y rebeldía yo me sumo a la protesta» adquiere una significación particular, resaltando la importancia de un enfoque que une la pasión por el cambio y la resistencia pacífica.

La alegría en la protesta pacífica puede parecer inusual a primera vista, pero es un componente esencial para mantener la moral y la energía de los manifestantes. Cuando nos unimos en torno a una causa justa, como el adelanto de elecciones, encontramos un sentido de comunidad, solidaridad y fraternidad; y la alegría se transforma en un medio poderoso para crear esos lazos. La música, las canciones y las sonrisas pueden romper las barreras entre extraños y forjar una conexión humana profunda.

La alegría también es un recordatorio de que nuestra lucha es por un futuro mejor, por recuperar la democracia y evitar la degradación institucional como consecuencia de la acción del Congreso y del Ejecutivo; y es una forma de resistir el desgaste y la desesperanza que a menudo acompañan a la lucha contra un gobierno que viola los derechos humanos de sus ciudadanos y no duda en ejecutarlos extrajudicialmente.

En tanto, la rebeldía en la protesta pacífica implica una postura firme contra la vulneración de los derechos humanos perpetrada, principalmente, por el Ejecutivo; pero con el compromiso de no recurrir a la violencia. La resistencia pacífica es un acto de valentía y decisión, donde la no violencia se convierte en la estrategia para confrontar a todos aquellos que pretenden perpetuar las injusticias.

Asimismo, la rebeldía sin violencia busca desarmar a los adversarios, a los “terruqueadores”, ya que es más difícil para ellos justificar la represión indiscriminada contra manifestantes pacíficos y alegres. La ausencia de violencia también permite ganar el apoyo y la simpatía de la sociedad en general, ya que nuestra causa se convierte en una llamada a la justicia y al respecto irrestricto de los derechos humanos de todos los ciudadanos.

Unir alegría y rebeldía en la protesta del 19 de julio no significa, por ejemplo, ignorar el sufrimiento y dolor de los familiares de los 49 compatriotas ejecutados extrajudicialmente durante las manifestaciones de diciembre, enero y febrero. Al contrario, implica practicar la empatía, el respeto y la solidaridad para con ellos. Y con ellos exigirle al gobierno de Boluarte y Otárola, verdad y justicia. Por último, la protesta pacífica es una oportunidad para unir fuerzas con todos aquellos que confrontan al gobierno por recuperar la democracia y solucionar la crisis política que escala cada día. Juntos, con alegría y rebeldía, podemos construir un futuro diferente. Es por eso que, mañana 19 de julio, yo me sumo a la protesta y tú ¿te sumas?

 

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Que un ministro diga que no tiene ninguna duda de que el presidente está comprometido en actos de corrupción es grave, que lo haga el exministro del Interior es gravísimo. Castillo está embarrado hasta las narices y no hace falta esperar el audio o video bomba para proceder en consecuencia. El país, la democracia, el Estado, la economía y la sociedad en su conjunto agradecerán que este sujeto salga lo antes posible por la puerta falsa de Palacio.

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Un tribunal de Australia decidió recientemente que el retiro de la visa de Novak Djokovic o No-vac Yo-Covid -como simpáticamente han empezado a llamarlo- se ajusta a ley y por consiguiente fue expulsado del país y con ello se pierde la posibilidad de disputar el Abierto de Tenis de dicho país, donde muy posiblemente hubiese sido el campeón. ¿La razón? La salud pública. La consideración del Poder Ejecutivo, ratificada en los tribunales, de que permitirle la exención generaría una controversia interna y alentaría al movimiento antivacunas fue suficiente para terminar con un par de semanas de recursos legales y de disputa judicial.

El tenista serbio no está vacunado y el gobierno de Australia prohíbe el ingreso de extranjeros sin vacuna. La razón “legal” que esgrimía su defensa era que a mediados de diciembre había contraído el Covid y por lo tanto tenía una inmunización natural y por lo tanto podía proseguir su viaje sin problemas. Ello supone, como ha reconocido el propio Djokovic, que estuvo en reuniones con otras personas mientras estuvo con Covid y que en dichos encuentros no hubo mascarillas ni mecanismos de protección ni advertencias.

En resumen, la defensa para poder quedarse en Australia y jugar el torneo hizo que admitiera una conducta peor y que confesara que lo hizo sin mala intención. Como si bastara. Su padre, el viejo Djokovic, ha convertido el caso en una cruzada. Habla de su hijo como víctima y cree que el paradigma de la libertad en el mundo ha ganado un nuevo líder. Sí, su hijo. Se sienten discriminados. Sienten que les han amputado los brazos, como a Maradona las piernas cuando lo suspendieron por el doping que el sabía prohibido. Entonces, ahora resulta que no solo era que no quería vacunarse, sino que el no hacerlo implicaba un ejercicio de la libertad en su sentido más “revolucionario”. Hoy, gracias a la corte australiana, No-vac está camino a Dubai y su puesto lo ocupará un tenista que nadie conoce pero que tiene tres dosis de vacuna en su organismo.

El caso es que se trató de una batalla legal en la que diversos argumentos se esgrimieron. Con una primera etapa en la que la justicia estuvo a favor del tenista -y nadie la discutió- y con otra definitiva en contra -que nadie discutió tampoco-. Porque si algo debe tener la justicia, y el ejercicio de esta y quienes la determinan, es esa capacidad de ser respetada. Esa posibilidad de determinar sin dudas sobre el ejercicio hecho, quién es culpable y quién inocente. Apreciar el desarrollo de ese caso durante la semana resultó en satisfacción por el fallo y una profunda depresión por ver lo que ocurre en nuestro país.

El lunes 10 de enero, hace una semana, un juez supernumerario señaló que el periodista Cristopher Acosta era culpable de difamación en perjuicio de César Acuña, millonario político, experto en hacernos creer que es un meme permanente, siendo condenado a dos años de prisión suspendida y al pago de S/ 400 000 de reparación civil al agraviado, una bicoca considerando que había pedido la friolera de 100 millones de soles, lo que alegremente decían que era “lo que ganaba en un mes”. De manera solidaria, Jerónimo Pimentel, editor y representante de la casa editorial que publica el libro, fue sentenciado a lo mismo. Lo bueno es que la reparación es conjunta.

Desde el lunes lo que se ha vivido es un gran compendio de reseñas sobre el tema que se agrupan en dos temas fundamentalmente: en publicitar el libro (hoy por hoy debe ser un best seller sin precedentes) y en desestimar la actuación del juez. La lógica es la siguiente: es un juez que no sabe, un juez que no conoce, un juez que no ha seguido la doctrina básica, un juez que ha intepretado a su gusto, un juez que se dejó llevar por el abogado del demandante (a quien otro periodista señala como alguien que hace que el Poder Judicial se mueva al ritmo del dinero), etc. No se discute el acto legal sino quien lo ejecuta. Se discute al juez. Salen los antecedentes. Sale su CV. Nos preguntamos si estaba capacitado para algo así. Aseguramos que con un mejor juez la sentencia será otra. Damos por hecho, aún siendo muy lejanos al mundo del derecho, qué importa, que el juez está equivocado, comprado, incentivado, lo que sea que queramos que sea. Discutimos al juez. A partir de allí descalificamos la sentencia.

Un juez no es un “nadie”. Es alguien que tiene un mandato muy particular. Puede decidir, con los instrumentos y herramientas adecuados, quién es inocente y quién es culpable. Tomar esa clase de decisiones no es algo sencillo ni mucho menos grato. Más cuando se trata de casos tan públicos. Un juez está sujeto al sesgo, como Sunstein, Siboney y el Nobel Kahneman han señalado en su último libro Ruido, donde analizan centenas de sentencias judiciales y evalúan como los jueces pueden actuar distinto dependiendo del día de la semana, del clima o de la hora en que exponen. Sin embargo, un juez determina así y todo qué es lo que la justicia precisa en cada caso.

El problema es que, en un país de instituciones tan debilitadas como nuestro querido Perú, el ejercicio de la justicia es demasiado arbitrario. Si una sentencia no nos gusta, cuestionamos al juez. Porque los jueces son cuestionables. Porque no generan la confianza de que estarán en la capacidad de afrontar los retos que se demandan. Salimos de una crisis enorme generada por la evidencia comprobada de un Poder Judicial tomado por mafias que ponían y sacaban jueces a criterio propio y para beneficiar decisiones específicas. Los casos judiciales más escabrosos pasaron de ser los de homicidios y pasaron a ser los de los propios magistrados. Los hermanitos, cuellos blancos y demás solo socavaron una institución en la que cada vez confiamos menos.

De acuerdo con datos de la ENAHO 2018, la desconfianza hacia el Poder Judicial supera el 80% de la población peruana. Sin duda que la posibilidad de confiar en una decisión del Poder Judicial es bastante baja. 

¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que ni siquiera la justicia sea justa en el país? ¿Que nos atrevamos a desconfiar de lo único de lo que debiéramos -la capacidad de impartir justicia-? ¿Que un juez sea percibido más como parte de una mafia que alguien que realmente puede solucionar algo? ¿Cómo es posible que semana a semana discutamos esto? Si en un momento se jodió el Perú, Zavalita, creo que fue acá. Cuando asumimos directamente que la forma menos justa de solucionar algo es recurrir a la justicia.

 

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