Las acciones cometidas por el presidente Castillo, con la repentina remoción del ministro del Interior, Mariano Gonzáles, califican sobradamente para que el Congreso, en alguno de los Plenos que se realizarán la semana entrante, vuelva a poner sobre la mesa el tema de la vacancia, sin esperar al inicio formal de la próxima legislatura.
Claramente, el primer mandatario esta cometiendo un delito, el de obstrucción de la justicia. En verdad, ya lo viene haciendo hace tiempo, ahora solo se confirma por voz y boca de un protagonista directo de tal hecho, como ha sido el fugaz ministro del Interior.
Removió al procurador Soria, a la jefa del INPE, obstruye diligencias fiscales, recusa al fiscal que ve su caso, pide la nulidad de la investigación que ha abierto la nueva Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le da un portazo en la cara a la comisión investigadora del Congreso y, finalmente, echa de mala manera al ministro que, con la conformación de un excelente comando policial, auguraba buenos resultados en la captura de los prófugos Juan Silva, Bruno Pacheco y sus sobrinos, quienes, seguramente, puestos tras los barrotes, iban a acogerse inmediatamente a la colaboración eficaz y muy probablemente involucrar al mismísimo mandatario, que de otra forma no tendría tanto temor de que así ocurra, como se aprecia.
Se impone la vacancia presidencial. Sabemos que hay 14 votos que blindan al presidente, entre los de Acción Popular, Somos Perú, Podemos y Cambio Democrático, quienes no tienen participación directa en el gobierno, pero que seguramente, por prebendas de otra naturaleza, actúan protegiendo al gobernante, pero en circunstancias extraordinarias como las que se viven en estos momentos, es hora de ponerlos en entredicho. Quizás no prospere una vez más la vacancia, pero serviría al menos para colocar los reflectores en los topos parlamentarios que el Ejecutivo se ha agenciado y que la opinión pública les preste mayor atención (por ejemplo, no votando por Daniel Urresti, de uno de esos partidos, Podemos, a la alcaldía limeña).
Que un ministro diga que no tiene ninguna duda de que el presidente está comprometido en actos de corrupción es grave, que lo haga el exministro del Interior es gravísimo. Castillo está embarrado hasta las narices y no hace falta esperar el audio o video bomba para proceder en consecuencia. El país, la democracia, el Estado, la economía y la sociedad en su conjunto agradecerán que este sujeto salga lo antes posible por la puerta falsa de Palacio.
