Resulta extraño que la fiscal Paulina Rique, a la que le acaban de robar la computadora de su casa, haya dicho que tenía en su haber información aún desconocida por las partes involucradas en el proceso. Eso sería ilegal, que tenga información que no conozcan los acusados, más aún en esta etapa procesal.
Todo apunta a pensar, lamentablemente, que se está armando un tinglado justificatorio anticipado porque el juez vaya a desestimar la acusación fiscal de lavado de activos que el equipo Lava Jato inició contra Keiko Fujimori y otras 41 personas, pidiendo 30 años de cárcel en algunos casos.
No habría tal delito, según muchos penalistas. En base a ello criticamos severamente la prisión preventiva dictada contra la lideresa de Fuerza Popular y otros. El llamado pitufeo podrá constituir delito administrativo o electoral -es una práctica común, dicho sea de paso, en todas las agrupaciones partidarias cuando recaudan fondos de campaña-, pero ello no califica para la envergadura delictiva de lavado de activos.
El caso de Keiko Fujimori siempre fue controversial. Para no especular sin fundamento -por ejemplo, que haya habido detrás una inquina ideológica por parte del equipo de fiscales-, tendríamos que pensar que su exceso de celo no habría ido acompañado del bagaje de pruebas necesarias para acreditar delito tan grave.
Ya la propia Fiscalía sacó del bloque de acusados al empresario Ricardo Briceño, injustamente acusado y desprestigiado abusivamente por el equipo especial. Lo más probable es que sea el primero de varios, si no de todos los implicados en este proceso.
Es distinto el caso de Ollanta Humala o Susana Villarán, donde el tema pasa por delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones como autoridades del Estado, al haber recibido dinero de las empresas brasileñas y a cambio de ello haberles otorgado beneficios materiales tangibles y constatables.
La lucha anticorrupción emprendida en el país no puede pecar, además, de la lentitud pasmosa que ha mostrado en el caso Lava Jato. Se han pasado años sin formular acusación y se ha hecho purgar pena de cárcel a muchos sin siquiera tener un expediente relativamente armado. Vamos a ver si al final de todo este proceso, la justicia peruana demuestra que es capaz, valga la redundancia, de impartir justicia, más allá de inquinas políticas o algunas eventuales simpatías. Mucho está en juego con la culminación cabal del proceso más grande de anticorrupción ocurrido en el Perú en las últimas décadas.
