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La situación política en nuestro país ha alcanzado un punto crítico, y la figura del ministro del Interior, Juan José Santivañez, se ha convertido en un símbolo de ineficacia y desconfianza. Su gestión ha estado marcada por una serie de decisiones cuestionables y múltiples denuncias fiscales en su contra, que han generado descontento tanto en la ciudadanía como en diversos sectores de la sociedad. Es imperativo que la presidenta tome acciones decisivas y considere su salida.

En primer lugar, la creciente ola de criminalidad que azota nuestras calles es innegable, como se ha apreciado con brutal crudeza este fin de semana. La falta de una estrategia clara para enfrentar el crimen organizado y la inseguridad ha dejado a la población en un estado de vulnerabilidad. Santivañez ha demostrado incapacidad para implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad de los ciudadanos. La confianza en la policía se ha visto erosionada, y esto se traduce en un clima de miedo y desasosiego.

Si bien su relación con la policía no ha sido tensa, el ministro ha fallado en motivar y proporcionar el respaldo necesario para que las fuerzas del orden operen de manera efectiva. Es fundamental que los policías se sientan apoyados y valorados en su labor, y esto no se ha logrado plenamente bajo su liderazgo.

Además, las múltiples denuncias fiscales en su contra han añadido un manto de sospecha sobre su gestión. Estas acusaciones no solo comprometen su credibilidad, sino que también afectan la percepción pública sobre la integridad del Ministerio del Interior. La falta de una respuesta contundente ante estas denuncias ha alimentado la percepción de que se encuentra desconectado de la realidad que enfrenta el país.

En conclusión, la salida de Juan José Santivañez no solo es necesaria, sino urgente. El país necesita un líder que asuma el reto de la seguridad con determinación y visión. Solo así podremos comenzar a reconstruir la confianza en nuestras instituciones y garantizar un futuro más seguro para todos.

El gobierno parece empeñado en resguardarlo (ello se deduce del mensaje anoche del Premier). Comete un grave error, que podría ocasionar una crisis política que termine llevándose de encuentro ya no solo al titular del Interior sino al gabinete.

Si alguna contribución política puede dejar en alto el actual gobierno de Dina Boluarte sería quitarlespiso a las bases socioelectorales de la izquierda radical que amenazan con ser protagonistas en el proceso del 2026.

Ello consiste básicamente en disponer inversiones públicas importantes en el sur andino, base socialdel radicalismo antisistema del que abrevan los candidatos más beligerantes de la izquierda.

Es casi imposible que Boluarte recupere niveles de aprobación en dichas zonas, sobre todo luego de la brutal represión ocurrida en los primeros días de su mandato y que no ha merecido una conducta de reconciliación sensata e inteligente, pero más allá de su narrativa o su particular situación, que el gobierno ejecute obras de infraestructura que mejoren el nivel de vida de los ciudadanos de esa gran zona electoral del país podría surtir efecto indirecto.

El sur andino representa más o menos el 25% del electorado nacional y si vota, como todo lo hace prever, como lo hizo en la segunda vuelta del 2021, allí nomás ya los radicales tienen asegurado un 16% de la votación nacional, que traducido en votos válidos supera la cifra del 20%. Si le agregamos el resto de las zonas andinas y las zonas pobres de otras regiones del país, cabe asumir como factible la hipótesis de una segunda vuelta entre dos candidatos radicales de izquierda. La sumatoria de votos les alcanzaría.

Esa posibilidad sería un suicidio nacional y nos condenaría no solo a décadas de atraso económico sino eventualmente al camino de un autoritarismo sin retorno, a lo Venezuela o Nicaragua. A toda costa, el país debe movilizarse para impedir que algo semejante ocurra y el gobierno tiene, en ese sentido, gran capacidad y responsabilidad en ayudar a lograrlo. Un plan bien diseñado y con inteligencia social puede contribuir a ello y sería, de por sí, un gran legado político del régimen.