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Nos preguntábamos en columna reciente por qué el inmenso tejido informal emprendedor no era una barrera de contención del eventual avance de opciones de izquierda contrarias a todo tipo de emprendedurismo y proclives al estatismo.

Poníamos, inclusive, el ejemplo de Puno, al que podríamos agregar Junín, regiones signadas por el pequeño comercio y la pequeña industria, definiendo el mapa sociológico de ambas regiones, pero que las mismas, a la hora de expresarse electoralmente, lo hacían, paradójicamente, por opciones levantiscas de izquierda.

El racismo, clasismo y centralismo, tres males históricos del país, desde tiempos de la Colonia,pueden ayudar a explicar ello. Lamentablemente, lejos de amainar, tales males se han acentuado. Contrariamente a lo previsto, dada la feliz cholificación del país y de las élites, éstas han remedado los males de la pituquería blanca que la antecedió. El dinero blanquea, es un viejo refrán popular. Pues ha ocurrido así, pero con todo el cargamento de pasivos que la “blanquitud” conllevaba en el Perú.

A pesar de la regionalización emprendida desde el gobierno de Toledo, no se ha producido una efectiva redistribución de poderes económicos y políticos, no obstante de que sí ha ocurrido en gran medida, no ha sucedido en los términos que hubiesen ayudado a revertir la sensación de postergación que el resto de regiones del país perciben respecto de Lima, la gran capital, que concentra los mejores servicios públicos, la mejor cobertura eléctrica, sanitaria y de infraestructura, en gran parte -hay que decirlo- por culpa de la corrupción gigantesca de los gobiernos regionales y locales.

Mientras esta situación no cambie seguiremos siendo un país dividido entre Lima y la costa norte, por un lado, y el gran sur andino, por otro, diametralmente distinto. Las taras mencionadas pervierten la integración ciudadana que se esperaría ya deberíamos logrado luego de dos siglos de vida republicana, pero que hoy, siguen siendo grandes tareas pendientes.

El racismo, el clasismo y el centralismo, son lastres que debemos extirpar si queremos aspirar a que el sueño republicano algún día se logre plasmar en un país hoy polarizado y fragmentado, capaz de generar niveles de ingobernabilidad e impredictibilidad extremas.

 

No ha debido disculparse el ministro de Economía, José Arista, en el fuero interno del Ejecutivo, como revelara el titular de Transportes, Raúl Pérez Reyes, por haber declarado que éste era un gobierno débil.

Sin duda lo es. No es un gobierno fuerte y no solo porque no tenga bancada congresal, porque por ese lado, más bien, no viene su debilidad, ya que ha logrado armar una bancada mayoritaria hechiza en base a la creencia equívoca de la derecha congresal de que es mejor la estabilidad con Boluarte a cualquier otra opción.

Este gobierno es débil porque no es capaz de afrontar dos campos de acción ejecutivos, uno de mediano plazo y otro de acción inmediata. En el mediano plazo, no ha sabido o no ha querido aprovechar esa mayoría congresal armada, para plantear siquiera alguna de las tantas reformas pendientes de realizar en el país: salud y educación públicas, regionalización, reforma del Estado, refundación del Ministerio Público y del Poder Judicial, etc.

En el corto plazo, ha abandonado tareas cruciales, como la lucha contra la rampante y creciente inseguridad ciudadana, la crisis económica (por más que este año venga mejor, no cubre las demandas de crecimiento que el Perú necesita) y la lucha contra la corrupción, a la cual más bien contribuye con escándalos como el Rolexgate.

No debería servir de consuelo que por más defectuoso y mediocre que sea el de Boluarte, es un mejor gobierno que el nefasto de Castillo, corrupto, ineficiente y antidemocrático. La exigencia histórica de la sucesión era otra, mucho mayor y más profunda, y claramente, al respecto, este gobierno no ha dado la talla.

Por eso se equivoca profundamente la derecha congresal al brindarle apoyo acrítico, le hace daño a la propia derecha, porque asienta la impresión de que nos gobierna una coalición derechista y ello abona y le lava la cara a una izquierda que debería seguir achicharrada por su complicidad directa o indirecta con el funesto régimen de Castillo.

Este es un gobierno débil, por inerte y mediocre, no porque le falte alguna curul de apoyo. Acertó Arista en el diagnóstico, pero no en sus causas.

 

¿Qué día del Trabajo se puede celebrar con más del 70% de los trabajadores laborando en situación de informalidad, sin ningún beneficio ni derecho, trabajando para mypes que, a su vez, en un 86% también son informales?

Allí está la madre del cordero de la anomia política que el Perú vive. No hay empresarios, obreros, empleados, sindicatos, burocracia privada o estatal, que muestre alguna organización, interés de clase y, por ende, cierta característica sociológica que haga predecible su conducta política.

La informalidad no solo genera un gravísimo problema tributario, también es la madre del cordero de todos los problemas de impredictibilidad política del país y cada vez de modo más creciente.

Por eso vemos una encuesta como la reciente de Ipsos que muestra que el 42% de los ciudadanos no se identifican como de derecha o de izquierda, sino en el rubro “no sabe/no opina”. Y aún entre los que sí lo hacen, no cabe atribuirle un papel predictivo a su presunta identidad ideológica.

El Perú político se está deteriorando a pasos agigantados. El 2006, Alan García pudo derrotar a Humala levantando al cuco del chavismo. El 2021 ni siquiera la evidente vinculación de Pedro Castillo con el Movadef, organismo de fachada de Sendero Luminoso, alertó a la población que le votó respecto de los peligros de ello.

Por eso, en las elecciones los candidatos suben y bajan de una semana a otra, tornando casi imposible prever un resultado hasta el último momento. Y eso se va a repetir el 2026, con el agravante de que en las segundas vueltas, adquieren mayor relevancia los criterios proestablishment/antiestablishment que en las primeras vueltas (¡un 24% de los electores de Rafael López Aliaga en la primera vuelta del 2021 votó en la segunda por Pedro Castillo!).

La informalidad, creían ingenuamente algunos, generaba una masa de protoliberales llanos a prestar luego su concurso electoral a opciones de centroderecha. La realidad demuestra que no es así. Puno es el mejor ejemplo de ello. Es una región identificada con el comercio y el empresariado informal y vota siempre por la izquierda.

Mientras no se emprenda una reforma estructural que disminuya los rangos de informalidad del país no solo sufriremos las consecuencias económicas de esa disfuncionalidad sino que veremos sus coletazos incidir en la marcha político electoral del país.

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1ro. de mayo, día del trabajador, trabajadores informales

Los empresarios suelen preguntar, ante el panorama que se avecina, qué hacer, cómo apoyar, cómo ayudar a que el panorama pavoroso que se asoma, con la eventual presencia de dos disruptivos radicales en la segunda vuelta, conduzca al país al abismo insondable del autoritarismo populista.

Hay varias cosas que pueden hacer. Primero, participar en política, inscribiéndose en partidos y eventualmente arriesgándose a una postulación. Por lo general, las experiencias de empresarios metidos en política han sido buenas, porque aportan conocimientos técnicos, experiencia laboral y conocimiento de la realidad.

Segundo, en cuanto foro suelen realizar con candidatos o líderes políticos de la centroderecha, exigir una concertación que evite que haya treinta candidatos de ese sector ideológico que dispersen el voto y le sirvan la mesa a los de izquierda radical señalados. Los empresarios son influyentes. En lugar de obras por impuestos, que sea financiamiento por alianzas.

Tercero, involucrar a sus propios trabajadores -que son millones en el sector formal- en campañas de inmersión en los valores democráticos y de economía de mercado. Hay varias ONG que efectúan esos trabajos divulgatorios. Es cuestión de contratarlos y hacer esa labor de pedagogía. Hay que empezar por casa.

Cuarto, financiar ONGs que se dediquen a formar una suerte de observatorio escrupuloso y detallado de la idoneidad de los candidatos al Congreso. No queremos repetir un Legislativo repleto de mochasueldos, “niños” u operadores de las mafias ilegales. No hay lamentablemente bases de datos integradas en el país, pero una ONG dedicada a eso, con buen financiamiento, puede aportar mucho en detectar a los pillos que pretendan irrogarse la representación nacional.

El país se la está jugando el 2026 y los empresarios tienen que ser conscientes de lo que pueden perder y de su responsabilidad ciudadana mayor, por el rol social que ocupan. Ya está siendo tarde, el tiempo apremia y hay que movilizarse en defensa de la democracia y la economía social de mercado que mal que bien aún tenemos en pie en el país.

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empresarios políticos, lideres políticos

Según reciente encuesta de Ipsos, un 25% de la población cree que el APRA volverá al Congreso y un 14% que volverá a la Presidencia. Estas cifras deben haber caído como maná del cielo en los predios de la avenida Alfonso Ugarte.

La encuesta no es un buen predictor, por cierto, pero revela que puede estar reconstituyéndose una base de apoyo popular a un partido que en su segundo mandato no lo hizo mal y podría estar recuperando justicieramente un lugar que, por ejemplo, sin justicia alguna, logró recuperar Acción Popular.

Se ve difícil que el APRA pueda armar una buena plancha presidencial, aunque ya lo hemos dicho antes, una tríada Roque Benavides-Carla García, Renzo Ibáñez sería muy potente y atractiva. Quizá su rol político esencial, dada su experiencia, sea ser la bisagra que permita a la centroderecha unirse y no presentarse suicidamente fragmentada como lo viene haciendo hasta ahora.

En ese pacto, el APRA obviamente tendría que subordinar apetitos y ceder lugares, pero tiene varios cuadros capaces de ser buenos candidatos al Senado (Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Luis Gonzáles Posada, entre otros) y una miríada de jóvenes que pueden sorprender como candidatos a la cámara baja.

El APRA merece un sitio en la historia. Reiteramos que, como lo dijimos en columna reciente, le corresponde, corrigiendo las omisiones del segundo mandato de Alan García, ocupar el espacio de una centroizquierda liberal y contribuir, con su sapiencia adquirida, a conformar uno o dos grandes frentes de centro o centroderecha en el país, si no queremos regalarle el país a la extrema izquierda.

Es tarea difícil, por el enorme desprestigio que arrastran los partidos tradicionales, pero las encuestas señaladas son propicias y debería reanimar las voluntades al interior del partido y abocarse a superar las cruentas rencillas internas que hoy lo tienen paralizado y atrapado. Ya es tiempo de que las resuelvan y dediquen sus energías políticas a afrontar el gran desafío nacional que la democracia peruana tiene por delante, el 2026, circunstancia en la que se va a requerir el concurso de todos los partidos democráticos, entre los cuales destaca el aprismo.

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Apra, Carla García, Partido Aprista Peruano

Es una terrible injusticia histórica y política que la izquierda radical -o en cualquiera de sus variantes- reaparezca con posibilidades ciertas para el escenario del 2026.

Porque ella fue socia o cómplice del corrupto, golpista y terriblemente ineficiente régimen de Pedro Castillo, que causó en poco tiempo la ruina del país y lo hubiera destruido si no fuera porque, ajochado por las investigaciones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su sentido de culpabilidad, quisiese patear el tablero el 7 de diciembre del 2022 (si Zoraida Ávalos hubiera conducido la Fiscalía de la Nación, hasta hoy estaría Castillo y con 80 “niños” destruyendo el país).

Ese lapso de gobierno fallido debiera haber servido para curar en salud a los peruanos que lo votaron y llevarlos a una reconvención de sus principios, pero lamentablemente eso no ha ocurrido así. La centroderecha cometió el gravísimo error de sostener el mandato de Dina Boluarte hasta el 2026 y con ello le ha dado oxígeno a la izquierda para salir de cuidados intensivos y presentarse -¡oh paradoja!- como opción nueva frente al electorado.

El Congreso adefesiero que tenemos, coludido con una mediocre gestión, como la de Boluarte, percibida como una coalición derechista por las mayorías, le ha servido de pólvora a los discursos radicales de Antauro Humala, Guido Bellido o Aníbal Torres, quienes se perfilan como las más potentes cartas de esa izquierda para los venideros comicios.

Si le sumamos la manutención de las condiciones sociales que explicaron el estallido electoral de Castillo, la absoluta desigualdad en los servicios de salud, educación, seguridad, infraestructura básica que existe entre la Lima acomodada y el resto del país, se entenderá por qué puede seguir prendiendo un discurso que, llevado a la práctica, ya demostró su inviabilidad.

Si se hubiese adelantado el proceso electoral, como inicialmente aprobó el Congreso, el país se hubiera volcado masivamente por alguna opción de centroderecha sensata y moderna -claro está, sin la fragmentación suicida que hoy muestra- y el país hoy estaría reconducido por la senda de las reformas que tanto se esperan. Perdimos una oportunidad histórica que ahora nos pasa factura al resucitar una seria amenaza al orden democrático y económico hasta hoy relativamente vigente.

La del estribo: dos recomendaciones imperdibles. La primera, la notable película La piel más temida, de Joel Calero, que como parte de la saga estrenada en La última tarde, ahonda en los grises de los rezagos del conflicto armado interno. Actuaciones sobresalientes de Juana Burga y Luis Cáceres. La segunda, Maquillage, obra de hace más de 70 años, de Jorge Eduardo Eielson, como parte de los homenajes que se están efectuando en el país, por los cien años de su nacimiento. Va en el Británico solo hasta el 5 de mayo. Es una gran comedia, brillantemente protagonizada por un elenco actoral de primera. Entradas en Joinnus.

Los candidatos de izquierda radical recorren el país de cabo a rabo. Lo hacen especialmente en la zona del sur andino, su bastión electoral más importante. Su cálculo es sencillo: allí los ciudadanos van a votar en la primera vuelta del 2026 como lo hicieron en la segunda vuelta del 2021, es decir 80% a favor de un candidato de izquierda extrema.

El sur andino representa el 20% del electorado nacional y si logran ese porcentaje ya tendrían el 15% de la votación nacional asegurada. Si le suman el resto del mundo andino y los bolsones de pobreza de la costa y la selva peruana podrían trepar hasta un 25% o más.

Y hablamos de los votos totales, eso se traduce luego en votos válidos en cerca del 30% o más. No solo se aseguran el pase a la segunda vuelta y el colocar una voluminosa bancada parlamentaria, sino eventualmente -si subsiste la fragmentación de la derecha y el centro- de repente colocar a dos candidatos de izquierda en la jornada definitoria del 2026.

Mientras eso ocurre, los candidatos de la centroderecha -para englobar a todos- se dedican a salir en Willax, canal N y RPP, algún canal de señal abierta y a escribir en periódicos limeños. Así creen que se hace política y que ello les va a redituar en votos en el proceso electoral. Craso y trágico error.

La visita presencial no tiene reemplazo. Se pueden acompañar de estrategias modernas de microsegmentación social para hacerlas más eficaces, pero no hay nada que sustituya la llegada al mercado, a la plaza, comer algo del puesto de comida ambulante, dar entrevistas a los medios locales, recorrer sus calles, dejarse ver, conversar con la gente humilde, escucharlos y aprender de la realidad nacional. El día que se acerquen los votantes a las urnas, ese recuerdo pesará más que haberlo visto al candidato en televisión limeña, sin lugar a dudas.

No es prematuro empezar desde ya. El grado de malestar e insatisfacción ciudadana en el sur andino es casi refractario al cambio. Se van a tener que redoblar esfuerzos para conseguir algo del fondo de la olla. Se necesita, por ello, un trabajo de largo aliento. Ya los tiempos son cortos. Queda apenas año y medio de campaña por delante. Ojalá se tome conciencia de ello.

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Candidatos de Izquierda, Democracia

A las múltiples reformas que le corresponderá emprender al gobierno entrante -a éste no se le puede pedir ya nada, por su mediocridad rampante-, entre ellas la reforma del Estado, la de la salud y educación públicas, del proceso de regionalización, de la trama de instituciones pro inversión privada, etc., se deberá sumar, en primer orden, la reorganización completa del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Ambos poderes -ya no me sorprenderían más represalias por esta columna- están imbuidos de una degradación institucional terrible y profunda, cruzados por conflictos internos irresolubles y agitados por lógicas políticas que han desnaturalizado el inmenso poder del que gozan, el que, dicho sea de paso, deberá ser acotado.

Se ha intentado ya con anterioridad hacer reformas semejantes y todas han fracasado. Desde fuera y desde dentro. Habrá que repensar con paciencia y reflexión el mejor camino, pero la urgencia de hacerlo es irreversible.

Se suponía que la Junta Nacional de Justicia, que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, iba a lograr ello, pero ha fracasado en el intento, sumándose a la mediocridad y politización de los dos entes a su cargo. Se deberá repensar también cómo se conforma un nuevo órgano de control.

El sistema de justicia es vital para la democracia y para el libre mercado. Es, por ello, uno de los rasgos institucionales que rebaja nuestra calificación en todas las mediciones de libertad económica y calidad de la democracia que a nivel global se llevan a cabo.

Degrada la democracia tener un Ministerio Público politizado y arbitrario, afecta la institucionalidad tener un Poder Judicial venal e ineficiente, pervierte la libertad empresarial no tener previsibilidad respecto del modo como se imparte justicia en el país.

Desde ya, las diversas agrupaciones que aspiran a ocupar el poder el 2026 deberán ser interrogadas respecto de qué piensan hacer al respecto. No podemos conformarnos con candidatos carismáticos, disruptivos o sorpresivos. Se debe exigir hondura programática, claridad ejecutiva y presencia de equipos tecnocráticos calificados. Entre ellos, un equipo de juristas de primera nota que ofrezca un cambio urgente al desmadre de corrupción y abuso que reina en las dos instituciones mencionadas, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial.

Abusiva, irracional e inmotivada ha sido la medida de allanamiento dispuesta en mi contra por el equipo de la fiscal Marita Barreto. No se me imputa ningún delito, salvo una referencia inicial difuminada a una supuesta pertenencia a una organización criminal y a la publicación de un informe crítico contra la propia fiscal por el caso Sada Goray, por el viaje que la magistrada efectuara a Punta Cana y Miami a tomarle sus declaraciones.

En base solamente a ello se ha procedido a un allanamiento de mi vivienda y a la incautación de mi equipo telefónico y tres laptops (la mía, de mi esposa y del personal doméstico). El objetivo es claro y evidente: acceder a mis fuentes informativas, que son muchas y sobre diversos temas, pero que en el caso del allanamiento buscan encontrar quiénes eran las personas que me proporcionaban información que sustentaba los informes publicados. Si no fuera así, se me hubiera podido investigar normalmente citándome a la fiscalía, a la que ya varias veces he acudido a rendir testimonio por casos vinculados.

Yo he negado mis fuentes y lo seguiré haciendo. Es un juramento profesional que, maliciosamente, la fiscal Barreto quiere romper, violando los preceptos constitucionales de resguardo de la libertad de prensa. Con mis fuentes siempre he mantenido una reserva absoluta y el compromiso de no revelar identidades bajo ninguna circunstancia, compromiso que estoy obligado a cumplir.

Se esconde además en este presunto afán investigatorio una clara represalia por el informe de Sada Goray, que no faltaba a la verdad en ninguna línea del mismo. Tanto es así que yo no he merecido ninguna carta aclaratoria, carta notarial o querella por difamación de ninguno de los artículos publicados.

Hay un sector del Ministerio Público, que en estos momentos transita por conflictos sangrientos en su seno, que está encontrando víctimas en civiles que no tenemos vela en ese entierro.

Yo no he participado de ningún trasiego de dinero, no he sabido de ello bajo ninguna circunstancia, no he realizado asesorías institucionales ni media training a nadie del Ministerio Público y a ninguno de los imputados, no he recibido jamás emolumento alguno, tampoco he sido operador de ningún favor administrativo de los muchos que se les imputan a otros inculpados en el expediente fiscal.

Conmigo se ha cometido una grave injusticia, se ha atentado contra la libertad de prensa y se ha vulnerado derechos democráticos esenciales. Frente a ello, la frente en alto, la conciencia tranquila y la disposición absoluta a cualquier investigación que se me quiera hacer al respecto.

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allanamiento Tafur, Caso valkiria XI, Sada Goray
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