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En reciente encuesta de Ipsos se le pregunta a la ciudadanía sobre el matrimonio igualitario. Aumenta la aprobación respecto del año pasado (sube de 25 a 30% la gente a favor), pero hay un sólido 66% que lo desaprueba (aunque disminuye del 69% que exhibía el 2023). Y es claramente en los sectores populares que hay mayor rechazo: en el A, 43% lo aprueba, en el E, apenas el 20%.

Respecto de que puedan adoptar niños, un 31% lo aprueba y un 63% lo desaprueba. Y todo ello en un contexto en el que, sin embargo, se admite que hay discriminación hacia la población homosexual, trans y bisexual. Un 41% considera que es muy discriminada.

He aquí una de las batallas contraculturales en la que los sectores liberales no deben cejar. Somos un país conservador y ha prendido la narrativa de la derecha radical en contra de los derechos civiles y sexuales (su campaña contra las políticas de género la han convertido en una guerra de vida o muerte, como parte de su arsenal ideológico contra los derechos humanos, la globalización, la multiculturalidad, etc., que libran acá, en la región y en el planeta).

Pero hace mal el sector liberal escamoteando el tema porque lo considera menor, que causa costos políticos o que puede afectar electoralmente pronunciarse a favor. Por el contrario, cuánto bien le haría a un candidato expresarse abiertamente a favor de un derecho a la igualdad, consustancial a un Estado laico y liberal.

No se puede ceder en esta batalla contracultural. Si la aspiración a ser un país moderno es válida y auténtica no se puede arriar en un tema que afecta a millones de personas (porque son millones los peruanos que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+).

Corresponde a un Estado de Derecho laico, como el que cabe, establecer paridad normativa respecto de los matrimonios igualitarios y la posibilidad de adopción de niños, además de todos los derechos colaterales que ese reconocimiento implica.

La caverna reaccionaria que lidera, entusiasta, un sector de la derecha (e increíblemente también un sector de la izquierda radical), no puede terminar convirtiéndose en narrativa dominante y menos aún en política pública.

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adopcion liberal, LGTBIQ, matrimonio igualitario

Entre los dos líderes regionales que mayor expectativa generan, el ánimo ciudadano peruano se inclinará más por la figura del mandatario salvadoreño. El problema de la delincuencia y la corrupción es considerado el principal del país por encima de la crisis económica y ésta, a su vez, no se le asocia a un Estado intervencionista sino, lamentablemente, a las políticas “neoliberales” (una falacia, pero así es el sentido común).

Un 62% de peruanos considera que la delincuencia ha aumentado en su vecindario en los últimos doce meses y solo el 44% estima que la policía hará algo para remediarlo, según encuesta regional de Ipsos. De otro lado, un 71% desaprueba la labor del Poder Judicial y un 69% la labor de la Fiscalía. Junto con el Congreso son las entidades que la mayoría de la población considera que deben reformarse. No encuentro una encuesta sobre la policía en particular, pero debe tener altísima desaprobación y junto con el Poder Judicial y el Ministerio Público constituyen la tríada llamada a combatir el delito.

Lo preocupante es que el mensaje de mano dura y lucha contra la delincuencia es un mensaje más proclive a la derecha, pero hasta en eso se está dejando ganar la mano por la izquierda radical, en particular por Antauro Humala que promete fusilar corruptos y se llama a sí mismo como el Bukele peruano.

Sería una bandera más que la derecha se deja arrebatar por la izquierda. Ya ocurrió en los 80 con los derechos humanos, en los 90 con la democracia y el presente siglo con la lucha anticorrupción. Con una narrativa insistente y una proliferación de ONG izquierdistas que contribuyen a asentar narrativas, la derecha se ha ido arrinconando, por pasividad, en la sola defensa del modelo económico.

Para el 2026 es importante que la derecha sepa aquilatar la demanda ciudadana prioritaria por la seguridad ciudadana y elabore una propuesta seria y vendedora al respecto, si no quiere ser arrasada en las urnas, más aún cuando la pasmosa e irresponsable fragmentación de este sector ideológico marcha viento en popa sin ningún viso de reversión.

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Bukele, Milei.

El gobierno de Dina Boluarte, rehén absoluto de la extrema derecha congresal, no tolera el sistema interamericano de derechos humanos. Se mantiene en él porque es consciente del escándalo mayúsculo que implicaría un retiro del mismo, pero dado el tenor de la carta que han enviado en conjunto la presidenta de la república y el titular del Congreso en protesta por una resolución de la CIDH, queda más que claro que la postura oficial es refractaria a los considerandos mínimos del sistema.

Llama particularmente a pasmo, la referencia -en la carta mencionada- al rechazo por primera vez oficial del término jurídico “conflicto armado interno”, el mismo que no implica ningún beneficio valorativo al terrorismo senderista o emerretista, pero cuya narrativa en ese sentido los dos principales poderes del Estado hacen por primera vez suya.

Los abogados que suelen acompañar a los voceros de la extrema derecha peruana saben muy bien que ese término no excluye la barbarie terrorista ni contemporiza con ella y comprende perfectamente lo sucedido en el país durante las épocas de la subversión.

Lo que en el fondo está en juego -y va de la mano con la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos en esos tiempos- es la cerrazón respecto de las violaciones a los derechos humanos que nuestras fuerzas armadas y policiales cometieron durante ese periodo, y que el país entero haría bien en no olvidar, porque la barbarie terrorista no la justificaba. Es más, cuando se cambió de política oficial antisubversiva -justamente en los tiempos fujimoristas- fue que se logró arrinconar y luego derrotar a Abimael Guzmán.

La carta firmada por Dina Boluarte y Alejandro Soto es vergonzosa. Constituye una falta de respeto a las víctimas de las tropelías oficiales -que no fueron pocas- y forma parte ya de la historia peruana de la infamia. El Perú, como sociedad democrática, debe hacer de la memoria un ejercicio cotidiano y recurrente. Sitios como el Lugar de la Memoria, El ojo que llora, documentos como el informe de la Comisión de la verdad o muestras como Yuyanapaq (que se puede visitar en el Ministerio de Cultura), no es casualidad que sean aborrecidos por quienes quieren negar la historia a su conveniencia y antojo. Lo que escandaliza es que la primera mandataria haga eco de esa visión macartista y negacionista de la que hace gala buena parte de la derecha peruana.

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Alejandro Soto, CIDH, comision interamericana de derechos humanos, derechos humanos, Lugar de la Memoria

Cualquiera que haya visto el espectáculo brindado por el fiscal José Domingo Pérez en la primera audiencia del juicio por el caso cocteles o haya leído la reveladora entrevista a Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep, a quien el Ministerio Público viene sometiendo a un calvario abusivo e irracional, debe concluir que algo se pudre en el organismo de la avenida Abancay.

La Fiscalía se ha vuelto -salvo honrosas excepciones- en una máquina moledora de carne de los adversarios, políticos o mediáticos, y que aprovecha cualquier resquicio absurdo de la ley para provocar acusaciones, detenciones preliminares, prisiones preventivas, allanamientos y cuanta parafernalia punitiva exista en su arsenal de instrumentos coercitivos.

Y el eje interpretativo más pertinente es el político. No guía a los fiscales el derecho penal sino el interés político, como cada vez se demuestra con mayor claridad. Hemos sido engañados, todos estos años, por una aparente lucha radical anticorrupción de parte de la Fiscalía, cuando lo que ha habido es una trama de intereses ideológicos y políticos puestos en marcha para aplastar a los adversarios.

El Poder Judicial, felizmente, no está tan contaminado como el Ministerio Público y ya veremos cómo sabrá poner orden en los casos que la Fiscalía amaña, pero entre tanto, se hizo pasar a personas inocentes por años de zozobra, gastos abogadiles, incertidumbre vital y enorme daño reputacional. ¿Quién les va a devolver eso? ¿Quién nos va a devolver eso?

Al respecto, tiene enorme responsabilidad la Junta Nacional de Justicia que en sus varios años de existencia no ha sabido corregir los malos rumbos que el Ministerio Público ha seguido y le ha permitido actuar con impunidad absoluta, sin siquiera una amonestación.

Una de las tareas fundamentales del gobierno que ingrese el 2026 es emprender una reforma profunda del Ministerio Público. Bien meditada, no puede ser al caballazo -la historia reciente nos demuestra que esas reformas apuradas, a nada bueno conducen-, para volver a colocar la institución en el sitial de prestancia y neutralidad penal que corresponde a un Estado de Derecho.

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Domingo Perez, Fiscalía, Ministerio público

Lo sucedido recientemente en Bolivia debe ser una clarinada de alerta en la región respecto de los riesgos de un retorno del militarismo golpista. La insatisfacción con la democracia es tan alta, que una cúpula militar irresponsable puede pergeñar la idea de que una toma violenta del poder podría ser bien recibida por la ciudadanía.

En 1978 marcamos un récord, había catorce dictaduras simultáneas en la región. En Cuba (Fidel Castro), Nicaragua (Somoza), Paraguay (Stroessner), Guatemala (Lucas García), Argentina (Videla), Chile (Pinochet), Honduras (Junta Militar), Brasil (Junta Militar), Bolivia (Bánzer), Haití (Duvalier), Panamá (Torrijos), Uruguay (Aparicio Méndez), Ecuador (Junta Militar) y Perú (Morales Bermúdez). 

El siglo XXI nos agarró en medio de una primavera democrática, solo rota por Cuba y Nicaragua, pero las democracias le han fallado a las expectativas de la ciudadanía de una manera terrible. En el caso del Perú, cuando en 1980 salimos de la dictadura militar de Velasco y Morales Bermúdez, el país respiraba optimismo y se mostraba exultante respecto del futuro. Fue, sin embargo, esa década, la peor de la historia peruana reciente, en cuanto a crisis económica y desplome del Estado por la violencia terrorista.

En los 90, llega al poder Alberto Fujimori, como síntoma de la crisis y él mismo rompe la continuidad democrática al perpetrar el autogolpe de 1992, con una enorme cuota de popularidad. Hoy las encuestas ratifican que Alberto Fujimori sigue gozando de simpatías y que mucha gente vería con solaz que se produzca un golpe militar que ponga orden en la casa democrática alborotada, consecuencia de una transición fallida en reformas estructurales necesarias.

Abortó felizmente lo de Bolivia, pero ya la semilla está plantada y no faltará algún engalonado local que crea que es su momento de gloria y que puede imponer el peso de las armas sobre los votos y el sistema de contrapeso de poderes de la democracia, ya encima muy dañado por un Congreso abusivo y mediocre que está destruyendo la endeble institucionalidad democrática del país, reconstruida a trompicones desde principios de siglo.

Hay que estar alertas. Con todos sus inmensos defectos, la democracia representativa es la mejor compañera de un sistema capitalista competitivo. Su divorcio es siempre causa de males mayores que los que su difícil convivencia puede albergar.

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Hacen bien los gremios empresariales en pronunciarse en contra de las tropelías del Congreso. Hoy es por temas políticos, pero mañana, sin duda, tendrán que hacerlo por temas económicos que les incumbirán directamente.

Es previsible que conforme se acentúe la desaprobación del Congreso y se aproximen las elecciones, desde los escaños surjan propuestas presuntamente de buena acogida popular. Ya ha habido algunas, como la rebaja del IGV a las peluquerías y el control de las comisiones por transferencias interbancarias. Con seguridad, van a venir más.

Y el problema es que asistiremos a una escalada de propuestas intervencionistas o sobreregulatorias provenientes no solo del sector de la centroderecha congresal, que al menos garantiza cierto acotamiento, sino que las mismas provendrán de la izquierda radical, con posibilidades de éxito en su aprobación en el Pleno.

Se ha instaurado un trueque mafioso entre las diversas bancadas del Congreso, que implica un trasiego de votos: yo te doy mis votos para tu proyecto a cambio de que tú me des los tuyos para el mío. Y sin importar qué tan bueno o malo sea el proyecto de marras termina aprobándose.

Si esto ocurre, además, en una situación en la que el MEF ha perdido toda capacidad de influencia o veto preliminar a tales iniciativas, y que el Ejecutivo en general se termina por allanar a lo aprobado en el Congreso, el panorama que se avecina es preocupante.

Nos esperan dos años de populismo económico desembozado. Las bancadas que van a buscar ser reelegidas para el Senado o Diputados, buscarán a toda costa subir sus índices de popularidad y echarán mano al recurso más manido: aprobar normas demagógicas, sin que les importe un pepino el daño que puedan ocasionar. Simplemente buscarán el supuesto contento del pueblo bajo la falaz idea de que eso les va a subir los bonos para el 2026.

Se espera que entonces, los gremios empresariales y la comunidad académica económica, sepan alzar la voz e impedir el desmadre populista que se avecina. Ya suficiente ha hecho el Parlamento con golpear severamente la institucionalidad democrática para que ahora la emprendan contra el modelo económico que, a pesar de todo, sigue funcionando y sosteniendo al país.

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Es absurda la intención de prohibir la candidatura de Antauro Humala, reforma constitucional, que al final anoche naufragó en medio del fuego cruzado de intereses con el fujimorismo, que aspira a tener a Alberto Fujimori como carta en una posible baraja electoral (presidencial o parlamentaria), y que no podría haberlo hecho de haberse aprobado la norma.

La pretensión es eliminar la posible aparición de un candidato disruptivo radical, hoy representada por el líder etncocacerista. Pero basta leer con esmero las encuestas para percatarse de que si no es Antauro será otro el que aparezca. De hecho, vamos a tener a uno – si no, dos- candidatos de ese perfil en la segunda vuelta.

En reciente encuesta de Ipsos, el 51% de la ciudadanía considera que a Pedro Castillo, el Congreso le dio un golpe de Estado y el 43% estima que fue Castillo, como efectivamente sucedió. Tamaña distorsión de la realidad solo se explica por una querencia política subsistente a pesar del fiasco que fue el régimen castillista. Si a ello le sumamos la altísima desaprobación de un régimen como el de Boluarte, sostenido por la derecha congresal, y las altísimas cifras de disidencia del gran sur andino, queda más que claro que aparecerá con visos de triunfo un candidato de semejante sesgo.

Eso no se entierra sacando de carrera a Antauro Humala. Si no fuera él sería Guido Bellido, Aníbal Torres o cualquiera que surgiese en el horizonte (la cosa está tan sombría que si Pedro Castillo postulase seguramente pasaría a la segunda vuelta).

La derecha y el centro no la están viendo y actúan con punible irresponsabilidad no solo atizando la fragmentación sino avalando tácitamente a un régimen absolutamente deslegitimado como el de Boluarte. Se están enterrando ellos solos, salvo muy honrosas excepciones.

El fujimorismo es también gran responsable de esa perspectiva porque ha decidido jugar solo el partido, bajo la presunción de que la base electoral sólida que tienen, les alcanza para pasar a la segunda vuelta. Les conviene la fragmentación de la centroderecha y, lo que es más grave, les conviene -parecen creer- que crezca un candidato como Antauro Humala, el que, estiman, el pavor que despierta en sectores importantes de la población, le permitiría esta vez el triunfo de la eterna derrotada, Keiko Fujimori.

Una presidenta con 5% de aprobación -la tasa más baja de los últimos 44 años-, según la última encuesta de Datum que ha publicado El Comercio, coloca la crisis política peruana en una situación límite.

Son dos los riesgos que una situación así genera. El primero es que ante cualquier chispazo se encienda la pradera del conflicto social y por allí deriven las energías disidentes que en estos momentos definen al ciudadano peruano. Pudo ser el caso Rolex, puede ser el alza de tarifas del agua, puede ser un proyecto de ley equívoco o una declaración infeliz.

El inicio de la campaña electoral -porque ya empezó- contiene un poco la protesta porque la gente ya la ve como una gobernante de salida y en esa medida le concede una agonía tranquila. Pero lo cierto es que este gobierno no resistiría una asonada como la de finales del 2022 e inicios del 2023 (quizás a ello se debe su pacto de tolerancia con las mafias económicas ilegales, que son las que suelen financiar las protestas, como sucedió entonces).

El otro riesgo es que sus sostenedores políticos en el Congreso asuman que su apoyo les va a resultar muy oneroso en el venidero proceso electoral y decidan cortar ese apoyo y sumarse a una vacancia que interrumpa el mandato de Boluarte. Aquí, lo que lo está evitando es que los congresistas saben que la ciudadanía no aceptaría que solo se convoquen elecciones presidenciales sino que exigiría que sean generales. Y, claro está, los señores parlamentarios no se quieren ir hasta el 2026 y quizás confíen en que, al final, el electorado no se inclinará por sancionar a los aliados de Boluarte (ese fenómeno ya ha pasado antes en la historia política peruana).

Lo cierto es que una desaprobación tan alta -nunca antes vista en el Perú desde que se hacen mediciones estadísticas- contribuye al desasosiego ciudadano y, lamentablemente, en lugar de llamar a la reconvención política del gobierno, a éste parece importarle poco tan magros resultados. Boluarte no hace nada para subir algunos puntos, por el contrario, acentúa las conductas que la población rechaza, como si hubiera arribado a una suerte de psicopatía política que la torna inmune al rechazo popular. Malos tiempos los que tendremos que sobrellevar de acá hasta julio del 2026, si nada extraordinario ocurriese y el actual mandato perdura.

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aprobación de presidenta Dina, Dina Boluarte

En 1988 trabajaba en Arequipa y Sendero Luminoso atacó la comisaría de Cotahuasi, hecho que llamó la atención porque Abimael Guzmán nunca había ejecutado un atentado en su región natal (aunque Cotahuasi esté más cerca de Ayacucho que de la Ciudad Blanca).

Con el equipo de prensa de Radio Televisión Continental decidimos ir a la zona a cubrir el hecho, a pesar de que mi especialidad no era ni nunca fue el tema subversivo sino el quehacer político, tarea intensa en esos momentos del aciago primer mandato de Alan García.

En el trayecto parábamos en diferentes poblados a entrevistar a sus vecinos y para mí fue una sorpresa descubrir que la gente le tenía más temor a la policía o a las fuerzas armadas que al propio Sendero Luminoso, por las barbaridades que las fuerzas del orden cometían contra la población civil no involucrada en el conflicto.

Ahora que desde el Congreso se busca amenguar de alguna manera la situación penal de esos militares y policías, y algún congresista ha llegado a plantear inclusive una amnistía, es preciso recordar que una gran lección que nos debe dejar el periodo de la lucha antiterrorista es que las fuerzas del orden cometieron excesos brutales, injustificados, imprescriptibles, sin que importe la entrada o no en vigencia del Estatuto de Roma en determinada fecha. Los crímenes de guerra se castigan siempre. El terrorismo de Estado, que lamentablemente se ejecutó, especialmente durante los gobiernos democráticos de Fernando Belaunde y Alan García, no puede ser soslayado bajo amnesias selectivas o legales.

Es más, una gran conclusión a extraer -y para eso existen el Informe de la Comisión de la Verdad, el Lugar de la Memoria o El ojo que llora, tan aborrecidos por la extrema derecha- es que el peor daño que la subversión causó es que el Estado se olvidó sus límites legales. En el caso peruano, con mayor razón debe recordarse que fue cuando se cambió la estrategia de “tierra arrasada”, que se pudo derrotar al terrorismo (el GEIN fue más eficaz que el Grupo Colina o el Comando Rodrigo Franco).

La del estribo: mucho por hacer en Lima. Hasta hoy está la muestra Chancay de a mil, que reúne 225 piezas de cerámica de los valles de Chancay y Huara, de la colección del escultor peruano Benito Rosas. Va en el Museo de la Nación y el ingreso es libre. También es imperdible visitar el Museo de Arte Contemporáneo, MAC, a apreciar la muestra El buen lugar, pinturas y dibujos 2017-2024, de Ramiro Llona (empieza el 18 de junio); y también Forastero en la tierra, de Rafael Hastings.

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